HIDROBOLETÍN FENTAP
Del 26 al 30 Octubre 2010 XIII Congreso Ordinario de la FENTAP en
Cusco
Lunes, 19 de julio de 2010 – Año V – Edición 1041 –
www.fentap.org.pe
La FENTAP
informa:
· Río Chira, principal río del norte peruano está altamente
contaminado
· El por qué de la ley de
protección de glaciares. ¿Protege o encubre una actividad extractiva perversa?
· Ecuador: No firme señor presidente
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Río Chira, principal río del norte peruano está altamente
contaminado
EL REGIONAL - 18/07/2010.- Según estudios realizados por la
Dirección de Salud Ambiental, el río Chira a alcanzado la calificación de
altamente contaminado, debido a las ingentes cantidades de aguas servidas que
son 
arrojadas a su cause sin recibir ningún tipo de
tratamiento.
arrojadas a su cause sin recibir ningún tipo de
tratamiento.
Así lo dio a conocer el encargado de la citada entidad, el
ingeniero Jorge Benítez Olaya, quien informó que tras los resultados
bacteriológicos practicados a las aguas del Chira, estos arrojaron la presencia
de más de 24 mil coliformes fecales por ml, lo cual lko califica como
"altamente contaminado".
"Hacemos un monitoreo de las aguas del Chira cuatro
veces al año y hemos podido registrar que esta por encima de los parámetros
permitidos en cuanto a coliformes fecales y no tenemos el presupuesto adecuado
para poner en funcionamiento las lagunas de oxidación por lo que las aguas
servidas están yendo directo al río sin recibir tratamiento", expresó
Benítez.
Para el funcionario, las autoridades deben darle prioridad
al problema de la contaminación del río y poner interés en hacer funcionar las
lagunas de oxidación ubicadas en el centro poblado de El Cucho.
Datos
No es la primera vez que se informa sobre el grave problema
de contaminación del Chira, sin embargo ni la municipalidad, la EPS Grau o el
Gobierno Regional han puesto cartas en el asunto. Son miles de litros de aguas
servidas sin tratar que ha diario desembocan en las aguas del río.
Las Lagunas de Oxidación de El Cucho son hasta el momento un
"elefante blanco", su costo fue de casi cinco millones de soles pero
sólo funcionaron algunos meses tras ser inauguradas con bombos y platillos.
HIDROMUNDO
El por qué de la ley de
protección de glaciares
¿Protege
o encubre una actividad extractiva perversa?
Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas
Informa - 17/07/2010.- Hemos conseguido
una ley de protección de glaciares, impensada hasta ayer. La ley de la entonces
diputada Marta Maffei, que había sido vetada por la presidente de la nación,
Cristina Kirchner, reingresó al recinto de los debates parlamentarios de la
mano del diputado Miguel Bonasso, presidente de la Comisión de Recursos
Naturales, en tanto bloques opositores al oficialismo, formados con el ingreso
de nuevos legisladores en diciembre de
2009, le quitaron mayoría en la cámara baja al partido gobernante.
En este marco hubo dos proyectos de
ley: el encomendado por la presidente Fernández de Kichner al senador Daniel
Filmus y el “clonado” por el diputado Miguel Bonasso, sostenidos ambos por el
texto de la diputada mandato cumplido Marta Maffei. Los dos eran semejantes y
coincidían en esgrimir presupuestos mínimos para la protección de glaciares y
del ambiente periglacial, aunque uno de ellos deslizaba conceptos sutiles que
los enfrentaba. En el del senador, el ambiente periglacial era únicamente el
glaciar de escombros y reducía considerablemente el área crítica a proteger que
defendía el texto de los diputados.
De pronto, de manera sorpresiva, un
par de días antes de la discusión en el recinto del Congreso, las partes se
reúnen y el proyecto del poder ejecutivo es incorporado al que había sido
vetado por la presidente de la nación, aún mejorado en cuanto a objeto,
definiciones, actividades prohibidas, evaluación de impacto ambiental,
autoridades competentes, funciones y disposición transitoria.
Resultaba insólito para muchos de
nosotros que, reunidos con los diputados, analizábamos la novedosa maniobra del
gobierno. ¿Nueva estrategia para evitar la discusión minera?
En principio, vemos los resultados
como un triunfo del pueblo y de las comunidades organizadas en asambleas a lo
largo y ancho del país. No hubo legislador que, defendiendo el proyecto de ley
en el fragor del debate en el recinto parlamentario, no hiciera referencia a
las asambleas y a la unión de estas, a los foros, concentraciones y
movilizaciones que permitieron instalar la discusión sobre las invasiones
mineras, los métodos extractivos
contaminantes y el despojo lacerante de cuanto recurso natural hay en
nuestros territorios, en realidad bienes
comunes. Vemos entonces la ulterior vigencia de esta ley como un triunfo
resonante del campo popular. La cuestión de la mega minería hidroquímica a
cielo abierto se instaló en todo el país.
La ley y
sus actores
Podemos dar por sancionada la ley en tanto el congresista
Daniel Filmus confirmó que será apoyada por el senado nacional, y allí el
oficialismo cuenta con mayoría parlamentaria. Al mismo tiempo el jefe de la
bancada kirchnerista, Agustín Rossi, anunciaba la decisión de la presidente de
la nación de no vetar la nueva ley sea cual fuere la remitida por el Congreso.
Ahora bien, ¿cómo debemos
interpretar esto, qué conclusión sacamos de esta cronología política a poco del
almuerzo que la presidente de la nación sostuvo con el mentor de la corporación
minera Barrick Gold en Toronto?
¡Los acuerdos de Toronto! ¿Cómo
explicar la abroquelada sociedad que
este conjunto de partes interesadas mantiene con el gobernador
sanjuanino José Luis Gioja? ¿Cómo se interpreta el discurso de la presidente en
China, ofreciendo generosamente la minería, territorios y yacimientos?
Nuestra respuesta es la de siempre.
Quien esto escribe ha dicho en
reiteradas ocasiones que es preferible no contar con ley alguna, a disponer de
aquella que legitimará operar en la
Cordillera de los Andes –ecosistema frágil y fábrica de nuestras aguas- a
industrias como la extractiva a cielo abierto con compuestos tóxicos.
Algunos pensamos que la mejor ley de
protección de glaciares, cualquiera sea, no resuelve el impacto nocivo de la
minería, la destrucción del ecosistema donde opera a través de sus distintas
etapas de prospección, exploración o explotación. Alcanza con no pecar de
ignorancia y repasar cada una de las etapas de esta minería, el método
extractivo, los volúmenes de agua que requiere, el funcionamientos de equipos
pesados, orugas gigantescas sobre cuerpos congelados, sondajes y muestreo de
suelos, sondajes de aguas subterráneas, de prospección minera, pozos para
desagüe minero, para geoenergía, exploración de recursos sobre las áreas que se
pretende proteger. Son todas
circunstancias previas a la propia explotación minera donde el impacto
será aún mayor.
Para esta
minería no hay controles. No hay posibilidad de vigilancias eficaces.
Este tipo de minería, en el
ecosistema que se intenta proteger, no es sostenible en el tiempo y legislar
sobre el particular, tal el caso presente, puede permitir legalizar la
intervención de glaciares, del ambiente periglacial y cuerpos de hielo.
El agua.
Sabemos que mientras escribimos
estas líneas se están derritiendo glaciares para lixiviar minerales del lado
chileno, según confesión de senadores y autoridades de ese país, donde el cobre
–de baja ley mineral, agotándose- recibe más atenciones que el agua, escasa y
ausente en muchísimos sitios de la puna mineral. Sin agua, no hay minerales e,
inexorablemente, al promediar este siglo estas regiones no tendrán ni una cosa
ni la otra. Pretender el traslado del líquido potable, de pozos salteños de
Argentina hacia La Escondida de Antofagasta, en Chile, con dos acueductos de
3.000 litros de agua por segundo, cada uno, ratifica lo que advertimos aquí: “Nosotros –dijo el
congresista trasandino- no podemos sancionar la ley que ustedes
pretenden...Tenemos que derretir masa glaciar para obtener el cobre...”
Razonar sobre esto es inevitable.
¿Acaso los gobiernos extractivistas de Argentina, cámaras mineras, empresas transnacionales,
renuncian a operar del lado argentino, aceptando el rigor de esta inminente
ley?
Creemos que los posibles litigios
rondarán interpretaciones legales según les convenga. Y seguramente abundarán
en las secretarías de minería provinciales, que son la autoridad de aplicación
de la actividad minera, evaluaciones permisivas de los informes de impacto ambiental, admitiendo la
intervención en las áreas prohibidas, pero autorizando a tal o cual empresa con
la sentencia de que su actividad “no
afecta la condición natural del glaciar”, ni el deambular por él “implica su
destrucción”, tampoco moverlo del lugar,
porque para utilizar el agua que lo contiene no se requiere “trasladarlo ni
interferir en su avance”: rezarán los informes de las mineras.
Imaginamos entonces un diálogo
posible entre un funcionario decente (con esta ley en la mano) y un gerente
minero:
-Señor, Ud. está destruyendo “ese
cuerpo protegido”
-De ninguna manera. Tomamos nieve
suficiente sin afectar “su condición natural”. No se me prohíbe intervenirlo;
en realidad “no destruyo la condición natural del cuerpo protegido”.
-Pero hizo sondajes.
-Sí, claro, en lugares donde no
altero su condición natural...Tampoco lo trasladamos de lugar...No interferimos
en su avance”.
En fin, cosas que habrá que probar,
porque estas discusiones legales se repetirán en provincias acostumbradas a
conformar evaluaciones de impacto ambiental abusivas e injustas.
En otras palabras, mientras la
autoridad de aplicación se halle en manos de los gobiernos provinciales, los
Gioja, Beder Herrera o Castillo rubricarán los informes de impacto ambiental
presentados por las empresas, aprobando sus labores mineras. ¿Acaso no multó la
provincia de San Juan a Barrick Gold por derrame de combustibles en áreas a
proteger, en plena reserva de biosfera de San Guillermo, condenando a la
canadiense con 250.000 pesos, que nunca pagó? Recordemos que es como el día y
la noche, el informe de impacto ambiental aprobado para iniciar la actividad y
la finalización de la explotación minera.
De modo que nos esperan otros
objetivos urgentes. Reemplazar las leyes mineras vigentes, el código de minería
y atacar decididamente el tratado binacional minero de implementación conjunta
chileno-argentino. Es la única manera de respaldar la ley de protección de
glaciares y área periglacial.
Vamos por
más.
Eran las tres de la madrugada y en
plena sesión del congreso nacional, algunos diputados provinciales gritaron
desaforadamente: “Los glaciares son míos, están en mi territorio”. Otros recurrieron a dicotomías centralistas,
intentando rememorar a federales y unitarios. No faltó la perturbación de un
diputado sanjuanino que fundamentaba la escasez del agua explicando que había que hacer minería, ignorando que se
requiere no menos de mil litros de este elemento impregnado de ácido sulfúrico
o de cianuro para lixiviar las rocas metalíferas y deslizando con habilidad
dolosa que se usa más agua para la agricultura que para
la mega minería a cielo abierto.
Abundaron barbarismos de todo tipo y
los proferidos por el diputado Gioja, hermano del gobernador feudal, eran más
relevantes: “El agua se limpia y se recicla en nuestra minería”, dijo el
proveedor de las mineras, y lo proclamó
sin inmutarse. Hubiéramos deseado en ese
momento que de algún sector de la contienda se le dijera que la propia
transnacional informó (IIA) que consumirá 360 litros por segundo, noche y día,
los 365 días del año durante 15 ó 20 años de explotación de los yacimientos. “Esa
cantidad ¿la reciclan, la limpian? ¿Dónde se deposita?”
Concluir que es preferible no contar
con ley alguna significa entender que por sí sola esta norma legal se halla
desamparada y bien puede ser utilizada con el argumento de que se hace minería
conforme a la legislación vigente,
refrendada por la provincia generalmente asociada a los intereses
mineros.
Vale la pena recordar nuestra
respuesta a los parlamentarios de Ottawa que habían tejido un proyecto de ley
(C-300) convencidos de que controlarían a sus mineras en el extranjero:
-Usted las va a legitimar. Esta
minería no se puede controlar –se le dijo.
-¿Qué propone, entonces? me pregunta
John Mac Kay.
-Que se retiren. Queremos que se
vayan.
Esta es francamente la posición de
todas las comunidades afectadas por la invasión transnacional y corporativa del
despojo.
La respuesta que le dimos al
legislador canadiense es la misma que proponemos aquí frente a la inminencia de la ley de
protección de glaciares y área periglacial.
¿De qué
sirve entonces la ley que nos ocupa?
Creemos que es una herramienta vital
a utilizar por los movimientos sociales y en debates públicos. La ley nos
permitirá ejercer un observatorio permanente que atienda a su cumplimiento y
nos obliga a exigir el acatamiento del artículo séptimo de evaluación de
impacto ambiental que expresa: “deberá respetarse una instancia de
participación ciudadana de acuerdo con lo establecido en los artículos 19, 20 y
21 de la ley 25.675 de la Ley general del Ambiente.” Impulsar esta norma es
fundamental.
Esta ley nacional, esta regla que
esperamos entre en vigencia cuanto antes, nos permitirá exigir en todas las
provincias y municipios el rechazo de cualquier legislación que sobre el
particular (glaciares y periglaciares) sancionen las provincias con intención
de evadir el texto y espíritu de la presente, continuando de ese modo con la
habitual promiscuidad extractiva.
En definitiva, le ley de protección
de glaciares y ambiente periglacial no prohíbe las actividades mineras en la
cordillera, precordillera y estribaciones, pero es uno de los triunfos más
resonantes logrados por nuestros colectivos sociales, el poder de la asambleas,
la unión y el esfuerzo conjunto de comunidades que están siendo judicializadas
y reprimidas. Vamos por más. Es imprescindible lograr la abolición de la actual
legislación minera y se está en ese camino; por eso merecen un reconocimiento
especial los legisladores que en el Congreso Nacional están promoviendo leyes
que revoquen las instauradas en la década de los 90.
Ratifiquemos una vez más el aplauso
que brindamos en el recinto a aquellos congresistas (sin dar nombres para
evitar injustas omisiones) que en la madrugada del 15 de julio sostenían
públicamente que este debate a nivel nacional se debe a la unión de múltiples
asambleas que en todo el territorio del país oponen una resistencia desigual
sin renunciamientos.
Reconozcamos con ponderación a los
compañeros de las distintas asambleas del interior y de la capital del país que
se concentraron desde horas tempranas aguantando el frío reinante, a quienes
incompresiblemente se les negó la entrada al recinto de sesiones. Muchos se
trasladaron de lugares lejanos, del litoral y del noroeste, del sur rionegrino
y del Andalgalá catamarqueño. Más de doscientos compañeros ejercieron una
presión que no fue desconocida. Iban rotando en la puerta del congreso nacional
y a las cinco de la madrugada aún discutíamos en las calles el levantamiento de
la sesión cuando un par de diputados del PRO y del Frente para la Victoria
impedían el quórum en plena discusión del artículo sexto del proyecto de ley de
protección de glaciares y área periglacial.
La Unión de Asambleas Ciudadanas,
UAC, sesionará del 13 al 16 de agosto en Santiago del Estero. El día 12 habrá
un foro en el paraninfo de la Universidad santiagueña; será el lugar adecuado
para continuar el debate y búsqueda de
nuevas estrategias porque cada vez son más los pueblos que resisten y se
rebelan enfrentando a lacayos serviles de corporaciones que diezman
territorios, devastan contaminando y saquean. Los ámbitos institucionales
también merecen un gran esfuerzo de todos nosotros. Discutamos cómo hacerlo. No
dejemos un solo espacio, no les demos respiro.
Javier
Rodríguez Pardo, Buenos Aires, 16 de julio de 2010.
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