20/11/18

HIDROBOLETÍN FENTAP 3103: PERÚ - OTASS con las horas contadas en la administración de Epsel. Séptimo Juzgado Civil admitió demanda con la que MPCh busca anular resolución que el Ministerio de Vivienda emitió en julio pasado para suspender la Junta General de Accionistas y así instaurar un Régimen de Apoyo Temporal. De otro lado comuna de Chiclayo solicitará una medida cautelar para restituir sus derechos societarios y facultades administrativas que tiene con la empresa de saneamiento


HIDROBOLETÍN FENTAP
Martes, 20 de noviembre del 2018 – Año XIII – Edición 3103 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

La FENTAP informa:
·        PERÚ - OTASS con las horas contadas en la administración de Epsel. Séptimo Juzgado Civil admitió demanda con la que MPCh busca anular resolución que el Ministerio de Vivienda emitió en julio pasado para suspender la Junta General de Accionistas y así instaurar un Régimen de Apoyo Temporal. De otro lado comuna de  Chiclayo solicitará una medida cautelar para restituir sus derechos societarios y facultades administrativas que tiene con la empresa de saneamiento
·        PERÚ - El Congreso investigará deficiencias en servicio de agua de Piura
·        PERÚ - Fiscalía pide 4 años de cárcel a implicados en irregular obra de saneamiento en Ferreñafe
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 OTASS con las horas contadas en la administración de Epsel
Séptimo Juzgado Civil admitió demanda con la que MPCh busca anular resolución que el Ministerio de Vivienda emitió en julio pasado para suspender la Junta General de Accionistas y así instaurar un Régimen de Apoyo Temporal. De otro lado comuna de  Chiclayo solicitará una medida cautelar para restituir sus derechos societarios  y facultades administrativas que tiene con la empresa de saneamiento

 

EMPRESAS DE AGUA

El Congreso investigará deficiencias en servicio de agua

En las últimas semanas varios cortes de agua se han registrado en diferentes puntos de la región. Además, ya se ha anunciado un posible incremento en las tarifas del servicio que brinda la EPS Grau.

Estos aspectos han sido considerados para que el Congreso de la República estime abrir una investigación por las deficiencias en el servicio.

El 29 de octubre la congresista Marisol Espinoza cursó un documento al presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso, Edgar Ochoa, solicitándole que cite al gerente de la EPS Grau, Roberto Sandoval, para que explique la actual situación financiera, administrativa y técnica que impide brindar un buen servicio a los usuarios.

Espinoza sustenta su pedido por las restricciones y cortes del servicio. Además, considera los continuos colapsos de las redes de alcantarillado en diferentes sectores donde la EPS Grau tiene competencia.

El oficio enviado a Ochoa recoge los últimos cortes suscitados en el asentamiento humano Campo Polo en Castilla, donde los moradores amenazaban con protestar y no pagar los recibos que fueron facturados por el servicio.

Se expone que en Chulucanas ya se han efectuado movilizaciones exigiendo a la empresa que solucione el desabastecimiento de agua y rechazando el incremento de las tarifas.

En el caso de la provincia de Talara se recuerda que no se contó con agua por más de 20 días, porque la red de abastecimiento en el puente Simón Bolívar volvió a romperse en menos de una semana.

En esa línea, la parlamentaria por Piura criticó que se pretenda incrementar el costo por el servicio cuando aún no haya mejoras concretas.

Sectores afectados

Este diario conoció que además en sectores del distrito Veintiséis de Octubre también se presentan problemas por un mal servicio.

El exdirigente del asentamiento San Martín, Winston Sánchez, indicó que en menos de un mes se registraron dos cortes de agua potable sin previo aviso por parte de la empresa. En el asentamiento Santa Rosa, el sector 6 y 7 también presentan problemas.

De acuerdo al secretario de la Juveco, Samuel Nieves, el agua en estos sectores solo llega por algunas horas y con baja presión.

“Después del medio día ya baja la presión [del agua] totalmente. Solo tenemos agua hasta las 4 o 5 de la tarde, y no las 24 horas”, dijo el dirigente.

Debido a esta situación, algunos moradores, con sus recursos económicos, han tenido que adquirir sus propios tanques y máquinas para el bombeo.

“Hemos invertido como mil soles para comprar [el tanque]”, manifestó Eloísa Espinoza, moradora del sector 6 del AA.HH. Santa Rosa.

Los moradores sostienen que en el mes de abril, la empresa Edicas SAC ejecutó una obra que buscaba mejorar el servicio en los dos sectores; sin embargo, los resultados no fueron los esperados.

Al acudir al Gobierno Regional, estos habrían dicho que competía a la EPS Grau solucionar el problema, pero la empresa prestadora del servicio adujo que aún no han recibido la obra. Por lo tanto, el problema debía ser solucionado por la empresa ejecutora a través de la entidad estatal.

No obstante, cabe destacar que la EPS Grau habría dado el visto bueno al expediente técnico.

Otros vecinos señalan que cuando no logran almacenar agua, deben comprar en otras zonas.

Critican el precio que se factura en los recibos (20 a 30 soles) señalando que es excesivo, en comparación al servicio que se brinda.

En el AA.H. Campo Polo de Castilla, hace quince días se reestableció el servicio luego de haber estado sin agua casi dos meses. Así lo dio a conocer Anita María Casariego, moradora del citado sector.

Consultado por El Tiempo, el gerente de la EPS Grau, Roberto Sandoval, admitió haber tenido problemas el mes pasado, pero aseguró que ya se ha reestablecido todo el servicio. Sin embargo, sostuvo que estas fallas habrían sido ajenas a la empresa.

“Ha habido fallas, pero no por problemas de la empresa sino por la misma fuente. En Talara fue por la sequía de la represa de Poechos, así como por el canal norte y Chira”, señaló.

Sandoval justificó la falta de comunicación a los usuarios, debido a que durante la vigencia de la Ley Mulder les impedía publicitar en medios privados sobre los cortes de agua. EL TIEMPO


HIDROREGIONES PERÚ

Fiscalía pide 4 años de cárcel a implicados en irregular obra de saneamiento en Ferreñafe

La Primera Fiscalía Penal Cooperativa de Ferreñafe, a través del magistrado Ricardo Cevallos Vegas, solicitó 4 años de pena privativa a la libertad contra trabajadores, empresarios e ingenieros que estuvieron a cargo de la ejecución de la polémica obra de “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en el distrito de Ferreñafe”. Este proyecto de saneamiento fue promovido durante la ex gestión edil de Jacinto Muro Távara y le demandó al Estado una inversión de 47 millones de soles que tras su conclusión no ha podido satisfacer las necesidades básicas de miles de familias ferreñafanas.

De acuerdo a la carpeta fiscal N° 413-2014, el Ministerio Público pide cárcel contra William Parraguez Bances (ex gerente de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe), Carlos Francisco Raffo Ramírez (Ingeniero Residente), Julio Miguel Vargas Flores (Ingeniero Supervisor) y los representantes legales de las constructoras Consorcio GRZ (Flor de Jesús Campos Zegarra), Ingenieros ABC - Contratistas Generales SAC (Gilberto Ramírez Acuña), San Martín SAC-Construcciones y Servicios Generales (César Martín y Óscar Eduardo Marotazo Espinoza) y la empresa supervisora Consorcio Santa Lucía (Aníbal Quintín Cáceres Narrea). A todos ellos se les imputa el delito de Colusión Simple.

A través de las diligencias realizadas durante la investigación preparatoria, el fiscal Ricardo Cevallos corroboró presuntas irregulares en la ejecución de esta obra de saneamiento, respecto al pago de 257 mil 273 soles que el Consorcio GRZ - integrado por las empresas Ingenieros ABC SAC y San Martín SAC - cobró por partidas económicas que no realizó (o) ejecutó.

¿CÓMO LO HIZO?

Según el Informe N° 013-2014-EPSELS.A.-GPO/SGO/OEZF, elaborado por ingeniero Óscar Enrique Zapata Ferrer, en calidad de supervisor de la Entidad Prestadora de Servicios de Lambayeque (EPSEL), el 17 de junio del 2014 observó que en las valorizaciones N° 03 y N° 04 del expediente técnico, se tenían que realizar excavaciones para el entibado de zanjas mayor a los 3 metros de profundidad; sin embargo, las partidas económicas que se destinaron para estos trabajos no fueron ejecutadas por el Consorcio GRZ, a consecuencia que el terreno terminó siendo estable y no había riesgo de algún derrumbe de la tierra.

No obstante, estas partidas que ascienden a la suma de 257 mil 273 soles terminaron siendo cobradas por la contratista, luego que la empresa supervisora Consorcio Santa Lucía, a través de Julio Miguel Vargas Flores, autorizó el pago al Consorcio GRZ por trabajos que no realizó (entibado de zanjas).

Posteriormente, el 28 de agosto del 2014, ante los retrasos y cuestionamiento de la obra, el Consorcio Santa Lucía realizó una exposición al público en general sobre el avance de la obra de agua y alcantarillado, la misma que estuvo a cargo del ingeniero Julio Miguel Vargas Flores, donde aseguraba que el Informe N° 013-2014-EPSELS.A.-GPO/SGO/OEZF poseía un error involuntario y las observaciones que se formularon fueron subsanadas.

Incluso, el exgerente de infraestructura, William Parraguez, corroboraría esta versión, asegurando que se había reunido con el ingeniero supervisor de EPSEL, Óscar Enrique Zapata Ferrer para que se rectifique en dicho informe.

Sin embargo, ante las contradicciones de esa exposición, María Isabel Parraguez Carrasco, quien realizó la denuncia ante la Fiscalía de Ferreñafe, solicitó a la Sub Gerencia de Obras de EPSEL que emita un informe sobre las observaciones realizadas de la obra de saneamiento, ante lo cual extraoficialmente le alcanzaron el Informe N° 481-4014-EPSEL S.A. GPO/SGO, en la cual reitera que el Consorcio GRZ no ejecutó las partidas de entibado de zanjas, pero sí cobró la suma de 257 mil 273 soles que se destinaron para esos trabajos.

PROCESO JUDICIAL

Respecto a este caso, consignado en el Expediente Judicial N° 3906-2016, debido a la tipicidad del delito ha sido derivado al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo con especialidad en Delito de Corrupción de Funcionarios.

Incluso este despacho judicial, mediante Resolución N° 8, ha programado para este 27 de noviembre la audiencia de control de acusación para las 11 de la mañana en la Sala N° 22. LA VERDAD



“Defender el Agua es Defender la Vida”
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