Miércoles, 14 de agosto de 2019 –
Año XIV – Edición 3285 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
HIDROBOLETÍN FENTAP
La FENTAP informa:
·
PERÚ
– Lambayeque. “Vivienda debe remover a OTASS de Epsel porque su administración
fracasó”. De los 61 millones de soles que transfirió el Ministerio de Vivienda
para mejorar las condiciones de Epsel, solo se ha ejecutado el 5% y el 25% está
comprometido
·
PERÚ
- Se inicia paro contra el proyecto Quellaveco en la región Moquegua
·
PERÚ
- Loreto: derrames de petróleo exponen el abandono de las comunidades indígenas
·
FRANCIA
- Comenzaron las labores para limpiar el plomo en los alrededores de Notre Dame
de París
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“Vivienda debe remover a OTASS de
Epsel porque su administración fracasó”
De los
61 millones de soles que transfirió el Ministerio de Vivienda para mejorar las
condiciones de Epsel, solo se ha ejecutado el 5% y el 25% está comprometido.
https://larepublica.pe
– La falta de eficiencia en la ejecución de gasto, los problemas del sistema de
saneamiento, el riesgo que existe en la obra de agua potable y alcantarillado
en los 12 pueblos jóvenes ubicados en la carretera al distrito de Pomalca,
ponen en jaque al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de
Saneamiento (Otass), afirmó el secretario general del Sindicato de Trabajadores
de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel),
Sandro Olivos Peña, quien exigió el retiro de dicha administración de la EPS.
“A más de dos años de la intervención de Otass con el
Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) no hay resultados positivos en la empresa,
pues fracasó. Los usuarios son los principales perjudicados”, enfatizó.
Asimismo, indicó que la administración de Epsel, de los
61 millones de soles que transfirió el Ministerio de Vivienda para mejorar las
condiciones de Epsel, solo ejecutó el 5% y el 25% está comprometido. “Es muy poca
la inversión, es un mal mensaje para todos”, remarcó.
También indicó que Epsel no ha previsto el pago de tres
millones de dólares a la empresa Pomalca por el paso de servidumbre para la
obra de saneamiento de los 12 pueblos jóvenes.
Líneas seguidas dijo que el Ministerio de Vivienda debe
remover a Otass de la entidad a fin de que se elija a nuevos representantes.
HIDROREGIONES PERÚ
Se inicia paro contra el proyecto Quellaveco en la región
Moquegua
El actuar intransigente de seguidores antimineros contra
Tía María en Arequipa ha llevado a que otros radicales sigan su mal ejemplo e
inicien ayer un paro indefinido en oposición al proyecto Quellaveco en la
región Moquegua.
En el primer día de paralización, se registraron
incidentes de violencia. Según información del portal moqueguano Radio
Americana, después del mediodía en el centro poblado de Tumilaca, se
registraron enfrentamientos entre la Policía y agricultores que bloquearon con
piedras y llantas quemadas la carretera Binacional que es usada por la mina de
Quellaveco.
Según el prefecto de Moquegua, Mariano Velásquez, la
Policía lanzó bombas lacrimógenas contra los manifestantes para desalojarlos.
Luego de dos horas, el tránsito fue restablecido.
Según fuentes de Perú21, al menos cinco personas fueron
arrestadas. Dos de ellas resultaron heridas e ingresadas a un local de Essalud.
Además, hubo concentraciones en la ciudad de Moquegua
como el parque Dos de Mayo, Parque del Maestro y el óvalo José Carlos
Mariátegui. Empero, el comercio, las clases y el transporte público funcionaron
con total normalidad.
LAS MISMAS
PRÁCTICAS
Así como el paro es azuzado en Arequipa por el gobernador
Elmer Cáceres, en Moquegua lo hace el gobernador Zenón Cuevas, quien acusa a la
minera de incumplir acuerdos: no haber contratado mano de obra y negocios
locales, la falta de inversión en el Fondo para el Desarrollo, y la
contaminación del río Moquegua.
Anglo American emitió un comunicado negando todas estas
sindicaciones. Aseguran que el río Moquegua no es afectado por sus actividades,
y que 4,964 empleados pertenecen a esa región. Además, expresaron su voluntad
de diálogo en este nuevo conflicto que surge en el sur del país. PERÚ 21
Loreto: derrames de petróleo exponen
el abandono de las comunidades indígenas
Olguín Macedo Kayap, 37, había
salido a pescar cuando vio una mancha negra que se aproximaba por un caño que
se une con una quebrada cercana a su comunidad. De inmediato regresó para
alertar a sus compañeros y volvieron con baldes para evitar que el crudo llegue
hasta las viviendas.
Era la mañana del 18 de junio
y en Nuevo Progreso, un pueblo indígena awajún situado en la Amazonía norte de
Perú, a pocos kilómetros del pequeño poblado portuario de Saramiriza, en la
región de Loreto, el petróleo se filtraba por una tubería que cruza las tierras
de la comunidad, contaminando el arroyo que usan sus habitantes para beber,
cocinar y lavarse.
Petroperú, la compañía estatal
que opera el oleoducto, dijo en ese momento y como en otras oportunidades que
el derrame estaba ligado nuevamente a un acto de vandalismo. A la comunidad
esta versión no la convenció y no permitió que comenzaran las labores de
limpieza hasta que los representantes de la fiscalía realizaran una inspección
en presencia de sus líderes.
La diligencia fiscal estuvo
originalmente programada para el 9 de julio, sin embargo, Petroperú decidió
posponerla por la protesta de varias federaciones indígenas de la zona
autodenominadas Comunidades Indígenas Afectadas por la Actividad Petrolera.
Tres días antes, el 6 de
julio, cientos de manifestantes se habían apoderado de la estación de bombeo Nº
5 de Petroperú, cerca de Saramiriza, y según la empresa estatal no se podía
garantizar la seguridad de los inspectores. Nuevo Progreso optó por no
participar en la protesta ni en la toma de la estación, porque los líderes de
la comunidad ya estaban en una mesa de diálogo con representantes del gobierno
nacional.
Han pasado dos meses desde que
el derrame fue reportado y el olor a petróleo aún se deja sentir en la
quebrada, allí donde una barrera color naranja trataba de contener semanas
atrás el avance de una mancha negra. Las familias entonces trataban de reunir
el agua de la lluvia para atender sus necesidades, pues salvo por una entrega
inmediatamente después del incidente, Petroperú no les había hecho llegar agua
embotellada, aduciendo que no es su política cuando se reporta un daño
deliberado al oleoducto. A pesar de la declaración de emergencia sanitaria en
el distrito, ninguna entidad del estado llevó agua a Nuevo Progreso.
“Siempre traíamos agua de la quebrada para
cocinar y para lavar”, cuenta Yolanda Ukunchan Chayuk, una mujer de 58 años que
vive en la comunidad desde antes de la construcción del oleoducto. Hoy
confiesa, sin embargo, que no pueden recolectar las plantas comestibles y
medicinales que crecen al borde del riachuelo, y que tiene miedo de comer
pescado de la zona.
“Siento como si estuviera en
una cárcel”, dice. “A pesar de que somos vecinos del oleoducto, no hemos sido
atendidos.”
El derrame en Nuevo Progreso
del 18 de junio fue uno de los tres registrados en los últimos meses cerca de
Saramiriza, y uno de los más recientes en una serie de al menos 20 reportados
desde junio de 2014 en el tramo amazónico del Oleoducto Norperuano, el mismo
que transporta petróleo desde el norte de la Amazonía peruana a través de las
montañas de los Andes hasta la costa del Pacífico.
La tubería, que tiene más de
cuarenta años, forma parte de un conflicto complejo que combina asuntos
relacionados con el medio ambiente, la economía y los territorios indígenas.
Cada vez que ocurre un derrame, independientemente de la causa, salen a relucir
las disparidades extremas entre los millones de dólares en ingresos petroleros
bombeados de la región nororiental de Loreto, en las últimas cuatro décadas, y
la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas en cuyos
territorios fue levantada esta industria.
Las
demandas
Mientras los habitantes de
Nuevo Progreso esperaban la llegada del helicóptero que transportaba a los
funcionarios del Estado y representantes de la compañía, Sabino Escalante Suyu,
el apu o presidente de la comunidad, enumeraba en una pizarra cada uno de los
puntos que debían ser atendidos durante las negociaciones.
La palabra agua encabezaba la
lista. Su fuente de suministro ha quedado inutilizable y esto los obliga a
caminar al menos 20 minutos, por los senderos del bosque, para llegar al arroyo
más próximo y volver a casa con pesados recipientes de agua, una tarea que
generalmente recae en las mujeres y niños.
La segunda demanda: comida.
Los pobladores que suelen atrapar los peces del arroyo saben que ahora
necesitan un reemplazo, pues temen que la base de su dieta esté contaminada.
Los siguientes temas que
apuntaba en la pizarra eran atención médica y educación, necesidades básicas
que deberían ser atendidas por el Estado sin que exista un derrame de por
medio.
Escalante esperaba también que
los residentes de Nuevo Progreso fueran contratados para limpiar el petróleo
vertido.
Estas exigencias forman parte
de un descontento mayor que viene de años atrás, que alcanza a otras
localidades y que persiste. Los derrames de petróleo les ofrecen a las
comunidades la oportunidad de estar frente a frente con representantes del
gobierno y presentar sus demandas directamente.
La protesta que condujo a la
toma de la Estación de Bombeo Nº 5 de Petroperú, entre el 6 y el 20 de julio,
arrastraba por lo tanto demandas de 2016, las mismas que plantearon las
organizaciones indígenas cuando bloquearon el río Marañón.
Los pedidos de entonces
incluían una inspección externa de la tubería deteriorada, el reemplazo de la
infraestructura, la remediación tras 40 años de contaminación por petróleo en el
Amazonas, una compensación por los daños causados, una ley de monitoreo
ambiental y la conformación de una «comisión de la verdad» para investigar los
impactos de décadas de operaciones petroleras mal reguladas en comunidades
locales. EL COMERCIO
HIDROMUNDO
Comenzaron las labores para limpiar
el plomo en los alrededores de Notre Dame de París
Las labores para descontaminar
los alrededores de la catedral de Notre Dame de París comenzaron este martes,
cuatro meses después de un incendio en el que se derritieron cientos de
toneladas de plomo que se liberaron en la atmósfera.
La operación de limpieza
comenzó este martes por la mañana en la calle de la Cité, en pleno corazón de
París, que fue cerrada a los transeúntes y a la circulación vehicular, según la
AFP.
Un total de 10.200 m² serán
descontaminados mediante una serie de técnicas. El proceso consiste en aspirar
el pavimento, luego fregarlo con un producto tensioactivo y finalmente utilizar
una manguera de alta presión para enjuagar el suelo y recuperar las aguas
residuales.
En algunos tipos de piedras se
utilizará un gel especial que se endurece al cabo de tres días y luego se
retira, llevándose consigo las partículas nocivas.
Al final de la operación de
limpieza, que durará hasta el 23 de agosto --antes del inicio del curso escolar
en septiembre-- se realizará un control para verificar que fue eficaz.
NTN24.COM
“Defender el Agua
es Defender la Vida”
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