Lunes, 29 de enero de 2024 – Año XVII – Edición 4394
Ministra hace de las suyas en Puno
Proyecto de agua por S/49 millones sin toma garantizada
El contrato para la obra de creación del servicio del
sistema de agua potable y saneamiento de Carta, Llachahui y otros, en Coata
(Puno), está firmado por un valor de S/ 49 millones 459 mil 271, pero el agua
no está garantizada, tal como indican los informes de la Contraloría General de
la República.
Además, se detectaron otras irregularidades, como la falta
de declaración jurada de intereses de los miembros del Comité de Selección, o
que un miembro de este grupo de trabajo fue contratado como inspector de la
obra, además de falencias en el estudio de canteras.
Cabe indicar, en ese marco, que la ministra de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuellar, convoca y nombra al comité
de selección de obra, pues el proyecto está a cargo de la entidad que dirige.
Es decir, que ella permite las irregularidades halladas hasta el momento.
EL POZO
El proyecto tiene previsto la excavación de un pozo tubular
en el sector Chinche; sin embargo, hasta diciembre del 2023, el terreno para la
excavación no estaba asegurado.
Además, con mucha anterioridad, se advirtió que el agua
disponible en esa zona no sería suficiente para abastecer al proyecto.
A inicios del 2023, se realizó un estudio en un pozo que
había sido excavado con anterioridad y se llegó a la conclusión de que tenía
poca agua; además, el arsénico, el manganeso, así como el hierro, estaban en
niveles por encima de lo permitido.
En consecuencia, se recomendó la realización de un pozo
exploratorio para saber, a ciencia cierta, de cuánta agua se disponía y si esta
era apta para su tratamiento, pero no se dieron mayores salidas.
“Se advierte que el ‘Pozo Tubular Proyectado’ para la
captación de agua no cuenta con un estudio hidrogeológico específico, a pesar
de lo recomendado en el informe de evaluación”, indica el reporte elaborado por
el ente contralor en marzo del 2023.
IGNORAN RECOMENDACIÓN
En el informe publicado a inicios de este año, la ubicación
del pozo se mantiene y ni siquiera se habla sobre lo mencionado líneas arriba.
Es decir, se habrían ignorado por completo las observaciones al respecto.
El contratista consultó sobre la reubicación del pozo al
ministerio encabezado por Hania Pérez de Cuellar, pero los funcionarios de esta
cartera ni la propia ministra tuvieron conocimiento de ello.
El 2 de enero, la contratista y los comuneros acordaron
otra ubicación para el pozo; no obstante, nuevamente no se habla de los
estudios para saber si hay agua suficiente y si es apta para su tratamiento.
AFORTUNADOS
En tanto, es preciso mencionar que los plazos corren y se
anticipan los adicionales y ampliaciones que termina pagando el Estado; es
decir, todos los peruanos y, en este caso, los puneños. Ni qué decir de una
obra de agua potable cuyo pozo de captación podría ser insuficiente y no apto
para consumo humano.
En ese marco, cabe indicar que la fecha del inicio de la
obra figura como el 17 de diciembre del año 2023, y que el contrato se firmó a
favor del consorcio Carata, conformado por las empresas: Sigma S.A, HGD
Contratistas S.A.C. y KIBE Construcciones Generales.
Asimismo, debe apuntarse que la supervisora es el Consorcio Rural de Coata, conformado por las empresas: Arana Consultores S.A.C., y Contratistas Generales Virgen de Cocharcas Perú SRL. https://www.losandes.com.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Puno: vecinos del barrio Asociación Pro Vivienda Carabaya solicitan a Emsa Puno, mayor dotación de agua potable
El ciudadano de Puno Rene Campos Copa, vecino del Barrio
“Asociación Pro-Vivienda Carabaya”, comentó que hace tres semanas atrás,
carecen de agua potable durante el día, que; desde la Empresa Municipal de
Saneamiento Básico de Puno S.A. (EMSA Puno), no dotan agua potable con
frecuencia.
Según indicó, EMSA Puno, sólo suelta el agua cada 2 días,
por un promedio de 1 horas aproximadamente, tiempo que es insuficiente para
poder llenar sus tanques con agua o algunos recipientes, esta deficiencia viene
generando molestias en los vecinos, porque no tendrían agua para preparar sus
alimentos y para el aseo personal de niños mayormente.
Los también vecinos de la avenida Juliaca, denunciaron que
ante esta carencia vienen consumiendo agua de lluvia, también almacenan agua de
sectores cercanos, los que quedaron insuficientes. “hemos solicitado el
traslado de agua mediante cisterna a la empresa municipal, pero sólo quedó como
simple pedido”, finalizó. https://radioondaazul.com/
El Congreso y sus intentos de favorecer a la minería ilegal
El 18 de enero de 2024, la
Comisión Permanente del Congreso de la República intentó debatir un dictamen
que podría contribuir a la impunidad y la depredación del ambiente, como lo es
la extensión del Registro de Formalización Minera (REINFO).
Lo cual ha despertado
preocupación entre expertos y defensores del ambiente, también del Ministerio
del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, y de la Defensoría Del Pueblo. A
pesar de este panorama, los proyectos se encuentran pendientes de votación.
Dicho dictamen busca extender
por 90 días más el plazo de acceso al Registro Integral de Formalización Minera
(Reinfo), lo que, según expertos, permitiría que mineros ilegales se disfracen
de informales para operar y destruir los bosques con total impunidad.
En el programa “La hora verde”
del 25 de enero, se abordó el tema con 3 especialistas. Olinda Orozco,
socióloga y presidenta del Instituto Redes de Desarrollo Local, César Ipenza
especialista en derecho ambiental y Leonidas Wiener, investigador en temas de
minería.
Al respecto, Olinda Orozco,
señaló que la condición de informalidad y legalidad no es inherente a la
actividad misma, ya que es consecuencia de la ausencia del Estado. La experta
indicó que a la fecha hay 81.000 mineros artesanales, mientras que solo 15.000
mineros se han ido formalizando a nivel nacional.
“Una gran mayoría en este sector
está en condiciones de informalidad, donde siguen operando”, agregó.
La especialista mencionó que es
necesario la formalización y apoyar al sector que quiera hacerlo, pero antes de
eso es necesario diferenciar lo que son los mineros formales y lo que es la
minería ilegal que está vinculada a la criminalidad (tala ilegal, trata de
personas, etc.).
Sobre los partidos políticos,
Orozco mencionó que hay una agenda de intereses particulares que están
elaborando proyectos de ley que los beneficien.
“Acordémonos que los temas ambientales no están manejados seriamente en
estas organizaciones y menos en los partidos políticos. (…) Todas estas
actividades ilegales están llegando al poder vía estas agrupaciones”.
En esa línea, César Ipenza,
especialista en derecho ambiental, comentó que en el Perú las organizaciones
criminales ya están en el poder. “Vemos grupos de interés en el Congreso de la
República que representan a los intereses de la minería ilegal”, señaló.
En ese sentido, el abogado
indicó que la intención de expandir el Reinfo es la impunidad para los
criminales ambientales ya que si estos mineros ilegales llegan a ingresar a
este registro no podrán ser procesados por la Fiscalía y tampoco se les podría
sindicar por algún delito ambiental ya que hay una exención de responsabilidad
penal.
Para ejemplificar el tema,
mencionó el megaoperativo en donde se detuvo a la red ‘La Gran F.A.’ dedicada a
la minería ilegal, en donde estaban implicados cinco suboficiales de la
Policía, entre ellos un coronel de la PNP.
“En las escuchas y en las
transcripciones se ve que muchos de estos mineros vinculados a la actividad
ilegal señalan que vienen negociando con el Congreso de la República para abrir
el Reinfo y que les permita seguir operando con ese manto de ilegalidad”,
añadió.
El experto alertó que es posible
que se ponga a debate esta iniciativa en la próxima agenda y se apruebe a la
medianoche, como sucedió con la Ley Forestal, conocida por activistas y líderes
indígenas como la Ley Antiforestal.
Leonidas Wiener, especialista
sobre temas mineros, apuntó que en los últimos años se ha ido desarrollando un
nuevo fenómeno de la minería artesanal, la cual se ha expandido tanto que ha
ido afectando a las operaciones de grandes empresas mineras como ha sucedido
con La Poderosa, Las Bambas, Ares, entre otras.
Para profundizar más en ello,
mencionó que hay un cuello de botella en este proceso de formalización llamado
“Acuerdo-contrato-explotación”. Lo que implica es que el minero artesanal tiene
que ponerse de acuerdo con el titular de la concesión, sobre este aspecto, el
experto mencionó que aquí hay un problema.
“En muchos casos los titulares
de las concesiones mineras no quieren a los mineros artesanales en el área de
sus concesiones, como también, hay arreglos verbales o acuerdos, a través de
los cuales los mineros artesanales otorgan parte de sus minerales al titular de
la concesión y luego esto lo pueden blanquear o lo comercializan a través de
sus propias concesiones y les pagan una especie de regalía”, explicó.
Wiener señaló que hay titulares
de concesiones que prefieren seguir en ese tipo de negociación informal con los
mineros artesanales antes de pasar a un acuerdo de explotación que permitiría
avanzar hacia la formalización de la pequeña minería. https://cooperaccion.org.pe/
Detectan conexiones de agua y desagüe clandestinas en colegio de Piura
Durante las inspecciones que
realiza la EPS Grau, se detectó la presencia de redes ilegales, tanto de agua
potable y alcantarillado, que servía ilícitamente para la construcción del
colegio Selmira de Varona de Piura.
La obra, que está a cargo de la
constructora Consorcio del Norte, se había conectado de manera ilegal y sin
previo permiso de la EPS Grau de la red principal de desagüe. Lo mismo sucedió
con la red de agua potable que ingresa al terreno de la mencionada obra ubicada
en la calle José Santos Chocano, en la urbanización Piura.
“De la red principal de desagüe
de 8 pulgadas, había una conexión de 6 que se dirigía hacia el colegio en
construcción. De igual forma con la red de agua potable de 10 pulgadas con una
reducción a media pulgada, instalando también una llave de agua”, afirmaron los
representantes de la empresa.
Es así, con apoyo del personal
de Coordinación de Redes, el técnico Bladimiro Suarez y el analista de Catastro
de la EPS Grau – Piura, Abog. Miguel Venegas Valle, dieron parte a la Policía
Nacional del Perú, para que realicen el acta de constatación de este flagrante
delito y tomar las decisiones necesarias ante esta situación que no solo
perjudica a la infraestructura de la empresa, sino a los moradores del sector
con una baja presión y continuidad del servicio. https://diariocorreo.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”