Miércoles, 27 de mayo de 2020 – Año XIV – Edición 3481 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
HIDROBOLETÍN FENTAP
La FENTAP informa:
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PERÚ
- Irregularidades en el permiso otorgado a Las Bambas para aumentar su flota de
camiones. Este instrumento podría ser utilizado por otras empresas mineras para
regularizar componentes o actividades de sus procesos operativos que no hayan
sido aprobados previamente en un EIA
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PERÚ
- Emapa San Martín: Compensación de consumos en caso se apliquen promedios
mayores a lo registrado por los medidores durante el estado de emergencia
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PERÚ
- Lurín: más de 20 mil familias vulnerables han sido beneficiadas con agua
potable
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COLOMBIA
- La última oportunidad para enfrentar el cambio climático
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Irregularidades en el permiso
otorgado a Las Bambas para aumentar su flota de camiones
"Este
instrumento podría ser utilizado por otras empresas mineras para regularizar
componentes o actividades de sus procesos operativos que no hayan sido
aprobados previamente en un EIA". Por Leonidas Wiener R.
A fines de febrero del presente año, días antes que se
inicie la emergencia generada por el coronavirus (COVID-19), la empresa minera
Las Bambas obtuvo un permiso del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para
aumentar su flota de camiones para el transporte de los minerales, a través del
denominado corredor minero. Como se conoce, este corredor ha sido el epicentro
de diversos episodios de conflictos sociales de suma gravedad, originados
principalmente por los impactos ambientales y sociales que conlleva el tránsito
diario de cientos de volquetes, y la afectación al derecho de propiedad de las
comunidades e individuos que tienen sus terrenos en los contornos de esta carretera.
Las capacidades de los últimos gobiernos para afrontar esta situación no han
sido suficientes, lo cual ha llevado a declarar casi ininterrumpidamente el
estado de emergencia en el corredor minero por 3 años seguidos. Si a los
limeños les resulta inusual este estado de emergencia originado por el COVID-19
que se ha iniciado hace más de dos meses, imaginen la situación de la población
que habita en estas zonas cercanas al corredor minero, y que tienen que
soportar una permanente militarización de la zona y la restricción de sus
derechos a la libertad, el tránsito y a la reunión.
Por los motivos descritos, la situación en el corredor
minero no debe ser colocada en un segundo plano, aún en una situación de
emergencia sanitaria como la que viene generando el COVID-19 a nivel nacional.
Dicho esto, y tal como se señaló al inicio, el 28 de febrero de 2020 se aprobó
el denominado Plan Ambiental Detallado (PAD) a Las Bambas, mediante Resolución
Directoral 047-2020-MINEM/DGAAM. Este PAD permite a Las Bambas aumentar el
número de sus camiones en supuestos de contingencias. A partir de un análisis
de este PAD y la norma que lo regula, se han podido identificar una serie de
irregularidades que se sintetizan a continuación:
El PAD aprobado a Las Bambas y que permite a la empresa
aumentar el número de camiones no ha tomado en cuenta los informes realizados
por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), y que
determinaron los impactos ambientales (aire, ruido) que venía generando el
transporte de los minerales, así como también los potenciales daños adicionales
que se podían generar si se aumentaba el número de camiones. Ello dio lugar al
dictado de medidas preventivas contra la empresa para disminuir el número de
camiones que venía transitando y para implementar medidas de reducción de los
impactos ambientales. Ni la evaluación realizada por el OEFA, ni los alcances
de las medidas preventivas dictadas por este órgano, fueron tomadas en cuenta
por el MINEM para evaluar y aprobar el PAD a Las Bambas.
Los PAD constituyen instrumentos de gestión ambiental que
son regulados en el Reglamento de Cierre de Minas. Pero los PAD tienen como
finalidad adecuar los impactos ambientales negativos que no hayan pasado por la
respectiva certificación ambiental. En esa medida, los PAD incorporarían estos
impactos identificados que no cuenten con su respectivo EIA. Hasta acá surge
una pregunta que salta a la vista: ¿por qué el PAD se encuentra comprendido en
el Reglamento de cierre de minas y no en el Reglamento Ambiental Minero? El
primero tiene como finalidad regular las acciones de las empresas mineras para
que sus actividades de cierre restituyan el ecosistema afectado a la situación
previa antes de que se inicie la explotación (en la medida de lo posible). El
PAD no tiene esa finalidad, y por lo tanto no tiene sentido que se encuentre
regulado en el Reglamento de Cierre de Minas. Ello altera la unicidad e
integralidad del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
En la misma línea de lo anterior, resulta irregular que el
PAD sea aprobado por el MINEM y no por el Servicio Nacional de Certificación
Ambiental (SENACE). Desde el 2015, el SENACE asumió la competencia de aprobar
todos los EIA de grandes proyectos, como es el caso de Las Bambas. Como se
recuerda, antes el que cumplía esa función era el MINEM, lo cual generaba una
distorsión en el proceso de certificación ambiental, puesto que el mismo sector
encargado de promover las inversiones mineras era a la vez el encargado de
ponerle límites. En ese sentido, ¿por qué generar una mayor dispersión en el
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental al regresar una competencia al MINEM
que ya había sido transferida al SENACE?
En ese sentido, no existe fundamento legal para que la
competencia de su aprobación siga a cargo de la DGAAM del MINEM. Además, se ha
podido identificar que el SENACE no participó en el proceso de evaluación del
PAD aprobado a Las Bambas. El hecho es que la norma que regula los PAD tampoco
obliga al MINEM a derivar la evaluación de los PAD al SENACE. El problema
descrito vulneraría el principio de competencia como requisito de validez de
los actos administrativos, y además el principio de legalidad, regulados ambos
en la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Por último, la norma que regula los PAD (Decreto Supremo N°
013-2019-EM) vulnera una norma de rango superior, que es la Ley de Creación del
SENACE (Ley 29968). La Ley del SENACE determina que este órgano sea el
encargado de evaluar y aprobar los EIA de grandes proyectos mineros, como el caso
de Las Bambas. Pero pueden establecerse exclusiones, con la salvedad de que
sean aprobadas por un decreto supremo que tenga el voto aprobatorio del Consejo
de Ministros. Sin embargo, en el caso de los PAD, la norma que los aprueba (la
modificatoria del Reglamento de Cierre de Minas) solo cuenta con la aprobación
del presidente y los ministros del ambiente y energía y minas. En ese sentido,
la norma que regula los PAD tendría otra causal de invalidez que podría
plantearse en una demanda judicial de acción popular.
Por los motivos descritos, existen diversas irregularidades
en el PAD aprobado a la minera Las Bambas y que permite el aumento del número
de camiones para el transporte de sus minerales. Estos problemas no solamente
abarcan al PAD aprobado a Las Bambas, sino que también refiere a la misma
naturaleza de los PAD y la forma cómo se encuentran regulados. Este instrumento
podría ser utilizado por otras empresas mineras para regularizar componentes o
actividades de sus procesos operativos que no hayan sido aprobados previamente
en un EIA. Y para ello no tendrían la obligación de acudir al órgano
correspondiente (SENACE), sino que podrían hacerlo a través del mismo MINEM,
generando una distorsión en el SEIA que -aparentemente- ya se había superado
con la creación del SENACE. Como se indicó al inicio, la emergencia sanitaria
generada por el COVID, no debe hacer perder de vista otros importantes temas
relacionados con la gobernanza de las actividades mineras en el país, y que
pueden desencadenar en futuros conflictos sociales si no se corrigen a tiempo. http://cooperaccion.org.pe/
EMPRESAS DE AGUA
Emapa San Martín: Compensación de consumos en caso se apliquen
promedios mayores a lo registrado por los medidores durante el estado de
emergencia
Emapa San Martín S.A., reitera a sus usuarios que como
parte de las acciones adoptadas en el marco de la emergencia nacional decretada
por el gobierno central en la lucha contra el COVID-19, y en atención al
Decreto de Urgencia Nº 036-2020, publicado en el diario oficial El Peruano el
día viernes 10 de abril de los corrientes, se viene aplicando la facturación
del promedio histórico de consumos, durante el periodo que dure el aislamiento
social obligatorio, a excepción de los usuarios de la categoría comercial, a
quienes se procedió a tomar la lectura del medidor correspondiente a la
facturación de los meses de abril y mayo.
Por lo tanto, la facturación calculada en base al promedio
histórico de consumo, considera el promedio de los seis últimos consumos
válidos registrados en el sistema comercial, ante esto se ha señalado que en
muchos de los casos, éste podría sufrir variaciones muy notorias, respecto al
consumo real registrado por el medidor, por lo que en cuanto se autorice la
ejecución de los trabajos no prioritarios (toma de lectura), se realizará el
comparativo entre el promedio aplicado y la lectura registrada en el medidor,
definiendo de ser el caso realizar la compensación por los consumos en exceso
facturados o el recupero en el caso de haberse facturado consumos inferiores a
los registrados por el medidor.
La compensación y/o recupero, se realiza en mutuo acuerdo
con el usuario y se cargaran a sus próximas facturaciones, una vez que se haya
levantado el estado de emergencia.
Para mayor información y/o consultas puedes llamar a las
líneas de atención telefónica, habilitadas donde se brinda la atención
correspondiente:
936771894; 918207944; 982085216; 982010704; 918207942;
982085214; 982085213; 982085206; 982085209.
LIMA PERÚ
Lurín: más de 20 mil familias
vulnerables han sido beneficiadas con agua potable
Para una población carente de
agua potable, la crisis sanitaria por el coronavirus es aún mayor, debido al
alto costo en la compra a los camiones cisternas: 5 cilindros, equivalente a
1200 litros de agua, cuestan un promedio de S/. 20 a 25.
Según la Organización Mundial de
la Salud (OMS), una persona debe consumir, tanto para consumo como su higiene,
100 litros de agua al día. Teniendo en cuenta que la familia esté compuesta por
6 miembros, esos 1200 litros solo durarían dos días.
Por ello, la Municipalidad de
Lurín comenzó a repartir agua gratuita diariamente de manera descentralizada en
todos los centros poblados rurales. Esta acción benefició a más de 20 mil
familias desde que inició el estado de emergencia.
Cabe señalar que a pesar que el
distrito de Lurín es el centro comercial más grande de los balnearios de Lima
sur, su población no cuenta con el recurso de alcantarillado al 100%. Además,
Sedapal tiene ciertas restricciones de agua en algunas zonas. https://panamericana.pe/
HIDROMUNDO
En América Latina,
ambientalistas luchan por detener la deforestación, pero hay mucho terreno por
recorrer, pues “no es factible acordar un plan verde para toda la región a
similitud del caso europeo o entre los ocho países Amazónicos”, señala el
ambientalista Manuel Rodríguez.
Eso porque “… el presidente
(Jair) Bolsonaro (de Brasil) ha establecido políticas absolutamente contrarias
a detener la deforestación y a su similitud con (el mandatario norteamericano)
Donald Trump, que también, como Bolsonaro, niega el cambio climático”, añade.
Lo dramático es que el problema
es tan grave y urgente que la mayor prioridad de América Latina debería ser
frenar la deforestación, pues si pasa del 25 por ciento, advierte que “la
Amazonia comenzaría a colapsar (a sabanizarse) con consecuencias gravísimas
para la protección de la biodiversidad a nivel global, por la profunda
desestabilización del ciclo del agua de toda la región”.
Por eso, en su opinión, los
cinco puntos cruciales que deberían considerarse en materia ambiental en estos
momentos en la región son “la descontaminación del aire en las grandes
ciudades, el freno a la deforestación (que ha aumentado con la pandemia) y la
restauración de los ecosistemas degradados (principalmente bosques, ríos y
humedales). Además, el aumento de las metas de reducción de gases de efecto
invernadero en el marco del Acuerdo de París y la reubicación de los cientos de
miles de viviendas en zonas ambientalmente vulnerables, cuyos riesgos aumentan
considerablemente con el cambio climático”.
En Colombia
Hay señales esperanzadoras, pero
las promesas aquí aún no pasan de las buenas intenciones. Desde hace tiempo se
pide que se desarrolle localmente un proyecto similar al Pacto Verde Europeo,
pero sin los resultados esperados.
“Muchos se entusiasmaron cuando
el presidente Duque dijo en la Cumbre del Clima del 2019 que el objetivo de
Colombia es ser neutral en carbono para el 2050, lo mismo que propuso Europa
con el Pacto Verde, pero la diferencia está en que el plan europeo ya está
estructurado”, recuerda Valdés, coordinadora de programas en Fescol.
Explica que “los puntos del
Pacto Verde alemán son energía renovable, reciclaje, biodiversidad, renovación,
agricultura, transporte sostenible e investigación y desarrollo, entre otros, y
Colombia tiene grandes desafíos en todos esos puntos”, aunque, en su opinión,
sobresalen tres: la investigación y el desarrollo, la transición energética y
la deforestación.
En el primero afirma que la
inversión colombiana “es casi nula, el 0,24 por ciento del PIB, lo que
significa que podemos dar muy pocas respuestas a nuestros problemas ambientales
y terminamos siendo importadores de conocimiento”.
En cuanto a la transición
energética sostiene que el covid-19 la está frenando en el mundo y en Colombia.
“Los cambios en los precios de los commodities, la nueva demanda de
electricidad y las necesidades financieras de los países en otros sectores como
salud son un freno importante”.
Con respecto a la deforestación,
el mayor problema ambiental de Colombia, afirma que “cualquier propuesta de
envergadura en el sector debería darle solución a este problema y llegar a un
equilibro de cero deforestaciones”.
“Antes de la pandemia, un amplio
grupo de ambientalistas propusimos al presidente (Iván) Duque que se formulara
un ambicioso Plan de Boques 2020-30, propuesta que hoy lidera el ministro del
Ambiente Ricardo Lozano. Es un plan que adquiere aún mayor importancia en el
poscovid”, sostiene Rodríguez.
El presidente colombiano anunció
en noviembre de 2019 el compromiso de su gobierno de llevar a cero la
deforestación en los parques nacionales en el 2022 en respuesta a una solicitud
que le había enviado “Parques Cómo Vamos” en junio y que, según dice Rodríguez,
fue “ampliamente analizada en sus implicaciones con Lozano y su equipo”.
Plan poscovid
Hay gran preocupación sobre el
medioambiente y la no urgente atención a sus problemas principales. Por eso,
ambientalistas como María Fernanda Valdés, de Fescol, consideran que el plan
económico poscovid que adopte el gobierno del presidente Duque debe implicar
una “transformación social ecológica, es decir, el plan económico debe ser no
solo verde sino socialmente justo e implicar una verdadera transformación. Para
eso se debe incluir en los paquetes de ayuda algún tipo de condicionamiento de
justicia social. Se podría pensar también en condicionamientos ambientales a
las ayudas, esto seguramente va a pedir el FMI para librar las suyas”, afirma.
No obstante, admite que es
preciso que se piense en algo más ambicioso como un Plan Nacional de Bosques,
que debe ser poscovid y en el que ha venido trabajando la Friedrich Ebert
Stiftung, junto con el Foro Nacional Ambiental y el Ministerio del Ambiente.
“Creemos que este plan podría
ser la respuesta más audaz hacia la reconstrucción del país luego del covid,
pues no solo solucionaría el problema ambiental, sino que sería una inversión
que llegaría particularmente a regiones vulnerables de Colombia y, además, de
posconflicto”, sostiene Valdés.
Respalda su argumento en un
reciente estudio de los investigadores Hepburn, O’Callaghan, Stern, Stiglitz y
Zenghelis, quienes demostraron que “una política de ayuda verde es la más
efectiva no solo en el ambiente, sino para solucionar el problema económico”.
Los planes de recuperación que
adopte el gobierno del presidente Duque “deben alinearse con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y las agendas de clima y biodiversidad”, puntualiza WWF.
El Plan de Bosques 2020-2030 al
que se refirió antes el doctor Rodríguez sería una fuente de creación de
empleo, indispensable para la recuperación de la economía y ayudaría
ambientalmente.
“Con la lucha contra la
deforestación y la restauración de los ecosistemas degradados (que conlleva una
reforestación masiva) se apunta simultáneamente a la reducción de emisiones de
GEI, a la protección de las aguas, la biodiversidad y se frena la contaminación
del aire”, afirma.
El plan está siendo considerado
actualmente por el Gobierno. Rodríguez admite que es probable que “las grandes
multinacionales de la minería, el oro, el petróleo etc., utilizarán el
empobrecimiento de la región para entrar más agresivamente a explotar los
recursos naturales” que poseemos, pero que, para países como Colombia, el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco
Mundial y La Corporación Financiera Internacional serán los principales
salvavidas financieros.
Las cuatro instituciones tienen
un alto compromiso con la lucha contra el cambio climático y la protección de
la biodiversidad y, en ese sentido, estas cuatro instituciones podrían fijar
condiciones para que Colombia mejore su desempeño ambiental.
Es decir, que lo que se necesita
es persistir y proseguir la lucha ambiental. El futuro es una oportunidad, y el
destino nos da la segunda o tal vez la última para evitar la mayor catástrofe
ambiental de la historia de la humanidad. https://www.eltiempo.com/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
