Miércoles, 10 de agosto de 2022 – Año XV – Edición 4027 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
FENTAP solicita reunión de trabajo al
nuevo ministro de vivienda
Consejo Directivo Nacional saluda la designación del nuevo ministro de vivienda y solicita formalmente, una reunión de trabajo, para abordar problemática del sector saneamiento, la situación de las EPS y el aporte de nuestra organización
OFICIO N°204-2022/CDN FENTAP
Señor
Ing. CÉSAR PANIAGUA CHACÓN
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Asunto: Saludo por designación de cargo
y solicitud de reunión.
De nuestra mayor consideración:
Reciba el saludo del Consejo Directivo Nacional de la Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable y
Alcantarillado del Perú – FENTAP, nos es grato dirigirnos a
usted para felicitarlo y desearle el mayor de los éxitos en su nombramiento
como Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento; somos una organización
que representa a los trabajadores sindicalizados de las 50 Empresas Prestadoras
de Servicios de Saneamiento – EPS a nivel nacional, incluido Sedapal.
La Federación Nacional de
Trabajadores de Agua Potable y Alcantarillado del Perú – FENTAP,
no solo está preocupada por la problemática laboral de los trabajadores, sino
también por la gestión pública eficiente de nuestras empresas y sin corrupción.
Estamos contra la privatización de los servicios de
saneamiento, siendo un caso emblemático el fracaso de la concesión de la
Empresa Aguas de Tumbes (ATUSA), los gobiernos anteriores han promovido las
concesiones de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR, Plantas
Desaladoras y Plantas de Tratamiento de Agua, cuyo retorno de la inversión, el
costo financiero, la operación y mantenimiento de estos sistemas, son asumidos
por todos los usuarios, mediante la aplicación de incrementos tarifarios. Por
lo que solicitamos el acceso a los servicios de agua y saneamiento, con tarifas
accesibles.
Somos conscientes de la necesidad del cierre de brechas, y
del acceso al agua potable y saneamiento a favor de millones de peruanos que
carecen de estos servicios, pero con una gestión eficiente de los recursos
presupuestales y sin corrupción, enmarcada dentro del Objetivo 6 de Desarrollo
Sostenible al 2030.
El actual marco legal del Sector Saneamiento, no ha logrado
cumplir con sus objetivos, donde la creación del OTASS como organismo técnico
de apoyo a las EPS, no ha cumplido con este rol y las 19 EPS intervenidas por
el Régimen de Apoyo Transitorio – RAT a cargo del OTASS, luego de más de tres
años de intervención no han logrado una gestión eficiente, donde la población y
las autoridades municipales han manifestado su rechazo a estas intervenciones,
por los malos servicios que brindan.
Los usuarios de los servicios de agua y saneamiento, así
como los 3 millones de peruanos que no tienen acceso a los servicios de agua
potable y 7 millones de peruanos con acceso a agua no potable, y el alto
déficit de acceso a desagüe, en una época de pandemia, nos obliga a sumar
esfuerzos para atender estas demandas de servicios, donde los trabajadores que
están cercanos a estas necesidades, pueden contribuir notablemente en este
proceso, en forma conjunta con los funcionarios de las EPS y del Ministerio a
vuestro cargo.
En tal sentido, agradeceremos se sirva concedernos una
entrevista con la dirigencia central de la FENTAP, a fin de exponerle nuestra
posición sobre la situación actual de los trabajadores, las EPS y nuestra
participación en el proceso de fortalecimiento de nuestras empresas.
Atentamente,
Luis Isarra Delgado – secretario general
de la FENTAP
Genoveva Calderón Arias – presidenta de la FENTAP
HIDROREGIONES PERÚ
Piuranos exigen agua y solucionar problema del canal
La demora en los trabajos de reparación del canal
provisional, paralelo al canal de derivación Daniel Escobar, sigue siendo un
dolor de cabeza para los miles de agricultores que llegaron hasta la zona de
trabajo para exigir reparar lo antes posible estos tramos, ya que se están
quedando sin agua. Además, miles de pobladores que se abastecen de agua potable
de este canal ya sufren por el desabastecimiento del recurso hídrico.
Preocupación
Los agricultores se encuentran preocupados debido a que la
empresa contratista (Pronte Ingenieros SAC) ni el Proyecto Especial Chira Piura
(PECHP) han cumplido con los acuerdos señalados hace unas semanas, cuando se
presentó la rotura del canal de tajo abierto. Desde entonces, no se ha
distribuido el agua a las juntas de usuarios, perjudicando a miles de hectáreas
de cultivo, luego de tener una programación ya establecida.
No obstante, los hombres del campo se quejaron porque la
contratista quedó en trabajar el fin de semana para reparar los daños
ocasionados, sin embargo, no se ha respetado. Además, quedaron en dar la
máquina para soldar la geomembrana y no se hizo, por lo que temen que
nuevamente no se cumpla con los plazos.
Esta situación afecta actualmente a la zona del Medio y
Bajo Piura, que tenían previsto recibir el agua para sus sembríos desde el 1 de
agosto, pero hasta la fecha no se ha cumplido. Hasta ayer solo había 0,9 metros
cúbicos de agua por segundo, lo cual no es suficiente para distribuirla, ya que
deberían pasar 14.5 m3.
Durante una reunión la mañana de ayer en la Autoridad
Nacional del Agua (ANA), un grupo de agricultores y representantes de las
empresas agroindustriales, reclamaron al representante del PECHP, Javier
Talledo, para que se tomen medidas urgentes y reparar el canal.
Entre los principales acuerdos de ayer figuran que la
empresa Pronte se compromete a implementar un cronograma acelerado de la
construcción del canal Daniel Escobar, el cual debe concluir el 17 de agosto.
Se proyecta para el 19 de agosto iniciar la descarga de agua en el canal principal,
de manera progresiva.
El ingeniero Julio Rodas, supervisor de la obra, será el
coordinador de los trabajos de mantenimiento y operación del canal alterno, en
coordinación con la empresa constructora.
Sin agua
Mientras tanto, la EPS Grau informó que la demora en la
reparación del canal ya reporta una disminución temporal de los niveles de agua
cruda, por lo que la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Curumuy viene
operando al 50% de su capacidad total.
En ese sentido, no tienen agua los pobladores de la
urbanización Bello Horizonte, Urb. Lourdes, APV La Primavera, Urb. San Felipe,
Enace III etapa, Urb. Primavera, Urb. Avisa II y A.H. San Pedro. En Castilla,
la zona más afectada es la urbanización Miraflores, así como El Bosque y La
Primavera. En Piura también están los sectores de Las Mercedes, Los Tallanes,
La Alborada, La Urbanización Piura, Santa María del Pinar, Vicús, San Eduardo y
otros. https://diariocorreo.pe/
Chiclayo: ciudadanos reclaman por incremento en recibos de agua de Epsel
Una larga fila de ciudadanos se advirtió en los exteriores
de Epsel, ubicado en la avenida Grau del distrito de Chiclayo (región
Lambayeque). Estas personas llegaron a reclamar por el excesivo cobro del
suministro agua, el cual en algunos casos llegó a quintuplicar lo que
habitualmente se cancelaba, según se denunció.
Este es el caso del señor Sebastián Bances, quien arribó
hasta la entidad muy temprano desde el distrito de José Leonardo Ortiz. El denunciante
señaló a La República que hasta el mes de junio de 2022 pagó 21,90 soles; sin
embargo, un mes después recibió una facturación superior a los 150 soles.
“En julio me han puesto 155 soles, 5 veces más, por eso
estamos reclamando. (En mi casa vivimos) dos personas nada más, y habiendo dos
personas no se llega al consumo que ponen acá. He chequeado el número y no es
el medidor que me corresponde a mí”, afirmó a este medio.
Como este, hay otros casos en los que los montos se
duplican y hasta triplican. No obstante, este no fue el único reclamo, dado que
muchos de los presentes se mostraron confundidos por el procedimiento de
atención, el cual se hace a través de tickets. En muchos casos, no consiguen
uno y tienen que volver en los días siguientes.
“El asunto es que, cuando se viene a reclamar, no nos hacen
caso. Uno llama por teléfono, tienen su plataforma virtual, y tampoco hacen
caso. La estrategia que emplean es que, si no venimos temprano, no nos dan
ticket”, informó otro ciudadano.
Descargo
Ante esta situación, el gerente comercial de Epsel, Milton
Calle Díaz, explicó que se trata de un proceso de sinceramiento de las
lecturas, y por ello les viene un monto superior a lo que venían facturando.
“Atendiendo a lo justo, se tiene que hacer el cálculo promedio,
pero inducido a través de un reclamo que lo estamos agotando en la vía de
conciliación. Analizando cada caso, se les está refacturando y volviendo a
cobrar el promedio, hasta que en la siguiente lectura se sincere cuánto es su
consumo real”, explicó a La República. https://larepublica.pe/
HIDROMUNDO
Los indígenas en América Latina: una historia de reivindicaciones de derechos ambientales y humanos
Es uno de los mayores desafíos
sociales de América Latina, donde poco parece haber cambiado en los últimos dos
siglos: las comunidades indígenas en el continente viven entre el olvido
estatal y una violencia que parece ser lo único que no cambia de un Gobierno a
otro.
El Día Internacional de los
Pueblos Indígenas, que se conmemora este martes, llega al continente, de nuevo,
con muchas deudas y una necesidad: atender las necesidades de sus comunidades
ancestrales.
BRASIL: Bolsonaro y la
flexibilización de las leyes ambientales
Los indígenas han denunciado el
incremento de la violencia y un creciente hostigamiento hacia sus comunidades
en Brasil, especialmente desde la llegada a la Presidencia del líder
ultraderechista Jair Bolsonaro, en enero de 2019.
"Desde la redemocratización
nunca hemos vivido un escenario tan violento como el de ahora, sólo es
comparable con los años de la dictadura militar (1964-1985)", afirmó a Efe
Dinamam Tuxá, uno de los coordinadores ejecutivos de la Articulación de los
Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).
Ese tipo de agresiones no pararon
ni en 2020, primer año de la pandemia del coronavirus, cuando se reportaron 263
casos, según los últimos datos disponibles del Consejo Indigenista Misionario
(CIMI), órgano vinculado al Episcopado brasileño, que también denunció el
asesinato de 182 indígenas ese año, un 61 % más que en 2019.
En paralelo, los índices de
deforestación e incendios en la Amazonía brasileña también han seguido una
tendencia creciente en los últimos tres años y medio.
Tuxá sostiene que ese
"retroceso" es un "reflejo directo del discurso de odio que
promueve Bolsonaro", partidario de la minería en reservas indígenas y
quien ha impulsado la flexibilización de las leyes ambientales y recortado el
presupuesto de los órganos que fiscalizan la Amazonía.
El líder indígena no es muy
optimista con el futuro próximo. Cree que una eventual victoria del
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de
octubre "suavizará" la situación, pero no la "sanará" por
completo.
"El impacto de las
políticas de Bolsonaro va a notarse por algunos años", indicó.
COLOMBIA, asesinato de los
defensores ambientales
Después de décadas de conflicto
armado en el que las masacres, desplazamientos y homicidios fueron aún más
profundos que con otro tipo de poblaciones, como acaba de revelar la Comisión
de la Verdad, en Colombia aún estas comunidades siguen sufriendo día a día el
embate de la violencia.
En sus palabras, ellos son los
que "le están poniendo el pecho y la frente a la violencia estructural que
hay en los territorios, es decir al narcotráfico, al rearmamiento de las
disidencias de las FARC y al paramilitarismo".
Todo ello en un contexto en el
que la situación del conflicto armado está casi en los índices del peor año
desde el acuerdo de paz y la situación en los territorios habitados por pueblos
indígenas es crítico.
Las organizaciones esperan que
la situación mejore con el nuevo gobierno de Gustavo Petro, que se comprometió
a implantar el acuerdo de paz, quiere emprender diálogos con otros grupos
armados y ha nombrado a una indígena, Leonor Zalabata, al frente de la embajada
colombiana ante la ONU.
En todo caso, revertir de forma
inmediata la situación es tremendamente arduo y nada indica que la violencia
vaya a menguar a corto plazo.
ECUADOR, un grito por la
Amazonía
Desde la Coordinadora de las
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), la organización con
sede en Quito que agrupa a los pueblos originarios de los nueve países que
comparten la Amazonía, se lanzó este martes una cuenta regresiva para que se
proteja el 80 % del mayor bosque tropical del mundo para 2025.
Al mismo tiempo, los indígenas
ecuatorianos viven este día inmersos en los diálogos abiertos con el Gobierno
tras las protestas que lideraron en julio por la carestía de la vida y contra
la gestión económica del presidente Guillermo Lasso.
En esas movilizaciones que se
prologaron durante 18 intensos días, ganaron el pulso al Ejecutivo en una de
sus principales demandas: derogar un decreto que promovía la actividad
petrolera y limitar las nuevas concesiones mineras.
PERÚ, defensa de los derechos de
los pueblos indígenas
En Perú, donde el 25 % de la
población se identifica como indígena u originaria, los desafíos para reconocer
la diversidad cultural como un hecho de valor y proteger los derechos de los
pueblos indígenas aún son múltiples.
Así lo lamenta en una entrevista
con Efe Melania Canales Poma, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres
Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), quien agrega que la
situación continúa intacta tras la llegada al poder de Pedro Castillo.
Recuerda que el actual
mandatario, todavía como candidato, y pese a que "nunca se ha identificado
como indígena, (aunque) puede tener la cara de indígena", se jactó de
velar por las poblaciones históricamente relegadas.
"No lo han dejado trabajar
(...) Ha estado acosado en todo este racismo, clasismo, esta discriminación.
Aparte, tenemos un Congreso autoritario (...) que está buscando sus
intereses", lo justifica Canales.
Para la mujer, quechua y oriunda
de la región andina de Ayacucho, urge "voluntad política" para
garantizar los derechos a una salud y educación interculturales, sobre todo,
Insiste, después de que la pandemia revelara que la salud es solo un derecho de
los ricos en Perú, donde hay 55 pueblos indígenas, 51 de ellos amazónicos y 4
andinos.
La presidenta de Onamiap
menciona, además, la necesidad de realizar una reforma política que permita que
poblaciones indígenas tengan mayor participación en los espacios de poder, sin
la necesidad de depender de los partidos políticos.
"Ni siquiera tenemos
representación ni en el Ejecutivo, ni en el Legislativo, ni el Poder
Judicial", señala Canales, tras opinar que el país requiere una nueva
Constitución "que verdaderamente recoja cosas del pueblo y no solamente
del sector que tiene el poder".
CHILE, la crisis mapuche y las
grandes empresas forestales
En Chile, el pueblo mapuche
atraviesa uno de sus momentos más tensos en décadas. Varias regiones rurales
del sur, de donde procede esta etnia, han experimentado en el último año una
escalada de violencia con ataques incendiarios, tiroteos y huelgas de hambre de
indígenas.
Para Salvador Millaleo, uno de
los más reconocidos abogados expertos en asuntos indígenas, es una disputa de
larga data que se ha avivado recientemente por el actuar del Gobierno del
progresista Gabriel Boric, que, pese a que prometió que no lo haría, militarizó
la zona el pasado mayo.
"El tema mapuche es un
conflicto de baja intensidad, localizado y con pocos fallecidos. No podemos
hablar de terrorismo, pero es necesario que se enfrente con políticas de Estado
para establecer diálogo con las comunidades, y eso no se ha logrado", señaló
a Efe.
En paralelo al recrudecimiento
de esta disputa, los pueblos originarios han logrado conquistas históricas. En
2021 fueron por primera vez incluidos en la redacción de la nueva Constitución
con 17 escaños repartidos entre 10 etnias (mapuche, aymara, diaguita,
lickanantay, quechua, rapa nui, yagán, kawéskar, colla y chango).
El proyecto constituyente -que
se someterá a plebiscito en septiembre- estableció que Chile sea "un
Estado plurinacional" y que los pueblos originarios tengan derecho "a
la autonomía y al autogobierno", un hecho ampliamente celebrado entre las
comunidades y organizaciones proindígenas.
MÉXICO, un grito contra el
control del territorio
En México, donde más de 23
millones de habitantes se asumen como indígenas, una de las cifras más altas de
la región, los pueblos originarios afrontan la proliferación de grupos armados,
en particular en Chiapas, el estado con mayor población indígena.
Las disputas del crimen
organizado por el control del territorio han incrementado los desplazamientos
forzados de los pueblos originarios, según informes de la Agencia de las
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Los desplazamientos internos en
Chiapas se triplicaron en 2021, derivado de la violencia por grupos armados, y
los municipios donde se refleja este fenómeno son Aldama, Chalchihuitán,
Venustiano Carranza, Chenalhó, Pantelhó y, últimamente, La Trinitaria y
Frontera Comalapa.
Este es el caso de Juan Santis
Méndez, un indígena tzotzil que salió de su comunidad por cuestiones de
seguridad ante el enfrentamiento entre civiles llamados Los Machetes y un grupo
armado del crimen organizado, Los Herrera, el 8 de julio de 2021, en Pantelhó.
Está refugiado en San Cristóbal
de Las Casas con un grupo de 200 indígenas más, quienes solicitan la protección
del Gobierno local y estatal invocando la reparación del daño, restitución de
tierras e indemnización.
"Teníamos miedo, llegaron a
mi comunidad y echaron bomba y bala, temíamos por la vida de los niños, por eso
salimos huyendo para el monte, hoy para regresar nos piden una multa de 50.000
pesos (unos 2.500 dólares) que no tenemos", explicó a Efe.
BOLIVIA, lucha por sus derechos
Bolivia es uno de los países con
mayor población indígena. Según el último censo de 2012, entre el 41 % y el
49,3 % de su población se identificó con alguno de los 36 pueblos o naciones
reconocidas por la Constitución de 2009, que declaró al país como Estado
plurinacional.
En los últimos años la presencia
de la población indígena se ha hecho visible en cargos públicos electivos o de
designación de la mano del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
Precisamente esta cuestión es
tema de división entre algunos pueblos indígenas que piden una mayor
participación política al margen de un partido.
Asimismo, sienten que sus
derechos y formas de vida no son respetados pese a estar reconocidos en la
Constitución y consideran que una de las razones es que no hacen parte de los
grupos que apoyan al oficialismo.
Muestra de esto ha sido la
confrontación de los pueblos de tierras bajas (Amazonía y el oriente
boliviano), considerados críticos con el Gobierno, que exigen medidas contra el
avasallamiento y el respeto a sus territorios ante comunidades llegadas de
otras regiones, especialmente aimaras y quechuas, en su mayoría afines al
oficialismo.
Esas comunidades, denominadas
interculturales, también han presentado pedidos por la titulación de tierras y
reformas al régimen legal agrario ante lo que consideran beneficios a los
empresarios agroindustriales, al mismo tiempo que niegan ser avasalladores. https://efeverde.com/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
