Viernes, 10 de febrero de 2023 – Año XVI – Edición 4153
– http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
Trabajadores del sector saneamiento
se movilizan (fotos)
La Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del
Perú – FENTAP, tras la convocatoria a todas sus bases para
participar la gran movilización, participó en Lima junto a otros gremios sindicales
y organizaciones civiles, demandando una salida a la crisis que hay en nuestro país.
Más fotos y videos en nuestra
fan page institucional. https://www.facebook.com/Fentap
Los desafíos ambientales de Perú en
el 2023: nuevos gobernadores regionales, leyes ambientales en peligro y la
deforestación imparable de la Amazonía
Nuevas autoridades en los
gobiernos regionales asumieron sus cargos el 1 de enero de 2023, en medio de
una crisis política y social que ha dejado más de 40 personas fallecidas en
Perú. El país se mantiene en Estado de emergencia luego de que el expresidente
Pedro Castillo anunciara un fallido golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022 y
que la vicepresidenta Dina Boluarte asumiera el gobierno ese mismo día.
Los días que siguieron fueron de
protestas, marchas y enfrentamientos en casi todo el país cuyos puntos de
agenda eran la renuncia de la nueva presidenta, el cierre del Congreso de la
República y el adelanto de elecciones generales. Una semana después del
estallido, el gobierno decretó el Estado de emergencia durante 30 días que se
cumplieron este 14 de enero de 2023 y que autoriza a las Fuerzas Armadas apoyar
a la Policía en el control interno del país.
Tras varios días de protestas,
el Congreso de la República aprobó el adelanto de elecciones para abril del
2024 —aunque todavía debe confirmarse en una segunda legislatura—, pero además,
mientras el país permanecía en conflicto, varias leyes que buscaban debilitar
la política ambiental peruana estuvieron en la agenda para su aprobación.
Cuestionados proyectos para modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, así
como para cambiar también la Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u
Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial se
discutieron los últimos días de 2022 y se mantienen en la agenda de este nuevo
año.
Mientras la discusión política
continúa su camino, los ecosistemas peruanos enfrentan desafíos que cada año se
vuelven más complicados. La Amazonía va perdiendo sus bosques por efecto de
actividades ilícitas como la minería ilegal, el tráfico de madera, los cultivos
ilegales de coca y las invasiones de tierras o el tráfico de las mismas para
cambiar bosques por zonas de cultivo.
En medio de la devastación de la
Amazonía peruana, los defensores ambientales y pueblos indígenas enfrentan
amenazas y, muchas veces, asesinatos. Esta situación límite los ha ido
arrinconando en sus territorios sin una real protección del Estado.
Los océanos también viven su
propia lucha. El derrame de petróleo más grande ocurrido en el mar en enero de
2022 hizo visible los riesgos y la desprotección del mar frente a estos
desastres.
Este es el panorama ambiental
con el que iniciamos el año en Perú este 2023.
La llegada de nuevas autoridades
regionales
Las investigaciones por
corrupción alcanzan a 17 de los 26 gobernadores regionales que asumieron su
cargo este 1 de enero de 2023. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, el
gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, con 23 casos, encabeza la
lista de las autoridades regionales con mayor cantidad de procesos por
corrupción. El electo gobernador tiene ahora una orden de comparecencia
restringida, impedimento de salida del país y un pago de 100 mil soles ordenado
por el Poder Judicial ante la investigación que se le sigue por colusión y
otros delitos. En la lista sigue el gobernador de Tacna, Luis Ramón Torres
Robledo, quien ha acumulado 11 procesos por delitos de tráfico de influencias,
negociación incompatible, malversación, colusión y cohecho.
En las regiones de la Amazonía,
Manuel Gambini Rupay, gobernador regional de Ucayali, tiene diez
investigaciones por peculado, negociación incompatible, colusión, malversación,
concusión y cobro indebido. No es la primera vez que Gambini Rupay está a la cabeza
de Ucayali pues ocupó el mismo cargo en el periodo 2015 al 2018. Una situación
similar ha sucedido en Madre de Dios, donde Luis Otsuka, con tres
investigaciones por peculado, malversación y colusión, ha retornado como
gobernador regional después de un periodo fuera del cargo. En tanto, los
gobernadores de San Martín, Walter Grundel, con siete investigaciones por
corrupción, y de Loreto, Jorge Chávez, con cuatro casos, también han asumido
sus cargos este 1 de enero.
“Hay algunos que me preocupan,
como el señor [Luis] Otsuka, en Madre de Dios, porque su regreso significa el
retorno de la minería ilegal como un actor negativo en la región. Ya hemos
visto cómo fueron las cosas la primera vez que fue gobernador regional”, señala
Gabriel Quijandría, exministro del Ambiente.
Otsuka, quien durante su gestión
anterior promovió la derogación de las normas para la formalización minera y
que además figura con dos denuncios mineros en Geocatmin (sistema de
información geográfica de la minería), asume ahora la conducción de la región
más deforestada por la minería ilegal.
Silvana Baldovino, directora del
Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho
Ambiental (SPDA), también cuestiona la elección de Otsuka en Madre de Dios.
“Después de todo lo que se denunció y del daño generado en la región,
nuevamente tienes a Otsuka de gobernador y con respaldo fuerte de la población.
Incluso Madre de Dios tiene también congresistas con denuncias vinculadas a
temas de ilegalidad. Si te das cuenta el esquema siempre tiene que ver con la
ilegalidad, el crimen organizado y la corrupción”.
En Ucayali el retorno de Manuel
Gambini Rupay a la gobernación regional también causa preocupación debido a las
investigaciones fiscales en su contra. Iris Olivera, Coordinadora del programa
Cambio Climático y Bosques de la organización Derecho, ambiente y Recursos
Naturales (DAR) menciona que la vinculación de los gobernadores regionales con
la actividad maderera los lleva a “priorizar esta actividad extractiva en lugar
de promover mecanismos vinculados a la protección y resguardo de los bosques”.
Además, Olivera recuerda los problemas de seguridad jurídica y tráfico de
tierras que existen en esta región que ocupa el primer lugar en cuanto a
deforestación de bosques, según la evaluación de Geobosques, del Ministerio del
Ambiente.
Olivera también menciona que con
el estado de emergencia que se ha decretado en el país, se reducirá la
presencia estatal y policial en lugares lejos de las ciudades como La Pampa, en
Madre de Dios, así como en Amazonas y en Loreto. “Las actividades ilegales
aprovecharán esta ausencia estatal, como ocurrió durante la pandemia, que se
incrementaron las actividades ilegales porque, justamente, no hubo presencia
estatal”.
Para Mariano Castro, exviceministro
de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, los nuevos gobernadores
regionales que acaban de asumir sus cargos deben integrar efectivamente las
cuestiones ambientales y climáticas dentro de sus planes de inversión en
diversas áreas: conectividad, infraestructura, atención de servicios básicos,
desarrollo rural, gestión forestal y minería artesanal.
“Los gobiernos regionales tienen
una importante responsabilidad sobre las condiciones en que se encuentra el
ambiente y los ecosistemas en su región. La primera línea de responsabilidad
está en manos de los gobiernos regionales y estos cuatro años que vienen son
fundamentales para que el país tenga mejores condiciones para enfrentar los
desafíos climáticos que están afectando severamente los medios de vida”, señala
Castro, quien actualmente es director del Programa Unidos por los Bosques de la
Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) Perú.
La legislación ambiental
“El Congreso nos preocupa mucho
porque a lo largo de los últimos meses ha empezado a promover normas nefastas
para el medio ambiente, para los defensores ambientales y para los pueblos
indígenas”, señala Julia Urrunaga, directora del Programa Perú de la Agencia de
Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés).
Urrunaga comenta, por ejemplo,
que se intenta modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre en contra de la
opinión de todos los expertos del sector público, de organizaciones civiles y
de los pueblos indígenas. “Todos la califican como nefasta, como destructiva
para los bosques y en contra de los derechos de los pueblos indígenas”.
El proyecto al que se refiere
Urrunaga es una propuesta para modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre,
que incluye disposiciones para promover la zonificación forestal. Esta norma
fue aprobada inicialmente en julio de este año, pero el Ejecutivo la observó.
Tras regresar al Congreso, se decidió que la propuesta sea debatida nuevamente
en la Comisión Agraria y también en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos
y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Sin embargo, la Comisión Agraria persiste
en su pedido de que se apruebe por insistencia. Actualmente permanece en la
agenda del Pleno para debatirse en cualquier momento.
El proyecto de ley ha sido
cuestionado por instituciones públicas, pueblos indígenas y organizaciones
civiles. Incluso los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego, del Ambiente y
de Cultura han señalado que los cambios propuestos en la Ley Forestal
“provocarían deforestación y degradación de los bosques”.
Otro proyecto de ley que ha
causado controversia en las últimas semanas es la propuesta de modificación de
la Ley para la protección de Pueblos indígenas u originarios en situación de
aislamiento y en situación de contacto inicial (Piaci), una norma que también
ha sido considerada peligrosa porque propone que los gobiernos regionales
decidan la creación de las reservas en lugar del gobierno nacional como sucede
hasta ahora. La norma está en debate en la Comisión de Descentralización y
podría ingresar a discusión al Pleno del Congreso en cualquier momento.
“Las organizaciones indígenas
protestan porque el Gobierno Regional de Loreto está entregando concesiones
forestales de modo acelerado sobre reservas indígenas para pueblos en
aislamiento o en territorios solicitados para tal fin. Esto va absolutamente en
contra de la ley”, comenta Urrunaga. En paralelo a estos reclamos —continúa
Urrunaga— el Gobierno Regional de Loreto emite comunicados en los que exige la
derogación de la Ley Piaci, argumentando que los indígenas en aislamiento no
existen, que son un mito creado por las organizaciones ambientalistas.
Un grupo formado por empresarios
y autoridades regionales denominado Coordinadora por el Desarrollo de Loreto
(CDL) se ha pronunciado en más de una ocasión en contra de la creación de las
reservas indígenas y han emitido comunicados en los que se niega la existencia
de los Piaci en la región, principalmente en el territorio solicitado para la
Reserva Indígena Napo, Tigre y Afluentes pese a que en setiembre de 2022, el
Ministerio de Cultura reconoció la existencia de los pueblos en aislamiento en
este territorio.
“Me preocupa este movimiento
político para desconocer la existencia de pueblos no contactados y promover el
uso indiscriminado de los recursos naturales como alternativa de desarrollo”,
dice Gabriel Quijandría, exministro del Ambiente, en relación a lo que sucede
en Loreto.
Mariano Castro, de FCDS Perú,
considera que es fundamental alertar sobre “los retrocesos y atentados contra
los medios de vida de la población que son impulsados por grupos políticos en
el Congreso”. Castro señala que estas prácticas van en contra de los derechos
ambientales y de los derechos territoriales de la población más vulnerable de
Perú. “Creo que es fundamental que la sociedad civil impulse acciones para
generar alternativas que expresen las prioridades nacionales en esta materia, y
para que en este periodo electoral que se viene se generen propuestas políticas
sólidas que incluyan e integren la cuestión ambiental”.
Los peligros en la Amazonía
La pérdida de bosques en la
Amazonía ha sido una constante en los últimos años. Aunque el 2021 la
deforestación fue menor a la registrada en años anteriores —137 976 hectáreas
de bosques, cifra inferior a las 203 272 del año 2020— los números ubican al
Perú entre los países con mayor deforestación en Latinoamérica.
Ucayali con 36 305 hectáreas
deforestadas encabeza la lista de regiones con más bosques perdidos, le sigue
Madre de Dios con 23 142 hectáreas y Loreto con 19 829 hectáreas. Detrás de ellas
van Huánuco con 15 021 hectáreas, San Martín con 13 080 hectáreas y Junín con
12 082 hectáreas. También están Pasco con 5597, Cusco con 5349, Amazonas con
4330 y Puno con 1891 hectáreas.
“La deforestación en la Amazonía
es un tema central y eso implica que se prioricen políticas efectivas para
reducir la pérdida de bosque que incluyen generar alianzas concretas con
gobiernos regionales”, señala Mariano Castro de FCDS Perú. Asociado al tema de
la lucha contra la deforestación —continúa Castro— está la presencia del crimen
organizado y las actividades ilegales que, además, son una amenaza para
personas defensoras de derechos humanos y derechos ambientales. “Se requiere
fortalecer la Unidad de Delitos Ambientales y las estrategias y mecanismos
multisectoriales de protección a los defensores y atacar las causas
estructurales como, entre otras, los problemas de titulación. Además, se debe
atender los problemas en el sector rural con estrategias de desarrollo
productivo bajo en carbono”.
Para el Procurador público del
Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, es importante que en 2023 se cuente con
presupuestos adecuados para que se intensifiquen las acciones de interdicción y
de investigación en contra de la minería ilegal. “Cada año se va incrementando
el número de casos y no necesariamente se incrementa proporcionalmente el
número de fiscales y del equipo que se dedica a estas investigaciones”.
Guzmán también considera que
para este 2023 se debe trabajar la estrategia de lucha contra la minería y que
esa estrategia establezca las pautas para saber dónde priorizar las
intervenciones, sin embargo, el Procurador señala que “toda la Amazonía está
plagada de esta actividad, ya no es Madre de Dios como hace ocho a diez años,
actualmente están en Loreto, Amazonas, Cajamarca”.
Solo en Madre de Dios, según los
informes Radiografía de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala en la Amazonía
Peruana y Corrupción en la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) en la
Amazonía peruana, hay 46 605 mineros artesanales y, de esa cifra, 31 390 son
informales y 9323 ilegales. Solo unos cinco mil mineros trabajan de manera
formal.
Como indica el procurador
Guzmán, la minería ilegal se ha extendido por toda la Amazonía. La presencia de
las denominadas pequedragas —dragas para la extracción de oro adaptadas en
pequeñas embarcaciones de madera— están en los ríos de Loreto como en Napo, en
Nanay y el Putumayo. También se han encontrado en los ríos de la región
Amazonas. Por otro lado, sectores de la Amazonía en las regiones de Huánuco y
Pasco también tienen presencia de minería ilegal.
La deforestación amazónica
también está relacionada con el narcotráfico y la invasión de bosques y
territorios indígenas para este fin. Los casos de las comunidades nativas
Unipacuyacu y Puerto Nuevo del pueblo kakataibo en Huánuco y Ucayali son un
ejemplo de cómo está avanzando el narcotráfico dentro de los territorios
indígenas.
Según un informe de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de una Vida sin Drogas (Devida), hallazgos que
fueron presentado por el expresidente de esta institución Ricardo Soberón,
Ucayali se ha convertido en la región con el mayor incremento de producción de
hoja de coca en Perú. Entre el 2020 y 2021, la superficie cultivada aumentó en
266 %, de 3822 hectáreas en 2020 a 10 151 hectáreas en 2021.
“El despliegue policial es
necesario en algunos momentos, pero lo fundamental es atender las causas de
fondo a los problemas estructurales que está generando esta violencia,
problemas que son frecuentemente denunciados por las organizaciones indígenas.
Estamos hablando de la falta de seguridad jurídica de su tierra que está siendo
parcelada y entregada con títulos individuales a colonos, del avance del
narcotráfico y de la minería ilegal. Sería importante que todas las políticas
que tratan de enfrentar estas problemáticas sean construidas con la
participación de los pueblos indígenas”, manifiesta Mar Pérez, abogada de la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
¿Esperanza para los defensores
ambientales?
Un tema que lleva pendiente
varios años es la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Congreso de
la República. Durante el 2022 el tema no entró en la agenda del Ejecutivo ni
del Parlamento luego de que en el año 2021 el pedido de aprobación fue
archivado por el Legislativo.
“Se debe retomar el tema del
Acuerdo de Escazú. Es una vergüenza que Perú sea uno de los pocos países que no
lo ha aprobado, nos estamos quedando solos en la región”, señala Sidney Novoa,
director SIG y Tecnología para la Conservación de Conservación Amazónica
(ACCA).
El Acuerdo de Escazú es un
tratado regional que promueve el derecho de acceder oportuna y efectivamente a
la información ambiental, de participar en la toma de decisiones que afecten el
ambiente y de acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes
y derechos ambientales en los países de América Latina y El Caribe. También
aborda la protección de los defensores ambientales, un problema clave
considerando que 17 defensores y líderes indígenas han sido asesinados en Perú
entre el 2020 y 2022, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
(CNDDHH).
“Creo que como país tenemos
todavía mucho trabajo que hacer en el tema de defensores ambientales y
defensores de los derechos indígenas. Tenemos normas y protocolos para su protección
pero no existen los presupuestos en las oficinas que tienen que activar estos
protocolos. No se cuenta con recursos humanos ni económicos para implementar y
garantizar la seguridad de los defensores ambientales”, dice Julia Urrunaga, de
la Agencia de Investigación Ambiental.
El último año, dos asesinatos
contra defensores ambientales y líderes indígenas han sido reportados por la
CNDDHH. El primero ocurrió en Madre de Dios, el 20 de marzo, cuando Juan Julio
Fernández Hanco, quien desde el año 2006 tenía una concesión de forestación y
reforestación en la zona de amortiguamiento de la reserva Tambopata, en Madre
de Dios, recibió dos disparos de bala en la cabeza. El segundo crimen sucedió
en Loreto, contra el líder indígena awajún y presidente del Frente de Defensa
del Distrito de Manseriche, Genaro Comisario Bitap, quien fue asesinado de dos
disparos de bala mientras caminaba acompañado de su hijo.
Para Mar Pérez, abogada de la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), es importante que este 2023
se asigne presupuesto para la protección de defensores ambientales. “Las
organizaciones civiles se movilizaron para pedir que en 2023 se incluya una
partida para defensores ambientales, pero no se logró que se incluya en la Ley
de Presupuesto que se aprobó en el Congreso. Entonces nos encontramos con una
situación donde los pocos casos donde se dictan medidas de protección, estas no
son implementadas por falta de presupuesto”. Pérez menciona que lo que
correspondería ahora es solicitar un crédito suplementario en el mes de marzo.
Pérez pone como ejemplo el caso
de la comunidad nativa Nueva Austria del Sira, donde la Policía se comprometió
a realizar un patrullaje cada mes y “solo han podido realizar uno en todo el
año por falta de logística”. Lo mismo ha ocurrido en el Cenepa —precisa Pérez—
donde el Estado se comprometió a ejecutar un operativo de interdicción masiva
contra la minería ilegal, pero no se ha podido cumplir porque no hay
presupuesto para hacerlo. “La asignación de presupuesto y de personal
suficiente es imprescindible para que el mecanismo de protección de defensores
ambientales no sea letra muerta”.
Algo que es urgente —continúa
Pérez— es la aprobación de lineamientos para las medidas de protección de los
defensores por parte del Ministerio del Interior, pues asegura que sin esas
pautas claras no se pueden tener detalles de cómo será la intervención de la
policía. También está paralizada la aprobación de un protocolo dentro del
sector mujer porque el mecanismo intersectorial contempla, al menos de manera
enunciativa, el enfoque de género.
Una mirada al océano
Durante el 2022, se debatió en
la Comisión de Producción del Congreso de la República, hasta en dos
oportunidades, el predictamen de un proyecto de ley que busca actualizar la Ley
General de la Pesca que tiene 30 años de vigencia.
“Ha sido una discusión que se
extendió todo el año 2022 e incluso hubo manifestaciones y múltiples encuentros
entre pescadores, pero no avanza y llegamos al final del año sin que se
apruebe”, comenta Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana.
Riveros comenta que para el
2023, el proyecto de ley debería estar debidamente socializado y conversado con
la participación de todos los sectores involucrados. “El mar debe estar
claramente protegido, con un mejor manejo de stocks, mayor transparencia y
mayor participación de los derechos de uso. Estamos cansados de escuchar por
más de seis años de la formulación de esta ley y no se avanza”.
Uno de los temas que se incluyen
en la propuesta de actualización de la Ley de Pesca es que por primera vez se
incorporaría el concepto de recurso sobreexplotado. Actualmente, la normativa
contempla diferentes grados de explotación de las pesquerías: inexplotado,
subexplotado, plenamente explotado y en recuperación. Sin embargo, la categoría
de “sobreexplotado”, es decir, cuando la pesca ha sobrepasado la capacidad
natural de recuperación de la población, no existe en la ley actual. El
proyecto también contempla la protección de las cinco millas como una zona de
refugio y reproducción de las especies costeras; la reclasificación de la flota
artesanal y la creación e implementación de zonas de reserva pesquera, es
decir, espacios clave en el mar que deberían recibir una atención especial para
facilitar la reproducción y crecimiento de ciertas especies.
Los impactos dejados por el
derrame de petróleo ocurrido a inicios de 2022, en la costa central de Perú,
también requieren de atención este nuevo año. Como se recuerda, el 15 de enero
del año pasado se vertieron 11 900 barriles de petróleo en el mar peruano, las
playas de Ventanilla, en el Callao. La emergencia ambiental se registró cuando
el Buque Tanque Mare Doricum, de bandera italiana, realizaba operaciones de
descarga de petróleo en las instalaciones del Terminal Multiboyas N° 2 de la
Refinería La Pampilla, administrada por la empresa Repsol. Lo que siguió fue
una catástrofe ambiental con consecuencias en los ecosistemas marinos y en la
población que depende directamente de la pesca.
Andrea Collantes, bióloga marina
experta en derrames de petróleo, señala que es importante seguir atendiendo la
afectación ecológica del mar, pero también los impactos sociales y económicos,
“porque los pescadores todavía siguen luchando con la empresa Repsol para que
se cumpla con los pagos de la ayuda económica”.
Collantes menciona que también
es una tarea pendiente contar con datos reales de cuáles han sido los efectos
de este derrame. “Se debe saber cuál es la afectación biológica, hasta el
momento, en los ecosistemas marinos y también hacer evaluaciones de las
especies que hasta ahora no han sido analizadas como el plancton, los
crustáceos, los moluscos, así como el monitoreo del fondo marino”.
Un tema que también se viene
postergando desde hace varios años es la creación de nuevas áreas protegidas
marinas —una de ellas la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau— para alcanzar
las metas definidas por los compromisos internacionales suscritos por el Perú.
Hasta ahora no se ha logrado llegar al 10 % del compromiso que se asumió con
las Metas Aichi y recientemente, en la conferencia de las partes número 15 de
la Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (COP 15) se acordó
como nuevo marco global la estrategia 30×30, es decir, que por lo menos el 30 %
de la superficie terrestre y acuática del planeta esté bajo algún tipo de
manejo y conservación para el año 2030. Perú se ha sumado a esta meta global. https://elcomercio.pe/
Lima, Loreto, Puno y Piura, las regiones
con mayor población sin acceso a agua potable
La
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó este
jueves que Lima, Loreto, Puno y Piura son las regiones con mayor población sin
acceso a agua potable.
A
detalle, Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de Sunass, sostuvo que, en el
Perú, nueve de cada 10 personas acceden al servicio de agua potable. Sin
embargo, 3.5 millones de peruanos aún no cuentan con dicho servicio, lo que
representa al 9% de la población.
En ese
sentido, precisó que, del total de personas sin conexión de agua potable, cerca
de 2 millones se ubican en estas cuatro regiones mencionadas: Lima (798,348),
Loreto (457,179), Puno (457,118) y Piura (231,849).
Por otro
lado, Gutiérrez comentó que el 26 % de la población no cuenta con este
servicio, así lo mencionó durante su ponencia La multidimensionalidad de los
servicios de agua potable y saneamiento en la mejora de la calidad de vida de
las personas.
Reducción
de brechas
Sunass
manifestó que de 2012 a 2021, la población sin acceso al servicio de agua se
redujo en aproximadamente 2 millones de personas y pasó de 5 a 3 millones de
habitantes.
Indicó
que este cierre de brechas se dio principalmente en el ámbito rural, por
ejemplo, en Piura y Huancavelica, donde la brecha se cerró en 17% y 43%,
respectivamente.
También
subrayó que la regulación de los servicios de saneamiento ayudó a incrementar
la continuidad del servicio de agua, es decir, que las personas tengan más
horas de agua en sus viviendas.
“Es así
como se pasó de 12 horas por día -en los años 90- a 18 horas al día en la
actualidad, lo que representa un incremento de seis horas de agua al día, en
promedio. Igualmente, la micromedición pasó de 5% a 75% y el porcentaje de agua
no facturada disminuyó de 45% al 35%”, apuntó.
El
organismo regulador también detalló que para lograr que más peruanos accedan al
agua potable y alcantarillado se requiere de aproximadamente S/ 95,000 millones
de inversión a nivel nacional. https://gestion.pe/
Dos gerentes de Arturo Fernández,
alcalde de Trujillo, en informes de control
Dos
funcionarios de confianza de la gestión que inició Arturo Fernández Bazán en la
Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) fueron sometidos a procesos
administrativos sancionadores durante el paso que tuvieron en otras
instituciones públicas.
Ellos
laboraron, entre el 2017 y el 2021, en dependencias en donde la Contraloría
investigó y halló irregularidades. Para uno de ellos, incluso, se pidió que se
le inicien acciones penales.
Ellos
son
El
alcalde Arturo Fernández, que está con licencia por salud, designó como gerente
de Obras del municipio de Trujillo a Jaime Pérez Acosta, quien aparece en tres
irregularidades detectadas cuando se desempeñó como gerente de Obras en la
comuna de Víctor Larco.
Según el
informe de control posterior 10338-2020-CG/GRLIB-AC, Pérez Acosta tuvo
responsabilidad administrativa y penal en presuntas irregularidades detectadas
en la obra de mejoramiento de los servicios educativos del colegio Santa
Edelmira, en Víctor Larco, que se realizaron entre el 2017 y 2018.
El
documento indica que el expediente técnico de la obra estaba sobrevalorado y
que se evidenciaron “pagos por trabajos no ejecutados, deficientes y con
cambios en sus especificaciones técnicas y metas”. También se aprobó la
liquidación del contrato por un monto superior al real, lo que “generó que se
contrate a un postor sin las condiciones solicitadas, que no se cumpla con el
alcance y objetivo de la obra, así como un perjuicio económico a la
municipalidad de S/ 8´186,203,54”.
Asimismo,
en el informe de control específico 043-2020-2-2057-SCE, emitido el 30
noviembre 2020, se le encontró responsabilidad administrativa por anomalías detectadas
en el proceso de selección de la obra de mejoramiento del servicio de
recreación en la plaza de armas de Vista Alegre, originando perjuicio por S/
23,615.71.
Además,
mediante informe 044-2020-2-2057-SCE, del 30 de diciembre de 2020, se detectó que
tuvo responsabilidad civil y administrativa en el pago irregular que se hizo al
supervisor de la obra de mejoramiento del ornato y recreación en el Paseo de
las Aguas de la urbanización San Andrés. Acá se indica que se pagó al
trabajador “a pesar que participó simultáneamente como supervisor en otra obra
a cargo de la Municipalidad Provincial de Cajabamba, lo que ocasión o perjuicio
por S/ 25,688.00”.
La
gerente de Desarrollo Urbano de Trujillo, Cynthya Lozano Tamay, también fue
implicada en un informe de la Contraloría. Ella, el 2017, fue integrante del
Comité Especial del municipio de Chicama que admitió la propuesta técnica para
la obra de mejoramiento del servicio de agua potable e instalación del servicio
de alcantarillado.
Según el
órgano de control, se “admitió la propuesta técnica del postor pese a que no
cumplió con acreditar los requerimientos técnicos mínimos exigidos en las bases
integradas”. También se “vulneraron los principios de moralidad, imparcialidad
y trato justo e igualitario que deben regirse las contrataciones públicas”. https://diariocorreo.pe/
