Martes, 23 de noviembre de 2021 – Año XV – Edición 3851 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
La FENTAP informa:
PERÚ - Cicatrices de la minería en el sur del Perú. La extracción
de mineral en el sur del Perú tiene un alto costo para las comunidades de la
zona de influencia donde operan las empresas
PERÚ - Moquegua: Agricultores levantaron paro tras llegar a
acuerdos con el Gobierno
PERÚ - Peligra presupuesto destinado a la conservación de cuencas
que garantizan agua potable
PERÚ – Lima. Sunass presentó proyecto para actualizar tarifa del
servicio de agua potable. Según indican, la propuesta de la Sunass no implica
incrementos en las tarifas del servicio de agua para los dos primeros años regulatorios
Ríos muertos
Cicatrices de la minería en el sur
del Perú
La extracción de mineral en el sur del Perú tiene un alto costo para las comunidades de la zona de influencia donde operan las empresas. En pueblos como Huanca (Apurímac), Pachas y Titire (Moquegua) y El Carrizal (Arequipa), la historia se repite: manantiales y ríos contaminados, ganado y especies acuáticas muertas, niños afectados, cosechas que se echan a perder y éxodo de los residentes. Estudios realizados por organismos públicos y laboratorios contratados por las comunidades evidencian la presencia de metales pesados en los cursos de agua impactados por las explotaciones mineras. El común denominador del origen de esta situación es el grupo Aruntani, una empresa que acumula denuncias y multas por contaminación
Después de dos años, Valentín Ramos Paredes cogió su lampa
(pala) y regó uno de sus andenes (parcelas de cultivo en forma de gradería),
para sembrar maíz. Aunque sabe que, posiblemente, su sembrío no crecerá, debe
hacerlo para tener algo que comer en los próximos meses. “Estos días hemos
visto que el agua ha aclarado algo y estoy arriesgando a ver si sale algo”,
dice este hombre de 50 años, que trabaja junto a su esposa. El maíz, las habas
o la papa crecen, pero asegura que la mitad termina pudriéndose porque el agua
para el riego está contaminada con relaves mineros que llegan desde las alturas
de la región Moquegua, por el afluente del río Coralaque, desde el proyecto
Florencia Tucari, que explotó durante 20 años la empresa minera Aruntani SAC.
La contaminación minera no es una suposición de los habitantes
de la comunidad campesina de Santiago de Pachas. Informes realizados por el
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en los años 2016 y
2017, revelaron que la contaminación que afecta a la cuenca del río Coralaque y
del río Tambo es generada por el proyecto Florencia Tucari, en las alturas de
Moquegua. Los análisis evidenciaron altos niveles de metales pesados, como
arsénico, cobre, hierro y zinc que han vuelto ácidas las aguas. Esto, según
indican los pobladores, mató las truchas, ranas y hasta los sapos. Los estudios
también revelaron que había 13 fuentes contaminantes provenientes de este
proyecto, en la cuenca del río Coralaque, que han contaminado los ríos
Margaritani, la quebrada Apostolini, el río Queullijahuire y el río Titire, que
llegan hasta los ríos Coralaque y Tambo.
“Todo empezó en diciembre del 2016 y durante los primeros
meses del 2017”, explica Valentín Ramos, quien, además, es el presidente de la
comunidad de Santiago de Pachas, un pueblo asentado en los Andes peruanos a más
de 3300 metros sobre el nivel del mar, en la región Moquegua.
El primer signo observado por los pobladores fue que, en
los últimos veranos, el agua del río llegaba con un color rojo ladrillo y, a
mitad del año, cambiaba a un tono verde jade. La segunda señal que los alertó
fue la desaparición de algunas especies. “Antes, pescábamos truchas para comer
un fin de semana. Hoy, no hay nada, ni sapos. Es un río muerto. Finalmente,
nuestros andenes empezaron a morir”, añade Valentín Ramos mientras remueve la
tierra con la lampa, para encaminar el agua dentro del único andén que intenta
sembrar.
El pueblo de Santiago de Pachas, cuyo nombre en lengua
quechua significa “Tierra”, existe desde épocas preincaicas y se ha mantenido
de la agricultura y ganadería. Yola Arce Ramos es una madre de 32 años que ha
visto cómo en menos de cuatro años pasaron de ser un referente en la región,
por su agricultura, a un pueblo fantasma
“Aquí, sembrábamos nuestro maíz Checche que, cuando se
tuesta, es dulce y se puede comer como galleta. La alfalfa crecía grande y
criábamos nuestros toros, ganado vacuno y ovino. Los buses salían cargados con
queso, tuna, maíz y papas hacia Moquegua, la ciudad más grande de la región.
Hoy, como ve, los andenes están abandonados, porque tenemos miedo que, al
regar, se termine de contaminar la tierra. La gente ha migrado. De más de 500
habitantes solo quedamos alrededor de cien”, cuenta Yola Arce. En 2013, cuando
el volcán Ubinas erupcionó en la zona, el Instituto Nacional de Defensa Civil,
INDECI, reportó una población de 343 personas, mientras que, en 2017, el censo
del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó apenas 114
pobladores.
Hoy, cada familia cría no más de cinco vacas en los
corrales de sus casas porque el resto murió, según los habitantes, por tomar
agua del río. El Gobierno Regional de Moquegua publicó, en 2020, un informe en
el que advierte que la concentración de boro, cobre, hierro y manganeso fue
incrementándose entre el 2016 y 2019. Además, señala que la principal
consecuencia, en la localidad de Pachas ha sido la afectación de la salud
humana —con los niños a la cabeza-, la pérdida de zonas de cultivo, que se
estima en 312 hectáreas, donde se sembraba maíz, papa, habas y hortalizas, y el
daño a 1867 cabezas de ganado.
Para evitar que más animales sigan muriendo, los comuneros
les dan agua potable que trasladan en bidones desde sus viviendas. Esta
proviene de un manantial lejos del río Coralaque. “La gente está cansada y se
fue a Moquegua a buscar su vida. Ahora, hasta nuestros hijos tienen metales
pesados. Se los detectaron hace dos años”, agrega la mujer sentada en el filo
de un andén.
Tras las protestas de los comuneros y autoridades locales,
en 2018 y 2019, el Gobierno Regional de Moquegua envió personal de Salud para
realizar estudios. Los resultados de las muestras de orina del 2019, tomadas a
29 pobladores evidenciaron que 19 superaron el valor de referencia para
arsénico. Este elemento se encuentra de forma natural en las montañas, pero se
desprende en grandes cantidades durante el proceso de explotación minera y se
esparce en el ambiente.
Roger Oviedo Coaguila es enfermero en el puesto de salud de
Pachas desde hace 13 años. Nació y creció en el distrito, por lo que ha visto
los cambios en el pueblo. Además, participó en el estudio que el sector Salud
hizo a los niños. “De los 26 niños analizados el único que se salvó fue el hijo
de uno de los profesores del colegio, que no iba a la chacra ni tomaba el agua
del río. Todos tenían arsénico en la orina. Por esto las familias han optado
por migrar hacia la ciudad, con el fin de buscar una mejor vida para sus
hijos”, declara.
El enfermero explica que los niños toman el agua del río y
la acequia cuando van a la chacra. Esto provocó que tengan niveles de arsénico
por encima de lo que se espera en trabajadores que laboran en explotaciones
mineras. Por ejemplo, el informe sobre un menor de 8 años, al que tuvimos
acceso, revela la presencia en su organismo de 55.66 microgramos de arsénico
por litro de orina (μg/L) y 70.46 μg por gramo de creatinina (μg/g creatinina).
De acuerdo con los estándares en el Perú, el nivel en personas sin exposición
en el trabajo no debe pasar los 50 microgramos en la orina y los 20 en la
creatinina. Fuera del Perú son más exigentes con los límites permisibles pues,
desde 2006, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y la
Organización Mundial de la Salud adoptaron el estándar máximo de 10 μg/L de
arsénico.
Roger Oviedo explica que las consecuencias de la
contaminación empiezan a notarse. “Se han incrementado los casos de anemia,
desnutrición, diarreas, alergias y hemos notado que los niños tienen talla
baja; no crecen. Si la contaminación continúa, tienen probabilidad de
desarrollar cáncer. El arsénico ya no solo se presenta en los ríos sino también
en los alimentos que cosechan y consumen, porque los riegan con esa agua. Una
forma de evitarlo es comprar alimentos de otras partes, pero, entonces, ya no
tendría sentido vivir aquí”, se lamenta.
La tesis del médico Wilber Ticona Mamani, “Niveles de
Arsénico en Orina de pobladores del distrito de Candarave (2016)”, de la
Universidad Jorge Basadre, de Tacna, destaca entre las consecuencias de la
ingesta de arsénico “los partos prematuros, abortos espontáneos y
morbimortalidad en recién nacidos e infantes. También genera retraso en el
neurodesarrollo de los niños”.
El OEFA aplicó 13 sanciones al proyecto minero Florencia
Tucari de Aruntani SAC, entre 2010 y 2020, según figura en su página web. Tres
de ellas fueron por exceder los límites máximos permisibles en la calidad del
agua. La multa más alta fue de apenas US $ 55.137, pero no está consentida, lo
que significa que la empresa no ha pagado nada. Otras nueve sanciones contra
Aruntani se deben a la falta de eficacia en la fiscalización, no haber adoptado
medidas de previsión y control ambiental y falencias en los monitoreos
ambientales. Las multas suman US $ 1.620.997. Dos de ellas están consentidas y
la empresa tuvo que pagar US $ 1.450.893 al Estado peruano.
Por dos procesos en los que el OEFA encontró
responsabilidad administrativa, hoy, dos exdirectivos de Aruntani SAC afrontan
una acusación por el delito de Contaminación Ambiental de la Fiscalía
Especializada en Materia Ambiental. Este mes comienza el juicio en el que el
fiscal pide hasta cinco años de pena privativa de libertad para Eduardo José
Delgado Díaz, quien se desempeñó como jefe de planta y superintendente general
de operaciones de Florencia Tucari; y Abel Santiago Yurivilca Puchoc, que
laboró como jefe de medio ambiente de esa unidad minera.
Rubén Ramos es el padre de dos adolescentes de Pachas con
arsénico en el organismo, detectado por las autoridades de Salud en 2019.
Tienen 14 y 6 años. Los menores lo acompañan mientras trabaja reparando la
pared de uno de sus andenes. Cuando termina, camina hasta su casa para llenar
un balde con agua de su caño. Reconoce que está preocupado por las
consecuencias de este químico en el desarrollo de sus hijos. “Ahora, sólo
sienten dolor de estómago, pero eso es el comienzo. Con el tiempo, podrían
desarrollar otras enfermedades. Los médicos dicen que el cáncer es una
posibilidad”, comenta mientras mira a sus pequeños jugando.
El Ministerio de Energía y Minas designó a la empresa
Activos Mineros SAC para que inicie la mitigación del daño, empezando por la
operación minera Florencia Tucari, en las alturas de Moquegua, mediante el
Decreto de Urgencia Nº 066-2021, de julio pasado. Por lo pronto, la única
solución a este problema, explica el alcalde del distrito de Pachas, Prescilio
Mamani Eugenio, es construir un canal de 27 kilómetros que traerá agua desde la
zona de Condorani, pasando por varios pueblos. El proyecto, por un valor de 27
millones de soles, cuenta con un expediente técnico aprobado, pero el municipio
no tiene dinero para ejecutarlo.
Río Rojo
A más de 4.800 metros sobre el nivel del mar, Faustino
Aduviri observa desde un cerro el proyecto minero Florencia Tucari, erigido
entre la cordillera de la región Moquegua. Este hombre, de la comunidad de
Titire, ubicada en el punto más alto de la carretera Interoceánica, señala las
pozas de relaves que contaminan el río Aruntaya y llegan hasta el afluente de
su pueblo. Desde hace varios años, ha tomado el liderazgo de los reclamos por
la contaminación, ganándose la enemistad de algunos de sus coterráneos y de la
empresa minera Aruntani SAC, que ha explotado los recursos desde 2001.
Faustino explica que, luego de 20 años, las comunidades
aledañas al proyecto minero no han visto progreso. “Sólo hubo trabajo para
algunos de los comuneros de Aruntaya y Titire. Estaban como proveedores dando
servicios, como alquiler de vehículos o maquinaria, pero eso no ha durado. El
dinero se va rápido. Lo que ha dejado la mina es más pobreza y contaminación.
Aquí no hay ni señal de radio o teléfono. Solo nos comunicamos cuando bajamos a
la ciudad, a cuatro horas de viaje”, agrega el comunero.
El daño más notorio provocado por las actividades de la
minera empezó en 2016, cuando el proyecto Florencia Tucari inició su proceso de
cierre. Según reportes del OEFA, las pozas de relaves se rompieron y se
filtraron hacia los riachuelos que se juntan en el río Aruntaya. El color del
agua se volvió rojo ladrillo que, en verano, cuando empieza la época de lluvia
y nevadas, se intensifica, explica Faustino.
Junto a Faustino están Adrian Aduvire y Raúl Ccopa. Ellos,
como todos los pobladores de la zona, son pastores. Crían ovejas, llamas y
alpacas, para vender su carne y, sobre todo, su fibra, a la industria textil
del sur del país. Desde que se inició la contaminación, se han visto gravemente
afectados. Aseguran que los animales que toman de las aguas rojas mueren al
poco tiempo, se enferman con diarrea o abortan. Además, cuando pisan el
afluente, sus patas quedan pintadas de rojo y, luego, las manchas se convierten
en llagas y heridas. “Los intermediarios de fibra ya no quieren comprarnos.
Dicen que la lana está contaminada”, explica Adrián Aduvire, mientras coge un
poco del barro rojo del río y lo muestra.
El único río libre de contaminación nace de los cerros
Jatucachi y Pacchani, denominado río Titire. De sus aguas bebe Raúl Ccopa sin
temor. Bajan de forma paralela a la vía Interoceánica. La vista aérea es clara.
Se nota cómo el afluente rojo serpentea desde el proyecto Florencia Tucari,
pasa por los pastizales de la comunidad de Aruntaya, cruza un puente vehicular
y, en la puerta de Titire, se junta con el río bueno y lo enturbia.
Raúl explica que la comunidad de Titire vive del río bueno.
Toman el agua de un kilómetro arriba y la potabilizan para el consumo humano.
En el afluente hay aves, patos y flamencos que nadan despreocupados, pero no se
acercan al río contaminado. La preocupación de los comuneros es que el
Ministerio de Energía y Minas anunció, en octubre de 2020, la posibilidad de
que se concreten dos proyectos mineros: Katy, de Cultinor SAC; y Mariela, de
Aruntani SAC., entre las regiones Puno y Moquegua. Ambos se encuentran en etapa
de consulta previa a las comunidades campesinas.
En la intersección del río bueno con el río malo, Raúl
extiende los brazos para mostrar la magnitud del daño. Estas aguas, que toman
el nombre de río Coralaque, bajan hasta el pueblo de Pachas y, en el centro del
distrito de Chojata, se unen con el río Alto Tambo. El afluente pasa por
diversas comunidades, como Matalaque, Quinistaquillas y Omate, para alcanzar el
valle de Tambo y desembocar en el océano Pacífico.
En el valle, el primer pueblo afectado es El Carrizal, una
comunidad costera que vive de la agricultura y la pesca. De las 30 familias
asentadas, más de la mitad se dedican a la pesca del camarón de río, un
crustáceo de agua dulce que es símbolo de la gastronomía de Tambo y de la
región Arequipa.
Miguel Carbajal Chama es uno de los muchos camaroneros del
lugar. Mientras chaccha (mastica) la coca, explica que la pesca se ha reducido
en menos de cinco años. “En una sola entrada de dos horas, sacábamos 10 kilos.
Hoy, el que tiene suerte saca 3 kilos”, dice. Los pescadores atribuyen la
reducción del camarón a la contaminación, porque durante la época de lluvias el
río toma el color rojo, como el de la zona de influencia directa del proyecto
minero de Aruntani. Algunos rezagos de esa agua quedan en las rocas del río.
Durante la otra mitad del año, explican los pobladores, el río toma el tono
verdoso, como el del río Coralaque, que antecede al Tambo.
“Ya no vemos camarón como antes. Entre enero y mayo, salen
del río para morir en las rocas. Es como si el agua tuviera veneno”, explica
Elber Oporto, presidente de la Asociación de Camaroneros de El Carrizal.
El agua del río presenta niveles elevados de boro y
arsénico durante la época de lluvia. En la temporada de bajo caudal, los
niveles se reducen, pero no desaparecen. Así lo demuestran estudios realizados
por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Municipalidad de Cocachacra y las
juntas de usuarios del Valle de Tambo y La Ensenada-Mejía. Esto afecta también a
los pescadores de lisa de agua dulce, que laboran en la desembocadura del río
en el océano Pacífico.
El alcalde del distrito de Cocachacra, Julio Cornejo
Reynoso, explica que la agricultura también tiene problemas. El valle de Tambo
es considerado la despensa de Arequipa. Las chacras producen arroz, maíz, papa
y caña de azúcar, principalmente. La papa es exportada a Bolivia, pero, debido
a los controles sanitarios y las noticias de contaminación del río, es cada vez
más difícil venderla en el país altiplánico. Camiones con cientos de sacos de
papa deben volver hacia Arequipa, provocando que el precio se derrumbe.
Leer más aquí: https://www.connectas.org/especiales/contaminacion-minera-rios-peru/
HIDROREGIONES PERÚ
Moquegua: Agricultores levantaron paro tras llegar a acuerdos con el Gobierno
La carretera binacional que comunica a Moquegua con Puno,
Cusco, Tacna y Bolivia fue liberada después de cuatro días por agricultores que
se encontraban en paro. Ello debido a que -denuncian- la minería contamina los
ríos y perjudica a su actividad y a la salud de la población.
Los agricultores exigen que el agua sea de uso exclusivo
para los habitantes y que las mineras utilicen agua del mar.
Una comisión liderada por el ministro de Energía y Minas,
Eduardo González, consiguió la firma para un acuerdo. Entre lo más importante
del acta figura un compromiso de formar un comité de vigilancia de monitoreo
ambiental integrada por autoridades del área influencia del proyecto minero.
De igual forma se acordó viabilizar un sistema hidráulico
para el riego agrícola con el financiamiento de Minagri, entre otros acuerdos.
Los agricultores señalaron que estarán atentos a los anuncios del Gobierno.
Durante los cuatro días que estuvo bloqueado el puente
Tumilaca, aparte de los conductores los pasajeros también fueron afectados.
Hombres, mujeres, niños y ancianos caminaron largos tramos con la finalidad de
realizar trasbordos. https://canaln.pe/
Peligra presupuesto destinado a la conservación de cuencas que garantizan agua potable
El Consejo Directivo de la
Asociación Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento del
Perú (Anepssa Perú) rechazó la propuesta del congresista de Somos Perú, José
Jerí Oré, de transferir los recursos del Fondo de Mecanismos de Retribución por
Servicios Ecosistémicos Hídricos (Merese-H) al Ministerio de Desarrollo Agrario
y Riego (Midagri), pues pondría en peligro la conservación de las cuencas que
garantizan exclusivamente la calidad del agua para consumo humano.
Según explicó la asociación que
representa a 50 entidades prestadoras de saneamiento (EPS), los fondos del
Merese-H está conformado por un porcentaje de la tarifa que pagan los usuarios
por la prestación de los servicios de saneamiento, es decir, “no son recursos
de libre programación, con lo cual no pueden ser utilizados para fines
distintos a los previstos”.
Dichos recursos tienen por
finalidad la conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas, lo
cual contribuye específicamente a la sostenibilidad de los servicios de
saneamiento. Por lo que transferir los recursos al Midagri “impediría que estos
sean ejecutados de acuerdo con los servicios ecosistémicos identificados para
los servicios de saneamiento a través del cual se conserva la fuente de agua
con la cual la EPS abastece a sus usuarios.
Al respecto, detallaron que de
las 50 EPS socias, 42 cuentan con una reserva Merese-H, de las cuales 11 vienen
ejecutando dichos recursos -empresas como Seda Cusco S.A. Emusap Abancay S.A.,
Seda Ayacucho S.A. y EPS Moyobamba S.A tienen un alto nivel de ejecución-, y
tienen acuerdos firmados con las comunidades y plataformas de gestión, que podrían
peligrar con la propuesta.
El resto se encuentra en el
proceso de diseño y gestión de los acuerdos encontrándose dentro de los plazos
establecidos.
“Nuestra preocupación e indignación es que el congresista José Jerí Oré no ha consultado previamente su propuesta al ente rector de la normativa Merese-H que es el Ministerio del Ambiente, al ente regulador de la tarifa que es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, a nuestra Asociación y mucho menos a ninguna de nuestras Socias las EPS. Exigimos mayor respeto a las instituciones del Estado y las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento antes de hacer propuestas que no se ajustan a la norma y los convenios de cooperación suscritas por éstas con las comunidades ubicadas en las fuentes de recursos hídricos”, señalaron. https://gestion.pe/
LIMA PERÚ
Sunass presentó proyecto para actualizar tarifa del servicio de agua potable
La Superintendencia Nacional de
Servicios de Saneamiento (Sunass) anunció que presentó su proyecto de estudio
tarifario que establecería las metas de gestión, fórmula y estructura tarifaria
de Sedapal, para el quinquenio regulatorio 2021-2026.
Este proyecto no incluirá
incrementos tarifarios para los dos primeros años regulatorios, evitando
afectar la economía de las familias de menores recursos en medio de la
pandemia.
Pero, a partir del tercer año
regulatorio se plantea un incremento de 6.8% en las tarifas, el cual estará
condicionado al cumplimiento de metas de gestión de Sedapal.
Con esta estructura tarifaria se
mantendrá el mecanismo de subsidio cruzado focalizado, con la cual los usuarios
de menores ingresos económicos tienen una tarifa más baja al costo real del
servicio.
Se estima que en total serán
beneficiados el 29.7% de los usuarios, lo cual equivale a 658,947 familias. Con
esto tres de cada diez usuarios domésticos serán beneficiarios del subsidio del
servicio de agua.
Para determinar a los
beneficiarios del subsidio cruzado focalizado la Sunass usará los Planos
Estratificados del INEI y a Clasificación Socioeconómica (CSE) del Sistema de
Focalización de Hogares (SISFOH).
Plan de inversiones
La Sunass también indica que
tendrá un plan de inversiones con un presupuesto estimado de S/ 1,955.1
millones para la mejora de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Dicho presupuesto también será
empleado en el monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas para los
próximos cinco años.
Las personas que deseen
presentar sus aportes y comentarios sobre el proyecto de estudio tarifario de
Sedapal podrán hacerlo hasta el 26 de noviembre de 2021, a través de www.sunass.gob.pe
o en el correo electrónico sedapal@sunass.gob.pe https://rpp.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”