Martes, 14 de diciembre de 2021 – Año XV – Edición 3865 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
La FENTAP informa:
PERÚ - Puno. Ex funcionario revela malos manejos de fondos públicos
en San Juan del Oro
PERÚ - Gobierno intenta mitigar contaminación minera de ríos del
sur del Perú con transferencia de 21 millones de soles. El Ministerio de
Energía y Minas transfirió 21 millones de soles a una empresa privada para
evitar que la unidad minera Florencia-Tucari, del Grupo Aruntani, siga
afectando con ácido y metales pesados la calidad del agua, el suelo, la flora,
la fauna y la salud de las personas en las zonas aledañas. En noviembre último,
con el reportaje “Ríos muertos”, Convoca.pe, Connectas, el semanario En La Mira
y el Diario Viral pusieron en evidencia, la contaminación que genera esta
empresa en Moquegua, Arequipa y Apurímac. Alcaldes de distritos afectados
saludaron la medida, pero pidieron transparencia en el uso de los fondos.
PERÚ - Yunguyo: medidores de agua potable instalados a viviendas a
un no funcionan
PERÚ - Contralor Shack: “El OSCE debe sancionar a los empresarios
corruptos”
Ex funcionario revela malos manejos de fondos públicos en San Juan del Oro
Vicente Chajje Quispe, extesorero y trabajador nombrado por
más de 31 años en la Municipalidad Distrital de San Juan del Oro (Sandia), se
refirió contundentemente respecto a las presuntas malversaciones de fondos
públicos en la gestión 2011-2014.
Señaló que el alcalde de ese entonces, Gregorio Luque
Apaza, desfalcó más de 4 millones 500 mil soles, de lo cual no ha rendido
cuentas al Estado hasta ahora.
Detalló que entre 2013 y 2014 trabajó como tesorero de
dicha comuna, cuando se ejecutó la obra, por administración directa, de
“Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y
construcción planta de tratamiento de aguas residuales”, por más de 6 millones
300 mil soles.
Acotó que el Ministerio Público presentó una denuncia penal
en contra del exalcalde y su persona, además de otros 5 funcionarios, por los
delitos de peculado doloso. “A (Gregorio) Luque lo sentenciaron a 17 años de
pena efectiva; a mí, a 10 años”, expresó.
En ese marco, reveló que el exalcalde sacaba presupuesto
mediante cheques por tesorería. “Tengo los recibos que firmamos; él sacaba
dinero para la compra de materiales de la obra”, dijo.
También insinuó que esta habría sido “caja chica” del
alcalde y su esposa, ya que se giraban montos para pago del personal y para
adquirir bienes que nunca llegaron al almacén. “Le entregue 310 mil soles a la
esposa del alcalde (Carmen Bernardina Quilla Quilla) y ahora se niega”, sostuvo
Chejje.
Otra obra
Recordó que en la obra de la “Creación de mercado de
abastos”, con un presupuesto de más de 5 millones 160 mil soles y por
administración directa, también hubo irregularidades. “Ahí salí sentenciado por
6 años de pena efectiva, el último viernes 10 de diciembre. Al alcalde lo
salvaron, al parecer hubo colusión con la Fiscalía”, comentó.
Dijo que son más de 79 mil soles que están en polémica.
“Ese dinero lo entregué al alcalde en Lima. Pero se niega, por eso la fiscalía
me acusó y me sentenciaron a 6 años. Apelaré hasta esclarecer estas
malversaciones”, precisó.
Anomalías
Remarcó que hay 29 personas allegadas a esa gestión,
incluido regidores, que están involucrados en la pérdida de más de 200 mil
soles del proyecto Cafés Especiales, caso que sigue su proceso ante el
Ministerio Público.
Otro que dio a conocer es de los presuntos trabajadores
fantasma de una obra en el sector río Blanco, cuando en realidad no se percibe
ninguna obra y se habría gastado más de 21 mil soles, así como la entrega de
una retroexcavadora (CAT-416E) que al término de su gestión desapareció y no
existe. argumentó Vicente Chejje.
Sentenciados por malversar fondos
El pasado mes de junio, el Poder Judicial sentenció al
exburgomaestre de San Juan del Oro, Gregorio Luque Apaza, a 17 años y 6 meses
de cárcel; y al extesorero, Vicente Chajje Quispe, a 10 años, por los delitos
de peculado doloso por apropiación para sí, malversación de fondos, peculado
doloso y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en
agravio de dicha comuna.
El fiscal sustentó y acreditó que el exalcalde y otros,
durante el ejercicio 2013-2014, cometieron tales actos en el periodo en el que
se ejecutó el proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los servicios de agua
potable, alcantarillado y construcción planta de tratamiento de aguas
residuales en la localidad de San Juan del Oro”.
Al término de la gestión, se reveló, se realizó un gasto
financiero de 6 millones 389 mil 883.75 soles, correspondiente al 96.67%; sin
embargo, la obra solo registró un avance de 1 millón 561 mil 756.69 soles, es
decir, el 23.61%; el saldo de la diferencia presupuestal fue objeto de una
apropiación (4 millones 508 mil 127.06 soles).
Asimismo, la Fiscalía pudo acreditar que se produjeron
actos de malversación por el monto de 2 millones 312 mil 267.05.
Dicho presupuesto fue objeto de pago por servicios no
cumplidos a favor de la Empresa Corporación Vía Sol Contratistas Generales
S.C.R.L, por el monto de 86 mil 553.94 soles.
La Fiscalía continúa investigando al exalcalde, en otros procesos por situaciones similares pendiente de juzgamiento. https://www.losandes.com.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Gobierno intenta mitigar contaminación minera de ríos del sur del Perú con transferencia de 21 millones de soles
El peligro inminente ante la contaminación hídrica en el
sur del Perú fue el argumento principal del Ministerio de Energía y Minas para
aprobar la transferencia de 21 millones de soles a la empresa Activos Mineros
SAC (AMSAC), que se encargará de mitigar el daño que ha provocado la unidad
minera Florencia-Tucari en los ríos, la flora, la fauna y la salud de las
poblaciones aledañas.
Autoridades de las zonas afectadas manifestaron su
conformidad con el desembolso de este presupuesto para aliviar la contaminación
provocada por la minería, pero pidieron que el ministerio les informe sobre las
acciones que se realizarán. Además, informaron que continuarán evaluando el
agua de sus ríos, con el fin de comprobar si hay algún cambio en los niveles de
contaminación.
Con la Resolución Ministerial Nº 438-2021-MINEM/DM, que autoriza la transferencia de esta suma, publicada el último 7 de diciembre en el diario El Peruano, el Poder Ejecutivo intenta reducir la contaminación que genera el proyecto minero Florencia-Tucari, ubicado en las alturas de Moquegua, que operó por casi 20 años el Grupo Aruntani SAC. Se busca evitar el aporte de carga metálica y aumento de acidez en las aguas de las quebradas Apostoloni y Margarantini y de las zonas aledañas.
El convenio de transferencia de recursos financieros que
firmaron el Ministerio de Energía y Minas y AMSAC, el 16 de noviembre pasado,
señala que el dinero servirá para realizar las acciones de atenuación, como
estudios básicos de topografía, hidrología y geotécnica, con el fin de validar
las zonas críticas de intervención. Para esto, el ministerio deberá
proporcionar información sobre estudios de ingeniería actualizados, reportes de
monitoreo e ingeniería sobre la operación minera Florencia-Tucari.
El proyecto minero Florencia Tucari ha dejado pasivos
mineros que están afectando a las comunidades asentadas en la cuenca del río
Tambo, con la muerte de especies acuáticas, el abandono de terrenos de cultivo
y la migración y afectación de la salud de las personas, según han reportado
los pobladores y autoridades de las zonas de influencia.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)
concluyó, luego de estudios realizados desde el 2016, que el agua de las pozas
de relaves de Florencia-Tucari se filtra al subsuelo y, luego, emana
contaminando los pastizales y riachuelos de la cabecera de cuenca. Además,
halló metales pesados como arsénico, zinc, hierro, cobre y otros que causan
acidez en las aguas y que hay 13 fuentes contaminantes provenientes de este
proyecto, en la cuenca del río Coralaque, que han contaminado los ríos Margaritani,
la quebrada Apostolini, el río Queullijahuire y el río Titire, que llegan hasta
los ríos Coralaque y Tambo.
Del 2010 al 2020, la OEFA aplicó 13 sanciones al proyecto
minero Florencia-Tucari, tres de las cuales fueron por exceder los límites
máximos permisibles en la calidad del agua. Las multas impuestas a la empresa
Aruntani por la unidad minera Florencia Tucari suman US $ 1.620.997. Dos de
ellas están consentidas y la empresa pagó US $ 1.450.893 al Estado peruano.
Además, el Ministerio Público presentó una demanda contra
dos directivos de Aruntani SAC, por no cumplir su función de evitar que la
contaminación se disemine hacia los ríos. La Fiscalía pide cinco años de pena
privativa de libertad para Eduardo José Delgado Díaz, quien se desempeñó como
jefe de planta y superintendente general de operaciones de Florencia-Tucari, y
Abel Santiago Yurivilca Puchoc, que laboró como jefe de medio ambiente de esa
unidad minera.
Entre los pueblos afectados por la contaminación figuran
Aruntaya y Titire. Sus pobladores advirtieron sobre la muerte de truchas y la
afectación del ganado, como las alpacas y vicuñas, que se enferman cuando toman
el agua de los pastizales y riachuelos. Recordaron que, tras varios años de
actividad minera en la zona, no hay servicios básicos ni conectividad.
El pueblo de Pachas, ubicado en el distrito de Chojata
(Moquegua), también ha sido perjudicado. Los andenes, que se riegan con las
aguas del río Coralaque, han sido abandonados porque los sembríos germinan,
pero mueren o no producen la cantidad de cosecha esperada. Debido a estos
problemas con la agricultura, la comunidad ha perdido al 80% de sus habitantes,
según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) pues
las familias han migrado a las ciudades.
El mayor impacto de la contaminación se ha notado en los
niños de Pachas. Los análisis de orina que realizó el Gobierno Regional de
Moquegua, en 2019, determinaron que 27 de 28 niños sometidos a las pruebas
presentaban niveles de arsénico que solo registran trabajadores mineros. Hoy,
estos niños tienen problemas de crecimiento, desnutrición y aprendizaje.
En el valle de Tambo, en Arequipa, desemboca la
contaminación. Los pescadores alertaron sobre la muerte del camarón de río por
los metales pesados, como boro y arsénico, hallados durante estudios realizados
por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y los municipios distritales.
Expectativa de las autoridades
El alcalde del distrito de Cocachacra (Arequipa), Julio
Cornejo Reynoso, manifestó su conformidad con la transferencia de fondos
realizada por el Ministerio de Energía y Minas para descontaminar los ríos. Sin
embargo, solicitó al Poder Ejecutivo que informe sobre el plan de trabajo de la
empresa Activos Mineros SAC, con el fin de que la población conozca el uso que
se dará a los 21 millones de soles.
Cornejo informó que el municipio de Cocachacra realiza
análisis del agua del río Tambo cuatro veces al año, con el fin de verificar
los niveles de contaminación. “La próxima semana, haremos una nueva toma de
muestra, porque en la parte alta de Moquegua ya está lloviendo y el río Tambo
está creciendo y bajando con agua turbia”, dijo el burgomaestre, quien relató
que tienen un proyecto para comprar filtros que permitan liberar al agua
potabilizada de los metales pesados, pero necesitan 2 millones de soles, que
podrían ser aportado por el gobierno nacional.
Para el alcalde del distrito de Chojata (Moquegua), Prescilio Mamani, es una buena noticia que el gobierno destine dinero para aliviar la contaminación y manifestó su esperanza de que la comunidad de Pachas vuelva a florecer. La autoridad edil dijo que, además, requieren 27 millones de soles para ejecutar un proyecto que les permita llevar agua para riego hacia Pachas, a lo largo de 26 kilómetros entre las montañas. https://convoca.pe/
Yunguyo: medidores de agua potable instalados a viviendas a un no funcionan
El exdirigente de Frente Único
de Defensa de Intereses de la provincia de Yunguyo, Justino Ucharico Ramos,
denunció que la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMPA), está
incumpliendo sus promesas y brindaría un servicio deficiente a los usuarios.
Sostuvo, que esta empresa hace
meses atrás, inició con la instalación de medidores de agua potable a mayoría
de las viviendas de la localidad de Yunguyo, sin embargo, la obra se encuentra
paralizada y, en efecto, estos dispositivos no entran en funcionamiento a la
fecha.
En otro momento, señaló que los
dirigentes y la población de la provincia, continúan con la campaña de
recolección de recursos, para análisis del líquido elemental, a fin de conocer
si es apto o no para el consumo humano, sin embargo, la empresa de saneamiento
no se pronuncia al respecto.
Frente a ello, Ucharico Ramos,
pidió a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) en
Puno, Red Salud de Yunguyo y, a la autoridad Municipal Provincial, para que se
pronuncien y si es posible intervengan a la empresa. https://www.pachamamaradio.org/
Contralor Shack: “El OSCE debe sancionar a los empresarios corruptos”
Siempre se habla de la sanción a
los funcionarios públicos corruptos; sin embargo, detrás o a lado de ellos
están las personas que los corrompen.
Ellos son los dueños,
accionistas o representantes de las empresas que, pese a que se conoce que han
participado en actos irregulares, nunca son sancionados.
En este sentido, el contralor de
la República, Nelson Shack, sostiene que el Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado (OSCE) es quien debe inhabilitar a los empresarios
corruptos y el Poder Judicial hacer su parte.
Explica que, lamentablemente en
el Perú cuando una empresa queda mal, es decir abandona una obra o la ejecuta
mal nunca recibe una sanción y si OSCE inhabilita a la empresa, los dueños o
accionistas forman otra y vuelven a participar en las licitaciones del Estado.
En el Perú hay más de 400 empresas
que tienen problemas con las obras, pero han ganado licitaciones este año,
incluso después de julio del 2021.Entre ellas 12 son piuranas.
El contralor señala que, solo
sancionando a las personas, es decir a los accionistas o dueños de las empresas
se podrá romper este círculo vicioso, porque si “el funcionario público se
corrompe es porque hay un privado que actúa como corruptor”.
A los funcionarios públicos se
les somete a procesos administrativos y hasta penales, pero a los privados no
les pasa nada.
La Contraloría también podrá
sancionar a los funcionarios públicos, pero su sanción es administrativa, es
decir los inhabilita para ejercer trabajos en el Estado por un determinado
tiempo.
Esta facultad que el Tribunal
Constitucional se la quitó hace unos años, le ha sido devuelta, pero solo
aplica para actos irregulares cometidos a partir del mes de junio.
Ley para evitar abandono de
obras
Cuando se presentan problemas en
la construcción de obras estas quedan abandonadas mientras se resuelven los
procesos administrativos. Algunas van a arbitraje y todo se paraliza.
Para evitar esto la Controlaría
está proponiendo al Congreso de la República una ley que permita que, por un
lado, los problemas administrativos y legales sigan su curso, pero que la obra
no se detenga. Es decir, que si se rescinde el contrato se pueda licitar el
saldo de obra lo más pronto posible y reiniciar los trabajos.
Se trata de evitar más
sobrecostos por paralizaciones, y cautelar el beneficio de la población.
En este sentido Shack explica
que hay obras urgentes como sistemas de agua potable o alcantarillado que deben
ponerse al servicio de la población cuanto antes, pero con los arbitrajes se
detienen.
“Si se paraliza por falta de
dinero, hay que inyectarle recursos”. La paralización encarece la obra y la
población es la perjudicada.
Expedientes técnicos
Todos los problemas de las obras
empiezan en los expedientes técnicos, por ello el contralor señala que a partir
de enero esta entidad revisará todos los expedientes de las obras cuya inversión
sea superior a los diez millones de soles.
“Se ha detectado que muchos
expedientes técnicos son ‘copia y pega’, que los proyectistas no van al lugar
donde se va realizar la obra y por ello cuando llega el proceso de construcción
saltan los problemas y a veces no se pueden solucionar”, dijo.
Se ha encontrado obras que se
han construido en terrenos que no eran del Estado y luego se han tenido que
paralizar porque los dueños reclaman pagos que son exorbitantes.
“No se hacen estudios de suelos,
no hay saneamiento físico legal y por ello se presentan estos problemas. La
Contraloría está contratando más de mil personas para fortalecer el equipo y
analizar cada expediente”, agregó.
La Contraloría ha realizado un
megaoperativo ce control en la región Piura, en donde detectó un perjuicio
económico de S/1.135 millones y 151 hechos irregulares en los 179 servicios de
control posterior ejecutados, ello incluye los hallazgos de la auditoría de
cumplimiento al Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara.
Asimismo, 43 intervenciones
corresponden a servicios de control específico, 132 acciones de oficio
posterior y cuatro auditorías de cumplimiento.
Además, pudieron identificar 598 presuntas responsabilidades administrativas (318), civiles (177) y penales (103) en 289 funcionarios, entre directivos, funcionarios y servidores pertenecientes a entidades públicas del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos Locales. https://eltiempo.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
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