Miércoles, 4 de mayo de 2022 – Año XV – Edición 3960 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
Puno: Tarifa del agua potable sufrió un reajuste de hasta 3.66%
El gerente general de la Empresa Municipal de Saneamiento
Básico de Puno (EMSA Puno), Luis Aguilar Coaquira, informó que a causa de la
inflación a un 3%, la tarifa del agua se reajusto hasta un 3.66% acumulado al
mes de marzo; lo que equivale un incremento de 36 céntimos por mes.
Explicó, que los vecinos que pagaban por el servicio de
agua 10 soles al mes, actualmente deberán pagar diez soles con treinta y seis
céntimos desde el mes de junio. Resalto que la Comisión de verificación de los
servicios básicos de Puno, tiene pleno conocimiento del Decreto Legislativo
N°1280 que dispone automáticamente reajustar el precio de los servicios de
energía eléctrica, agua potable, gas y combustible.
Resaltó, que se establecerá una mesa de diálogo con los
directivos de Electro Puno, para solicitar la flexibilidad del precio de la
tarifa eléctrica; ya que durante el bombeo eléctrico de agua potable que
realiza Emsa Puno para abastecer a los diferentes barrios, se duplica el costo
de la energía eléctrica.
Asimismo, indicó que los altos precios de la energía, en
particular del gas y el petróleo, han tenido una tendencia al alza mayor a la
prevista, apoyados por el conflicto entre Rusia y Ucrania y también por el
débil incremento de la oferta en los principales países.
Se asume que los precios de la energía permanecerían altos,
y por encima de lo previsto en el reporte de diciembre, básicamente durante el
segundo trimestre del año 2022. https://radioondaazul.com/
HIDROREGIONES PERÚ
Emapa San Martín brinda pésimo servicio en Shimbillo, Nuevo Codo y Chincha Alta – Pucacaca
Pobladores de las localidades de Nuevo Codo, Shimbillo y
Chincha Alta, distrito de Pucacaca, provincia de Picota, denuncian que EMAPA
San Martín les brinda un pésimo servicio de agua, actualmente, según afirman,
una cisterna de EMAPA les abastece una vez al mes. Hecho que mantiene indignada
a la ciudadanía porque les perjudica enormemente.
Además, denuncian incumplimiento de compromisos de EMAPA
san Martín, luego de una reunión entre funcionarios de esta entidad y
autoridades de las localidades en mención, donde se firmaron los siguientes
acuerdos:
La población también está descontenta porque las Plantas de
Tratamiento de Agua Potable del Ministerio de Vivienda que se encuentran en el
distrito de Pucacaca hasta el momento no entran en funcionamiento, pese a
compromisos de la municipalidad distrital de Pucacaca y EMAPA San Martín.
Ante esta situación de falta de buen servicio e
incumplimiento de compromisos, exigen a la alcaldesa de la municipalidad de
Pucacaca y a EMAPA san Martín cumplir con los compromisos para brindar un mejor
servicio.
Conforme pasan los años los moradores de estas localidades van perdiendo la fe sobre la culminación del mega proyecto en la provincia de Picota. https://viatelevision.pe/
Pluspetrol Norte: un historial de sanciones sin pagar y de derrames en la Amazonía peruana
Una mancha oscura y espesa se
extiende cerca a la quebrada Piedra negra, fuente de agua de la comunidad
kichwa 12 de octubre en Loreto. Los pobladores indígenas aseguran que no
necesitan ver la mancha para saber que se trata de un nuevo derrame de petróleo,
solo les basta sentir el olor que les produce náuseas y dolor de cabeza para
saber que la pesadilla ha vuelto. El 2 y el 17 de marzo de este año, la
comunidad denunció el mismo problema de siempre: otra vez derrames de crudo en
la comunidad, otra vez en el Lote 192, una vez más la preocupación por el
riesgo que representa para la vida de las personas, animales y plantas.
“Este mes un pozo se reventó
porque los tubos son viejos, corroídos, el petróleo se ha caído y está llegando
a la quebrada, muy cerca del Río Tigris, es muy peligroso. Todas las empresas
que han operado no se han preocupado por el mantenimiento”, dice Hugo Carijano
Tapuy, morador de la comunidad 12 de octubre y exdirigente indígena.
En esta zona de la Amazonía
peruana el petróleo siempre está presente. Solo en marzo se registraron dos
derrames en la comunidad y en lo que va del año suman cuatro, indica el monitor
indígena de la comunidad, Tom Chung. A su vez, dos reportes del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), uno del 2020 y otro del 2017, dan
cuenta de dos eventos más dentro del territorio de la misma comunidad.
Hugo Carijano Tapuy asegura que
fue durante las operaciones de Pluspetrol Norte cuando ellos fueron a reclamar
por los constantes derrames de crudo y que la respuesta a sus exigencias fue
“que nos enviaron a la policía y nos denunciaron”. La petrolera entabló una demanda —cuyo juicio
empezó en marzo de este año— contra un grupo de dirigentes indígenas por robo
agravado, secuestro y posesión de armas. Y mientras la empresa se concentra en
esta acción legal, las comunidades insisten en que ha evadido su
responsabilidad sobre los pasivos dejados en el lote 192, además de las multas
impuestas por millones de dólares.
A esto se suma que la misma
historia de impunidad, de sanciones no atendidas y pasivos ambientales se ha
repetido en el Lote 8, según le explicó a Mongabay Latam Renato Pita,
especialista del Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte – Puinamudt.
El historial de la operación de
Pluspestrol Norte figura en la base de datos de multas, sanciones y procesos
activos contra empresas petroleras construida por la alianza periodística
#ManchadosXelPetróleo. La información abarca los últimos 10 años y se centra en
las actividades petroleras en la Amazonía de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia.
Solo en Perú, según la base de datos, la autoridad ambiental ha iniciado 143
procesos sancionadores que involucran a 16 petroleras. Además, estas 16
compañías han sido multadas. Pluspetrol Norte lidera la lista en Perú con 73
procesos sancionadores que derivaron en 72 multas impuestas por el OEFA, entre
el 2011 y el 2021, por sus operaciones en el Lote 192 y el Lote 8. El monto
total de las multas supera los 47 millones de dólares.
Una operación cuestionada
Pluspetrol Norte manejó el Lote
8 por los últimos 25 años. Esta concesión, ubicada en los distritos de
Trompeteros y Urarinas de la provincia de Loreto, cerca de la cuenca del río
Corrientes y Marañón, acumuló en ese lapso de tiempo una larga lista de multas
y sanciones. En el Lote 192, situado en el distrito de Andoas, provincia de
Datem del Marañón en los distritos de Tigre y Trompeteros, la situación no es
muy distinta; la operación se cerró en el 2015, dejando un historial de
denuncias por derrames y remediaciones no realizadas
La Federación Indígena Quechua
del Pastaza (FEDIQUEP), la Organización del Pueblo Indígena Kichwa Amazónico
Fronterizo Perú Ecuador (OPIKAFPE), la Asociación Cocama de Desarrollo y
Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT) y la Federación de Comunidades
Nativas de la cuenca del Corrientes (FECONACOR) se han manifestado
constantemente en contra de Pluspetrol. En marzo del 2020 denunciaron ante la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) las malas
prácticas de la petrolera y la contaminación de sus territorios, sobre todo
durante el tiempo que operó el Lote 192.
El problema que enfrentan las
comunidades ahora es que sostienen que es difícil enfrentarse a un fantasma. La
empresa Pluspetrol Norte ya casi no existe en el Perú, inició su liquidación en
el 2020 y ha empezado a desaparecer después de haber operado 27 años en el
país. Su dirección actual en Lima es en
una oficina de coworking en Miraflores y no hay memorias institucionales en la
web principal del conglomerado empresarial Pluspetrol, con dirección fiscal en
Argentina, al que pertenecen las empresas Pluspetrol Norte S.A.C., Pluspetrol
Perú Corporation S.A., Pluspetrol Camisea S.A., Pluspetrol Lote 56 S.A. y
Pluspetrol E&P S.A.
Cuando los kichwa reclaman por
remediación y por su salud, no reciben respuestas, y cómo tenerlas si el Lote
192 está inactivo y las empresas que lo operaban han abandonado la zona. La
concesión ha pasado por las manos de empresas como la OXY (Occidental Petroleum
Corporation), Pluspetrol Norte y Frontera Energy, quien finalmente devolvió el
lote al Estado el año pasado.
El Apu Aurelio Chino afirma que
es difícil comunicarse con Pluspetrol Norte y que la nula respuesta causa
malestar entre los pobladores indígenas. “Ellos nunca han participado de las
mesas de diálogo, nunca han consultado, no han venido cuando se le ha citado a
alguna reunión. Nos hubiera gustado que al menos se acercaran, nos den
explicaciones”, dice.
Este comportamiento por parte de
la petrolera ha llamado la atención de organizaciones internacionales como la
OCDE, quien investiga hoy a la empresa tras una serie de denuncias hechas por
los pueblos indígenas. A esta se suma la Defensoría del Pueblo, que también se
ha pronunciado sobre el caso.
En diciembre del 2020, mientras
Pluspetrol Camisea S.A. recibía el premio sostenibilidad de la Sociedad
Nacional de Minería y Petróleo por sus prácticas ecoamigables, otra empresa del
grupo, Pluspetrol Norte, enfrentaba una serie de problemas legales con el
Estado peruano, porque la anunciada liquidación implicaba el abandono de
pasivos ambientales y dejar deudas impagas.
La Defensoría del Pueblo alertó en febrero del año pasado, mediante un
comunicado, sobre estas prácticas a las que llamó un “lamentable, precedente
que evidencia la importancia de que el Estado peruano evalúe y adopte con
urgencia las medidas correspondientes a fin de que hechos de esta naturaleza no
vuelvan a repetirse”.
Lote 192: Abandono y multas
pendientes
Lo que queda en los territorios
que son parte de la concesión del Lote 192 son pasivos ambientales y una tierra
manchada por el petróleo. “Nunca mejora la situación, todas las empresas han
tenido derrames desde OXY, Pluspetrol y Petroperú. Las tuberías están podridas,
tienen años instaladas y por eso se está contaminando constantemente”, afirma
Natanael Sandi, monitor ambiental de la comunidad de José Olaya en Loreto.
Desde que él tiene uso de razón, el oleoducto y las bombas de petróleo han
ocasionado problemas ambientales en la Amazonía. Asegura que ha visto la salud
de los pobladores indígenas comprometida, y por eso se formó como monitor
ambiental, para reportar los daños causados por el crudo.
La historia del Lote 192 es de
larga data y empezó con la Occidental Petroleum Corporation – OXY en 1971. Y no
fue hasta casi 30 años más tarde que Pluspetrol Norte SAC. asumió la
responsabilidad total de la concesión en el 2000, aunque se vio obligada a
dejarla en el 2015 tras acumular una serie de multas impuestas por el OEFA. Un
año después, en el 2016, Frontera Energy asumió las operaciones, pero dio por
terminado su contrato en el 2021, en medio también de un escándalo de multas y
derrames por remediar.
De todas estas empresas,
Pluspetrol Norte es una de las que ha acumulado las multas más altas por sus
operaciones. Mongabay Latam se comunicó
con el OEFA, organismo que informó a este medio que “tanto en el Lote 8 y en el
192 (ex 1AB), Pluspetrol se encuentra obligado al cumplimiento de medidas
administrativas impuestas, algunas referidas a la remediación de zonas impactadas
generadas por su actividad. En el caso del Lote 8, además se encuentra en
evaluación del Ministerio de Energía y Minas el Plan de Abandono, que debe
contener los compromisos de remediación en la zona”.
Por las deudas acumuladas tras
las multas impuestas por el Estado peruano, la petrolera enfrenta un proceso
judicial con el OEFA, según ha manifestado Patricia Tipiani, de la Adjuntía de
medio ambiente, servicios públicos y pueblos indígenas de la Defensoría del
Pueblo. El OEFA informó además a Mongabay Latam que en “la Procuraduría Pública
del OEFA, se tiene registrado 40 procesos por el Lote 8 y otros 20 procesos por
el Lote 192 (ex 1AB) por el presunto delito de contaminación ambiental, los
cuales han sido derivados a la Procuraduría Pública Especializada del
Ministerio del Ambiente”.
Mongabay Latam pudo establecer
con la base de datos construida para el especial #ManchadosXelPetróleo, el
historial de multas y sanciones de la petrolera. En el Lote 192, Pluspetrol
Norte acumuló, entre el 2012 y el 2015, sus últimos tres años de operaciones,
un total de nueve sanciones de parte del OEFA. En los informes resaltan faltas
como el incumplimiento de mantenimiento del ducto, por no revisarse
periódicamente las tuberías antiguas. Otros motivos que OEFA considera como
faltas graves es el no hacer uso de instrumentos de gestión ambiental adecuados
y la falta de remediación ambiental en zonas impactadas por la actividad
petrolera. Hasta el 2015, la empresa acumuló más de 3 millones de dólares en
multas.
A pesar de esta evidencia, el
Poder Judicial no falló a favor del OEFA en el proceso legal vigente con la
petrolera. “Se va apelar, según tenemos entendido. Por nuestra parte, hemos
recomendado al Ministerio de Energía y Minas atender este tema, y que aquellas
empresas que tienen sanciones confirmadas, que se rehúsan a pagar, ya no puedan
suscribir contratos con el estado”, precisa Tipiani de la Defensoría del
Pueblo.
Los pueblos indígenas no han
parado de denunciar las consecuencias de la contaminación por crudo. “La tierra
se contamina, a veces enfermamos, sentimos mareos, dolor de estómago, pero
nadie nos da razón”, sostiene Natanael Sandi.
Un estudio toxicológico llevado a cabo por CENSOPAS en el 2016, titulado
“Niveles y factores de riesgo de exposición a metales pesados e hidrocarburos
en los habitantes de las comunidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre,
Corrientes y Marañón del departamento de Loreto”, aporta argumentos a la
versión del monitor ambiental de la comunidad de José Olaya. Se encontraron niveles de arsénico y plomo en
el agua de consumo en niveles por encima de los límites máximos permisibles.
Con indignación, el ex dirigente
kichwa Hugo Carijano Tapuy se refiere a la historia del Lote 192 y Pluspetrol.
Carijano fue denunciado por Pluspetrol y por el Estado por ser parte de las
protestas del 2008. Ese año, líderes
quechua y kichwa tomaron el Lote 192, exigiendo su paralización, fue un caso
emblemático de movilizaciones contra las petroleras en el Perú. “Aunque la
acusación contra los quechua no prosperó, el otro proceso contra los kichwa ha
seguido su curso, al punto que el 2017 se formalizó y este año inicia el
juicio. Se está pidiendo 37 años de cárcel y reparación civil a la empresa. Es
un caso de criminalización, de atemorizar a los líderes”, señala Renato Pita,
especialista del Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte – PUINAMUDT.
Las acusaciones que figuran en
el expediente contra Carijano y otros 20 pobladores indígenas son por robo
agravado, secuestro y posesión de armas, la Fiscalía pide medio millón de soles
y 31 años de cárcel, como asegura el abogado defensor del caso, Dorian
Choque. El proceso está en manos de la
Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Loreto.
“Es una acusación muy débil, no
hay elementos de prueba suficientes para generar una presunción de delito. No
se han hecho actos de investigación, con medios probatorios para reforzar las
acusaciones. Ni siquiera se les ha garantizado el derecho de defensa y no les
llegaron las notificaciones. Sin embargo, los abogados de Pluspetrol Norte han
aparecido, ellos siguen pendientes del caso”, comenta el abogado Dorian Choque.
Hugo Carijano señala que se
trata de un caso más de criminalización. “No hemos hecho nada a nadie, no hemos
dañado ninguna propiedad. Nosotros tenemos ahora un juicio y nuestra comunidad
sigue igual, no se ha remediado, estamos peor”, afirma exdirigente kichwa.
¿La misma historia en el Lote 8?
El Apu Omar Saquiray, presidente
Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes (FECONACOR), ya
no sabe a dónde recurrir para reclamar por los daños a las tierras de su pueblo
y por lo que él considera es un continúo sufrimiento. Ha acudido a
interminables reuniones con dirigentes, con entidades del Estado, incluso ha
conversado con el OEFA, pero asegura que las manchas de petróleo siguen
presentes en el agua y el suelo.
Lamentablemente las
preocupaciones del apu siguen sin ser atendidas, mientras señala que las faltas
ambientales de la petrolera cada vez son mayores. En la base de datos de
#ManchadosXelPetróleo que registra las faltas y delitos ambientales de
Pluspetrol Norte en el Lote 8, se detalla un total de 49 multas impuestas por
el OEFA. Algunos de los motivos de las sanciones son por no adoptar medidas de
prevención para evitar impactos negativos cuando ocurre un derrame, no realizar
la descontaminación de las áreas afectadas por el crudo, incumplir actividades
de remediación de cuatro sitios contaminados con hidrocarburos, entre otros.
Hasta el 2020, la empresa sumó más de 32 millones de dólares en multas.
El Lote 8 se encuentra activo
desde 1970 y fue operado por Petroperú de 1971 a 1996. Luego fue concesionado a
Pluspetrol Norte, empresa que dejó la operación en el 2021 cuando su contrato
terminaba el 2024 y tenía pendiente remediar los pasivos ambientales que
acumuló en 25 años de trabajo en el área. La petrolera, según el OEFA, no solo
busca evadir sus obligaciones frente a la atención de los pasivos ambientales
en el lote 8, sino que existe el riesgo de que con la liquidación de la empresa
no haya forma de exigir el pago de las multas. Por eso en un comunicado de
febrero del 2021, la Defensoría del Pueblo se pronunció también sobre este
caso.
“Perupetro presentó una medida
cautelar contra Pluspetrol Norte para evitar que se lleve a cabo esta
liquidación y nos comentó que realizó un proceso arbitral ante la Cámara de
Comercio Internacional. De acuerdo al contrato era la vía para resolver las
controversias que podrían suscitarse y, entre ellas, justamente este anuncio de
liquidación”, señala Patricia Tipiani de la Defensoría del Pueblo. A la
especialista le preocupa además la salud de los pobladores indígenas, ya que
considera que ni la empresa ni el Estado han tomado medidas para salvaguardar
sus vidas.
Mongabay Latam consultó al OEFA
sobre este caso puntual y contestó que “Pluspetrol ha actuado de mala fe, al
acordar su propia disolución con el propósito de alegar que dicha situación
generaba la resolución del Contrato. Con ello, la empresa pretende liberarse de
sus obligaciones contractuales y legales de remediación y cumplimiento del Plan
de Abandono del Lote 8”.
El informe Para prender el
silencio: Historia de olvidos, tecnicismos y daños petroleros en el Lote 8, editado
por el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y
publicado el año pasado, señala que en “los últimos 22 años, las entidades de
fiscalización del Estado han detectado un número sumamente alto y preocupante
de derrames en el Lote 8, alcanzando los 18 131 derrames”.
Por eso el Apu Omar Saquiray
manifiesta su fastidio. “A nosotros esta situación como pueblos originarios nos
molesta, no podemos vivir tranquilos, siempre tenemos que estar enfermos,
siempre hay noticias de un derrame aquí o allá o de charcos de petróleo
acumulados por años”, señala. “Con Pluspetrol en proceso de liquidación y sin
un Plan de abandono, quien va terminar asumiendo el costo de estos pasivos va
ser el Estado y eso va tener que salir del bolsillo de los peruanos”, comenta
Mario Zúñiga Lossio, antropólogo de PUINAMUDT y acompañante de las federaciones
de la Cuenca del río Tigre y El Pastaza
Cuando se le preguntó al área de
comunicación de Pluspetrol Corporation por el proceso de liquidación,
contestaron que no ven nada relacionado a Pluspetrol Norte. La empresa
Estratega consultores que actualmente aparece en SUNAT que asumió la
liquidación, tampoco ha contestado a las consultas realizadas por Mongabay
Latam.
“Las comunidades estamos hartas
porque nadie se hace cargo. Pluspetrol nos ha seguido contaminando por años. Lo
peor es que tenemos hermanos denunciados penalmente por defender sus derechos y
la empresa los ha tomado como grupos vandálicos”, comenta el Apu de la etnia
achuar Omar Saquiray.
¿Quién se hace responsable de
los daños?
El gran dilema es finalmente
quién va a remediar los impactos y cómo se van a recuperar las personas
expuestas al crudo. Miguel Levano, coordinador de programas de la ONG OXFAM en
Perú, explica que “muchas empresas como Pluspetrol, para evadir pagar multas,
las judicializan, eso es legal”. Asimismo, Levano añade que “lo peor es que
esas sanciones, además, son bajas en comparación con la magnitud del daño
ambiental”.
En el caso de Pluspetrol Norte,
los más de 47 millones que debe no se acercan a lo que cuesta remediar las
zonas afectadas por el petróleo.
“Imagínense que a la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Europa,
Pluspetrol le ha negado una reunión con nosotros, los líderes indígenas, no
quieren hacerse cargo, no van a dar la cara”, dice el Apu Aurelio Chino,
presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza – FEDIQUEP.
“El otro gran tema es que las
sanciones no se destinan a remediación, sino a recaudación o a las propias
entidades fiscalizadoras”, señala Miguel Levano. Entonces la remediación recae
sobre la empresa, la que no siempre utiliza las mejores técnicas o métodos para
evitar mayores impactos ambientales. “Se tapa el derrame poniendo tierra,
colocando plantas, se puede cavar y se encuentra debajo petróleo”, indica
Levano.
La documentación, los juicios y
los procesos internacionales entre Pluspetrol Norte y el Estado peruano se van
acumulando, mientras las comunidades indígenas afectadas lamentan que los
responsables no contesten sus demandas, sino que simplemente desaparezcan
dejando las manchas del petróleo en la Amazonía. https://es.mongabay.com/
LIMA PERÚ
Marina de Perú reporta nuevo derrame de petróleo en el sur de Lima
La Marina de Guerra del Perú
reportó este martes que el pasado domingo se produjo un derrame de crudo, en un
volumen no precisado, en la zona de la refinería de Conchán, operada por la
estatal Petroperú, en el sur de Lima.
La Dirección de Capitanías y
Guardacostas del Perú (Dicapi) señaló en un comunicado que el “incidente de
contaminación” se produjo en el Terminal Multiboyas de Conchán, por lo que se
desplegaron unidades guardacostas, así como terrestres y aéreas en el litoral
de los distritos limeños de Chorrillos y Lurín.
Esa supervisión, agregó,
permitió “constatar que tanto la zona de mar como en la intermareal adyacente
al terminal petrolero se encuentran libre de restos de hidrocarburos”.
Las acciones fueron realizadas
en coordinación con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA), luego de activarse el plan de contingencia para estos casos y se
continuará monitoreando la zona para “garantizar que las operaciones se
efectúen de manera adecuada, salvaguardando el medio ambiente y sus recursos
naturales”.
La Dicapi detalló que, el pasado
domingo, la Capitanía de Puerto del Callao fue informada sobre un derrame de
hidrocarburos ocurrido en el Terminal Multiboyas de Conchán, por lo que se
envió a personal naval que constató el despliegue de barreras de contención
para evitar que se esparza el petróleo.
Indicó que, al parecer, el
incidente se produjo durante la noche del domingo, cuando el buque tanque
“Seaways Leyte”, de bandera de Islas Marshall, descargaba hidrocarburos en
Conchán.
La Capitanía de Puerto levantó
un acta de lo ocurrido, abrió una investigación sumaria y también activó el
plan local de contingencia para, entre otros aspectos, verificar que el área se
encontraba libre de restos de combustible.
El mar y las costas del norte de
Lima fueron afectadas el pasado 15 de enero por un gran derrame de petróleo
producido en la refinería La Pampilla, que opera Repsol, cuando el buque
italiano Mare Doricum descargaba combustible.
Aunque la empresa reportó en un
primer momento que fue una fuga de 0,16 barriles (unos 25 litros) causada por
el “oleaje anómalo” producido por una erupción volcánica en Tonga, luego elevó
la cifra a 6.000 barriles, aunque finalmente calculó que habrían sido 10.400,
aún menos de los 11.900 que estima el Gobierno peruano (1,9 millones de
litros).
El OEFA también reportó el
sábado pasado que una plataforma de extracción petrolera de la empresa Savia
Perú, que no operaba desde 2012, se hundió en el mar el pasado jueves y provocó
un derrame que afectó a las costas del distrito de Lobitos, en el norte del
país.
El accidente ocurrió a siete
kilómetros de Lobitos, en la provincia de Talara, y desde que ocurrió la
emergencia, el organismo ambiental supervisa la zona y toma muestras de agua
para recabar información que permita evaluar la afectación a los componentes
ambientales. https://www.eldiario.ec/
“Defender el Agua es Defender la Vida”