Jueves, 18 de agosto de 2022 – Año XV – Edición 4033 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
Hoy, movilización al Congreso de la República, en defensa del Decreto Supremo N° 001-2022-TR y Decreto Supremo N° 014-2022-TR
Comunicado N° 186-2022-SITRASEL
La Confederación General de Trabajadores del Perú-CGTP, La Federación Nacional de Trabajadores de Agua y Alcantarillado
del Perú - FENTAP, el Sindicato de Trabajadores de SEDAPAL-SITRASEL,
y los Sindicatos Tercerizados de SEDAPAL, participaremos HOY jueves 18 de
agosto del presente año, en la movilización de los trabajadores al Congreso de
la República, cuya concentración será a partir de las 16:00 horas en la Plaza Dos
de Mayo, en defensa irrestricta del Decreto Supremo N° 001-2022-TR, que regula
la tercerización laboral de las actividades principales en el Perú y el Decreto
Supremo N° 014-2022-TR, que modifica la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo
que en varios artículos promovía acciones contra la libertad sindical y el
derecho a la sindicalización.
A través de esta Jornada de Lucha, convocada por la CGTP y
la FENTAP, exigiremos al Congreso
de la República, la no derogatoria y su inmediata implementación del Decreto Supremo
N° 001-2022-TR, incorporando de inmediato y dentro de los plazos establecidos a
los trabajadores tercerizados a las planillas de las empresas y de SEDAPAL,
acabando con las injusticias, atropellos y vulneración de los derechos de los
trabajadores tercerizados; asimismo, manifestamos la lucha frontal contra la
corrupción y privatización de las empresas de Agua a nivel nacional, exigiendo
el ingreso de la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción para investigar y
sancionar los presuntos actos de corrupción en los últimos 03 años (abril 2019-abril
2022).
¡VIVA LA MOVILIZACIÓN DE LOS
TRABAJADORES TERCERIZADOS!
¡VIVA LA CGTP, FENTAP, SITRASEL Y LOS SINDICATOS TERCERIZADOS!
El Consejo Directivo de la FENTAP
La Junta Directiva del SITRASEL
Lima, agosto de 2022.
HIDROREGIONES PERÚ
Gobierno Regional de Arequipa desembolsa S/169 millones a Cobra por Majes Siguas II
El gerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes
(Autodema), Arturo Arroyo, confirmó que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA)
transfirió S/169 millones a la concesionaria Angostura Siguas (Cobra) que
corresponde al quinto desembolso del proyecto Majes Siguas II y que está
pactado en la adenda 13.
“El pago se ha hecho el jueves de la semana pasada (11 de
agosto) y nosotros como gobierno regional ya hemos cumplido con todo y no falta
nada”, expresó.
El funcionario explicó que en esta semana Cobra debe
presentar el cronograma de actividades y plan de trabajo actualizado, esto
también será evaluado por la supervisora.
Aseguró que la luego de la firma de la adenda 13, Cobra
realizará trabajos preliminares como el acondicionamiento de vías, instalación
del campamento, entre otras actividades.
COMPROMISOS QUE DEBEN CUMPLIR
Autodema tiene seis meses para entregar el control del
proyecto que contempla el saneamiento de todos los terrenos donde se ejecutará
las obras de Majes II, básicamente en los centros poblados de Pusa Pusa y
Tarucamarca, ambos ubicados en la parte alta de Caylloma. De los 54 predios que
el GRA debe adquirir en Pusa Pusa ya se compró 49, pero queda pendiente el
saneamiento de cinco. Mientras que la empresa realiza el cierre financiero.
Para la segunda semana de setiembre, Cobra debe empezar con
los trabajos netamente de Majes II que corresponde a la fabricación de dovelas,
el cual servirá para transportar el agua desde Apurímac hasta la irrigación de
la segunda etapa de Majes.
Otro trabajo que debe realizar la concesionaria es la
excavación para los túneles.
Para el próximo año se prevé realizar la construcción de la
presa Angostura. Arroyo recordó que los trabajos de Majes II tienen a la fecha un
avance del 27% y están paralizados desde el 2018. https://diariocorreo.pe/
¿Qué plantean los cuatro proyectos de ley sobre minería ilegal en el Congreso?
En medio de una permanente
crisis política en el Perú, desde el Congreso se han presentado al menos cuatro
proyectos de ley y medidas vinculadas a la minería informal e ilegal. ¿Este fue
y es el momento más oportuno para discutir y presentar estas iniciativas?
Lo cierto es que gran parte de
estos proyectos facilitan la minería ilegal. Y no es extraño, pues desde hace
tiempo existe una estrategia detrás que busca allanar el camino de la
ilegalidad, con normas que buscan extender en el tiempo la informalidad.
La propuesta más grave, sin
duda, es el proyecto de ley (2519 / 2021) que impulsa el congresista Jorge
Marticorena Mendoza (de Perú Libre). La propuesta se denomina “Proyecto de Ley
que establece nuevo plazo de inscripción en el Registro Integral de
Formalización Minera (Reinfo) para las personas naturales o jurídicas que se
encuentren desarrollando actividades de pequeña minería y minería artesanal de
explotación”.
Esta iniciativa plantea extender
por un plazo excepcional de 150 días calendario el ingreso de nuevos mineros al
registro. La medida solo desincentiva todo el proceso de formalización que se
ha llevado hasta ahora, lleva al fracaso permanente y ofrece argumentos a
quienes dicen que este proceso no funciona. Sobre todo, porque iniciar el
proceso de formalización en Perú siempre ha sido claro y sencillo, pues basta
la manifestación expresa del minero.
En ese sentido, la ampliación de
plazos al registro solo permite que nuevos operadores que antes no realizaban
esta actividad ingresen al sistema y desborden aún más la poca capacidad de los
gobiernos regionales para la fiscalización.
El otro proyecto de ley (2715 /
2021), del congresista Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso. Se llama
“Proyecto de Ley que modifica el decreto legislativo 1100, Decreto legislativo
que regula la interdicción de la minería ilegal en toda la república y
establece medidas complementarias”.
Esta iniciativa pretende
modificar las acciones de interdicción de la minería ilegal, no la informal.
Plantea, por ejemplo, que las máquinas incautadas en las operaciones, sean
puestas a disposición de las municipalidades distritales y provinciales, y en
caso de que esto no sea posible, al gobierno regional o nacional.
Parece que esta medida ignora
cómo operan los grupos ilegales, pues en algunos casos cuentan con el amparo de
las mismas autoridades locales, regionales y nacionales.
La propuesta del congresista
Salhuana solo dilataría las acciones de los agentes de interdicción,
particularmente de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. La
estrategia de la minería informal e ilegal es ganar tiempo para "esconder
la maquinaria” o “para plantear medidas judiciales”.
En ese sentido, si la iniciativa
busca que la maquinaría incautada se destine a una autoridad, las reglas ya
existen: el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) puede asumir lo
que corresponda y tiene las condiciones para ello, es decir, presencia y
logística en esas zonas.
La tercera iniciativa
legislativa (2742 / 2022), también del congresista Eduardo Salhuana, se
denomina “Proyecto de Ley que modifica el Decreto Legislativo 1107, decreto
Legislativo que establece medidas de control y fiscalización en la
distribución, transporte y comercialización de maquinarias y equipos que puedan
ser utilizados en la minería ilegal, así como del producto minero obtenido en
dicha actividad”.
Esta propuesta busca incluir en
el artículo 11 del Decreto Legislativo 1107 –que habla sobre la responsabilidad
de la persona que adquiere productos mineros– además del número RUC, razón
social, DNI, nombre y apellido, el domicilio real del vendedor del mineral,
Código Único de Concesión de donde proviene el mineral, y la autorización de
explotación.
Por último, el Ejecutivo ha
presentado el proyecto de ley denominado “Proyecto de Ley que modifica el
delito de minería ilegal previsto en el artículo 307-A y a sus formas agravadas
establecidas en el artículo 307-B, así como la inhabilitación del artículo
307-F del Código Penal”.
Si bien, la propuesta tiene
metas que aparentemente buscan mejorar la lucha contra el delito de minería ilegal,
su redacción es bastante confusa y debiera ser mejorada con el fin de mejorar
la persecución del delito más grave en materia ambiental.
Es importante que veamos con
mucha atención cómo avanzan estas iniciativas legislativas y estar alertas si
durante el proceso de discusión en el Congreso se pretenda facilitar el camino
de la minería ilegal.
Otra herramienta que algunos
consideran que va a ayudar a resolver los problemas asociados a la minería
ilegal es la propuesta de la voluminosa Política Nacional Multisectorial para
la pequeña Minería y Minería Artesanal, que impulsa el Ministerio de Energía y
Minas. Este documento, según el gobierno, busca para el año 2030, que “los
pequeños mineros y mineros artesanales desarrollen sus actividades de manera social,
económica y ambientalmente sostenible a nivel nacional”.
Sin embargo, en mi opinión este
instrumento no va a resolver nada si no encontramos antes objetivos claros
respecto a los controles de los impactos y se impulsan condiciones mínimas para
su aplicación. De lo contrario, nuevamente se abrirá la puerta a un eterno
proceso de planificación, cuando a estas alturas ya es un poco tarde y estamos
perdiendo la lucha contra la ilegalidad.
Es importante que, como
ciudadanos y autoridades, como habitantes de esta casa común, se entienda que
la visión de los y las ambientalistas no es el rechazo a la actividad minera,
sino la de exigir respeto a los ecosistemas.
Lamentablemente, algunos
detractores suelen usar este calificativo para emprender campañas y recaudar
“aportes” para protestar contra los que creemos en la necesidad de enfrentar la
minería ilegal. Es la hora de asumir lo que corresponde y garantizar el derecho
de todos a vivir en un ambiente sano y adecuado. https://ojo-publico.com/
HIDROLABORAL
Sunafil: empresas que incumplan con pagos de sueldos tendrán multas de hasta 120 mil soles
Hasta una multa de S/ 120,152
podrían recibir las empresas empleadoras que no cumplan con su obligación del
pago oportuno de las remuneraciones a sus trabajadores, así lo informó la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil)
El organismo sostuvo que esta
infracción grave es merecedora de una multa que puede variar dependiendo del
tamaño de la empresa y de la cantidad de trabajadores afectados.
Sunafil hizo este recordatorio
tanto a empleadores como a trabajadores luego que hace unos días un operador de
grúa decidiera colgarse de esta como forma de protesta ante la falta de pago de
remuneraciones de la entidad que lo contrató. El hecho ocurrió en el distrito
de Surquillo.
“Apenas se dio a conocer este
hecho a través de las redes sociales, la Sunafil tomó el caso de oficio y abrió
una investigación a la empresa Corporación Perumaq, su empleadora, y se puso en
contacto con el trabajador”, mencionó la entidad fiscalizadora.
Es así que, en el lapso de 30
días hábiles, la fiscalización determinará los incumplimientos en los derechos
sociolaborales del operario, así como los de sus demás compañeros, y de acuerdo
a ello se establecerá el tipo de sanción que le será dado a la empresa que lo
contrató.
Pagos a trabajadores de
construcción civil
El organismo también ahondó en
el tema del pago a trabajadores de construcción civil. Según precisó, las
remuneraciones en este régimen se perciben de manera diaria (por jornal),
dependiendo si son operarios, oficiales o peones.
“Estos montos son incrementados
a través del tiempo por medio de convenios colectivos de rama de construcción
civil, que se suscriben entre la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y
la Federación de Trabajadores de Construcción del Perú (FTCCP)”, explicó.
En ese sentido, se conoció que
los jornales básicos vigentes son S/ 74.30 para operario, S/ 58.45 para oficial
y S/ 52.50 para peón.
Fiscalizaciones laborales este
2022
Las inspecciones laborales
constituyen la labor principal de Sunafil, por lo que hace algunos meses dieron
detalles sobre cuántas se llevaron a cabo en lo que va del año, con qué
resultados y cuáles fueron las materias más fiscalizadas.
A nivel nacional, la SUNAFIL
reporta entre enero y marzo de este año 19,235 inspecciones laborales ya
concluidas y otras 19,551 aún en trámite. Las ya concluidas alcanzaron a
480,103 trabajadores. El 65.54% (12,607) se originaron a partir de denuncias,
que pueden haber sido presentadas por cualquier administrado, incluyendo por
supuesto a los propios trabajadores y a las organizaciones sindicales. El
restante 34.46% (6,628) de las inspecciones laborales se realizaron por
iniciativa de la SUNAFIL en distintos operativos en todo el país.
Sunafil: reportes
La Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral (SUNAFIL) es la entidad del Estado peruano que cumple el
compromiso de garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores, es por
ello que es a la que debes recurrir en caso de que tengas algún problema con la
empresa contratadora.
Si eres víctima de la falta de
pago oportuno de tus remuneraciones u otros tipos de pago que te corresponden y
el cual no estás recibiendo, puedes presentar tu denuncia en las intendencias
regionales de la Sunfil o formular denuncias virtuales ingresando a
www.gob.pe/sunafil.
Una vez dentro del portal
institucional, deberá ubicar la pestaña ‘Denunciar incumplimientos laborales de
una empresa privada’. En caso deseen hacer consultas, pueden llamar al
01-3902800 (opción 1) o a la línea gratuita 0800-16872. https://www.infobae.com/
“Defender el Agua es Defender la Vida”