Miércoles, 25 de enero de 2023 – Año XVI – Edición 4141 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
FENTAP presente en movilizaciones pidiendo el cese de la represión criminal
La Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú - FENTAP, estuvo presente en las movilizaciones realizadas ayer martes, pidiendo la renuncia de Dina Boluarte y la mesa directiva del Congreso de la República, por el cese a la represión criminal y la apertura de un proceso constituyente mediante un referéndum para una Asamblea Constituyente.
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HIDROREGIONES PERÚ
Contraloría detectó irregularidades en tres empresas de agua y alcantarillado de Amazonas
Mientras que en la EPS de Bagua
se benefició indebidamente al contratista en el proceso de selección para un
servicio de supervisión de obra.
En el informe de Servicio de
Control Específico N° 007-2022-2-0328-SCE, se advirtió que funcionarios y
servidores de la Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
de Amazonas S.R.L. (EMUSAP S.R.L.), que opera en la provincia de Chachapoyas,
acordaron e hicieron efectivo incrementos de remuneración básica y el
otorgamiento de bonificación por cierre de pacto colectivo a favor de los
trabajadores que incluyó a personal ejecutivo con cargos de dirección, lo cual
está prohibido en la legislación que regula las remuneraciones y bonificaciones
en las entidades y empresas del Estado.
De esta manera, estos
trabajadores se beneficiaron con incrementos de S/ 500 a partir de marzo del
2015, otros S/ 150 desde marzo de 2017 y S/ 300 adicionales a partir de marzo
del 2018. Además, se les otorgó una bonificación irregular por cierre de pacto
colectivo a 34 trabajadores, por el importe de S/ 500 en el año 2018, haciendo
un total de S/ 17 000. Todos estos pagos se realizaron sin contar con la
aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ocasionando así un
perjuicio económico al Estado por S/ 954 255.
Perjuicio por multas
Por su parte, en el informe de
Servicio de Control Específico N° 010-2022-2-2901-SCE, se evidenció que
exfuncionarios de Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Utcubamba – Bagua Grande (EPSSMU) incumplieron con los indicadores de metas de
gestión establecidos por la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento (Sunass), relacionadas al incremento de nuevos medidores,
conexiones activas de agua potable, catastro técnico de agua potable y de
alcantarillado sanitario, etc., las cuales debieron cumplirse desde febrero de
2013 a enero de 2016.
Asimismo, se incumplió con el
plazo establecido para adoptar las medidas correctivas impuestas por Sunass,
tales como no implementar acciones para el correcto control del proceso de
tratamiento de agua; no contar con equipos calibrados, verificados con los
estándares requeridos ni con registros de información, etc., los cuales fueron
comunicados a la entidad oportunamente.
Por el incumplimiento de estos
procedimientos administrativos, la EPS de Utcubamba fue multada por la Sunass,
ocasionando un perjuicio económico al Estado por S/ 19 521.
Beneficio indebido a contratista
Por último, según el informe de
Servicio de Control Específico N° 014-2022-2-0326-SCE, el comité de selección
para la contratación de la supervisión de la obra IOARR “Rehabilitación de la
línea de conducción de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Bagua - EMAPAB S.A.”, modificó los
términos de referencia del procedimiento de selección para reducir la
experiencia requerida para el supervisor de obra e incluyó a profesionales diferentes
a los requeridos, sin contar con la aprobación del área usuaria, y también
otorgó puntaje a un postor pese a que no cumplía con los requisitos
establecidos en la bases del procedimiento.
De igual manera, exfuncionarios
y un actual servidor de la entidad, aprobaron y formalizaron el trámite para la
suscripción del contrato, a pesar que contratista elegido no cumplió con
acreditar la experiencia mínima requerida del plantel profesional clave y la
disponibilidad del equipamiento estratégico, generando un beneficio a dicho
postor y afectando el correcto funcionamiento de la administración pública.
Presuntos responsables
Por todos estos hechos, las
comisiones de control hallaron presuntas responsabilidades en un total de 12
personas, entre los cuales hay tres exfuncionarios y dos trabajadores de la
EMUSAP (todos con responsabilidad civil), dos exfuncionarios de la EPSSMU
(ambos con responsabilidad civil), y cuatro extrabajadores y un servidor de la
EMAPAB (responsabilidad penal y/o administrativa entidad).
Los resultados de los servicios
de control posterior a las EPS de Chachapoyas y Utcubamba fueron comunicados a
la Procuraduría Pública de la Contraloría General, con la finalidad de iniciar
las acciones civiles y se determinen las responsabilidades. Mientras que los
resultados del informe de la EPS de Bagua fueron comunicados al titular de
dicha entidad a fin de que efectúe el deslinde de las responsabilidades que
recaen en el personal involucrado y a la Procuraduría Pública Especializada en
Delitos de Corrupción, para que inicie las acciones penales y responsabilidades
que correspondan contra los exfuncionarios y ex servidores de la entidad.
Como parte de la política de
transparencia y acceso a la información, los ciudadanos pueden acceder a estos
y otros servicios a través de nuestro Buscador de Informes de Control, a través
de www.gob.pe/contraloria.
Piura: Pagan S/ 41 millones, pero no concluyen obra de alcantarillado
La
Contraloría advierte una serie de observaciones en la obra de creación del
servicio de agua potable y alcantarillado de los centros poblados Yacila,
Cangrejos, La Islilla y La Tortuga en la provincia de Paita, donde se invierte
más de 41.5 millones de soles. La obra debió culminar el pasado 21 de enero,
pero se encuentra retrasada.
El
informe
El
Informe de Control Simultáneo N° 039-2022-OCI/0453-SCC señala que se
identificaron tres situaciones adversas en dicha obra, entre ellos el
incumplimiento de avances parciales establecidos en el calendario de avance de
obra por el contratista, que afectan su culminación y puesta en funcionamiento
en el plazo y la finalidad publica del proyecto, ya que el contrato se firmó el
pasado 17 de enero de 2020 con el Consorcio Yacila, integrado por las empresas
K6G Contratistas Generales S.A y Mega Inversiones SRL, por un monto de S/ 41’502,454
y un plazo de 300 días.
El
documento de Contraloría señala que, al mes de noviembre de 2022, luego que se
otorgara ampliaciones de plazo, la entidad pagó la suma de S/ 41’080,201, pese
a que el avance físico era de tan solo el 51.17%. No obstante, en el nuevo
plazo, los trabajos debieron culminarse el 21 de enero de 2023, pero la obra
lleva un avance del 57%, lo que podría generar gastos adicionales a la
Municipalidad Provincial de Paita, que es la unidad ejecutora.
La
Contraloría también detectó que la ejecución de la obra de los cuatro
balnearios se realizó sin la presencia permanente del residente e inspector de
obra, situación que pone en riesgo la calidad del proceso constructivo de la
ejecución de la obra, perjudicando a los miles de familias que se deberían
beneficiar con este proyecto.
Es así que,
durante la visita de los inspectores a la obra, el pasado 1 de diciembre de
2022, la comisión no encontró al ingeniero residente, informando después que “ese
día se estaba reincorporando al trabajo después del periodo por COVID-19”,
evidenciando además que esos días de licencia, la obra no tuvo la dirección del
residente, sin embargo, en el cuaderno de obra aparecen asientos suscritos por
el residente en el periodo que este supuestamente se encontraba de licencia.
Además, el cuaderno de incidencias fue alcanzado días después.
Adicionalmente,
la entidad contralora advierte que la obra desde el mes de agosto de 2022 se
ejecutó sin una consultoría para la supervisión, ya que, mediante Resolución de
Gerencia Municipal, de 18 de agosto de ese año, se informó no continuar con la
contratación de la consultoría de la supervisión de obra del ingeniero Saul
Willie Ramírez Pizan y se designaba al gerente de Desarrollo Urbano y Rural,
Maximiliano Carmen Calderón, como inspector de obra y el 14 de noviembre se
deja sin efecto su designación y encargan en adición a sus funciones a Ricardo
Balcázar, subgerente de licencias y Autorizaciones Urbanas, según resolución
del 30 de noviembre, es decir, 17 días no hubo supervisión. https://diariocorreo.pe/
HIDROMUNDO
México lanza plataforma para monitorear el uso del agua en la minería
El
Gobierno mexicano lanzó este martes el Sistema de Información Geográfica (SIG),
denominado “Agua y Minería”, con el que planea mejorar el uso del agua y
monitorear la relación que tiene la actividad minera con los acuíferos de
México.
En
conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), María Luisa Albores reconoció la importancia del sector
minero para la economía mexicana, pero también señaló que "genera impactos
negativos e irreparables para las comunidades aledañas a las minas, requiriendo
grandes cantidades de agua".
Con datos
oficiales, Albores detalló que un 80 % de las extracciones de agua son para la
minería, principalmente para la producción de cobre, hierro y oro. Asimismo, indicó
que el 66 % de las concesiones de agua se ubican en acuíferos sin
disponibilidad, y casi un 19 % de las concesiones de agua para la minería
metálica están en acuíferos sobreexplotados.
“En las
últimas décadas, la sobre explotación de los yacimientos mineros ha contaminado
ríos y mantos freáticos, y se ha utilizado irracional e irresponsablemente el
agua superficial y subterránea”, señaló la funcionaria mexicana.
En este
sentido, Albores mencionó que el SIG permitirá “construir escenarios más sustentables
del agua” y que promuevan el desarrollo económico de las regiones donde se
ubican las explotaciones mineras.
Por su
parte, el director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
(IMTA), Adrián Pedrozo Acuña, recordó que para 2050 la escasez de agua va a ser
“la amenaza climática más grande” para la industria minera.
“Necesitamos
una mejor gobernanza desde el punto de vista hídrico dentro del sector minero,
es decir, necesitamos empujar la voluntad del sector minero, no nada más a la
eficiencia y a prevenir la contaminación del agua”, agregó.
Pedrozo
también destacó necesario atender el manejo del agua al interior de las minas y
cómo éstas conviven en un territorio con la cuenca, con el acuífero y con las
comunidades que cohabitan.
La nueva
plataforma pública fue desarrollada por el IMTA y recupera información del
Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) sobre las concesiones de agua
otorgadas a mineras.
Esto con la finalidad de presentar una primera aproximación sobre el volumen de agua utilizado por esta industria, y que se espera pueda servir como herramienta de análisis para la toma de decisiones para el diseño de políticas públicas. https://www.swissinfo.ch/
“Defender el Agua es Defender la Vida”