Lunes, 20 de febrero de 2023 – Año XVI – Edición 4159 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
La FENTAP rechaza propuesta de incentivo por retiro voluntario, que promueve OTASS
COMUNICADO N* 002-2023/CDN FENTAP
El Consejo Directivo del Federación
Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú - FENTAP,
hace de conocimiento público que en Asamblea Nacional de Delegados, realizada
el pasado 6 de febrero de 2023, se acordó de manera unánime rechazar la
Propuesta de Incentivo Voluntario emitida por el OTASS.
Desde hace unos meses se vienen desarrollando reuniones
entre los trabajadores y funcionarios de las EPS a nivel nacional, para dar a
conocer esta propuesta, la cual no representa ningún beneficio para los
trabajadores y trabajadoras, por el contrario, representa una amenaza para
ellos.
En virtud de las labores que desempeña gran parte de la
masa laboral de las EPS, enfocadas a servicios de agua y saneamiento, y
teniendo en cuenta la edad de los trabajadores y trabajadoras que dejarían de
laborar, se tendría un gran número de compañeros y compañeras sin posibilidad
de integrarse a otra empresa, debido a la experiencia laboral con la que
cuentan solo podrían aplicar a plazas dentro de las mismas EPS, lo cual sería
imposible teniendo en cuenta el programa propuesto, obligándolos a postular a
otras empresas, las cuales por lo general NO ACEPTAN personal mayor de
50 años.
Por ello, manifestamos, que la Asamblea Nacional de Delegados de la FENTAP, acordó un rotundo rechazo a estos programas que solo representan un disfraz para lo que sería una ola de DESPIDOS MASIVOS, como ocurrió en la. época de los noventa, durante el gobierno de Fujimori, asimismo, hacemos un llamado al OTASS para que antes de proponer incentivos por retiro voluntario, regularice los pagos por Convenios Colectivos, acreencias laborales, intereses moratorios, regularice la escala remunerativa, entre otros pagos pendientes a los trabajadores y trabajadoras.
Consejo Directivo Nacional de la FENTAP
HIDROREGIONES PERÚ
El 70% de colegios sin agua en Lambayeque
A pocos días del inicio del año escolar 2023, el gobernador
regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, reveló que el 70% (1.691) del total
de 2.415 colegios públicos que tiene esta región carecen de las condiciones
básicas para el desarrollo de las clases presenciales. Esto pasa por la
carencia de agua potable, desagüe, internet y vías de acceso que beneficien a
los estudiantes.
En declaraciones dadas ayer sábado 18 de febrero a los
medios de comunicación, el mandatario regional lambayecano enfatizó que es
urgente que el Ejecutivo declare en emergencia el sector Educación a fin de que
en estas tres semanas que quedan se pueda atender las necesidades de estos
planteles educativos. Asimismo, serviría para reiniciar las obras de
reconstrucción en los colegios y no afectar a la comunidad educativa.
"Declaremos ahora, cuanto antes, en emergencia la
educación en nuestro país. Se los digo porque hay obras paralizadas como el
caso del colegio Mater Admirabilis del distrito de José Leonardo Ortiz (JLO)
donde 1.700 estudiantes no tienen ahora donde recibir sus clases.
Adicionalmente, en otras instituciones tenemos problemas de infraestructura,
equipamiento y recursos humanos que no podemos contratarlos, pero no es porque
no tengamos dinero, nos falta un paraguas legal", explicó el gobernador
lambayecano.
Pérez Flores sostuvo que, a la brevedad, la presidenta de
la República, Dina Boluarte Zegarra, tiene que reunirse con sus titulares de
los ministerios de Educación (Minedu) y Economía y Finanzas (MEF) a fin de
atender la precaria condición de las escuelas en Lambayeque y todo el país.
La autoridad regional apuntó que en estos más de 15 días se
podrían realizar acciones que permitan mejorar el escenario en el que los niños
y jóvenes van a recibir su enseñanza. "Realmente la brecha en educación es
preocupante", finalizó el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez
Flores, en declaraciones a la prensa. https://larepublica.pe/
Secocha, la minería, el caos y la informalidad
Si bien Secocha ha sido la más
afectada por el deslizamiento del huaico, también han sido impactados otros
centros poblados como Miski, San Martín, y Urasqui. Como consecuencia de las
fuertes lluvias en la zona, el pasado domingo 5 de febrero, a eso de las 18
horas, la quebrada de San Martín se activó, provocando el deslizamiento de
piedras y lodo y la muerte de, hasta el momento, 20 personas.
Desde hace varios años, en la
zona hay una intensa actividad minera, mayormente informal, sobre concesiones
como Minas León, 815, El Rey, Sol de América, Hebreo, San Martín y Venado,
ubicadas en la Base Minera Secocha, entre otras. Además, en esta zona, como ha
ocurrido en otras provincias de Arequipa, hay tensiones permanentes entre los
titulares de las concesiones, los mineros que realizan sus labores a cambio de
un pago o regalía a las empresas y otros grupos que entran a disputar el
control de las labores en los yacimientos. Muchas de estas tensiones son
resueltas de manera violenta.
¿Es la primera vez que algo
similar ocurre en la zona?
Lamentablemente no. Como ha sido mencionado por el portal arequipeño El Búho,
hasta inicios del siglo XXI (2004) Secocha era explotada por una empresa minera
que quebró luego de que un huaico, de similar magnitud, afectase sus
instalaciones. En primer lugar, los extrabajadores de la empresa comenzaron a
explotar la zona y posteriormente fueron llegando personas de diferentes partes
del país, principalmente de Puno, Cusco, Ica y del mismo Arequipa.
El crecimiento de la actividad
minera ha provocado un aumento significativo de la población en los últimos 20
años: el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel tenía en el año 2000 apenas 2919
habitantes; mientras que en el 2015 se contabilizaba más del doble (6890
habitantes) y según los resultados del censo del 2017 y las proyecciones que se
manejan, se habrían superado los 20 200 habitantes.
Cabe señalar que la zona donde
se ubica el centro poblado de Secocha ha sido catalogada por el Instituto
Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) como una zona crítica. Como ocurre
en este tipo de campamentos y labores mineras, el asentamiento y las viviendas
se levantan sin ningún tipo de planeamiento ni medidas de prevención. En este
caso, se ha construido sobre una quebrada que, ante lluvias torrenciales,
siempre terminará activándose: el agua siempre busca un cauce, por lo tanto, el
peligro siempre será inminente.
Por lo tanto, la tragedia
ocurrida en la localidad de Secocha es un claro ejemplo de cómo se instalan y
construyen centros poblados y desarrollan actividades diversas, incluidas las
productivas, sin tomar en cuenta la vulnerabilidad y los riesgos de la zona.
Pueden ser diferentes los factores de riesgo: zonas sísmicas, de huaycos,
desbordes de ríos, lluvias intensas, etc., que hacen que en determinados
territorios los peligros de que una población se instale y crezca, sean
mayores.
Planificar el uso del
territorio, tanto para el desarrollo urbano como también para el desarrollo de
actividades productivas, debería ser una prioridad y una política pública
fundamental. A estas alturas, ya hemos perdido el derecho a sorprendernos
cuando tragedias como la ocurrida en Secocha suceden, porque son desastres
anunciados que, lamentablemente, se replican cada cierto tiempo a lo largo de
nuestro territorio. https://cooperaccion.org.pe/
LIMA PERÚ
Defensoría del Pueblo presenta 50 recomendaciones al cumplirse más de un año del derrame de petróleo en Ventanilla
La Defensoría del Pueblo
presentó un conjunto de 50 recomendaciones a distintos sectores ministeriales e
instituciones vinculadas al ámbito de protección y fiscalización ambiental, que
buscan asegurar la continuidad de las medidas que fueron dictadas tras el
derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, ocurrido el 15 de enero de 2022,
así como otras que se requieren para atender los impactos sociales, económicos
y de afectación a los ecosistemas marinos que dejó el desastre.
Estas recomendaciones se encuentran
en un informe elaborado por la entidad al haberse cumplido más de un año del
vertimiento de cerca de 12 000 barriles de petróleo en la costa peruana. En el
documento se advierten serias debilidades en las distintas entidades
responsables de atender esta problemática y que, según información estatal,
hasta el momento la empresa Refinería La Pampilla S. A. A., del Grupo Repsol
del Perú S. A. C., no habría logrado atender satisfactoriamente todos los
impactos ambientales y sociales, que afectaron a más de 10 000 familias.
En el citado informe, la
Defensoría del Pueblo sostiene que, a fin de proteger los derechos a un
ambiente sano, al trabajo, a la salud y a la alimentación, se requiere que el
Estado disponga medidas para asegurar la limpieza de las playas y del mar; así
como impulsar la pesca artesanal y otras actividades económicas de
subsistencia. Por ello, se recomendó al Ministerio del Ambiente elaborar y
aprobar un plan de manejo ambiental de mediano y largo plazo orientado a
garantizar la rehabilitación de la zona marino costera afectada, que involucre
a la totalidad de instancias locales, regionales, y nacionales competentes.
El informe también contiene
diversas recomendaciones dirigidas al Instituto del Mar del Perú (Imarpe) y al
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), referidas principalmente a la
necesidad de que concluyan con los estudios correspondientes que permitan
contar con información que garantice la toma de decisiones oportunas para
proteger el derecho a la salud de la población. Al Ministerio de la Producción,
se le exhortó a dar continuidad al “Grupo de trabajo para la atención de la
actividad pesquera ante los efectos de mediano y largo plazo del derrame de
petróleo en la zona marina costera” y garantizar la participación de los
pescadores afectados, a fin de contar con un plan de acción sectorial y
participativo orientado a mitigar los efectos del derrame de petróleo en la
actividad pesquera.
Como parte de las
recomendaciones, se reiteró a la Presidencia del Consejo de Ministros la
necesidad de establecer un mecanismo de atención y evaluación de las
solicitudes presentadas ante las municipalidades para la inclusión en el padrón
de afectados de las personas que inicialmente no fueron empadronadas ni
registradas en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y
Rehabilitación; así como, evaluar, en el más breve plazo, la implementación de
un padrón complementario para la inclusión de dichas personas que, previa
evaluación, deban ser incorporadas.
El documento defensorial también
describe las principales actuaciones y recomendaciones destinadas a lograr
compensaciones justas para las personas afectadas. Así, por ejemplo, se instó
públicamente a refinería La Pampilla S. A. a acelerar las negociaciones
derivadas de las consecuencias del derrame de petróleo y brindar información
transparente y oportuna a los interesados. Además, se atendieron pedidos de
intervención de representantes de 25 organizaciones sociales de personas
afectadas; se viene participando en espacios de negociación entre asociaciones
de comerciantes y la empresa Refinería La Pampilla S. A. A., a fin de
garantizar los términos de la negociación y acuerdos; y se ha requerido
información sobre los anunciados acuerdos que se habrían realizado con más de
6000 personas inscritas en el Padrón Único de Afectados.
Asimismo, la Defensoría del
Pueblo ha sugerido a la referida empresa un conjunto de reglas que, para la
institución, deben ser consideradas en el proceso de negociación, las mismas
que fueron acogidas. Entre ellas, destacan la coordinación de forma anticipada
entre las partes para fijar fecha, hora y lugar de reunión; permitir el uso de
la palabra de forma ordenada y respetuosa de todos los participantes; permitir
la presencia y participación de asesores en las negociaciones en caso la
población afectada lo requiera, y; que se conozcan los términos del acuerdo
extrajudicial de forma previa a su firma, para que las asociaciones efectúen
sus consultas u observaciones a la empresa. Cabe señalar que el presente caso
está registrado, desde enero de 2022, como un conflicto socioambiental en el
Reporte Mensual de Conflictos Sociales n.° 215 de la institución.
Estos son los aspectos más
resaltantes incluidos en el Informe de Adjuntía n.º 001-2023-DP/AMASPPI,
Derrame de petróleo en Ventanilla: Reporte a un año del desastre ambiental y
social en nuestro litoral. La totalidad de 50 recomendaciones pueden ser vistas
en el siguiente enlace: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/01/001-IA-Derrame-de-Petr%C3%B3leo-en-Ventanilla..pdf
“Defender el Agua es Defender la Vida”