Jueves, 11 de abril de 2024 – Año XVII – Edición 4443
Piura: vecinos de la Urb. Ignacio Merino alistan marcha contra EPS Grau por falta de agua
Cansados de la nula atención por parte de EPS Grau, los
vecinos de la primera etapa de la urbanización Ignacio Merino, en Piura,
alistan una marcha pacífica para exigir la reposición del servicio de agua
potable. Según informaron, alrededor de 790 familias se perjudican con dicha
situación, ya que, además, deben pagar recibos con tarifas muy altas.
“No tenemos agua hace más de un año y los recibos vienen el
doble y han aumentado el 11 % y no nos dicen por qué. Ahora, si no tenemos
agua, no sé de dónde sacan los metros cúbicos que nosotros gastamos. Eso es un
robo descarado”, exclamó el morador Marco Antonio Albán.
Al no contar con el servicio, el ciudadano manifestó que
han presentado reclamos y denuncias ante la Sunass y la Defensoría del Pueblo,
con el fin de obtener una solución; sin embargo, hasta el momento no obtienen
resultados positivos.
“Hemos hecho un memorial ante EPS Grau, hemos hecho
denuncias ante la Defensoría y Sunass. La Sunass vino hoy y nos extrañó de
sobremanera la complicidad que tienen con EPS Grau al venir los dos juntos,
pese a que Sunass es un ente fiscalizador. Lo único que nos han dicho es que es
una visita previa y no nos dan ninguna respuesta. Frente a esto, los vecinos ya
acordaron una asamblea para hacer unas medidas de lucha para hacer prevalecer
nuestro derecho al agua”, dijo.
Alistan marcha contra EPS Grau en Piura
En tanto, Marco Antonio Albán manifestó que alistan una
marcha contra EPS Grau, ya que este problema no solo afecta a las familias de
la Ignacio Merino, sino que también a vecinos de las urbanizaciones Bello
Horizonte y Hermanos Cárcamo.
Además, mencionó que esta situación se agrava con los casos
de dengue en dicho sector, ya que, para cocinar y realizar otras labores, deben
almacenar agua en baldes y tinas, lo cual se convierte en criadero de zancudos.
“Habrá acciones, aunque nos cuenten, pero yo creo que lo
principal es el derecho a la salud y sobre todo es un bien público que debemos
defender siempre. [La marcha] la vamos a planificar para que salga todo un
éxito y vamos a coordinar con otras urbanizaciones que tienen el mismo problema,
porque la unión hace la fuerza”, puntualizó. https://www.cutivalu.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Autoridades demandan presupuesto para el proyecto Torobamba
Autoridades y dirigentes de la provincia de La Mar
demandaron al Gobierno Regional de Ayacucho, la asignación presupuestal para el
proyecto de mejoramiento del servicio de agua para el sistema de riego en 25
comunidades de la cuenca del valle de Torobamba en el distrito de Ninabamba –
provincia de La Mar.
Al respecto, el alcalde del distrito de Ninabamba y
presidente de la Comisión de Gestión, Miguel Ángel Medina Argumedo mencionó que
la obra no presenta los avances adecuados debido a la falta de asignación
presupuestal para garantizar su culminación.
El pedido de las autoridades es que para este año se
tiene que asignar 11 millones hasta octubre de este año, en dos partes (mayo y
agosto). Además, se tiene que gestionar ante el ejecutivo nacional, a fin que
el próximo año se pueda culminar este acuerdo.
Ante ello, el Gobierno Regional firmó un convenio con
las autoridades locales a fin de cumplir con las demandas. https://jornada.com.pe/
La sentencia de La Oroya y la lucha de los afectados por metales tóxicos
Tras casi 20 años, ciudadanos de
La Oroya, en la región Junín, han encontrado una respuesta a sus reclamos. En
una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hecha pública el
2 de marzo pasado, se ordena al Estado peruano la indemnización, plan de
reubicación, así como tratamiento médico y psicológico gratuito a víctimas de
años de contaminación por metales tóxicos.
Sin duda, esta sentencia puede
sentar un importante precedente jurídico, aunque bastante tardío, para un tema
muy grave que afecta a compatriotas de varias regiones del país.
Recordemos que, según datos del
Ministerio de Salud difundidos por la Plataforma Nacional de Afectados y
Afectadas por Metales Tóxicos, son más de 10 millones de peruanos expuestos a
contaminación con metales pesados. En el
país existen 43 provincias en situación de emergencia ambiental, lo que pone en
riesgo la salud y vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Algunas de las zonas más
impactadas por la contaminación de metales tóxicos son la ciudad de Cerro de
Pasco, cuya población respira hasta 15 metales pesados debido a los pasivos
ambientales; así como la provincia cusqueña de Espinar, donde el 80% de su
territorio se encuentra expuesto a arsénico en el aire debido a la actividad
minera en la zona.
El caso La Oroya
Se trata de un fallo histórico
para una localidad que en 2011 fue nombrada como la segunda ciudad más
contaminada del mundo, de acuerdo a un análisis de la ONG estadounidense
Instituto Blacksmith (actualmente Pure Earth).
El caso de La Oroya fue
impulsado por ochenta ciudadanos de este distrito, que han presentado casos de
adultos que desde niños han sufrido una serie de dolencias físicas. Estos
síntomas se han agravado con el tiempo por la presencia en la sangre de
altísimos niveles de plomo, cadmio y arsénico, entre otros metales pesados,
como resultado de las operaciones del complejo metalúrgico La Oroya, y ante la
falta de acciones de las autoridades peruanas.
A través de una audiencia
virtual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al
Estado peruano al hallarlo culpable de violar múltiples derechos de esta
comunidad: a un medio ambiente sano, a la salud, la integridad personal, la
vida, la protección especial de la niñez, el acceso a la información, la
participación política, las garantías judiciales y a la protección judicial.
La sentencia supone un gran paso
en la búsqueda del resarcimiento de las 80 víctimas, quienes tras la inacción
de la justicia peruana llevaron el caso a instancias internacionales en el
2006, con el acompañamiento y asesoría de la Asociación Pro Derechos Humanos
(Aprodeh) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida),
además de la organización Earthjustice.
En octubre de 2021, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció la responsabilidad del
Estado peruano, pero faltaba la sentencia y el pronunciamiento de la Corte IDH,
ambas instituciones supranacionales y de carácter vinculante.
El fallo señala una serie de
acciones que debe tomar el Estado a modo de reparación: la obligación de
investigar los hechos y sancionar a los responsables de los actos de
hostigamiento contra los defensores del medio ambiente; realizar un diagnóstico
para determinar el estado de la contaminación del aire, el agua y el suelo en
La Oroya, el cual deberá incluir un plan de remediación y un sistema de
monitoreo; brindar atención médica especializada y terapias psicológicas y
psiquiátricas gratuitas a los afectados; desarrollar un plan de compensación
ambiental con el propósito de recuperar el ecosistema y garantizar que las
operaciones mineras o metalúrgicas se basen en los principios rectores sobre
derechos humanos y medio ambiente.
El tribunal sostiene que el
“Estado incumplió con su deber de regulación y fiscalización de las actividades
del Complejo Metalúrgico La Oroya”.
Asimismo, recordemos que desde
1922 la empresa norteamericana Cerro de Pasco Cooper Corporation operó en el
lugar. En 1974 pasó a manos de la estatal Centromin Perú, y en 1997 fue
privatizada y vendida a la también estadounidense Doe Run del Grupo Renco.
Desde el 2009, se encuentra inactiva. A pesar de ello, en octubre del año
pasado se anunció que el complejo metalúrgico de La Oroya iba a reanudar sus
operaciones a manos de sus extrabajadores, lo que ha generado gran preocupación
en las familias ya afectadas por la contaminación.
Nos debemos preguntar por qué se
ha tardado tanto en que se sancione este atentado contra la vida y salud de
ciudadanos peruanos por parte de una empresa. Algo que podría parecer obvio
para cualquier peruano en ciudades como Lima, pero que puede pasar
desapercibido por el hecho de que algunas empresas mineras o petroleras siguen
afectando la salud de otros peruanos, pero en zonas alejadas, y las autoridades
no tomen cartas en el asunto.
Parece que el Estado peruano no trata con la misma diligencia a los compatriotas de localidades andinas y amazónicas, que han tenido que esperar tantos años para recibir una sentencia de parte de una instancia internacional que reconozca su terrible situación. Esperemos que saquemos lecciones de esta sentencia. https://cooperaccion.org.pe/
HIDROMUNDO
EEUU limita por primera vez la presencia de sustancias tóxicas en el agua potable
EEUU estableció el miércoles
límites estrictos a la presencia de algunos productos químicos persistentes en
el agua potable, lo que obligará a las compañías de suministro a reducirlos al
nivel más bajo que pueda medirse de forma fiable.
El gobierno de Joe Biden
estableció el miércoles límites estrictos a la presencia de algunos productos
químicos persistentes en el agua potable, lo que obligará a las compañías de
suministro a reducirlos al nivel más bajo que pueda medirse de forma fiable.
Eso reducirá la exposición a esas sustancias para 100 millones de personas y
ayudará a prevenir miles de enfermedades como algunas formas de cáncer, según
las autoridades.
Se trata de la primera norma que
impone un límite nacional en el agua potable a la presencia de sustancias
perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS, por sus siglas en inglés),
cuyo uso es generalizado y que permanecen mucho tiempo en el entorno.
Activistas de salud elogiaron a
la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés) por no
hacer concesiones en los límites propuestos el año pasado. Sin embargo,
compañías de aguas expresaron sus objeciones y dijeron que los sistemas de
tratamiento de aguas son caros de instalar y los clientes acabarán pagando más
por el agua.
Las empresas de agua están entrando en una nueva era con un incremento considerable de los estándares de salud, que según la EPA harán el agua del grifo más segura para millones de consumidores, una de las prioridades del gobierno de Biden. La agencia también ha propuesto obligar a las compañías a retirar las peligrosas cañerías de plomo.
Los grupos de empresas de
suministro advierten que las normas costarán decenas de miles de millones de
dólares y afectarán más a comunidades pequeñas con menos recursos. Se espera
que se produzcan batallas legales.
El administrador de la EPA,
Michael Regan, dijo que la norma es la medida más importante que ha tomado
nunca la agencia sobre los PFAS.
“El resultado es una norma
profunda y trascendental, que mejorará la salud y vitalidad de muchísimas
comunidades en nuestro país”, afirmó Regan.
Peligro
Los PFAS son peligrosos porque
no se degradan en el entorno y están asociados a problemas de salud como un
bajo peso al nacer y el cáncer de riñón. Se utilizan en productos de uso
cotidiano como sartenes antiadherentes, espuma de extintores y ropa repelente
al agua. Aunque algunos de los tipos más habituales se están abandonando de
forma gradual en Estados Unidos, otros siguen en uso. Ahora las compañías de
agua se verán obligadas a retirar la contaminación que otras industrias han
emitido al entorno.
“El problema es la acumulación”,
dijo Scott Belcher, profesor de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y
que investiga la toxicidad de los PFAS. “Incluso diminutas, diminutas
cantidades cada vez que bebes agua durante tu vida se van a ir sumando, lo que
provoca los efectos en la salud”.
Los PFAS son una amplia familia
de sustancias químicas y la nueva norma fija estrictos límites de 4 partes por
trillón en dos variedades habituales, llamadas PFOA y PFOS. Otros tres tipos
que incluyen GenX —una marca comercial— que son un grave problema en Carolina
del Norte están limitados a 10 partes por trillón. Las compañías tendrán que
hacer análisis para buscar esas sustancias e informar al público cuando los
niveles sean demasiado altos. También se limitarán las combinaciones de algunos
tipos de PFAS.
Activistas medioambientales y de
salud elogiaron la norma, pero dijeron que los fabricantes de PFAS supieron
durante décadas que las sustancias eran peligrosas, pero ocultaron o
minimizaron las pruebas. Los límites deberían haberse introducido antes, afirman.
https://www.vozdeamerica.com/
“Defender el Agua es Defender la Vida”