Miércoles, 23 de septiembre de 2026 – Año XXI – Edición 5050
El agua que Seda Huánuco no protegió:
Sunass multa a la empresa con 171.000 soles por incumplir sus metas
El regulador sancionó a la prestadora con 31,10 UIT porque cumplió apenas el 4% de lo comprometido para cuidar las fuentes de agua y menos de la mitad de sus inversiones La empresa no apeló. Es la última de una cadena de sanciones que incluye dos multas ambientales por descargas al Huallaga.
Río arriba de la ciudad, en las comunidades campesinas de
San Antonio de Ósgoro y Andas Chico, Seda Huánuco tenía una tarea que casi
nadie ve y de la que depende lo que sale del caño. Tenía que invertir en
conservar las zonas que alimentan de agua a la ciudad. Es un dinero que los
usuarios pagan en su recibo y que la ley obliga a reservar para ese fin. Entre
mayo de 2024 y abril de 2025, la empresa cumplió el 4% de lo que se había
comprometido a hacer allí.
Ese dato está en el centro de la Resolución N.°
210-2026-SUNASS-DS, firmada el 30 de julio por la Dirección de Sanciones de la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). El documento
declara a EPS Seda Huánuco S.A. responsable de incumplir sus metas de gestión
del segundo año regulatorio y le impone una multa de 31,10 unidades impositivas
tributarias. Con la UIT vigente en 2026, fijada en S/5.500 por el Decreto
Supremo 301-2025-EF, la sanción equivale a unos S/171.050. La resolución añade
una amonestación escrita por haber entregado información incompleta al
regulador. La empresa no la impugnó: el registro oficial de sanciones de Sunass
la consigna como «consentida», es decir, firme.
La multa podía reducirse a la mitad, a unos S/85.500, si se
pagaba dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del 31 de
julio y sin recurrir. Hasta el cierre de esta edición no se ha podido confirmar
si la empresa la pagó ni en qué monto.
Tres promesas incumplidas
La Sunass mide a cada empresa de agua con un índice de
cumplimiento global. El mínimo aceptable es 85%. Seda Huánuco, que atiende
53.246 conexiones activas, obtuvo 67,6%. El resultado general se explica por
tres metas que quedaron muy por debajo del umbral individual del 80%.
La primera es la inversión. La empresa alcanzó un índice de
49% en el avance financiero de su programa de obras. Entre los proyectos
observados figura la segunda captación y el reservorio de 500 metros cúbicos en
el río Angashyacu. La meta arrancó en el primer año regulatorio, pero los
trámites para comprar los terrenos, según la resolución, recién empezaron el 19
de septiembre de 2025, casi cinco meses después de cerrado el periodo evaluado.
La empresa alegó que los predios pertenecían a terceros. El regulador respondió
que eso era previsible y que debió gestionarlo con anticipación.
En otros casos las obras sí se hicieron, pero la empresa no
pudo demostrar con qué dinero. Ocurrió con la rehabilitación de la sala de
mandos y la galería de filtros de las plantas de tratamiento 1 y 2, y con una
línea de rebose del alcantarillado en Amarilis. La resolución lo dice sin
rodeos: no se cuestiona la ejecución de la obra, sino que no se sustentó su
fuente de financiamiento, y por eso no pudo contarse dentro del programa. En un
muro de contención, Seda Huánuco pagó adicionales de obra aprobados en 2023,
uno de ellos por S/78.491, pero nunca comunicó a Sunass el cambio en su plan de
inversiones.
La segunda meta es la de los servicios ecosistémicos, la
reserva destinada a proteger las cabeceras de cuenca. Ahí el índice fue de 4%.
La empresa sostuvo que la negativa de las comunidades de Ósgoro y Andas Chico
le impidió intervenir. Presentó dos actas de reuniones con San Antonio de
Ósgoro, de agosto y septiembre de 2024. Para el regulador, esas reuniones
llegaron a mitad del año evaluado y ya no dejaban margen para corregir el
rumbo. La reprogramación hacia otras comunidades se comunicó oficialmente el 8
de julio de 2025, dos meses después de que el periodo había terminado.
La tercera es la reserva para la gestión del riesgo de
desastres y la adaptación al cambio climático, con un cumplimiento de 26,19%.
Uno de sus componentes era un estudio para identificar nuevas fuentes de agua.
La orden de compra se emitió el 8 de febrero de 2025, a menos de tres meses del
cierre del periodo. Es un plazo que el propio regulador califica de «reducido»
para completar los trámites ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
La defensa de la empresa
Seda Huánuco presentó descargos en dos momentos del
procedimiento, en enero y en junio de 2026. Su argumento central fue que no
actuó por negligencia, sino atrapada entre normas. Si no pagaba las
valorizaciones a sus contratistas, explicó, violaba la Ley de Contrataciones
del Estado. Al pagarlas, superaba lo aprobado en su estudio tarifario. Invocó
también el caso fortuito y el «hecho determinante de terceros»: la oposición de
las comunidades y la titularidad ajena de los terrenos.
La Sunass rechazó esos argumentos uno por uno. Para eximir
de responsabilidad, un hecho tiene que ser extraordinario, imprevisible e
irresistible, y ninguno de los alegados cumplía esas condiciones. Las dos
normas, sostuvo el regulador, «pudieron tramitarse de forma paralela». La
resolución reconoce, eso sí, que no encontró intencionalidad en la empresa y
que esta presentó sus descargos a tiempo.
El expediente muestra además que el castigo pudo ser mayor.
La oficina de Sunass en Huánuco, que instruyó el caso, había recomendado una
multa de 41,18 UIT. La Dirección de Sanciones la fijó finalmente en 31,10. Seda
Huánuco pidió además una sanción no económica. Invocó una norma que obliga al
regulador a preferir las amonestaciones para las empresas bajo el Régimen de
Apoyo Transitorio del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios
de Saneamiento (OTASS), en el que la prestadora está desde 2020. La Sunass
respondió que esa preferencia no es automática. Solo la aplicó a la falta de
información sobre el agua no facturada en Tingo María, que la empresa terminó
de entregar en junio de 2026, seis meses después de iniciado el procedimiento.
Para dimensionar la cifra: la facturación mensual promedio
de la empresa entre mayo y octubre de 2025 fue de S/3,39 millones. La multa
completa equivale a poco más de día y medio de lo que Seda Huánuco cobra a sus
usuarios.
Seis relevos en poco más de dos años
Desde diciembre de 2020, Seda Huánuco no la dirige la
municipalidad sino el Estado central. Ese mes ingresó al Régimen de Apoyo
Transitorio del OTASS por una causal vinculada a la sostenibilidad en la
gestión empresarial. Desde entonces, es el Consejo Directivo del OTASS el que
nombra y remueve a sus gerentes. Y lo ha hecho con frecuencia.
A fines de 2022, el OTASS puso fin a la encargatura de
Manuel Robles Rojas y designó en su reemplazo a Jorge Luis Román Velaochaga,
quien asumió la gerencia general el 21 de noviembre. En el mismo paquete de
nombramientos llegaron Elizabeth Díaz Aguilar como gerente de Asesoría Jurídica
y Loida Plaza Ramírez como gerente de Administración y Finanzas.
Román duró meses. Díaz Aguilar pasó luego a encargarse de
la gerencia general, hasta que por una resolución del 22 de agosto de 2023 el
Consejo Directivo del OTASS dio por concluida su encargatura. La sucedió el
contador Víctor Gonzalo Mendoza Sánchez, que permaneció en el cargo casi un
año. Durante su gestión, la ANA emitió las dos multas por verter aguas
residuales al Huallaga, en marzo y julio de 2024. También bajo su mando, y el
de sus predecesores, ocurrió el uso del coagulante sin registro sanitario en
Cabritopampa, entre marzo de 2023 y junio de 2024, que detectó el Órgano de
Control Institucional.
El 1 de agosto de 2024, el OTASS designó a Borist Henry
Nieves León en reemplazo de Mendoza Sánchez. Antes de su designación se
desempeñaba como gerente comercial de Seda Huánuco. El día de su presentación,
anunció un plan de mantenimiento preventivo en zonas críticas mientras
gestionaba una renovación integral a largo plazo. Fue en su gestión cuando la
empresa se reunió con la comunidad de San Antonio de Ósgoro, en agosto y
septiembre de 2024. Son las mismas reuniones que la Sunass consideró tardías.
Nieves tampoco llegó a completar un año. A comienzos de
marzo de 2025, el gerente general era Fernando Sáenz Horna, que encabezó el
lanzamiento del programa de distribución gratuita de agua en Aparicio Pomares.
Sáenz había llegado a la empresa en 2024 como gerente de operaciones. Días
después, el OTASS nombró a Mirko Félix Jurado Dueñas, quien venía de ocupar el
mismo cargo en la empresa de agua de Coronel Portillo, en Ucayali. Jurado sigue
al frente de la empresa. El portal de transparencia del Estado lo registra como
gerente general.
La cuenta la hizo entonces la prensa local: entre 2023 y
marzo de 2025 pasaron por la gerencia general Manuel Robles, Jorge Román,
Elizabeth Aguilar, Víctor Mendoza, Borist Nieves, Fernando Sáenz y Jurado
Dueñas. Son seis relevos en poco más de dos años, en una empresa cuyas metas se
planifican por quinquenios.
La rotación dejó su huella en el expediente sancionador. El
año evaluado empezó con Mendoza, siguió con Nieves, pasó por Sáenz y terminó
con Jurado. Pero buena parte de lo que la Sunass reprocha ocurrió, o dejó de
ocurrir, ya bajo la actual gerencia. La reprogramación de la reserva
ecosistémica se comunicó al regulador en julio de 2025. La compra de los
terrenos de Angashyacu empezó a tramitarse en septiembre de ese año. La
información sobre el agua no facturada en Tingo María, pedida en junio de 2025,
se completó recién en junio de 2026. Y fue la gestión de Jurado la que presentó
los descargos y la que decidió no apelar la multa.
La sanción recae sobre la empresa, no sobre sus gerentes.
Ninguna de las resoluciones revisadas atribuye responsabilidad personal a
quienes ocuparon el cargo. El malestar interno sí apunta a la plana actual. En
su protesta de septiembre, el sindicato pidió la remoción del gerente general
Mirko Jurado Dueñas, la gerente operacional Analyn García Torres, el gerente
comercial Carlos Sánchez Esquives y el administrador Miguel Castello Gonzales,
entre otros funcionarios. Además, exige que el OTASS designe a profesionales de
la región para dirigir la empresa.
No es la primera vez
En el registro nacional de Sunass, que reúne 239
resoluciones emitidas entre enero y agosto de 2026, la de Seda Huánuco está
entre las diez multas más altas del año. La superan casos como los de Sedapal,
Sedaloreto, Emapa San Martín y Sedacusco.
El historial de la empresa suma otras sanciones
documentadas. En marzo de 2025, la Gerencia General de Sunass confirmó una
multa de 1,01 UIT por no dar mantenimiento a los grifos contra incendios ni
purgar las redes de agua potable. En 2023, el regulador informó de otra sanción
de 10 UIT por no entregar información durante una fiscalización comercial.
Las sanciones más graves por su impacto las impuso la ANA.
En 2024, esa autoridad multó dos veces a Seda Huánuco, con 4 UIT cada vez, por
verter aguas residuales domésticas sin autorización al río Huallaga. Una multa
corresponde a la margen derecha y otra a la izquierda, dos puntos de descarga
distintos. La segunda fue apelada, pero el Tribunal Nacional de Resolución de
Controversias Hídricas declaró infundado el recurso en julio de 2025 y la dejó
firme.
A ello se suma un hallazgo del Órgano de Control
Institucional. Entre marzo de 2023 y junio de 2024, la empresa usó en la planta
de Cabritopampa 4.875 kilos de un coagulante químico sin registro sanitario. No
es una multa, sino una alerta de control, pero apunta al mismo lugar que la
resolución de Sunass: la distancia entre lo que la empresa debe hacer y lo que
finalmente hace.
Multas y más multas
Una relación de multas y deudas de la empresa, a la que
tuvo acceso este diario, consigna además tres multas de la Subintendencia de
Sunafil por S/36.248, S/23.144 y S/12.098, vinculadas a expedientes de 2023 y
2025 de la intendencia regional de Huánuco y del Tribunal de Fiscalización
Laboral. Registra también una cobranza coactiva de la Sunat por S/7.923 y un
«reconocimiento de deuda sin causa» por S/230.560,92 por el servicio de
vigilancia. El mismo documento enumera al menos nueve resoluciones de la
Dirección de Sanciones de Sunass entre 2022 y 2025.
Un malestar que viene de dentro
La sanción llega en un mes tenso. En septiembre, el
sindicato de trabajadores de Seda Huánuco salió a protestar para exigir la
salida de la gerencia. Su secretario, Pedro Beteta Tarazona, dijo a este diario
que los trabajadores no perciben mejoras en la empresa y denunció presuntos
abusos laborales. Esas acusaciones deberán verificarse ante las instancias
correspondientes. La resolución de Sunass, en cambio, no deja lugar a dudas en
su diagnóstico: la empresa sabía qué tenía que hacer, conocía los plazos y
llegó tarde.
En Ósgoro, el dinero para proteger el agua sigue en la cuenta de una reserva. Los usuarios de Huánuco lo pagaron en sus recibos, mes a mes, durante todo el año que el regulador acaba de evaluar. https://ahora.com.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Piura: Colegio de Ingenieros advierte riesgo por defensas ribereñas deterioradas ante caudales extraordinarios
Las defensas ribereñas del río Piura presentan una
afectación de aproximadamente 50 metros en el sector Quinta María, donde parte
de las estructuras se encuentra deteriorada y expuesta. La situación genera
preocupación ante la posibilidad de que el río registre caudales elevados
durante el próximo periodo de lluvias asociado al fenómeno El Niño.
Durante una inspección en la zona, el decano del Colegio de
Ingenieros de Piura (CIP), Manuel Asmat, advirtió que el deterioro de las
estructuras constituye una señal de alerta debido a las fallas que este sistema
de protección ha presentado en los últimos años.
“La tablaestaca ya no existe, como podemos ver. Esto
prácticamente deja expuesta a la zona a posibles erosiones de las riberas y,
por ende, facilitar un posible desborde”, señaló Asmat.
El representante del CIP explicó que, antes de determinar
si las defensas podrían soportar un incremento considerable del caudal del río
Piura, es necesario realizar sondajes exploratorios que permitan conocer las
condiciones en las que se encuentran cimentadas las estructuras.
Según detalló, existe la necesidad de verificar si la
tablaestaca está correctamente empotrada en el estrato rocoso o en el
denominado estrato Zapayal. Para Asmat, las fallas observadas en los últimos
años obligan a tomar medidas preventivas, especialmente ante la posibilidad de
que se presenten caudales extraordinarios.
“Ya de por sí, y viendo la cantidad de fallas que ha venido
teniendo en los últimos años estas defensas ribereñas, es una alerta, es un
tema de muchísimo cuidado”, sostuvo el decano del CIP.
“Si, sin haber sido expuestas todavía a un gran volumen de
agua, ya hemos tenido estos problemas, debemos tener cuidado con lo que pueda
ocurrir cuando se presenten caudales mayores”.
CIP pide activar garantía
Asmat también se refirió al mantenimiento de las defensas
ribereñas. Explicó que este tipo de infraestructura requiere intervenciones
periódicas y cuestionó que una estructura de protección haya llegado al nivel
de deterioro observado en el sector.
“Todas las obras deben tener mantenimiento. Este tipo de
obras por lo menos se recomienda cada dos años. Sin embargo, más allá de eso,
el deterioro en esa zona es evidente, no debería haber llegado a ese extremo”,
manifestó.
Ante esta situación, el decano del Colegio de Ingenieros
exhortó al Gobierno Regional de Piura a utilizar la garantía de la obra para
ejecutar las reparaciones correspondientes. También planteó que se inspeccionen
de manera preventiva otros tramos de las defensas ribereñas para determinar si
presentan problemas similares.
El especialista sostuvo que existe la posibilidad de que
otros sectores también presenten fallas cuando sean sometidos a mayores
volúmenes de agua. “Si, sin haber sido expuestas todavía a un gran volumen de
agua, ya hemos tenido estos problemas, debemos tener cuidado con lo que pueda
ocurrir cuando se presenten caudales mayores”, advirtió.
El decano del CIP también advirtió que los trabajos de
descolmatación del río deben ejecutarse con cuidado para evitar daños
adicionales en las estructuras que actualmente presentan deterioro.
“También hemos recomendado que los trabajos que se vienen
haciendo de descolmatación no se acerquen mucho justamente a la zona de la
tablestaca para no causarle algún daño”, indicó.
Respecto a las causas del deterioro observado, Asmat señaló
que todavía se requieren estudios para establecerlas con precisión. Sin embargo,
planteó como una posibilidad que existan problemas en el empotramiento de las
tablaestacas.
“Al parecer ha habido problemas en el empotramiento de la
tablaestaca. Si no ha sido correctamente empotrada en el estrato rocoso,
evidentemente puede suceder este tipo de daños. No están bien estables sobre el
estrato y, por ende, las defensas tienden a caerse”, explicó.
Las observaciones del decano del CIP se suman a las
advertencias formuladas anteriormente por el especialista internacional en
grandes infraestructuras hidráulicas César Alvarado Ancieta, quien ha señalado
que las defensas ribereñas podrían terminar “cayendo como naipes” si son
sometidas a un caudal fuerte sin contar con la protección y el mantenimiento
necesarios.
Descolmatación no sería suficiente ante caudales
mayores
El especialista también cuestionó el ritmo de los
trabajos de descolmatación que se ejecutan en el río Piura. Durante su
recorrido por el tramo comprendido entre la represa Los Ejidos y el puente,
indicó que encontró entre ocho y diez equipos de maquinaria, cantidad que
consideró insuficiente para acelerar las labores.
El decano del CIP reconoció que actualmente sí se
viene retirando sedimento del cauce, pero consideró necesario ampliar los
frentes de trabajo y aumentar considerablemente la maquinaria disponible.
“La maquinaria es insuficiente. Creo que no son más de
10 equipos. Por lo menos deberíamos tener 50, 60, 70. Tenemos frente para poder
intervenir”, sostuvo.
El especialista también puso en discusión la capacidad
hidráulica que realmente se alcanzaría con el retiro de los 550,000 metros
cúbicos de sedimentos anunciados para estos trabajos. Según explicó, si la
descolmatación permite mejorar la capacidad del río hasta unos 3,000 metros
cúbicos por segundo, esta seguiría siendo insuficiente frente a escenarios de
caudales mayores.
“De repente logra liberar hasta los 3.000 m³ por segundo, pero igual nos inundamos porque vienen 4,000. Entonces, necesitamos llevarlo a términos de caudal que posiblemente llegaría, contra el caudal para el cual estaríamos preparados”, señaló. https://nortesostenible.com/
Concejo provincial de Arequipa aprueba revisar convenio entre Sedapar y Cerro Verde
Nuevamente entra en controversia
el octavo convenio suscrito entre Sedapar y minera Cerro Verde. El concejo
provincial aprobó este lunes que se haga una revisión técnica y legal de este
acuerdo y la remoción del representante de la municipalidad de Arequipa ante el
directorio de la empresa de saneamiento, Arturo Arroyo.
Los principales cuestionamientos
van en torno al pago de 3.45 dólares por metro cúbico de uso de aguas
residuales y la falta de transparencia del acuerdo que Sedapar firmó en
diciembre del año pasado.
Inconformidad sobre pago
En una exposición ante el pleno
de regidores, minutos antes de su destitución, Arroyo explicó que el cálculo
fue establecido por un ingeniero consultor basado en todas las inversiones
pasadas y futuras de Cerro Verde desde el 2012 a 2060 junto a los costos de
operación y mantenimiento. Además se considera el valor actual neto al año y se
hace una actualización de los volúmenes de agua que se facturan.
Asimismo, se tomó en cuenta
convenios suscritos de otras EPS con entidades. Cabe precisar que Cerro Verde
no da dinero en efectivo sino lo paga mediante inversión en obras y
mantenimiento.
“Cerro Verde está aprovechando
esta agua para producir, en ningún momento está gastando, está invirtiendo y
está ganando mucho más de lo que debiera”, cuestionó el regidor Exequiel
Medina.
Falta de transparencia
Una de las motivaciones para
aprobar la salida de Arturo Arroyo, es que no se informó a los regidores sobre
el convenio. Este respondió que era el alcalde de turno, en este caso Víctor
Hugo Rivera, quien tenía que poner de conocimiento al pleno. Incluso, añadió,
que el exburgomaestre participó entre seis a ocho sesiones que se tuvo con Cerro
Verde.
“En ningún momento el alcalde
anterior nos ha hecho de conocimiento del convenio”, dijo la regidora Rocío
Mango, quien refirió que la sanción también debería recaer en Rivera.
CIFRA
+ $ 3 mil millones en inversiones y otros están establecidos en el convenio firmado en diciembre de 2025. https://evidencia.pe/
Municipio de Arequipa destituye a su representante en Sedapar por ocultar detalles de convenio con Cerro Verde
El pleno del Concejo Municipal
de Arequipa aprobó solicitar la revisión del octavo convenio específico
suscrito entre Sedapar y la minera Cerro Verde, tras conocer algunos detalles
de su contenido, nueve meses después de suscrito. Asimismo, retiró la confianza
a Arturo Arroyo como su representante en el directorio de Sedapar.
Los acuerdos se tomaron en una
sesión extraordinaria tras evaluar las acciones del funcionario en torno a la
firma de este convenio para la concesión de agua tratada a la minera. Tras
exponerse los detalles del convenio a los regidores, la remoción fue aprobada
por cuestionamientos del manejo poco transparente de la información de dicho
tratado. Principalmente por los términos que favorecen a la minera como el
precio del agua por metro cúbico establecido en $3.63.
Los integrantes del concejo
municipal sustentaron que las negociaciones e implicancias del convenio no
fueron remitidas oportunamente al pleno para su respectiva evaluación. La
regidora Rocío Mango señaló que la información pública sobre el acuerdo con la
empresa privada se conoció sin un informe previo por parte de la fiscalización
municipal. Asimismo, el pronunciamiento del cuerpo edil busca deslindar
responsabilidades por la falta de fiscalización sobre las condiciones del pacto
suscrito. Arroyo mencionó que había coordinado con el exalcalde Víctor Hugo
Rivera solamente.
El acuerdo aprobado por el
concejo municipal formaliza la salida del directivo y establece las acciones
administrativas para su reemplazo. La notificación oficial se enviará
formalmente por la Secretaría General a la gerencia de Sedapar y al Ministerio
de Vivienda para que se proceda conforme al reglamento. De acuerdo a las
facultades normativa, asumirá el miembro accesitario designado previamente.
Asimismo, se solicitará la
revisión del convenio suscrito con Cerro Verde por considerar sus términos
desfavorables para Sedapar y favorable para la minera, en varios puntos. https://elbuho.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”