El Órgano de Control Interno del OTASS ha emitido un informe de orientación sobre la designación del gerente general de la EPS Moyobamba (10 páginas)
10/2/22
HIDROBOLETÍN FENTAP 3903: PERÚ - Piura: Ministerio Público inicia investigación por derrame de aguas residuales en Máncora. Denuncia fiscal advierte que las aguas residuales han generado un problema de transmisión de enfermedades infecciosas y respiratorias
Jueves, 10 de febrero de 2022 – Año XV – Edición 3903 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
La FENTAP informa:
PERÚ - Piura: Ministerio Público inicia investigación por derrame
de aguas residuales en Máncora. Denuncia fiscal advierte que las aguas
residuales han generado un problema de transmisión de enfermedades infecciosas
y respiratorias
PERÚ - Puno: “Se cae” obra para mejorar el servicio de agua potable.
Según municipio, la empresa ejecutora no cumplió con acuerdos establecidos en
el contrato
PERÚ - Gerente de Emsa Puno ordeno pintar su símbolo personal en
los muros de la empresa
PERÚ - Ica: Protestan por falta de agua hace más de 20 días en el
distrito de Marcona. Pobladores viajaron por horas buscando que las autoridades
solucionen el desabastecimiento de agua en este distrito minero
Piura: Ministerio Público inicia
investigación por derrame de aguas residuales en Máncora
Denuncia fiscal advierte que las aguas residuales han generado un problema de transmisión de enfermedades infecciosas y respiratorias
La acumulación de aguas residuales en la zona urbana de
Máncora, que generó un foco infeccioso por presunta responsabilidad de la
Empresa Prestadora de Servicios - EPS Grau, es investigada por la Fiscalía
Especializada en Materia Ambiental de Sullana.
Tras la denuncia de decenas de pobladores del distrito
norteño, los representantes del Ministerio Público se apersonaron hasta la poza
de aguas residuales, que invadió las calles Girasoles, Cocales, Arequipa y
Villasol, donde habían generado vectores como mosquitos, sapos, roedores, entre
otros.
La investigación, dirigida por el fiscal Néstor Sosa
Carillo y contenida en la carpeta fiscal n. 25-2022, señala que las aguas
residuales han generado un problema de trasmisión de enfermedades infecciosas y
respiratorias. Por ello, se consideró instaurar una investigación preliminar
contra EPS – Grau.
La ciudadana del sector Paula Caruso manifestó que todo
empezó a mediados de diciembre de 2021, cuando la bomba, que se encargaba de
extraer las aguas residuales en la zona, se malogró. Muchos vecinos empezaron a
ver sus desagües colapsados. Fue así que se generó una poza de desechos en
medio de la zona urbana de Máncora.
Aseveró que, tras más de un mes de reclamos, el 21 de enero
de 2022 la empresa prestadora del servicio de agua limpió el área y se
comprometió a reparar la bomba; sin embargo, indicó que el problema no ha sido
resuelto y temen por sus condiciones de salubridad.
“Estamos viviendo con las aguas de desagüe, la EPS no ha
cumplido su palabra. Primero dijo que lo iba hacer en 48 horas y hasta ahorita
(nada). Tenemos a nuestros hijos enfermos, por culpa de esas aguas infecciosas
para la salud. No solo es eso, sino también los negocios son los perjudicados”,
expresó.
Diario La República trató de comunicarse con los representantes de la EPS – Grau, pero no obtuvo respuesta. https://larepublica.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Puno: “Se cae” obra para mejorar el servicio de agua potable
Una vez más, los anhelos de tener contar con un mejor
servicio de agua potable en la zona norte de la Ciudad Lacustre, quedan
postergados a raíz de la resolución de contrato entre la Municipalidad
Provincial de Puno y la empresa Riemann Contratistas quien tenía a su cargo la
ejecución de la obra “Mejoramiento del abastecimiento de agua potable en los
barrios y urbanizaciones de la zona norte de la ciudad de Puno”, con una
inversión de 22 millones 500 mil 702 soles.
La información fue dada a conocer por el gerente general de
la comuna puneña, Renzo Condori Gutiérrez. “Hubo incumplimiento de plazos por
parte de la empresa. La obra se debió entregar en el mes de marzo y el avance
físico no supera el 20%, mientras que el financiero bordea el 30%”, detalló el
funcionario.
Salidas
Teniendo en cuenta esta situación, la municipalidad
procederá a realizar el expediente de saldo, con lo cual se estará en la
posibilidad de convocar a un nuevo concurso, aunque, en la actualidad se viene
evaluando si esta obra se realizará por contrata o, administración directa.
Antecedentes
El 7 de setiembre de 2020, se otorgó la buena pro a Riemann
Contratistas para ejecutar esta obra que, debía beneficiar principalmente a
pobladores de la zona norte de la ciudad de Puno. Uno de los componentes del
proyecto, tenía previsto la construcción de un reservorio. “Lamentamos este
percance, pero, nosotros tenemos que garantizar el cumplimiento de los plazos y
la empresa no lo ha hecho”, remarcó Condori Gutiérrez. A poco de la firma de
contrato, la regidora Wilma Arizapana, en el año 2020, advirtió que la compañía
ganadora no contaba con los requisitos. Pese a los cuestionamientos, días
después se firmó el contrato.
En resumen, una de las obras emblemáticas de esta gestión,
“se cayó”. https://diariocorreo.pe/
Gerente de Emsa Puno ordeno pintar su símbolo personal en los muros de la empresa
En una polémica situación, Luis
Aguilar, gerente de Emsa Puno, no tuvo mejor idea que ordenar que coloquen su
símbolo personal en los muros de la empresa. Esto, en los puntos de bombeo en
Jayllihuaya y Chacarilla Alta, tal y como se aprecia en las imágenes.
Aguilar reconoció que es un
símbolo de presentación personal y justificó las pintas del mismo en los
mencionados puntos de bombeo argumentando que es para “motivar” a los trabajadores.
“Es un águila que da fuerza a la empresa y da motivación”, expresó.
En otro momento, dijo que es
piloto y por ello le agradan los símbolos del águila, así como el tema de la
aviación. “Desde que yo regresé no se pintaba ni se mantenía nada en las
captaciones o puntos de bombeo; es una forma de dar una imagen a la empresa”,
precisó.
Finalmente, dijo que recién
dotarán de agua a los damnificados de las inundaciones del centro poblado de
Jayllihuaya, al tiempo de indicar que ya se han dispuesto las cisternas que
entregarán el líquido elemento. https://www.losandes.com.pe/
Ica: Protestan por falta de agua hace más de 20 días en el distrito de Marcona
Decenas de pobladores del
distrito de Marcona (Nasca), llegaron hasta la ciudad de Ica para protestar por
la falta de agua en el mencionado distrito, ya que llevan más de 20 días sin el
recurso hídrico que es indispensable en un contexto de la emergencia sanitaria
por la COVID-19.
Manifestación pacífica
Los ciudadanos viajaron por más
de 3 horas para llegar hasta la capital del departamento iqueño y se
posicionaron en el exterior de la sede de la Autoridad Nacional del Agua en
Ica, donde realizaron una manifestación pacífica exigiendo solución por la
falta del líquido elemental que afecta a cientos de familias.
Al distrito de Ica también llegó
el alcalde de Marcona, Elmo Pacheco, el gerente general de la ANA Perú, Tulio
Santoyo, el director de la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha,
los representantes de las empresas mineras Marcobre y Shougang Hierro Perú y el
programa de saneamiento urbano y Sunass, quienes sostuvieron una reunión de
trabajo sobre la problemática de agua para uso poblacional.
La autoridad edil del distrito,
señaló que se busca una solución a corto plazo, para un mayor abastecimiento de
agua a los hogares. Indicó además que el Gobierno central no concluye el
proyecto “Agua para todos”, que lleva más de 6 años en espera y que según un
estudio, de los 50 litros por segundo que debe rendir, solo emite 10 litros por
segundo, sin la capacidad para un correcto abastecimiento en el distrito.
“Defender el Agua es Defender la Vida”
9/2/22
HIDROBOLETÍN FENTAP 3902: PERÚ - Chulucanas: población de Batanes exigen obra de agua y desagüe paralizada desde hace más de un año
Miércoles, 9 de febrero de 2022 – Año XV – Edición 3902 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
La FENTAP
informa:
PERÚ
- Piura: Pozos elevados se caen por pedazos y son observados por la Contraloría.
Los reservorios de almacenamiento de agua están en mal estado y no ayudan a
cumplir con el objetivo de la obra
PERÚ
– Arequipa. Majes Siguas II: suspenden inicio de trato directo por
hidroeléctrica Lluclla. Gobierno Regional de Arequipa e Inland Energy
suscribieron acta de suspensión que tiene como plazo máximo el 15 de marzo
PERÚ
– Iquitos. Vivir junto al desagüe: los asentamientos humanos Iván Vásquez y 21
de Setiembre en Iquitos libran una batalla judicial desde 2016 por el derecho
al agua potable y saneamiento. La demanda de los pobladores espera ser vista
por la más alta instancia judicial de Perú, el Tribunal Constitucional. Ambos
asentamientos se ubican junto a un desagüe a cielo abierto por el que fluyen
los vertidos de la ciudad, de un hospital y un camal
Chulucanas: población de Batanes exigen obra de agua y desagüe paralizada desde hace más de un año
Cansada de que las autoridades
no tomen cartas en el asunto, la población de Villa Batanes, en Chulucanas,
marchó por diferentes calles de la zona exigiendo la culminación del proyecto
de agua y alcantarillado, valorizado en S/ 13 904,021.00, pero que hoy está
paralizado, pese a que debió ser entregado hace casi año y medio.
Una de las pobladoras, Marleny
Ancajima contó que desde hace un año reciben agua en mal estado, y en el peor
de los casos, ni siquiera logran obtener el líquido vital. “Tenemos que estar
llenando diario con nuestros baldes, pero no se puede vivir así. Estamos ahora
en esta lucha para obtener una solución porque ya estamos cansado de esto”,
manifestó Marleny Ancajima.
Otro de los pobladores, Roberto
Velásquez, también expresó su preocupación, pues aseguró que esta importante y
necesaria obra debió culminar en el 2020, pero no fue así. Para el ciudadano,
detrás de todo este problema estaría la Municipalidad de Morropón – Chulucanas,
pues habrían cometido negligencia al elaborar mal el expediente técnico.
“Salimos a protestar porque en
estos tiempos de pandemia necesitamos el agua. Por eso el pueblo ya se cansó y
estamos en pie de lucha para exigir nuestros derechos”, manifestó el poblador.
Quien también participó de esta
protesta fue el alcalde delegado de la Villa Batanes, Felixardo Chiroque, quien
responsabilizó de la paralización de obra al alcalde provincial, Nelson Mio
Reyes. Asimismo, le exigió más presupuesto para el reinicio de los trabajos.
“El alcalde debe firmar un acta
comprometiéndose a terminar este proyecto. A nosotros nos pueden decir que esto
se está elaborando, pero si no hay plazos, no creeremos nada”, manifestó la
autoridad local, quien anunció que pedirá a los congresistas por Piura y a la
Defensoría del Pueblo que intervengan.
Según el informe N°000148-2022-
UEPEI (Unidad de Ejecución y Post Ejecución de la Inversión), de la
Municipalidad Provincial de Morropón – Chulucanas, este proyecto empezó a
ejecutarse el 1 de octubre del 2019, con un plazo de entrega de 210 días calendario.
La obra debió culminar el 27 de abril del 2020; sin embargo, ahora los trabajos
están paralizados. https://www.cutivalu.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Piura: Pozos elevados se caen por pedazos y son observados por la Contraloría
La Contraloría advirtió que en
el tercer entregable para la elaboración del expediente técnico para la obra de
agua y saneamiento en el caserío de Cucungurá, distrito de Cura Mori, donde se
invierte S/ 15′522,080 soles no contemplan un
plan de contingencia ni redes adecuadas para la distribución de agua potable.
Además, señala que los metrados aprobados del segundo entregable y los metrados
del presupuesto de obra del tercer entregable no guardan correspondencia entre
sí, situación que podría incidir en la calidad del expediente técnico y podría
ocasionar que se incremente el presupuesto de la obra.
Observaciones
Según el Informe de Control
Simultáneo N° 002-2022-OCI/5303-SCC, en el tercer informe de gestión social, se
refiere al estado de conservación y antigüedad de los reservorios de
almacenamiento de agua existentes R-1 de 280 m3 y R-2 de 250 m3. El diagnóstico
del sistema existente no determina si para el funcionamiento adecuado del
sistema de distribución de agua potable a rehabilitar y conservación de la
inocuidad de este elemento, son necesarios trabajos de mejoramiento o construir
otros reservorios de agua que los reemplacen, situación que genera indefinición
para un planteamiento de solución, con el riesgo de afectar la operación del
sistema, la calidad del agua y la salud de la población beneficiaria.
El documento también señala que
para el planteamiento del proyecto no se han considerado las profundidades de
las conexiones domiciliarias de desagüe existentes, lo cual puede generar la
necesidad de profundizar el colector, adicionar estaciones de bombeo u otras
prestaciones adicionales que retrasen la ejecución de la obra. También puede
suceder que, al entrar en funcionamiento, se efectúen descargas con pendientes
inadecuadas al colector, con el riesgo de afloramiento interior de aguas
residuales, sobre todo en viviendas donde el nivel de terreno es inferior al
nivel de la calle.
Además, el expediente técnico no
acredita que en el centro poblado Cucungará se estén realizando o se hayan
desarrollado trabajos para el relleno de cuencas ciegas localizadas en las
zonas del proyecto y que se activan con el incremento de lluvias; tampoco que
este aspecto haya sido considerado en su elaboración. Asimismo, la
cuantificación de las planillas de metrados aprobados del segundo entregable y
los metrados del presupuesto de obra del tercer entregable no guardan
correspondencia entre sí, situación que podría incidir en la calidad del
expediente técnico de la obra y podría ocasionar que se incremente el
presupuesto.
Para ello, el Programa Nacional
de Saneamiento Urbano (PNSU) del MVCS informó que se encuentran evaluando el
segundo y tercer entregable presentado por el consultor, considerando las
observaciones planteadas por la Oficina de Control Institucional al tercer
entregable de la elaboración del expediente y ejecución de la obra.
“El PNSU remitirá al consultor y
supervisor, las observaciones planteadas por la OCI para su evaluación e
implementación, de corresponder. El proyecto considera la rehabilitación de las
conexiones domiciliarias y colectores existentes. En el expediente técnico se
está considerando la mejora de las pendientes e incremento de diámetro de los
colectores para mejorar el funcionamiento del sistema de alcantarillado existente”,
explicó la entidad.
En cuanto a la planilla de metrados que figuran en los entregables, la información consignada en el segundo entregable es, según los TDR, un avance. La información consignada en el tercer entregable es la definitiva. https://diariocorreo.pe/
Majes Siguas II: suspenden inicio de trato directo por hidroeléctrica Lluclla
La
gobernadora de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez, y representantes de la empresa
Inland Energy S.A.C. llegaron a un acuerdo y firmaron un acta de suspensión al
inicio de trato directo a la controversia surgida en torno al componente
hidroenergético del proyecto Majes Siguas II.
Dicho
componente contempla la construcción de la Central Hidroeléctrica de Lluclla,
que requiere el suministro de agua (30 m³) proveniente de la segunda etapa de
Majes para concretarse.
El acta
de acuerdo fue suscrita este martes, Gutiérrez y los apoderados de la
inversionista, Mario Gonzáles y Zoila Zegarra. El documento fija como plazo de
suspensión hasta el 15 de marzo próximo.
La
autoridad explicó que la postura del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) es
sacar adelante el proyecto y retomar las gestiones para garantizar el
suministro de agua para la central hidroeléctrica, que generará 300 megavatios
de energía.
Inland
Energy pertenece a Luz del Sur S.A.A., la empresa firmó el 17 de julio de 2018
el contrato de suministro no consuntivo de agua con el GRA, mediante la cual la
entidad se compromete a dotar con el caudal requerido a la concesionaria para
la generación de energía de la central hidroeléctrica de Lluclla.
El 17 de
enero de este año, la inversionista planteó el trato directo en el marco del
inicio del proceso para la resolución de contrato, ante la postergación de la
aprobación de la adenda 13, que se encuentra actualmente en manos del Consejo
Regional de Arequipa (CRA). https://larepublica.pe/
Vivir junto al desagüe: los asentamientos humanos Iván Vásquez y 21 de Setiembre en Iquitos libran una batalla judicial desde 2016 por el derecho al agua potable y saneamiento
Tras el
primer sobresalto de tercer Gabinete y a la espera del cuarto vuelvo a la
agenda de temas pendientes y abro el correo electrónico. Un mensaje del
servicio de prensa del Congreso de la República está marcado con una estrellita
roja en mi bandeja de entrada. Es del 19 de enero. Ese día cinco ministros (del
segundo Gabinete de Castillo) dieron positivo por COVID, REPSOL informó que el
derrame de petróleo fue de menos de un barril en un área de 2,5 metros
cuadrados, hubo un temblor en Loreto de magnitud 4.0 y la luna estaba
menguando. También renunciaron dos candidatos al concurso de selección de
magistrados al Tribunal Constitucional, Carmela Orbegoso y José Horna. Ambos
denunciaron posibles irregularidades en el proceso de evaluación curricular. El
mensaje marcado decía “Es imperdonable que en pleno siglo XXI parte de la
Región de San Martín no cuente con servicios de agua y desagüe”, Maricarmen
Alva, presidenta del Congreso se expresaba así en la V Audiencia
Descentralizada de la Comisión de Descentralización en Tarapoto.
Agua y
Tribunal Constitucional
Una
historia los relaciona, no he querido decir “desagüe y TC” para que nadie
imaginara en mis palabras ánimo de burla, pero habría sido más adecuado.
La
historia empieza en 2016 en los asentamientos humanos Iván Vásquez y 21 de
Setiembre en Punchana (Maynas, Loreto) donde han leído en la Constitución
Peruana que tienen derecho a la salud (Art 7) y que los “Gobiernos locales han
de desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud,
vivienda, saneamiento…” (Art 195 – 8). Y el 69 dice que “el Estado promueve el
desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada”.
“La
Constitución habla de nosotros, confiemos en la Justicia” pensaron. Los dos
asentamientos están junto a un desagüe que transcurre a cielo abierto llevando
las aguas fecales de la ciudad de Iquitos (Loreto, Perú), los residuos de un
hospital público y los del matadero municipal, en pleno corazón de la Amazonía
peruana.
Graciela
Tejada Soria, portavoz de la Junta Vecinal, en aquel momento resumía la
petición de aquella demanda: implementar los servicios esenciales de agua
potable y alcantarillado, y mientras no se consiga dicho objetivo que se
distribuya una dotación regular y suficiente de agua potable a la población
afectada y se construyan fosas sépticas que sirvan de paliativo temporal.
Además, solicitan que se establezca algún tipo de servicio de recogida de
basura, que se inste a la interrupción inmediata del vertido de residuos al
hospital y matadero y que las autoridades sanitarias adopten de forma urgente
las medidas necesarias para tratar a la población afectada por la contaminación
de las aguas.
La
demanda fue presentada gracias al apoyo del Vicariato de Iquitos, el Instituto
de Defensa Legal (IDL) y el empuje de dos sacerdotes españoles, Miguel Ángel
Cadenas y Manolo Berjón, que desde que llegaron dos años atrás a la parroquia
de la Inmaculada en Punchana tras más de quince años en Santa Rita de Castilla
(una pequeña comunidad a orillas del río Marañón) no dejaron de acompañar a los
vecinos de Iván Vásquez y su vecino asentamiento 21 de Setiembre en la búsqueda
de una solución a su insalubre vida:
“La vida
de estas personas estaba tan falta de futuro en sus comunidades que hasta este
desamparo es mejor que lo que tenían”, afirma Miguel Ángel, que ahora es obispo
del Vicariato de Iquitos y no olvida sus prioridades. Unos meses antes de
presentada la demanda les pidieron que fueran a hacer un exorcismo a una mujer
que había perdido la razón tras una cesárea en la que perdió a su bebe.
“Pensaban que estaba endemoniada, rezamos, pero no es el demonio, es el
desagüe, es la miseria.”
Betty Luz
vive junto a sus tres hijos y su marido. En 2008 se trasladó al asentamiento
humano Iván Vásquez (Punchana) desde San Pablo en Bajo Amazonas. Quería acercar
a sus hijos a un futuro mejor, poder darles estudios. Lo hace, pero el precio
es alto, “cuando llueve no se puede caminar, hace bastante barro, para mandar a
nuestros hijos al colegio hay que cargarlos porque todo se inunda, peor va a
bajar el agua y va a quedar bien feo otra vez, tenemos que limpiar la basura
cuando queda, lo que deja el agua, toda esa cochinada, pero también
enfermedades, a los niños más que nada, como vómitos, diarreas, fiebres».
Le cuesta
entender cómo tras ganar en Primera Instancia la demanda el Municipio de Maynas
apeló y la Sala Civil de Loreto dio la razón a la municipalidad en base a la
Ley 30645 que modificó el 19 de julio de 2017 la Ley 29869 que establece el
asentamiento oportuno de titulares y ocupantes de predios que se encuentren
ubicados en “zona de riesgo recurrente por deslizamientos, huaicos y desbordes
de ríos”.
Los ríos
en la Amazonía no desbordan, crecen y decrecen, y la población amazónica ha
desarrollado desde tiempos ancestrales estrategias y soluciones para vivir en
este entorno cambiante.
La
ubicación del asentamiento no es caprichosa, su cercanía al puerto de Masusa,
donde trabajan la mayor parte de hombres que viven en ellos acarreando carga,
es lo que la hizo crecer a pesar de la alcantarilla. Se encuentra, en efecto,
en terrenos inundables, como tantos otros asentamientos de Maynas, al llegar
los periodos de creciente el agua lo cubre todo. El acta de la visita realizada
entre representantes del OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental) y funcionarios de la Municipalidad de Maynas el 8 de julio de 2015,
señala que “el área no es apta para viviendas, sin embargo, cuenta con servicio
eléctrico”.
Precisamente
el hecho de ocupar terrenos inundables impedía las inversiones públicas por lo
establecido en la mencionada Ley 28358. La misma acta manifiesta que se “ha
observado la presencia de aguas residuales no tratadas y residuos sólidos, y se
ha percibido malos olores y la presencia de vectores (mosquitos) y aves
carroñeras.” Este es el motivo de que sus vecinos decidieran llevar el caso a
los tribunales mediante demanda constitucional invocando el derecho a la vida y
a la salud, de manera que si prosperara y terminara triunfando pudiera ser
además un antecedente válido para cualquiera de los otros asentamientos en
situaciones similares.
Ahora,
IDL ha presentado a mediados de 2021 recurso ante el Tribunal Constitucional.
En sus manos está que la letra de la Constitución sea algo más que palabras
ordenadas mediante la gramática. Mientras esto sucede, los pobladores de ambos
asentamientos continúan su rutina. A diario van a buscar agua potable a casa de
sus vecinos más afortunados, aquellos que no viven junto al canal de aguas
pestilentes y tienen la fortuna de contar con agua corriente. Cada balde de
agua les cuesta 20 céntimos. Los pobres pagan por todo, ahora solo ven algo de
esperanza en la justicia y que la demanda prospere.
El nombre
de Iván Vásquez también ha vuelto a los titulares de la prensa local. Pero no
se trata del asentamiento, sino del expresidente regional de Loreto Iván
Vásquez Varela, que tras haber sido condenado a seis años por colusión respecto
a la elaboración del expediente técnico de la obra de alcantarillado de Iquitos
logró que la Sala de Apelaciones declarará nulo el proceso y ahora ha vuelto a
ingresar al presidio por el caso “Motochatas”, otro caso, tras confirmarse la
sentencia de 9 años.
Ya nadie
quiere recordar porque el asentamiento tomó el nombre del presidiario y también
actual candidato al Gobierno Regional, pero sí se recuerda que aquellas obras
por las que fue juzgado no sirvieron más que para levantar las calles de la
ciudad y los ánimos de sus vecinos. La red integral de alcantarillado de
Iquitos sigue presentando severas deficiencias que afectan a toda la ciudad
cuando llueve, y en la selva no llueve, diluvia. El presupuesto destinado en
aquella ocasión desapareció en estudios técnicos sin fundamento y obras mal
ejecutadas.
Agua y
Constitución
En lo que
parece un chiste de abogados mientras los vecinos esperaban la primera
sentencia —que les dio la razón durante el Gabinete presidido por Fernando
Zavala bajo la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski—, que aprobaba la Ley 30588
que incorporaba a la Constitución el numeral 7-A en el que el Estado reconoce
el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua
potable. https://caretas.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
8/2/22
HIDROBOLETÍN FENTAP 3901: PERÚ - CCL: “Agua no facturada en Sedapal alcanza el 28,9% y en EPS de otros tamaños supera el 40%”
Martes, 8 de febrero de 2022 – Año XV – Edición 3901 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
La FENTAP informa:
PERÚ - CCL: “Agua no facturada en
Sedapal alcanza el 28,9% y en EPS de otros tamaños supera el 40%”. La Cámara de
Comercio de Lima precisó que el MVCS encamina 18 proyectos, con un portafolio ascendente a S/ 8.193 millones para cerrar la
brecha de infraestructura en el sector
PERÚ – Huancayo. Por acondicionar su
desagüe pluvial a la calle sancionan a 110 usuarios en Chilca. Municipalidad de
Chilca les impone papeletas y multas por el valor del 50% de una UIT
PERÚ – Puno. Advierten que población de
Coata volvió a consumir agua contaminada tras desborde de ríos que contaminaron
pozos
CHILE - La crisis hídrica en Chile
espera su solución en la nueva Constitución
CCL: “Agua no facturada en Sedapal
alcanza el 28,9% y en EPS de otros tamaños supera el 40%”
La Cámara de Comercio de Lima precisó que el MVCS encamina 18 proyectos APP del sector agua y saneamiento, con un portafolio ascendente a S/ 8.193 millones para cerrar la brecha de infraestructura en el sector
El Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026 (PNS) elaborado
por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) estima que la
brecha de infraestructura, entendida como inversión requerida para lograr el
acceso universal a los servicios de saneamiento, alcanza un valor de casi S/
100.000 millones hacia el año 2030. La Cámara de Comercio de Lima (CCL) hizo un
balance al respecto.
De acuerdo a información recogida por el Instituto de
Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL, en el ámbito urbano, con
poblaciones desde más de 15.001 habitantes, el servicio lo brindan 50 empresas
prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), que suman 3,7 millones de
conexiones y que en términos de población significan alrededor de 20,4 millones
de personas.
Estas empresas se clasifican en 15 pequeñas (hasta 15.000
conexiones), 16 medianas (desde 15.001 hasta 40.000 conexiones), 18 grandes
(desde 40.001 hasta un millón de conexiones) y Sedapal (más de un millón de
conexiones).
Cabe precisar que, según cifras de INEI, en el área urbana
el 87% de la población accede a red pública de alcantarillado mientras que en
el área rural la tasa es de 22%. Sin embargo, estos promedios descienden hasta
el 82,3% y el 21,3% cuando se consulta si la instalación se ubica dentro de la
vivienda.
CCL: 28,9% del agua de Sedapal no se
factura
En el ámbito urbano, con población entre 2.000 y 1.500
habitantes (e inclusive en centros poblados con más de 15.000 habitantes, pero
que están al margen de las EPS) el servicio lo brindan 403 prestadores de los
cuales el 67,5% son municipios, el 26% son organizaciones comunales, el 2,5%
operadores especializados y el 4% otros. En ese sentido, se propone continuar
con la integración de estos prestadores al ámbito de las EPS.
“La gestión de las EPS aún tiene mucho espacio de mejora.
Con cifras de la Sunass, al tercer trimestre de 2021 se verifica que el agua no
facturada (proporción del volumen de agua potable producida que no es
facturada) en Sedapal alcanza el 28,9% y en las EPS de otros tamaños supera el
40%”, señala el IEDEP.
Asimismo, la micromedición (proporción de conexiones de
agua potable que tiene instalado un medidor operativo y leído) en Sedapal
alcanza el 88%, mientras que en las EPS grandes y medianas promedian el 65% y
en las EPS pequeñas apenas bordean el 40%.
En el ámbito rural, con población comprendida hasta los
2.000 habitantes, la prestación del servicio es provista por 27.000 entidades
encargadas de la administración, operación y mantenimiento de los servicios de
agua y disposición sanitaria de excretas de los cuales el 92,4% son
organizaciones comunales.
CCL: solo 77,5% de aguas urbanas se
tratan
En ese sentido, el PNS propone inversiones que suman los S/
70.000 millones hacia el año 2030 de las cuales alrededor de S/ 45.000 millones
corresponden a ampliación de cobertura, mientras que S/ 25.000 millones irían
al mejoramiento, rehabilitación y reposición. De esa manera, la brecha de
infraestructura se reduciría hasta los S/ 30.000 millones hacia el año 2030.
Parte importante de la brecha radica en la necesidad de
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), considerando que en el
ámbito urbano solo el 77,5% de aguas residuales recolectadas reciben un
tratamiento previo a ser volcadas a un cuerpo receptor o ser reusadas en riego.
“Por ello, en los últimos años se ha promovido la
participación del sector privado en proyectos de Asociación Público Privada
(APP) como las PTAR Taboada, La Chira y Provisur, que están en operación; y la
PTAR Titicaca, que está en construcción”, refiere la CCL.
CCL: cofinanciados y autofinanciados
El Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones
Público Privadas 2020-2022 del MVCS prioriza 18 proyectos valorizados en S/
8.193 millones (incluido IGV).
Estos proyectos se encuentran distribuidos en 12 regiones
del país, se espera terminen de ser construidos entre 2023-2025 y cuyos plazos
de concesión varían entre los 10 y 30 años. Estas obras permitirán beneficiar a
más de 10 millones de habitantes.
El bloque de proyectos cofinanciados lo conforman 13 obras
valorizadas en S/ 3.512 millones donde figuran las PTAR Puerto Maldonado,
Huancayo, Trujillo-Chepén, Cusco, Cajamarca, Chincha,
Chiclayo-Lambayeque-Ferreñafe, Huaraz, Tarapoto-San José de Sisa, Cañete.
Asimismo, figuran la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Cajamarca, Desaladora
Ilo, Saneamiento Rural Comunidades de Loreto.
El bloque de proyectos autofinanciados lo conforman cinco
obras, bajo el ámbito de Sedapal, valorizadas en S/ 4.682 millones. Estos son
Lima obras de cabecera (incluida en el Plan Nacional de Infraestructura para la
Competitividad), Proyecto planta desaladora Lima Norte, Proyecto desaladora
Lima Sur, Saneamiento para Lima Norte y Saneamiento para Lima Sur.
CCL: ¿Y cómo va Proinversión?
Respecto al avance de los proyectos, Proinversión informa
en su Portafolio de Proyectos de noviembre 2021 que las obras con hitos de
adjudicación son la PTAR Puerto Maldonado y Lima obras de cabecera para el
primer y tercer trimestre de 2022, respectivamente.
En tanto, las obras con declaratoria de interés son las
PTAR Huancayo y Chincha para el tercer y cuarto trimestre de 2022,
respectivamente. Por su parte, se consideran proyectos en maduración las PTAR
Trujillo, Cajamarca, Cañete, Cusco, Tarapoto, Saneamiento Rural Loreto,
Desaladoras Ilo y Lambayeque.
El dato
La Encuesta Nacional de Programas presupuestales de INEI
revela que, para el año móvil octubre 2020-setiembre 2021, en el área urbana el
92,9% de la población que consume agua proviene de red pública mientras que en
el área rural la tasa es de 76,6%. Sin embargo, estas cifras descienden hasta
el 87,2% y 68,4% cuando se consulta si el acceso es todos los días de la
semana.
En el año 2015 la comunidad internacional incorporó como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia 2030 el “garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. https://larepublica.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Por acondicionar su desagüe pluvial a la calle sancionan a 110 usuarios en Chilca
Por acondicionar el desagüe pluvial de sus viviendas a la vía
pública y provocar daño al pavimento, 110 vecinos del distrito sureño de
Chilca, fueron sancionados y multados por la Gerencia de Desarrollo Urbano de
la Municipalidad Distrital de Chilca.
Según explicó, Lucero Yaranga Alfaro, fiscalizadora de
Desarrollo Urbano, solo durante el último mes de diciembre se impusieron cerca
de 80 papeletas a lo largo de las avenidas: Jacinto Ibarra, Leoncio Prado, y
unas 40 en el sector de Auquimarca y Av. 9 de diciembre, siendo la sanción el
pago del 50% de una UIT.
“Están prohibidas las conexiones aéreas porque perjudican
el concreto de las calles y de las viviendas aledañas, las caídas de agua
pluvial deben ser entubadas hasta el ras del suelo donde ya pueden discurrir al
alcantarillado”, manifestó la funcionaria.
También mencionó, que la sanción está contemplada en la
Ordenanza Municipal 199-2015 MDCH-CM y en el Reglamento Nacional de Edificación
Cap. III, norma 6.40; no obstante, se les da un plazo de cinco días a los
infractores para quitar las tuberías de desagüe pluvial aéreas y hacer su
descargo respectivo; en caso de incumplir se hace efectiva la multa
correspondiente.
Para evitar este tipo de conexiones es necesario las
licencias de construcción que son permisos que acredita que se ha cumplido con
los procesos, normas técnicas.
En lo que va del año solo se han tramitado 198 solicitudes
para licencia de edificación y 170 para habilitación urbana en el distrito de
Chilca. https://diariocorreo.pe/
Advierten que población de Coata volvió a consumir agua contaminada tras desborde de ríos que contaminaron pozos
El presidente del Frente de
Defensa Unificado Contra la Contaminación de la Cuenca Coata y el Lago
Titicaca, Félix Suasaca, informó que varios sectores quedaron aislados debido
al desborde de ríos en el distrito de Coata y lamentó que la mayoría de
pobladores haya vuelto a consumir agua contaminada, pues la totalidad de pozos
habrían sido contaminados.
“Una semana antes de que los
ríos desbordaran, hemos verificado que las mineras vierten sus relaves y aguas
ácidas al río Coata, todo ello ha inundado los cultivos y pozos de la
población”, señaló.
A través de Pachamama radio,
sostuvo que miles de hectáreas de cultivos fueron inundadas por estas aguas
contaminadas; de la misma manera, los pozos de la población fueron contaminados
y debido al cierre de las carreteras producto de la inundación, las cisternas
de agua no pueden trasladar el líquido elemento a todas las comunidades.
En ese marco, demandó al
Gobierno Regional de Puno y al Centro de Operaciones de Emergencia Regional,
dotar un mayor número de herramientas para reforzar las defensas ribereñas y
disponer que las cisternas de agua se instalen durante todo el día en puntos
fijos para que la población pueda abastecerse de agua. https://www.pachamamaradio.org/
HIDROMUNDO
La crisis hídrica en Chile espera su solución en la nueva Constitución
Cuando tenía cinco años, en
1997, la chilena Camila Donoso y su familia iban en bañador al río Petorca a
sacar peces que luego cocinaba su abuela, mientras sus hermanos se lanzaban
desde las rocas a sus grandes pozas sin lograr alcanzar el fondo.
Ahora, Donoso tiene 30 años y es
coordinadora de la Unión de Agua Potable Rural de la cuenca del Petorca,
después de que esta hija de campesinos y descendiente del pueblo originario
diaguita, se convirtió en la primera de su familia de realizar estudios
universitarios y se graduó de socióloga.
La dirigente comunitaria dijo a
IPS que tiene claro que el Petorca se secó “por el uso intensivo” por
agroexportadoras de aguacates, llamados en el país paltas, “que la extraen con
bombas y acumulan en enormes lagunas”.
Una práctica que deja sin agua a
los pequeños campesinos, a los residentes y a los centros educativos de su
comuna (municipio) rural, también llamada Petorca, situada en la región de
Valparaíso, en el centro de Chile. En diciembre, en otros pueblos cercanos
tuvieron que cerrar las escuelas y centros de salud por falta de agua potable.
Las penurias con el agua de la
cuenca del Petorca ejemplifican la crisis hídrica que sufre este país
sudamericano que se alarga entre la cordillera de Los Andes y el océano
Pacífico y que tiene su origen en buena parte en el Código de Aguas,
establecido en 1981 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1980).
Ese Código asigna la propiedad
sobre el agua a quienes tienen derecho sobre su aprovechamiento, mientras
también separa la tenencia de la tierra sobre el derecho al agua, en una
privatización de facto que deja indefinidamente el recurso esencial en manos de
empresarios, terratenientes y la agroindustria exportadora.
Ahora, los afectados y en
general los sectores públicos y privados involucrados esperan que los
integrantes de la Convención Constitucional que redactan la nueva Constitución,
acuerden normas que permitan modificar los aspectos más lesivos del Código, y a
partir de ahí reestructurar el derecho al agua para beneficio colectivo de sus
19 millones de habitantes.
Las sequías recurrentes, como la
que sufre Chile en este verano austral, y los impactos del cambio climático
agudizan una crisis que la gestión privatizada del agua impuesta en el Código
deja sin instrumentos para afrontarla.
Desde septiembre de 2021 fueron
declaradas en escasez hídrica 10 comunas de la región Metropolitana de
Santiago, toda la región de Coquimbo y la provincia de Copiapó, en el norte, y
toda la región de Los Ríos y cuatro comunas de la región de Los Lagos, en el
sur.
La pequeña agricultura muere de
sed
Caty Espinoza, de 55 años, vive
con su familia de cuatro integrantes a tres kilómetros de Petorca. Durante 15
años dependía del agua que traían camiones aljibes. Tenía caballos para arar y
varios burros, pero debió venderlos. Hoy le quedan tres caballos y un burro,
además de gallinas, patos y una veintena de árboles (duraznos, limones,
naranjos y nogales) para el consumo familiar.
Junto a siete familias logró el
2021 instalar un estanque de 20 000 litros, con cuatro paneles solares
fotovoltaicos para la energía y un sistema de cloración. Pero tiene restringido
el consumo a 15 metros cúbicos mensuales y debe vigilar el nivel del depósito.
“Esos 15 metros cúbicos deben
alcanzarnos para el consumo familiar y quien no tiene un pozo propio tiene que
compartir con sus animales. En octubre se secó nuestro pozo familiar y tuvimos
que profundizarlo hasta 21 metros. Estuvimos dos meses secos y debimos comprar
agua al camión gastando 20 000 pesos (25 dólares) cada semana”, contó a IPS.
Espinoza añadió que “nuestras
familias son organizadas y nos sacrificamos para tener agua y no tener
problemas graves como en Hierro Viejo, La Villa y Artificio donde han colapsado
y debieron cerrar colegios y postas de salud”.
Sara Larraín, directora de Chile
Sustentable, dijo a IPS que “no ha habido ninguna planificación” en este tema
en la región.
Recordó que ya durante el primer
gobierno del derechista Sebastián Piñera (2010-2014), quien culminará su
segundo mandato cuatrienal en marzo, se reconoció que en La Ligua y Petorca las
plantaciones son tres veces más que las posibilidades de agua de la cuenca.
“Pequeños campesinos del valle
quedaron sin agua. Los grandes agricultores tenían derechos y plantaron los
cerros más allá de las posibilidades. Esa es ausencia de autoridad”, afirmó la
dirigente de un programa que aglutina a organizaciones ecológicas, académicos,
activistas y ciudadanos a favor de un nuevo paradigma de desarrollo en Chile.
“Tú no puedes manejar un recurso
estratégico, un bien público, con los vaivenes del mercado si todos sabemos
para dónde se van las cosas cuando las dejas a quien paga más”, sentenció.
En Petorca, 205 kilómetros al
norte de Santiago, viven unas 10 000 personas.
Su alcalde, Ignacio Villalobos,
quien impulsó la confección de un mapa hídrico, dijo a IPS que así se logró
“identificar, tener la certeza y robustecer nuestras convicciones del robo del
agua en nuestra comuna”. El alcalde reclamó una acción efectiva del Estado.
“Identificamos cuántos litros
por segundo había otorgado la Dirección General de Aguas desde el cambio de
normativa en 1981 que separó propiedad de la tierra con el agua y nos
encontramos con unos 3516 litros por segundo. Eso nos arroja una enorme
cantidad de pozos construidos”, dijo Villalobos.
El alcalde explicó que “hay una
sobreexplotación de los ecosistemas. Han sido alterados por la agroindustria y
se han transformado en páramos desérticos, donde hay no solamente una migración
de flora y fauna nativa sino también una destrucción de los ecosistemas”.
Detalló que producir un aguacate
en Petorca requiere aproximadamente 346 litros de agua “desde que cuaja hasta
cosechar una palta de 180 a 220 gramos, según la temporada”.
“El río está seco. Ha sido
drenado. Con la Dirección de Obras Hidráulicas estamos haciendo pozos profundos
y llegando a aguas fósiles decantadas por miles de años que están a 150 ó 160
metros de profundidad¨, reveló.
Con seis camiones aljibes la
Municipalidad (alcaldía) reparte agua. “Todos los días ingresan entre 40 a 60
solicitudes de agua para bebida (humana) y consumo animal”, explicó.
El municipio gasta anualmente
entre 150 000 y 187 000 dólares en la distribución de agua.
La crisis hídrica ha afectado
también a la agroindustria exportadora de la zona.
“Hace 10 años teníamos cerca de
35 000 hectáreas de cultivos de la agroindustria en la zona. Hoy tenemos unas 7
000 hectáreas en una agro industria que disminuye por el tema hídrico”, contó
el alcalde.
Cambio climático y extractivismo
Según Larraín, Petorca refleja
una situación estructural que afecta a una serie de elementos y que deriva del
cambio climático, con expresiones como el calentamiento, la reducción de
lluvias y la aceleración del derretimiento de glaciares.
Lo que califica como la “no
política” de cuencas “ha secado muchos ríos del norte y centro de Chile”.
“Vamos devastando todo hacia el sur por la sobreexplotación de aguas
superficiales y subterráneas”, precisó.
“La minería de altura volcada en
cabeceras de cuencas compromete los recursos hídricos y los glaciares, que son
las únicas reservas que sobreviven cuando no llueve. En los últimos años los embalses no se han
llenado y la recarga hasta 80 % de las cuencas ha sido producto del
derretimiento de glaciares”, indicó la especialista.
Maisa Rojas, quien asumirá el 11
de marzo como ministra del Medio Ambiente del próximo gobierno del izquierdista
Gabriel Boric, ha coincidido en que “la gestión del agua debe realizarse en las
cuencas”. También dijo que tras entrar en vigencia una nueva Constitución, si
resulta refrendada, habrá que ajustar el Código de Aguas.
“El Estado ha concedido más
derechos en el papel que agua hay en la realidad. Y hoy vemos una concentración
de la propiedad en actores agroindustriales, mineros e hidroeléctricos y
tenemos a campesinos, asociaciones y villorrios rurales, con servicio por
camiones aljibes”, comentó Larraín.
Debate constitucional
Con la firma de 16 y la adhesión
de 42 de los 155 constituyentes de la Convención, se presentó al debate de
nueva Constitución la iniciativa popular 40230 que propone derechos humanos al
agua y al saneamiento como garantías “indispensables para una vida digna”.
“Toda persona, sin
discriminación, tiene derecho al agua suficiente, segura, aceptable, potable,
libre de contaminación, físicamente accesible y asequible económicamente para
uso personal y doméstico”, indica la iniciativa respaldada por 23 266 firmas,
sobre las 15 000 requeridas.
“El Estado deberá velar por la
satisfacción de este derecho atendiendo las necesidades de las personas en sus
distintos contextos, teniendo especial consideración por quienes habitan en
territorios rurales, periurbanos e indígenas. Este derecho deberá satisfacerse
preferentemente a partir de fuentes de aguas continentales”, sostiene la
iniciativa.
La constituyente Carolina
Vilches dijo a IPS que “las actividades productivas a gran escala han tenido
este resultado, lo que han vendido como desarrollo no es más que la vulneración
de derechos a las comunidades, donde se instalan estos grupos económicos que,
en algunos casos, por contar con privilegios financieros adquirieron derechos
de agua”.
“A otros se los entregaron a
perpetuidad y otros, a costa de engaños, los han comprado a pequeños
agricultores a un muy bajo precio”, siguió describiendo la situación.
Para Vilches, “estos grandes
grupos han usado y usufructuado las gestiones gubernamentales hechas y
diseñadas para ellos (hasta ahora), ya que el Estado los ha subsidiado”. El Estado les ha otorgado “el agua, como
mercancía, para su propio beneficio”, acusó.
La iniciativa que discute la
Convención “propone intervenir 14 cuencas cuyas aguas están sobre otorgadas y
establecer prioridades. El orden de prioridad sería la naturaleza, el consumo
humano, la agricultura familiar campesina y la agroindustria”, recordó.
La propuesta contempla “un
articulado transitorio de licencias de uso de aguas, que serán permisos
temporales en calidad de custodios y no a perpetuidad”.
Mientras se ve como el derecho
al agua aparece finalmente en el texto constitucional, el alcalde Villalobos
propone a corto plazo instalar una planta desaladora “que puede salvar la
permanencia en el territorio”.
Pero como otros muchos su mayor
apuesta es que la nueva Constitución posibilite “un nuevo Código de agua,
garantice acceso para todas las personas y permita algún mecanismo de control
robusto que fiscalice, planifique, dé una proyección sustentable y traiga
tranquilidad, paz y armonía para territorios como los nuestros”.
El texto emanado de la Convención, elegida en un plebiscito en octubre de 2020, deberá estar listo en abril o a más tardar en julio para ser sometido a un referendo, y ahí se sabrá si la nueva Constitución llamada a enterrar la heredada de Pinochet, sacia las expectativas respecto al derecho al agua en Chile. https://ipsnoticias.net/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
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