Miércoles, 22 de junio de 2022 – Año XV – Edición 3995 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
Detectan irregularidades en proyectos
ambientales en el Gobierno Regional de Huánuco
Minam observa proyecto que estuvo a cargo de exgerente Silvia Sullca y advierte de peligro que afectaría a ecosistemas de tres localidades del departamento
El gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional de
Huánuco (GRH), William Rodríguez Jara, manifestó que evalúan tres proyectos
ambientales, los cuales no cumplen con los objetivos para los que fueron
creados. Los proyectos están ubicados en Ambo, Mancapozo y Pueblo Nuevo
(Leoncio Prado).
Rodríguez señaló que la finalidad de los proyectos es
recuperar los servicios ambientales o ecosistemas. Sin embargo, estarían
ocasionando perjuicios debido a irregularidades cometidas en su ejecución.
“Si queremos recuperar los servicios ambientales o los
ecosistemas tenemos que instalar especies nativas. En este caso, las especies
que se están implementando son especies que vienen introducidas. El Ministerio
del Ambiente (Minam), informó que, en vez de ayudar a recuperar y contribuir a
preservar los ecosistemas, se perjudica, porque se va a requerir más agua y va
a traer otras consecuencias negativas”, manifestó el gerente.
Rodríguez Jara, afirmó que estos temas vienen siendo
abordados con el apoyo del Minam y especialistas en el área. Asimismo, precisó
que se establecerán lineamientos para revertir la situación.
“Se van a corregir estos temas. Con el apoyo del Minam y
otros especialistas se van a establecer lineamientos para no volver a ejecutar
proyectos con Eucalipto, Pinos y otras especies que no tienen nada que ver con
estos objetivos, los cuales buscan recuperar los ecosistemas”, explicó William
Rodríguez.
El funcionario sostuvo que en todos los proyectos de la
gestión de la gerente Silvia Sullca se estuvo instalando especies que no
corresponden al proyecto y a la vez se realizaban dentro de terrenos privados.
“Estos proyectos de inversión pública se tienen que
instalar en terrenos comunales por eso estamos revisando y evaluando para poder
hacer las correcciones correspondientes y deslindar las responsabilidades, ya
que hay un tema presupuestal”, concluyó Rodríguez. https://diariocorreo.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Primer ministro Aníbal Torres y congresistas se enfrentan por destrabe de Majes II
Uno de los puntos cruciales de la agenda de la XVII Consejo
de Ministros Descentralizado fue el destrabe del proyecto Majes Siguas II. El
primer ministro Aníbal Torres anunció que respaldará la firma de la Adenda 13 y
también apoyará la puesta a punto de la infraestructura de riego de la
irrigación en su primera fase.
De igual forma, el ministro de Economía y Finanzas, Miguel
Graham Yamahuchi, precisó que este proyecto será un gran activador de la
economía. Generará mil millones de soles anuales al PBI, 8 mil puestos de
trabajo en la construcción y en la operación 300 mil.
Sin embargo, esto no fue bien tomado por los parlamentarios
de la bancada oficialista elegidos por Arequipa. Los tres —María Agüero, Jaime
Quito y Alex Paredes— mostraron una postura radicalmente en contra de la firma
de dicho documento, anunciado para la próxima semana. Majes II es un proyecto
con inversión público-privada. Su destrabe depende de la Adenda 13 que
significa modernizar su sistema de riego, pero ello implica una inversión
adicional de 103 millones de dólares.
Durante su participación los parlamentarios se mostraron
críticos con la firma. Coincidieron en que no se podía beneficiar a la
constructora española Cobra, porque esta fue la que provocó todos los problemas
del cambio tecnológico y las nuevas circunstancias. También señalaron que antes
se debería pensar en reparar toda la infraestructura de riego. Esta consta de
100 kilómetros, desde la represa de Condoroma hasta las pampas de Majes I. Canales
y túneles ya tienen 40 años y están cayéndose a pedazos.
“Con los pobladores de Caylloma decimos no a la Adenda 13.
Primero hay que preocuparnos por el agua que requiere Majes I. Los canales
están colapsando y son los mismos que abastecerán a Majes II. Ni siquiera el
100% de tierras Majes I son usadas por la falta de agua. Los agricultores piden
nuevos canales y la represa intermedia, que prevendría una catástrofe”, dijo
Quito.
“Majes Siguas II tiene tantos años, décadas, y se han
firmado tantas adendas. Por eso el pueblo dice no a la Adenda 13. Porque nada
garantiza que no se vayan a firmar más adendas, lo que seguramente pasará”,
manifestó Agüero. En tanto, Paredes pidió que en el congreso se instale una
comisión para investigar los contratos y la ejecución de Majes Siguas II.
También que se haga algo sobre los derrumbes que se suscitan en Majes I, cerca
de la Panamericana Sur.
A su turno, el jefe del gabinete ministerial, Aníbal
Torres, señaló que el destrabe de Majes Siguas II es importante porque
permitirá la ampliación de la frontera agrícola. Esto, dijo, servirá para
garantizar la necesidad alimentaria de las regiones. Hizo una comparación con
lo que está pasando también la irrigación Chavimochic en La Libertad, donde hay
más progreso.
“Si está mal el canal, los túneles, hay que hacer el
esfuerzo para resolver el problema. Pero eso no quiere decir que dejemos de
lado la ampliación de la frontera agrícola, que beneficiará a los agricultores
y ampliará las exportaciones. Si no lo hacemos pronto, si se vencen los plazos,
olvídense de la obra. Eso nos puede pesar muchísimo en el futuro”, manifestó.
Hoy la gobernadora volverá a visitar Caylloma para reunirse
con las organizaciones que protestan en contra de la Adenda 13. Esperan
acuerdos.
Un nuevo puerto
Un pedido de la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez también fue
el respaldo para la elaboración del perfil del megapuerto de Corio. Señaló que,
si Majes Siguas II se hace realidad, entonces se necesitará un puerto por donde
salgan las exportaciones agroindustriales. Para ellos se necesita un
presupuesto de S/ 6 millones. https://larepublica.pe/
Más de 30 organizaciones de la sociedad civil peruana demandan la ratificación del Acuerdo de Escazú
En un contexto de creciente
violencia contra los defensores del medioambiente, y de mayor presión sobre los
recursos naturales, diversas organizaciones de Perú se han unido para exigir al
Congreso de la República que ratifique el Acuerdo de Escazú, un tratado
internacional vinculante que fortalecerá la protección de los defensores y
defensoras ambientales, la participación ciudadana, el acceso a la información
y la justicia ambiental.
Luego de ser ratificado por 12
países, el 22 de abril de 2021 entró en vigor el Acuerdo de Escazú en América
Latina y el Caribe. Sin embargo, si bien Perú desempeñó un rol clave en la
promoción de este tratado durante el proceso de negociación, aún no lo ha
ratificado.
A través de la plataforma Escazú
Ahora Perú, que contiene recursos informativos sobre la relevancia de este acuerdo
para la gobernanza ambiental nacional y global, la sociedad civil unida busca
visibilizar la importancia, pero también la urgencia para el país de ratificar
este tratado.
“Nuestro país enfrenta
importantes retos para garantizar estándares ambientales. No podemos ser de los
países que se quedan atrás en la protección de derechos ambientales en nuestra
región. El Congreso peruano debe ratificar este acuerdo y dar una señal
concreta de interés por fortalecer la institucionalidad ambiental”, señaló
Fátima Contreras, especialista legal de la SPDA.
Escazú Ahora Perú es la
plataforma que busca visibilizar la importancia y urgencia de la ratificación
de dicho tratado en nuestro país para generar una corriente de opinión en la
ciudadanía, así como en los principales poderes del Estado como el Congreso de
la República y el poder Ejecutivo.
Entre las organizaciones que se
han unido en la plataforma Escazú Ahora Perú se encuentran Oxfam Perú, Hivos, Proética,
Amnistía Internacional, EarthRights International, Sociedad Peruana de Derecho
Ambiental (SPDA), entre otras.
Firma el pronunciamiento de la
plataforma Escazú Ahora Perú aquí: https://escazuahoraperu.pe/
HIDROLABORAL
Cámara de Comercio de Piura pide derogar norma sobre tercerización laboral
Javier Bereche Álvarez,
presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura se pronunció a favor
de la derogatoria del Decreto Supremo N.º 001-2022-TR que regula los servicios
de tercerización.
Hizo hincapié en que es una
norma inconstitucional porque atenta contra los derechos de libertad de empresa
y libertad de contratación. Además, vulnera los principios de predictibilidad y
seguridad jurídica con un serio impacto en las empresas y los trabajadores.
“Carece de fundamentos técnicos,
pone en riesgo la reactivación económica, amenaza el empleo de aquellos
trabajadores formales que laboran bajo esta modalidad, y atenta contra la creación
de puestos de trabajo”, dijo.
Deploró que el Gobierno no
perciba el impacto negativo de esta norma antitécnica.
“Parece no advertir que al
arriesgar la sostenibilidad de las empresas hace peligrar los puestos de
trabajo que estas generan y, por ende, compromete los esfuerzos por lograr la
formalización empresarial y estimular el desarrollo de las micro y pequeñas
empresas (MYPE)”, señaló.
Al respecto indicó que, al
cierre del 2021, la tasa de informalidad en el Perú ascendió a 75.5 % y en
Piura fue de 82 %. Asimismo, destacó que la MYPE representa el 99.3 % del
empresariado nacional formal y en nuestra región el 95 %, siendo una de las
cuatro regiones que más empleos genera a nivel nacional por lo que sería una de
las más afectadas.
Bereche Álvarez, explicó que la
tercerización les permite a las empresas conseguir mayor eficiencia,
rentabilidad, productividad y competitividad lo que se refleja en mejores
precios que benefician al consumidor por lo que restringir la tercerización
perjudicaría, también, a la población con el alza de precios en las tarifas
que, según datos del INEI, a nivel regional se han incrementado más del 10% en
los últimos 12 meses.
Manifestó que a finales del 2021
se registraron 114 mil 800 trabajadores en empresas de tercerización laboral,
siendo Piura una de las cinco primeras regiones que genera dichos puestos de
trabajo.
Agregó que “por existir una
mayor demanda de la tercerización laboral sobresalen: actividades
inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que concentran el 50 % del empleo
formal tercerizado en la región, seguido por transporte, almacenamiento y
comunicaciones (12 %); minería y el suministro de electricidad, gas y agua (8
%). Estos sectores superaron el promedio nacional y, en conjunto, explican una
incidencia del 70 %”.
Fue enfático al señalar que “si
la intención del Decreto Supremo N.º 001-2022-TR es corregir la prestación del
servicio de tercerización en algunos casos, basta con poner mayor énfasis en la
fiscalización, pero no modificar la naturaleza del servicio en sí, más aún, con
todas las inconsistencias que han sido puestas en evidencia”.
Finalmente, exhortó al Ejecutivo
y al Congreso de la República impulsar medidas que beneficien al país. https://www.elregionalpiura.com.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”