Lunes, 13 de setiembre de 2021 – Año XV – Edición 3803 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
La FENTAP informa:
PERÚ – Lima. El agua no es para todos en San Juan de Lurigancho
PERÚ – OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental)
modifica reglamentos para supervisión y sanción
PERÚ - Puno. Pobladores de Uros Chulluni demandan implementación de
servicios básicos
PERÚ - Premier visita Cusco y Arequipa para aquietar conflictos
mineros latentes
El agua no es para todos en San Juan
de Lurigancho
Un grupo de vecinos está al lado de un camión cisterna.
Hablan a toda voz, se muestran inquietos o impacientes. Bajo el sol del
mediodía, en la falda de uno de los cerros de Los Álamos, asentamiento humano
alejado en San Juan de Lurigancho, hay señoras y señores de la tercera edad,
madres treintañeras y padres cuarentones, adolescentes flacuchentos y risueños,
niños que parecen no entender nada. Todos ellos esperan que empiece a brotar,
de la manguera gruesa como la trompa de un elefante, el chorro de agua. Han
traído sus baldes de limpieza, bateas para lavar ropa, bidones de agua mineral,
tinas para bañar bebés, ollas inmensas. De repente, comienza la danza.
—¡Deivi, ahí sale el agua! ¡Pon el balde, hijo, pon, pon!
—grita una mujer a un chiquillo de pelos parados, que intenta colarse dentro
del tumulto.
—¡No se amontonen, por favor! ¡Mantengan su distancia,
siempre manteniendo su distancia! —reniega uno de los dirigentes del barrio,
que ha tomado la manguera en sus manos.
Quienes terminan de llenar sus recipientes, salen de la
aglomeración tambaleando. Entran con ímpetu los que llevan las manos vacías. La
manguera se desliza de un lado a otro, salpicando los cuerpos y las pistas.
Alrededor los perros corretean y ladran. Los gallos, desde las casas, cacarean.
Es como mirar una coreografía improvisada, en la que nadie se sabe los pasos.
—¡Señores, no se amontonen! —insiste el dirigente, sin
perder la calma.
Los vecinos tratan de ordenarse, pero más apremia el deseo
de ver sus vasijas llenas. Son más de 500 familias, según sus dirigentes, y
llevan cinco días sin recibir agua en sus casas. Más de 120 horas sin poder
bañarse de cuerpo entero, lavar bien las verduras para sus comidas, asearse las
manos luego de andar en la calle, darle de beber a sus hijos todo lo que pidan.
El sábado 4 de setiembre, mientras se probaba el nuevo
sistema de alcantarillado de San Juan de Lurigancho, ocurrió un aniego en el
cruce de Próceres y Tusílagos, dos avenidas importantes del distrito. Una buena
cantidad de aguas residuales —esas que se eliminan desde las casas al cocinar,
lavar, bañarse, jalar la cadena del inodoro— terminaron dentro de unas cuantas
casas y negocios.
Los problemas de estos vecinos con el agua no son una
novedad: en enero de 2019 ocurrió una inundación muy grave en la misma zona,
debido al colapso de un colector —el conducto que recibe las aguas residuales y
las lleva a otras zonas—. Aquella vez el daño se produjo mientras reparaban
unos forados —hundimientos— en las pistas. ¿El resultado? Más o menos 2.000 personas
resultaron damnificadas.
Esta vez, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de
Lima (Sedapal) anunció que cortaría el suministro de agua potable durante una
semana, no debido a la inundación, sino para terminar los trabajos de conexión
de la antigua y la nueva red de alcantarillado. El gerente general de la
empresa, Richard Acosta, aseguró en distintas entrevistas que todo eso se
estaba haciendo “por un bien mayor”.
Sin embargo, el viernes pasado —a dos días de que se
cumpliera el plazo programado para restablecer el servicio— Sedapal anunció que
el corte se extendería hasta esta semana. En un breve comunicado explicaron que
el aplazamiento se debía a la necesidad de instalar una compuerta. Esta medida
afecta a unas 450.000 personas del distrito más poblado de la capital
(1’203.000 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística e
Informática, INEI).
OjoPúblico intentó comunicarse con el gerente general de
Sedapal, para indagar en las causas y responsabilidades de este nuevo problema.
Sin embargo, el funcionario canceló la entrevista a último momento y el área de
prensa de la empresa indicó que este no daría más declaraciones hasta que
terminen los arreglos.
El acceso desigual
Jesusa Ramírez, anciana de Ayacucho, repite varias veces,
como un conjuro:
―El agua lo cuidamos como oro, como oro.
En el asentamiento humano 24 de junio, en San Juan de
Lurigancho, el agua llega a través de pilones. Son unos caños resguardados
dentro de unas pequeñas cajas de cemento. Desde allí, con mangueras de todos
los tamaños, los vecinos llenan sus baldes y tinajones una vez por semana.
Pero, antes, deben avisar a quien tiene la llave de la puerta del pilón. Porque
el agua en 24 de junio no se obtiene solo abriendo una palanca, sino también un
candado.
―Esto nomás nos queda, mire, para que vea que una no miente
―dice Jesusa y señala una tina azul, que está casi vacía ―eso es lo que tenemos
desde hace más de una semana.
En todos estos días, Jesusa y su hija, Evelyn, no han ido a
buscar agua. Están aguantando con lo que ya tenían acumulado. Dicen que el
reservorio de Sedapal queda muy abajo, allá en la avenida, y que a ellas no hay
quien las ayude a cargar el peso. Que el mototaxi cobra uno, dos, tres soles,
según el peso que transporta. Los camiones cisterna no han llegado ni una sola
vez hasta ese rincón empolvado.
“Lo que pasa en Lima es una profunda desigualdad de acceso
al agua y se ha normalizado e interiorizado. Esa interiorización pasa por toda
la sociedad, incluso por los funcionarios de Sedapal ―explica Mariel Mendoza,
socióloga y magíster en Gestión Pública de los Recursos Hídricos de la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)―. En su burocracia prevalecen
prejuicios que justifican las diferencias para darle más o menos agua a la
gente”.
El acceso al agua potable en Perú es, como dice la
socióloga Mendoza, desigual. De acuerdo al boletín Formas de Acceso al Agua y
Saneamiento Básico del INEI, entre mayo de 2019 y abril de 2020, 29’525.000
peruanos (90,8 %) accedía a agua para consumo humano desde la red pública. Sin
embargo, los porcentajes decrecen según la zona. El 94,8 % de la población del
área urbana tiene este servicio. En el área rural, el 76,3 %.
¿El acceso al agua por la red pública es equitativo?
Tampoco. Entre mayo de 2019 y abril de 2020, 27’837.000 personas, es decir el
85,6 % de peruanos, tuvieron agua todos los días de la semana. Y, de nuevo, hay
distinciones de acuerdo al lugar: en el área urbana 89,9 % de gente tiene agua
todos los días, mientras en el área rural lo hace el 69,9 %.
El número de horas al día en el que una vivienda tiene
acceso al agua es otra forma de comparar quiénes tienen más y menos de este
recurso. El 56,2 % de la población que consume agua de la red pública la tiene
24 horas del día, mientras que 28,6 % accede por horas.
En Perú, además, aún hay una gran cantidad de gente que no
tiene acceso al agua por la red pública: casi el 9 % de peruanos. De estos, 1,2
% se abastece por camión-cisterna; 1,6 %, por pozo; 3,5 % con un río, acequia o
manantial, y 2,8 % de otras formas. En el área urbana, el 5,2 % de la población
no tiene acceso a agua por red pública. En el área rural, el 23,7 % de las
personas carece de este servicio.
Evelyn Gutiérrez, la hija de Jesusa, cría a cuatro niños:
Jorge, Ana, Mía y Elio. Tienen entre 1 y 11 años, tres de ellos estudian en el
colegio. Los pequeños están jugando, hacen bulla, se pelean.
Hace unos días, Evelyn tuvo que lavar la ropa de sus niños,
pues se ensucia rápido.
―Solo la saqué y las metí, como quien las enjuaga nomás
―dice y muestra el balde con el agua usada.
Después, se pone a cocinar macarrones con huevo sancochado
en una cocina a leña. En una sartén con aceite, echa una sola pierna de pollo
para los cuatro niños. Dice que no puede hacer más si no tiene agua para lavar
los alimentos.
Mariel Mendoza, socióloga de la PUCP, considera que esta es
una oportunidad para cuestionar el sistema de abastecimiento de agua y desagüe
peruano y pensar en nuevas alternativas. “Necesitamos una discusión seria sobre
el abastecimiento del agua. Pensar, por ejemplo, en las PTAR [plantas de
tratamiento de aguas residuales] pequeñas. En Corea del Sur, están debajo de
los parques, aprovechan el agua para áreas verdes”, explica.
La geógrafa Kelly Gómez, miembro de Eco-razonar, hace
reflexiones similares. “Nosotros vivimos en un sistema tipo red, ¿qué significa
eso? Que tienes un montón de viviendas que están interconectadas por tuberías
que llevan aguas residuales a un recolector. Eso genera una gran dependencia”,
sostiene.
Además, para Gómez, el que no se hable de otros sistemas no
colectivos, como pozos sépticos o sistemas de desagües por barrios, tiene un
trasfondo político. “Estos no son proyectos millonarios, a diferencia de las
redes que implican sistemas de construcción, reparación y mantenimiento ―dice
Gómez―. Es un nicho para la corrupción, no solo en Perú, sino en muchos
países”.
Tras una semana sin agua, Jesusa, su hija Evelyn y tres de
sus nietos han bajado a llenar sus baldes hasta una avenida cercana.
―Varios hemos bajado, para subir así de poquito en poquito
―cuenta Jesusa―. Su voz siempre suena como si estuviera entonando una canción
triste.
El mototaxi los ha dejado a mitad del camino, ningún
vehículo puede subir a las alturas escondidas de 24 de junio. Entre toda la
familia, han debido jalar el balde hasta las puertas de sus casas.
―Dice que ya no va a venir el domingo el agua ¿no? ¿cuándo
será pues que volverá?
Jesusa Ramírez acepta que ya se acostumbró a no tener
caños, ni lavaderos, ni duchas. A ver cómo sus recipientes se van secando, día
tras día.
Alguna vez hubo un tiempo mejor. Fue cuando vivía en
Ayacucho. Más precisamente en Puquio, en la provincia de Lucanas. Allá sí hay
un montón de agua, dice, allá nunca falta. En casa de su madre tienen varios
caños y pasa un río más abajo.
Pero Jesusa quiso venir a Lima, eso fue hace más de 30
años. Quería conseguir un mejor trabajo, una buena casa. Luego, se casó, tuvo
sus hijos, tuvo nietos. Ahora vende recipientes de plástico, los mismos que
emplea en su vivienda para reservar el agua, en uno de los mercados del
distrito.
―Algún día me gustaría volver a tener agua ―dice la mujer,
con firmeza― algún día, por qué no. https://ojo-publico.com/
OEFA modifica reglamentos para supervisión y sanción
En el año 2019, el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) aprobó su reglamento de supervisión a través de la Resolución
de Consejo Directivo Nº 006-2019-OEFA/CD. Este reglamento tiene como finalidad
establecer disposiciones y criterios que regulen el ejercicio de la función
supervisora en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental.
Con el objetivo de promover el cumplimiento de obligaciones
ambientales, el OEFA modificó su reglamento de supervisión mediante la Resolución
de Consejo Directivo Nº 00016-2021-OEFA/CD, la misma que fue publicada el 2 de
setiembre pasado en el diario oficial El Peruano. A través de esta
modificatoria, el numeral 29.3 del artículo 29 del Reglamento de Supervisión
del OEFA condiciona ahora al supervisor la aplicación de las medidas preventivas
[1] que no fueron ejecutadas por el administrado, bajo los siguientes términos:
1 Haya aplicado previamente algún mecanismo de ejecución
forzosa, a excepción de las medidas preventivas dictadas en campo sobre
actividades productivas e infraestructura y servicios; y,
2 Cuando ordene el decomiso temporal de los objetos,
instrumentos, artefactos o sustancias; o la paralización o restricción de la
actividad extractiva, productiva, o de servicios; o el cierre temporal, parcial
o total, del local o establecimiento donde se lleve a cabo la actividad; o las
medidas dictadas en el marco de la competencia sobre las actividades
productivas e infraestructura y servicios.
También con la modificatoria realizada se produce un cambio
en el numeral 36.1 del artículo 36 del Reglamento de Supervisión del OEFA, que
trata sobre el trámite de multas coercitivas. Ahora en él se estipula que el
plazo de 5 días hábiles otorgado al administrado para que acredite el cumplimiento
de la medida administrativa [2] que fue objeto de supervisión, no será
aplicable a las medidas preventivas ordenadas cuya ejecución debe ser inmediata
tal como lo indicada en el literal b) del numeral 29.3 del artículo 29.
A fin de uniformizar los cambios realizados en torno a las
medidas administrativas, igualmente el OEFA modificó su reglamento del
procedimiento administrativo sancionador, mediante la Resolución de Consejo
Directivo Nº 00018-2021-OEFA/CD, publicada el 2 de setiembre pasado en El Peruano.
En la misma línea de lo señalado anteriormente, el numeral 22.1 del artículo 22 del
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA dispone que en
caso el administrado no ejecute la medida administrativa, el supervisor puede
hacerlo de forma subsidiaria siempre que (a) haya aplicado previamente algún
otro mecanismo de ejecución forzosa; y,(b) cuando ordene el decomiso temporal
de bienes; o la paralización, cese o restricción de la actividad extractiva,
productiva o de servicios; o el cierre temporal, parcial o total, del local o
establecimiento donde se lleve a cabo la actividad; o las medidas dictadas en
el marco de la competencia sobre las actividades productivas e infraestructura
y servicios.
Consideramos que las modificatorias de los reglamentos de
supervisión y del procedimiento administrativo sancionador del OEFA son un
avance, ya que llenan el vacío de no saber que procedía ante la negativa del
administrado a aplicar una medida administrativa de ejecución forzosa. https://cooperaccion.org.pe/
Pobladores de Uros Chulluni demandan
implementación de servicios básicos
Un aproximado de 2000 pobladores
del centro poblado Uros Chulluni, que habitan en tierra firme, no cuentan con
el servicio de agua y desagüe, por lo que demandan a las autoridades
provinciales y a Emsa Puno, suministrar dicho servicio.
El exalcalde de esta
jurisdicción, Víctor Panca, lamentó que, hasta la fecha, la población de Uros
Chulluni, no cuente con estos servicios básicos, y tengan que tomar agua del
subsuelo y pozos artesanales, con el riesgo de contraer algún tipo de
enfermedad.
“Hemos pedido hace varios años
la implementación de estos servicios a la municipalidad provincial y a Emsa
Puno, pero hasta la fecha no tenemos respuesta”, dijo a través de Pachamama radio.
Recordó que hace años se hizo un
estudio, incluso con una mini planta de tratamiento, pero este proyecto fue
dejado en el olvido. Otra de las quejas de esta población es respecto al
servicio de transporte, pues las empresas que operan en la zona no cumplen su
ruta. https://www.pachamamaradio.org/
Premier visita Cusco y Arequipa para
aquietar conflictos mineros latentes
El premier Guido Bellido visitó
ayer Espinar en Cusco y Caylloma (Arequipa), provincias que tienen conflictos
latentes con las empresas mineras que operan en la zona. El periplo de Bellido
arrancó en la provincia cusqueña. Decenas de comuneros lo esperaron con
carteles de reclamos en la plaza de Yauri.
Incluso una pobladora fue a ver
a Bellido con su carnero muerto en la mano. Querían contarle su padecimiento
por la contaminación del agua afectada por la existencia de metales pesados y
presuntos impactos ambientales que provocan las operaciones de Antapaccay.
Bellido tuvo dos reuniones en
Espinar. La primera con los comuneros de Tintaya Marquiri, ubicados cerca a las
operaciones mineras. Ya por la tarde, el presidente de la PCM llegó a la plaza
de Yauri para sostener una reunión pública con los dirigentes y representantes
comunales.
Inicialmente, la reunión debía
llevarse a cabo en la municipalidad con los alcaldes, así estaba programado,
sin embargo, los manifestantes no lo permitieron.
Fredy Llayque, presidente del
Comité de Lucha, indicó que con la presencia de Guido Bellido quedó instalada
la mesa de diálogo para atender los reclamos de la provincia en seis mesas de
trabajo.
“Se han conformado las
comisiones. Hay una resolución que confirma nuestra mesa de diálogo y el
cronograma. Estos acuerdos han evitado que el pueblo se levante”, subrayó.
Conflictos en Las Bambas
Pero la otra cara de la moneda
se vive en Chumbivilcas, donde el diálogo está quebrado. Las comunidades
anunciaron que ante la negativa de la minera MMG Las Bambas para aceptarlos
como proveedores, se rompió el intento de entendimiento.
Renato Charcahuana,
representante de la Liga Agraria de Chumbivilcas, dijo que en la zona de
Huaylla Huaylla hay bloqueos humanos que impiden el paso de los encapsulados de
Las Bambas.
Compromisos en Arequipa
En la tarde el premier arribó
hasta la plaza de armas del distrito de Chivay (Caylloma). Allí gremios
lecheros, comunidades campesinas y alcaldes le entregaron memoriales y carpetas
de proyectos.
Un sector de los frentes de defensa
de la provincia, pide que las mineras, se comprometan a firmar un convenio
marco, para que las compañías destinen parte de las ganancias en proyectos de
inversión. Mientras que otros exigen que los proyectos minimicen sus impactos
ambientales.
Otro de los reclamos que se dejó
escuchar en Caylloma es un canon comunal. Argumentan que el dinero de los
proyectos mineros no se ven en obras a favor de las comunidades. El premier se
comprometió a analizar ese pedido.
Bellido se dirigió a la
población cerca de las 5.30 p. m. La mayoría de su discurso fue en idioma
quechua.
El titular de la PCM cuestionó a
las autoridades y les pidió que le entreguen proyectos con perfiles listos. “No
han hecho la tarea”, les dijo.
En otro momento, anunció que
pronto visitará el distrito de Caylloma, dónde su frente de defensa, se
pronunció contra la minera Buenaventura. Incluso advierten un próximo paro.
El alcalde provincial de
Caylloma, Álvaro Cáceres Llica, no pudo extender su discurso, por el rechazo de
la población.
Hubo militantes de Perú Libre,
de la base de la ciudad de Arequipa, que lanzaban arengas por una nueva
Constitución.
Comunidades quieren ser
proveedores
Según el asesor de las
comunidades, Víctor Villa, la única manera de garantizar la paz en el corredor
minero es que la minera admita el pedido para que las comunidades sean
proveedoras.
“Tenemos entendido que algunos
pobladores de Fuerabamba y Cotabambas (Apurímac) tienen sus encapsulados y
sirven a Las Bambas, la diferencia es que, en el caso de Chumbivilcas, esos
encapsulados serían de las comunidades, en beneficio de ellas y no de personas
particulares”, explicó. https://larepublica.pe/
