Lunes, 21 de febrero de 2022 – Año XV – Edición 3910 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
La FENTAP informa:
PERÚ – Piura. Proyecto Alto Piura vive
una catástrofe tras años de espera
PERÚ – Puno. ANA y OEFA son entidades
competentes para sancionar a Cecomsap por el colapso de las pozas de relaves
mineros
PERÚ - Espinar: Relator de la ONU
visitará comunidades afectadas por metales tóxicos
ECUADOR - Corte Constitucional respalda
derechos de la naturaleza en Ecuador
Proyecto Alto Piura vive una catástrofe tras años de espera
La catástrofe del proyecto Alto Piura con la actual gestión
del Gobierno Regional, ha motivado que dirigentes inicien una huelga de hambre
para exigir la salida de sus funcionarios.
Una reacción por la indignación que causa el actual
diagnóstico del proyecto hidroenergético que parece sumido en el abandono, del
cual será muy complicado de salir.
Según el expresidente de la Junta de Usuarios del Alto
Piura, Teddy Ubillús, el peor error o acto negligente de la actual gestión es
no haber renovado la vigencia de la reserva hídrica de 335 millones de metros
cúbicos (MMC) del proyecto.
Esta reserva se logró el año 2002 con un decreto supremo y
se renovó cada dos años hasta que, en mayo del 2020, se dejó de hacer por
razones no esclarecidas.
“El 2021 recién solicitan la renovación, pero el ANA ha
contestado que no puede renovar algo que no existe. El proyecto Alto Piura ya
no tiene reserva hídrica”, dijo.
La consecuencia inmediata es que se ha perdido la
viabilidad del proyecto en su conjunto.
“Sin reserva hídrica no tienes viabilidad en el proyecto y
eso es lo que hemos perdido por la incapacidad del gobernador de poder designar
a profesionales con la mínima experiencia en proyectos de irrigación. […] Las
decisiones de nuestro gobernador han convertido esto en una catástrofe”,
comenta el exdirigente.
De acuerdo a Ubillús, ahora la Autoridad Nacional del Agua
(ANA) exige un nuevo estudio detallado de la disponibilidad de agua en el río
Huancabamba para autorizar la nueva reserva hídrica para el Alto Piura. Según
el exdirigente, si se contrata a los mejores consultores, el nuevo estudio
tomará casi un año.
“Si lo hacen funcionarios como los actuales, se tardarán
100 años hasta que aprendan porque ahora el proyecto Alto Piura no tiene
personal especializado en irrigación”, expuso.
Desde su punto de vista, es inconcebible el daño que se ha
hecho al proyecto tan anhelado por los productores del Alto Piura.
“Ningún lambayecano o funcionario de Odebrecht le hubiese
hecho tanto daño al proyecto Alto Piura como lo está haciendo el gobernador
regional y estos funcionarios […] Nos han dejado sin reserva de agua que la
tuvimos durante casi 20 años. Eso se llama incapacidad, si es que no es
negligencia. […] No solo no es capaz de hacer un milímetro de túnel, sino que
tampoco aprobó el expediente de saldo de obra en tres años. Es desastroso”,
indicó.
Es viable
Por su parte, el expresidente de CORPiura, Luis Zegarra
Caminatti, consideró que, pese a los problemas, el proyecto Alto Piura, todavía
es viable.
“El proyecto es viable, pero tal y como están las cosas,
hay que pensar en otras fuentes de agua. Olmos nos ha sacado la ventaja con más
de 40.000 hectáreas y tienen para hacer 50.000 más”, sostuvo.
Desde su punto de vista, se requiere de un organismo
autónomo que asuma el control del proyecto.
“El Gobierno Regional debería ser la entidad ejecutora,
pero con las personas que tienen ahí, no sirve para nada”, sostuvo.
Olmos
Ubillús precisa que el crecimiento de Olmos no afecta al
Alto Piura.
“Olmos va a necesitar coordinar con nosotros para de manera
conjunta trasvasar más ríos. Nosotros estamos arriba y como tal tenemos la
prioridad. La única desventaja es la calidad de nuestros funcionarios y las
decisiones de nuestro gobernador”, dijo.
Sobre el tema, el decano del Colegio de Ingenieros, Hermer
Alzamora, sostiene que la posición de los actuales funcionarios del Alto Piura
es que sí se necesita buscar otras fuentes como el río Samaniego y otros. Esta
fue la conclusión tras la reunión de la mesa técnica del Colegio de Ingenieros
con funcionarios.
“La cantidad de agua que debe haber para el proyecto debe
ser un caudal de 26 m3/seg, pero resulta que en épocas de Niño puede llegar a
60 m3/seg, pero en épocas de estiaje se llega a 5 m3/seg. Lo que piden al
proyecto para que funcione son los 26 m3/seg, lo cual será difícil”, dijo.
El argumento de los funcionarios es que dicho caudal no
estaba asegurado.
“Eso no estaba asegurado por temas políticos. Además, dicen
que no renovaron la reserva, porque estaban en pandemia”, replicó Alzamora tras
su diálogo con los funcionarios del Gobierno Regional.
Tras perder la reserva, continúa el decano, ahora el ANA
les exige demostrar que el río Huancabamba cuenta con un caudal 26 m3/seg para
aprobar la reserva hídrica que requieren. Según Ubillús, la reserva hídrica se
dio con respaldo de estudios técnicos y no políticos.
“Solo se aprobó con decreto supremo porque ese era el
procedimiento. Luego se creó el ANA y se hizo ya con una resolución jefatural”,
añadió.
El Tiempo buscó la versión del actual gerente del proyecto
Alto Piura, Manuel Vega, pero sus teléfonos estaban apagados.
Se suman a la huelga de hambre
En su noveno día de huelga de hambre, el presidente de la
Junta de Usuarios del sector hidráulico menor Alto Piura, Arnulfo Adrianzén,
debió ser evacuado al hospital de Chulucanas. La falta de alimento generó una
nueva descompensación, por lo que debió ser referido en ambulancia hasta el
nosocomio.
El directivo exige al gobernador Servando García se cumpla
el acuerdo de Consejo Regional que recomienda la salida de los funcionarios del
proyecto Alto Piura. Ante el silencio de la autoridad regional, los directivos
de las comisiones de regantes acordaron sumarse a la medida radical.
Desde ayer 18 se sumó la dirigente de la comisión de
usuarios el ingenio de Buenos Aires, Lidia Conde Pacheco. El próximo martes 22
de febrero, se sumarán otros 10 dirigentes. En tanto para el próximo lunes 21
de febrero se está convocando a un paro agrario de los productores en respaldo
a la huelga de hambre de sus dirigentes.
Según el expresidente de la Junta de Usuarios del Alto
Piura, Teddy Ubillús, esta es una medida fruto de la indignación de los
agricultores frente al actuar del Gobierno Regional. Recordó que con el
trasvase de las aguas del río Huancabamba hacia el valle de Morropón se
irrigarán 140.000 hectáreas propiedad del proyecto. Se sumarán otras 700.000
hectáreas que existen en el valle
Datos
Desde el inicio de la actual gestión del gobernador
regional Servando García, hubo una constante rotación de gerentes en la unidad
ejecutora del proyecto.
El actual titular de la entidad, Manuel Vega Palacios, es
el cuarto gerente que llega a asumir.
Antes pasaron por este cargo Pedro Peña Maraví, Gilmar
Lizana Puelles, Reynaldo Almestar Saavedra.
En la unidad ejecutora laboran más de 40 personas. Los
gerentes cobran más de S/10.000 por su trabajo. Hasta ahora no concluyen
expediente de saldo de obra para reiniciar. https://eltiempo.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
ANA y OEFA son entidades competentes para sancionar a Cecomsap por el colapso de las pozas de relaves mineros
El especialista en Recursos Hídrico Responsable de la Meta
Monitoreo y Evaluación del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PEBLT)
Fran Lino Talavera, opinó que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) debieron intervenir sobre el colapso
de las pozas de relaves mineros que ocurrió el 27 de noviembre afectando
carretera y viviendas en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de
Putina.
“Las dos instituciones son las encargadas de sancionar por
el tema del medio ambiente y en caso de entidad ANA por los recursos hídricos,
porque los relaves llegaron al río Ananea”, señaló el especialista.
Asimismo, dijo que no haberse sancionado a la Central de
Cooperativas Mineras de San Antonio de Poto de Ananea (Cecomsap) se estaría
incurriendo en omisión de funciones y que la fiscalía del medio ambiente
tendría iniciar con la investigación para determinar a los responsables por no
haber actuado conforme a las normativas.
Con relación al rol de la Dirección Regional de Energía y
Minas, señaló que está facultado para solicitar información respecto al manejo
de relaves mineros. “Se supone que ellos han debido presentar su estudio de
impacto ambiental antes de iniciar las operaciones y en ese aspecto se podría
intervenir la DREM, además remitir el informe a OEFA y ANA en caso lo
soliciten”, puntualizó. https://www.pachamamaradio.org/
Espinar: Relator de la ONU visitará comunidades afectadas por metales tóxicos
El Relator Especial sobre
sustancias tóxicas y derechos humanos de la ONU, Marcos Orellana, visitará la
provincia cusqueña de Espinar el jueves 24 de febrero. Como parte de su visita
académica, el Relator se reunirá con dirigentes, líderes y población afectada
por la presencia de metales tóxicos en el territorio. Esta visita forma parte
de una serie de actividades del relator en el Perú.
Durante su estadía en la
provincia, Orellana visitará la comunidad de Huisa, la cual alberga gran
población de Espinar con presencia de metales tóxicos en el organismo.
Asimismo, se encuentran programadas reuniones con organizaciones sociales de
base tales como la Federación Unificada de Campesinos de Espinar – FUCAE, el
Frente Único de la Juventud Espinarense K’ana – FUJEK, la Asociación de Mujeres
Defensoras del Territorio y Cultura K’ana, la Asociación para Defensa de
Pacpacco Afectada por la Minería (Adepami), entre otras.
Cabe mencionar que el Relator se
desempeñó anteriormente como asesor jurídico de diversos gobiernos,
organizaciones no gubernamentales y organismos de las Naciones Unidas. Su
experiencia en instituciones y su conocimiento en derechos humanos, derecho
internacional y medio ambiente, permitirán mostrar las afectaciones a la salud
y la vida de la provincia.
La afectación a la salud en
Espinar
Según datos oficiales del MINSA,
en los últimos años en Espinar se diagnosticaron 1621 dosajes con presencia de
arsénico, plomo, mercurio y cadmio en sus cuerpos. Existe una gran preocupación
al respecto en la población espinarense, pues aquellos metales tóxicos pueden
provocar graves afectaciones a los órganos, originar cáncer y provocar la
muerte.
En la provincia se conoce de
esta afectación por más de 10 años. Sin embargo, las y los afectados denuncian
que no se han implementado acciones preventivas, integrales, y oportunas para
atender esta situación.
«Aunque no es una visita
oficial, la visita del Relator de la ONU es muy significativa, no solo para
Espinar, sino para el Perú, para que nos asesore en temas de salud, pero
también para que conozca la realidad que enfrentamos. Aquí nos estamos
enfermando, se mueren nuestros animales, quizá es necesario que venga alguien
de otro país, para que el gobierno vea que pasa en nuestro territorio» señaló
Flor Nélida Cuti Nuñoncca, afectada de Espinar e integrante de la Plataforma
Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y otras Sustancias
Químicas.
Plan de atención
A nivel nacional, más de 10
millones de peruanos y peruanas se encuentran en situación de riesgo por la
exposición de metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas en 2021,
según datos del MINSA.
Ante esta problemática y la
constante lucha de las y los afectados, el 23 de diciembre del año 2021 el
gobierno publicó el Decreto Supremo No 037-2021-MINAM, referido al «Plan
Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población
expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas».
El decreto establece que los
ministerios, organismos públicos y gobiernos regionales articulen e implementen
acciones necesarias para reducir el impacto de los metales pesados en la vida
de las ciudadanas y ciudadanos afectados.
Finalmente, gracias a la
incidencia de las y los afectados, la actual congresista cusqueña Ruth Luque
impulsó una disposición complementaria que afecta a la Ley de Presupuesto 2022
que beneficia a Espinar (Cusco), Cuninico (Loreto), La Oroya (Junín), Cerro de
Pasco y a la cuenca Coata (Puno), con un presupuesto de hasta 30 millones de
soles para promover atenciones a la salud. https://cooperaccion.org.pe/
HIDROMUNDO
Corte Constitucional respalda derechos de la naturaleza en Ecuador
La Corte Constitucional, máximo
organismo legal de Ecuador, emitió en los últimos días tres sentencias a favor
de los derechos colectivos de los indígenas y de la naturaleza. Los dictámenes
frenan la explotación petrolera y minera no consentida en la Amazonia y
declaran inconstitucional la ley del agua actualmente en vigencia, por no
garantizar el recurso como bien público y comunitario.
Para el constitucionalista,
director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad San
Francisco de Quito, Andrés Martínez, con estos pronunciamientos, “la Corte da
una alerta al gobierno ecuatoriano para que haya mayores garantías [sobre los
territorios ancestrales, los suelos, el agua y la soberanía] de los pueblos y
nacionalidades indígenas”.
Aunque las sentencias son de
última instancia y cumplimiento obligatorio, Martínez teme que, por tratarse de
decretos ejecutivos, en el futuro pueden darse nuevos mandatos para permitir la
explotación de suelo y subsuelo como excepciones de las leyes y la Constitución
vigentes. Esto “generaría una nueva demanda, y un nuevo proceso, pero hasta
tanto se continuaría con la política extractiva”, explicó a SciDev.Net.
La sentencia más reciente acepta
la acción de protección a favor de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe que
rechaza cualquier proyecto extractivo en su territorio, especialmente la
minería.
Esta comunidad se ubica al
noreste de Ecuador, en la provincia amazónica de Sucumbíos, donde el gobierno
ecuatoriano ha otorgado 20 concesiones mineras a multinacionales y empresas
privadas y tiene en trámite otras 32. Con este dictamen, la Corte
Constitucional respalda a los indígenas en el poder de decidir sobre sus
tierras ancestrales.
Según el Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF), la población en la Amazonía llega a 34 millones de
personas. Solo en Ecuador, más de un millón de personas habitan en las
provincias amazónicas. De hecho, 70 % de la Amazonia ecuatoriana es territorio
indígena. A nivel nacional, estas tierras ancestrales comprenden 9 millones de
hectáreas.
“Para Sinangoe, es una gran
victoria lograr un instrumento legal de garantía de derechos y ser un
precedente histórico en la consecución del derecho al consentimiento previo,
libre e informado dentro del territorio nacional”, dijo a SciDev.Net Wider
Waramag, dirigente de la comunidad A’i Cofán, al recibir la resolución favorable.
Defensa del área con mayor
biodiversidad
Otro dictamen es en favor de los
pueblos en aislamiento voluntario y la conservación de la reserva de biósfera
Yasuní. En esta sentencia, la Corte declara la inconstitucionalidad de varios
artículos de un decreto expedido por el anterior gobierno de Lenín Moreno en
2019, que permitía la explotación petrolera en la zona de amortiguamiento del
Parque Nacional Yasuní.
Esta sentencia impide continuar
con la operación de siete plataformas que se construirían a largo plazo en el
denominado bloque ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini), límite este del Yasuní.
En un comunicado de prensa (7 de
febrero), el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables de Ecuador, explicó
que este dictamen no afecta la operación petrolera actual pues no hay bloques
activos en la zona de amortiguamiento. La empresa estatal petrolera
Petroecuador tiene en construcción, en el límite de la zona, dos de los nueve
campos previstos.
El Yasuní fue declarado reserva
de biósfera en 1989 y es el área protegida más grande y biodiversa del país,
con un millón de hectáreas. En 2008, el gobierno de Rafael Correa propuso dejar
el petróleo de esta zona bajo tierra con la condición de recibir una
compensación de los otros países del mundo para evitar más emisiones de
carbono. La propuesta no prosperó.
Según el comunicado del
Ministerio, a la fecha se han intervenido en esa zona 76,86 hectáreas (25,62 %)
del área autorizada en 2013. Pero en 2018, el proyecto Monitoreo de la Amazonía
Andina (MAAP) de Amazon Conservation Association y ACCA Conservación Amazónica
denunció que la deforestación en la zona llegaba a 417 hectáreas.
David Romo, biólogo de la
Estación de Biodiversidad Tiputini, comentó a SciDev.Net que es imposible
cuantificar a corto plazo la afectación de la intervención en el Yasuní y los
impactos totales se conocerán recién en un siglo. Por cada hectárea de bosque,
existen unas 100 mil especies de organismos. De ellos, 90 por ciento son
artrópodos (invertebrados).
“La sentencia de la Corte sienta
un precedente, pero todo dependerá de cuántas fuerzas actúan. El primer
detonante de la corrupción bruta que tenemos en Ecuador es el petróleo porque
se mueven capitales exorbitantes”, indicó.
Para Paola Carrera, coordinadora
de proyectos de la fundación EcoCiencia, el Yasuní no cuenta con los recursos
necesarios para un adecuado control de sus aspectos más vulnerables como la
tala y el tráfico ilegal de especies, la deforestación y los proyectos
extractivos.
Carrera considera que el Estado
no ha sido transparente ni ha socializado públicamente cuánto de la producción
petrolera que sale de esas áreas beneficia a las poblaciones locales, desde los
comerciantes y colono-campesinos hasta las pequeñas poblaciones waorani.
“Tampoco se conoce en qué
condiciones han sido negociados y suscritos los contratos de exploración o
explotación petrolera en esos bloques… A duras penas tenemos acceso a las
licencias ambientales expedidas”, mencionó a SciDev.Net.
Derecho a la consulta informada
previa
La tercera sentencia concluye
que son inconstitucionales el Reglamento y la Ley Orgánica de Recursos
Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua vigentes desde 2014. La Corte
considera que no se efectuó una consulta integral a los pueblos indígenas “a
sabiendas de que el agua es un recurso natural que, prominentemente, se
encuentra en territorios indígenas”.
De esta manera, la Corte
Constitucional respalda la demanda de los colectivos indígenas que argumentaron
que la consulta prelegislativa a sus comunidades no se hizo de forma adecuada.
La mayor polémica gira en torno
a la prelación del uso del agua pues el movimiento indígena sostiene que su uso
ancestral debe ir antes que el productivo ya que les preocupa que en la
aplicación de la ley se prioricen los proyectos extractivos.
El presidente del país,
Guillermo Lasso, tiene un plazo de un año para remitir un nuevo proyecto a la
Asamblea Nacional que incluya la consulta previa a las comunidades indígenas.
Para el abogado Martínez, todas
estas sentencias son una evidencia de que “la protesta social se cambió por la
protesta judicial. Los colectivos ya saben cómo manejarse a través de los
mecanismos que otorga la Constitución”.
Se debe recalcar que Ecuador es
el único país de la región que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos
en su Constitución desde el 2008. https://ipsnoticias.net/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
