Viernes, 26 de agosto de 2022 – Año XV – Edición 4039 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
Cusco: estudios revelan que en el
2050 habría déficit de agua en la cuenca del Vilcanota
Según la investigación desarrollada por universidades peruanas y del Reino Unido, la causa principal es el derretimiento de los glaciares
Estudio desarrollado por universidades peruanas y del Reino
Unido, además de otras instituciones, advierten que a partir del 2050 podría
haber déficit del recurso hídrico en la cuenca del río Vilcanota y Urubamba en
la región del Cusco, situación que afectará seriamente a las poblaciones. El
proyecto denominado RAHU da cuenta que la causa principal es el derretimiento
de los glaciares.
El profesor de Ingeniería Ambiental de UTEC e investigador
del Centro de Investigación y Tecnología del Agua (CITA), Pedro Rau, quien es
parte del proyecto RAHU, dijo que esa posibilidad no es lejana y advierte que
se vive cierta falsa seguridad hídrica.
“Hay cierta seguridad hídrica falsa por las lluvias, pero
no es así. Si nos proyectamos al 2050 y al 2070, se va a presentar un quiebre
entre la oferta y la demanda del recurso hídrico. En el 2050, puede haber un
déficit y eso no está lejano”, señaló.
El investigador sostuvo que dichas conclusiones se
obtuvieron de informaciones fiables y actualizadas sobre diversas variables ambientales
de la dinámica glaciar actual. Precisó que el trabajo consistió en medir las
fuentes de agua en la parte baja de algunos de los más de 100 glaciares
ubicados en las provincias de Quispicanchi y Urubamba.
A su turno, el profesor del Imperial College London
University, Wouter Buytaert, quien también participó del proyecto, dijo que el
estudio es también para entender mejor el proceso de derretimiento de los
glaciares en la cuenca del Vilcanota y generar modelos para mediciones y
predicciones más precisas en el futuro. https://larepublica.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Promueven declaratoria de emergencia nacional la infraestructura hidráulica de Majes Siguas
No se puede esperar más para reparar los daños del túnel y
canal madre de Majes Siguas, porque existe el riesgo del colapso y además de 25
mil hectáreas de cultivo sin irrigar, 180 mil pobladores se quedarían sin
servicio de agua en Majes-El Pedregal.
Los congresistas y consejeros regionales de Arequipa acordaron
hoy promover la ley de declaratoria de emergencia nacional al considerar el
peligro inminente de la infraestructura hidráulica desde la captación de Tuti
hasta el túnel terminal, debido a sus 40 años de antigüedad.
El congresista Edwin Martínez, informó que el proyecto de
ley ya fue presentado el 15 de julio, el cual será debatido en la comisión de
Agricultura en la primera reunión.
Además, para el 1 de setiembre programaron una reunión con
el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego.
El presidente de la Comisión de Agricultura del Consejo
Regional, Elmer Pinto, advirtió que existe el riesgo de que el Gobierno
Regional de Arequipa no cumpla con entregar esta estructura hidráulica en
buenas condiciones a la concesionaria Cobra en 3 años, tal como se firmó en la
adenda 13 del contrato Majes Siguas II.
Para no incumplir a la concesionaria es fundamental
agilizar los procesos, pero lamentablemente recién se terminó los términos de
referencia para convocar a la empresa que elaborará el perfil del mantenimiento
de esta estructura hidráulica que comprende 116 kilómetros de túnel y canal.
Según Pinto, este proceso tardaría al menos 10 meses, luego
se debe hacer la convocatoria de licitación para elaborar el expediente
técnico, trabajo que demandaría en el mejor de los casos año y medio a dos y
finalmente, ejecutar el mantenimiento. https://diariocorreo.pe/
Derrames de petróleo: contaminación, impunidad y falta de protección de la tubería en la Amazonía de Perú
La noticia recorrió la comunidad
nativa de Nueva Alianza la mañana del 7 de julio. En este territorio ubicado
sobre el Río Marañón, en la región amazónica de Loreto, al norte del Perú, se
había producido una fuga en el oleoducto que atraviesa la comunidad.
Los pobladores se apiñaron en
dos canoas para hacer el corto recorrido hasta el canal donde unos 50 años
atrás se había tendido el oleoducto. Un hombre se adelantó al grupo, abriéndose
paso a machetazos entre la crecida hierba y la maleza que desbordaban los
contornos del canal, mientras los demás pobladores lo seguían. Pronto se hizo
visible una mancha negra y el olor del petróleo impregnó la atmósfera.
Al rato llegaron trabajadores en
un bote, con una barrera flotante para impedir que el petróleo se desplazara
corriente abajo e ingresara al Río Marañón. La barrera provenía del lugar donde
se había producido una fuga anterior, en el mes de enero, a pocos kilómetros de
distancia en el trayecto del oleoducto que transporta el crudo desde la
Amazonía hasta la costa del Océano Pacífico.
Dos miembros de la comunidad se
colocaron trajes protectores y vadearon el canal, tanteando el ducto en busca
de la grieta. Eventualmente encontraron una abertura de unos 20 centímetros de
largo en un costado de la tubería, bajo el agua. El tajo, dijo uno de los
hombres, había sido claramente hecho con una sierra.
Apenas unos días antes, en la
comunidad vecina de Monterrico, alguien había hecho 32 cortes en el oleoducto,
26 de los cuales habían perforado el metal de la tubería. El 6 de julio, un
supervisor del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
(OSINERGMIN) acudió a la zona para inspeccionar el daño, acompañado por líderes
de la comunidad.
“Nos sentimos muy preocupados,
muy dolidos por este acto vandálico que se ha hecho en nuestra jurisdicción,
porque el canal de flotación desemboca en la quebrada del Patoyacu, y al frente
en ambos lados vivimos nosotros”, dijo Segundo Rodríguez Macusi, el apu de la
comunidad de Monterrico. “Esperamos que se dé la remediación y el lavado” del
suelo afectado, agregó, y también pidió apoyo con agua segura, alimentos y
medicinas.
Con ambos incidentes, llega a
cinco el número de casos de vandalismo durante este año en el oleoducto en la
parte baja del Río Marañón. Son los primeros que se producen tras una serie de
incidentes similares en 2016, planteando cuestiones respecto a quién está
detrás de estos actos y si Petroperú está dando los pasos necesarios para
proteger el oleoducto.
¿Cambio de rumbo en la atención
de los derrames?
En Monterrico, los líderes de la
comunidad estaban preocupados por el arroyo que es la principal fuente de agua
para su población. Ellos dijeron que, pese a las barreras colocadas para
contener el derrame, han aparecido rastros de petróleo en la corriente y la
gente tiene miedo de tomar el agua. La comunidad cuenta con algunos tanques
para atrapar agua de lluvia, pero no había llovido durante varios días.
Los gerentes de Petroperú, la
empresa estatal que opera el oleoducto, afirmaron en Lima que los derrames
fueron contenidos en las tuberías del canal y no afectaron el suministro de
agua para las comunidades. Pero Patricia Tipian, Comisionada de la Adjuntía de
Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas en la Defensoría del
Pueblo, señala que, en caso de un derrame, las empresas tienen la
responsabilidad de atender no solo los impactos ambientales sino también los
sociales.
“Por un lado, la empresa dice
que está contenido, que está dentro de esos canales de contención, no ha
afectado el recurso de que se está abasteciendo las comunidades, pero también
es cierto que cuando hay lluvias y alza del río, se han mostrado imágenes en
las que el derrame no está contenido. Y lógicamente eso genera una
preocupación, y creo que es una preocupación razonable”, dice.
La última vez que hubo múltiples
casos de vandalismo contra el oleoducto en el bajo Marañón fue en 2016. Ese año
se había iniciado con tres derrames —uno de ellos causado por corrosión, y dos
por desplazamientos del terreno que causaron la rotura de la tubería. Esos
derrames crearon cientos de puestos trabajo para limpieza en un área donde hay
pocas oportunidades de empleo. A estos incidentes siguieron ocho derrames
causados por vandalismo durante la segunda mitad del 2016.
Una comisión del Congreso de la
República establecida en 2017 para investigar estos incidentes no pudo
determinar quiénes habían sido los responsables por los cortes detectados en la
tubería, pero sugirió que el Ministerio Público investigase una posible
colusión entre empleados de Petroperú a cargo de extender contratos y algunas
empresas que habían ganado millones de soles por prestar servicios de limpieza,
pese a no contar con experiencia previa en el manejo de derrames de petróleo.
La comisión criticó asimismo a
Petroperú y a las agencias de fiscalización del gobierno por deficiencias en la
operación, mantenimiento, inspección y supervisión del oleoducto, así como por
el monitoreo de los impactos ambientales y de salud de los derrames. La
comisión concluyó su informe en noviembre de 2017 pero este nunca fue publicado
oficialmente porque no fue admitido a debate ante el Pleno del Congreso.
En 2017, Petroperú avisó que, en
casos de vandalismo, la empresa no involucraría a un contratista local en las
tareas de limpieza y no contrataría mano de obra de la comunidad afectada.
Durante los cuatro años siguientes no se produjeron más casos de vandalismo en
el Bajo Marañón.
Sin embargo, un recambio de
personal tras la toma de mando por parte del presidente Pedro Castillo en 2021,
conllevó un aparente cambio en esa política. En dos casos de vandalismo —uno en
la región de Amazonas, el 31 de diciembre de 2021, y en Nueva Alianza el 15 de
enero de 2022— la empresa contrató a empresas y trabajadores locales, según
Petroperú y autoridades de las comunidades. Para el mes de julio, ya se habían
producido otros cuatro derrames debido a cortes en el ducto en el Bajo Marañón.
Los representantes de Petroperú
niegan que sus políticas de contratación hayan variado. Cecilia Quiroz, gerente
del Departamento de Relaciones Comunitarias, indicó que las contrataciones
locales son necesarias cuando se produce un derrame porque la ley estipula la
implementación de una respuesta rápida. Sin embargo, la misma ley estaba
vigente en 2017.
Beatriz Alva Hart, quien
gerenciaba el Departamento de Relaciones Comunitarias de Petroperú en esa época
e ideó la política para no extender contrataciones locales, dijo que el
objetivo era evitar crear un incentivo perverso para infligir daños en la
estructura. Según esta política, se podía reclutar a unos pocos trabajadores
locales durante dos o tres días para contener un derrame, pero los miembros de
la comunidad afectada no serían contratados para las tareas de más largo
aliento como recuperación de petróleo y limpieza, que requerían más mano de
obra.
No hay responsables
Nadie ha sido acusado de los
actos de vandalismo reportados. Félix Castro, titular de la Fiscalía
Especializada en Materia Ambiental (FEMA), Sede Nauta, en el Bajo Marañón,
indicó que su oficina carecía del personal y presupuesto para investigar. Y
añadió que el caso se estancó cuando el fiscal que lo llevaba fue transferido y
se perdió el archivo que contenía los nombres e información de contacto de los
testigos, cuyo anonimato se había garantizado.
Quiroz fue cauta al señalar que
Petroperú no acusa a las comunidades de cortar el oleoducto, pero dijo que las
dificultades económicas causadas por la pandemia y la falta de trabajo
producidas por el retiro de las empresas petroleras de los dos mayores
yacimientos de crudo en la Amazonía, constituyen factores que influyen en el
vandalismo.
Mientras tanto, los líderes de
las comunidades aprovechan cada derrame para presionar a las autoridades del
gobierno para reunirse con ellos. Sus demandas por lo general incluyen la
provisión de agua potable, asistencia alimentaria, atención de salud, mejoras
en la infraestructura educativa, y empleos. La falta de agua potable resulta
especialmente crítica en la mayoría de las comunidades amazónicas, donde ríos y
arroyos son la fuente principal de este recurso para consumo humano.
Virtualmente todas las fuentes de agua que han sido analizadas resultan
inseguras debido a la presencia de contaminantes como metales o bacterias.
“Son por lo general poblaciones
olvidadas que requieren una presencia del estado en torno a garantizar sus
derechos a servicios básicos”, señala Tipian de la Defensoría del Pueblo.
“Lógicamente, van a buscar que se atiendan frente a estos hechos que les ponen
en una situación de mayor vulnerabilidad” por la pérdida de sus fuentes de agua
para consumo humano o de la pesca, que es importante para la alimentación y
también para generar ingresos.
Nuevo estudio concluye que el
daño puede ser irreparable
Un nuevo estudio publicado en
junio y realizado en el Lote 8, uno de los yacimientos petrolíferos más grandes
y antiguos en la Amazonía peruana, resalta los riesgos de salud que implican 50
años de extracción de crudo. El estudio, financiado por el gobierno, pero
coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
fue realizado como parte de un acuerdo entre el gobierno y cuatro federaciones
indígenas en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón. Un
estudio similar se llevó a cabo en 2018 en el Lote 192.
El estudio realizado en el Lote
8 ofrece un panorama muy sombrío de contaminantes que se han esparcido a través
de los humedales inundados estacionalmente a lo largo de los ríos Corrientes y
Chambira, y en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria. La compleja hidrología de la
región implica que el agua fluye en diferentes direcciones en distintos
momentos durante el ciclo de inundación, posiblemente removiendo sustancias
contaminantes que se han sedimentado o permeado la turba en los amplios
pantanos de palma de la región.
Para Ismael Hernández, químico
ambiental venezolano que coordinó la parte ambiental del estudio, una de las
mayores sorpresas consistió en descubrir las distancias que recorrían las
sustancias contaminantes —como metales provenientes del agua caliente y salada
bombeada de los pozos junto con el petróleo crudo, y que durante décadas fueron
simplemente desechados a los ríos y arroyos— desde los puntos en que se
originaban.
La ecotoxicóloga estadounidense
Diana Papoulias, quien también participó en el estudio, encontró peces con
petróleo en sus branquias que, al ser destripados y fritos, olían a diésel.
Esos peces, capturados en el Río Marañón, indicaban que la filtración de crudo
se estaba extendiendo por los pantanos, o los peces estaban entrando y saliendo
de un área contaminada, o ambas cosas, dijeron los investigadores.
El informe advierte que la
polución es tan extendida que el saneamiento del daño puede ser imposible. La
prioridad, indicó Hernández, debe ser proteger la salud humana primero, y luego
tratar de restaurar los ecosistemas. Ello supondría declarar la prohibición en
algunas áreas para actividades como cazar, pescar y recolectar frutos u otros
alimentos, mientras los ecosistemas se recuperan lentamente.
“Tendría que ser un programa de
largo plazo. Esos cambios suelen ser muy lentos”, dijo Hernández. También
requeriría una inversión para el monitoreo periódico del agua, suelo,
sedimentos, peces y otros alimentos, añadió.
El nivel de contaminación y el
hecho de que las áreas contaminadas hayan estado desatendidas o que hayan sido
descontaminadas empleando técnicas deficientes, dijo Papoulias, también son
muestra de que tanto las compañías que han operado el lote como las agencias
supervisoras del estado han incumplido con proteger el medio ambiente y la
salud humana.
“Esencialmente, el asunto es que
en el Lote 8 nunca se hizo trabajo de descontaminación”, señaló Papoulias,
añadiendo que la remota ubicación de las áreas contaminadas ha funcionado para
las compañías como “una especie de ‘tarjeta para librarse de ir a la cárcel’”.
Para Tipian, de la Defensoría
del Pueblo, la exposición a contaminantes provenientes del último medio siglo
de operaciones petroleras incrementa la vulnerabilidad de las comunidades
indígenas de la Amazonía que también sufren por la falta de servicios públicos
básicos como agua, saneamiento y atención de salud.
Aunque resulta difícil
salvaguardar el oleoducto de actos de sabotaje, dijo Tipian, Petroperú es
responsable de colocar las tuberías fuera del alcance de vándalos, ya sea
enterrándolas o tomando otras medidas de protección, como la instalación de
detectores de movimiento o asegurando el patrullaje periódico.
Sugiere que la empresa busque la
colaboración de la población local para encontrar maneras de proteger el
oleoducto u otra infraestructura.
“Hay necesidad de presencia del
estado, pero también de que las empresas asuman con responsabilidad los
impactos que se puedan generar por derrames, ya sea por propia causa o por
causa de terceros, porque finalmente, quien está realizando la actividad
hidrocarburífera, quien se está beneficiando de esta actividad, es la empresa,
ya sea estatal o privada, y son quienes deben de responder ante este tipo de
impacto, y también contribuir a encontrar medidas para prevenir este tipo de
cortes”, concluye Tipian de la Defensoría del Pueblo.
El artículo original fue
publicado por Barbara Fraser en Mongabay Latam https://elcomercio.pe/
HIDROMUNDO
América Latina sedienta: los estragos de la sequía
Las cifras hablan por sí solas:
de acuerdo con un estudio del Observatorio Global de la Sequía, comparando el
período 2011-2020 con el de 1981-2010, las cantidades promedio de precipitación
se han reducido entre un 30% y un 90% en el este de Brasil, las costas de
Venezuela, Ecuador y Perú, y el sur de Chile y Argentina.
La escasez de agua en diversas
partes de la región obedece a la disminución de glaciares y a las sequías. Un
informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), publicado en julio
pasado, indica que se ha registrado una pérdida de superficie de los glaciares
del 30% en los Andes tropicales, y 50% en Perú, en comparación con 1980.
La larga sequía chilena
Por otra parte, la intensa
sequía en el sur de la Amazonía y la región del Pantanal fue la peor de los
últimos 50 años. También hubo déficits de precipitaciones en la región del
Caribe. Pero Chile está a la cabeza de la crisis hídrica en la región por la
sequía en la zona central del país, la más prolongada de América Latina y el
Caribe en mucho tiempo.
"En Chile hablamos de una
'megasequía', que se prolonga ya por 13 años, aunque ha tenido ciertas ventanas
de lluvia”, dice a DW Gabriel Mancilla, director ejecutivo del Centro del Agua
para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe (CAZALAC), con
sede en la ciudad chilena de La Serena. Explica que, a nivel latinoamericano,
se observan en general procesos habituales de sequía, aunque más exacerbados en
términos de intensidad, y no tanto de frecuencia. Sin embargo, "los
impactos son cada vez más intensos, principalmente por la mayor demanda de
agua”.
Regadío ineficiente
La prolongada sequía en las
cuencas del Paraná y del Río de la Plata afectó principalmente las cosechas de
maíz y soja. Entre 2020 y 2021, el cultivo de cereales descendió un 2,6% en
América Latina en comparación con la temporada anterior, según el informe de la
OMM.
"Lo básico es utilizar bien
el agua que está disponible”, afirma Mancilla. Y hace notar que, si bien los
rangos de eficiencia en el uso del agua han ido aumentando, sigue habiendo
pérdidas del orden del 40, 50 o hasta el 60 por ciento. "Es probable que,
si mejora el riego, especialmente en la agricultura, esos déficits se aplaquen.
Nosotros hemos hecho algunos cálculos, según los cuales, si logramos una
eficiencia de riego de un 90 por ciento, podríamos reducir en un porcentaje muy
importante los déficits de agua, aproximadamente en un 80 por ciento, por lo
menos en Chile”, indica.
Los cambios que se vienen
Sin embargo, eso no sería
suficiente para cubrir la brecha, que amenaza con aumentar, debido a la
creciente demanda de agua. Por eso, se buscan sistemas alternativos, como la
desalinización de agua de mar, que ya se emplea en la minería. También el uso
de aguas residuales, debidamente tratadas, podría ofrecer algo de ayuda. Esos
son los dos métodos más seguros y con mayor probabilidad de éxito, a juicio de
Mancilla. Pero también habrá que repensar, por ejemplo, la planificación
urbana. "Se requiere modificar las normas de construcción, en el sentido
de que incluyan en lo posible sistemas de recirculación de agua, y se necesita
una planificación mayor, que implica costos y desafíos de consideración”,
indica el director de CAZALAC.
Los gobiernos de distintos
países de la región ya están generando programas para hacer frente a las
sequías. Porque una cosa está clara: el cambio climático agravará el problema.
"Efectivamente, en las zonas en que la sequía golpea más fuerte, como en
partes de Chile, Perú, Argentina, Brasil y México, principalmente, se prevé que
las lluvias declinen en cuanto a su cantidad anual y, lógicamente, que las
temperaturas aumenten. Con esto va a haber mayor evapotranspiración y, por lo
tanto, el suelo va a estar más seco. Y esto va a hacer que se requiera un riego
mayor”, señala Mancilla, advirtiendo que "en todo caso, el balance va a
ser negativo”. https://www.dw.com/
“Defender el Agua es Defender la Vida”