Lunes, 16 de enero de 2023 – Año XVI – Edición 4134 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
Gabriel Madrid: “La EPS Grau debe regresar al control de los municipios”
La EPS Grau sigue en manos de
sus acreedores por una deuda superior a los S/200 millones que tiene que pagar
más allá del 2030.
En tanto eso sucede, la
población sigue pagando las consecuencias del constante colapso de las redes de
alcantarillado y restricción del agua potable.
Frente a ello, el alcalde de
Piura, Gabriel Madrid, sostuvo que es tiempo que la empresa regrese a manos de
sus reales propietarios: los municipios.
Sobre la deuda, señala, debe
existir un sinceramiento para determinar si con las millonarias inversiones
hechas por el Ejecutivo y gobiernos locales en todos estos años, ya se pudo
compensar lo adeudado.
“La propuesta de nosotros es que
tiene que volver a los municipios. No hay otra solución. Es un tema burocrático
que debemos trabajar a nivel del Ministerio de Vivienda. En esto nos debe
acompañar el Gobierno Regional”, refirió.
Inversiones
Ante ello, Madrid puso como
ejemplo que solo entre el 2023 y 2024 se ha previsto una inversión superior a
los 1.000 millones de soles en proyectos de saneamiento.
“El Ministerio de Vivienda en
coordinación con la Municipalidad va a invertir este año 600 millones en el
cambio de redes de 96 asentamientos. A eso se sumarían los 400 millones que
cuesta la ampliación de la planta de Curumuy. Todo va a pasar para operación de
la EPS Grau. ¿Es justo que, con esta cantidad millonaria de soles, sigan los
acreedores con la operación de un servicio que no es de buena calidad?”,
cuestionó.
Fondo
Por otro lado, Madrid refiere
que las inversiones hechas podrían quintuplicar la deuda de la EPS.
“El tema es que no se han
sincerado las cosas. El agua no es un bien para hacer dinero, es un bien
social. Los municipios pueden crear una gerencia independiente para manejarla”,
dijo. https://eltiempo.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Piura: lagunas de aguas servidas vuelven a inundar avenidas
Por enésima vez volvió a
colapsar el sistema de alcantarillado en la urbanización Ignacio Merino
generando una gran laguna de inmundicia en la avenida José Aguilar Santisteban
donde, tanto transeúntes como conductores se quejaron por la pestilencia y el
atentado a la salud pública.
Cabe señalar que esta
problemática se volvió a registrar ayer desde muy temprano, pese a que el viernes
último durante la reunión con el presidente de la Superintendencia Nacional de
Servicios de Saneamiento (SUNASS), Mauro Gutiérrez el gerente general de la EPS
Grau aseguró que tenían controlada la situación con la instalación de tres
motobombas.
Sin embargo, lo cierto es que
ayer la pestilencia despertó a los moradores por cuanto las aguas servidas
llegaron a poca distancia de sus viviendas.
MOTOBOMBAS
La jefa de la SUNASS – Piura,
Irina Palomino indicó que dada la emergencia se han instalado más equipos de
motobomba en la cámara de la Urb. Ignacio Merino para que los caudales no ganen
a la cámara.
“También se está realizando una
limpieza para que pueda recibir todo el flujo posible y de esta manera mantener
el tema del trasvase”, indicó la funcionaria; en tanto, la hidroyect de la
empresa llegó al lugar para evacuar las aguas servidas. https://lahora.pe/
REPSOL no ha remediado el impacto económico, social y ambiental del derrame de petróleo en el mar peruano
El 15 de
enero de 2022 se produjo un primer derrame de petróleo en el Terminal
Multiboyas N.°2 de la Refinería La Pampilla S.A.A., empresa del Grupo REPSOL,
multinacional española que opera en el Perú desde 1995. Cerca de 11,900
barriles de petróleo fueron vertidos en las playas de Ventanilla, en la
Provincia Constitucional del Callao, afectando un área marítima y terrestre de
18,000 m2. Días después, el 24 de enero, se produjo un nuevo derrame de
hidrocarburos en el Terminal Multiboyas 2, aunque de menores proporciones.
Se estima
que el impacto ambiental generado abarca aproximadamente 18,000 m2,
comprendiendo 48 playas (25 de uso recreacional) y 2 áreas naturales protegidas
─la Reserva Nacional Sistema de Islas,
Islotes y Puntas Guaneras y la Zona Reservada de Ancón. De acuerdo con la
Defensoría del Pueblo, cerca de 900 especímenes animales murieron. Entre ellos,
especies vulnerables o en peligro de extinción, como el lobo marino chusco y el
zarcillo, o el pingüino de Humboldt y la nutria marina. Para el SERFOR, la
cifra es aún mayor, y de acuerdo con sus reportes contenidos en el Expediente
0888-2022, alrededor de 1855 especies de fauna silvestre murieron como
consecuencia del derrame de petróleo.
REPSOL ha
querido desligarse de toda responsabilidad sobre el derrame. Acusó a la Marina
de Guerra de no advertir el oleaje anómalo y al buque que transportaba el crudo
de petróleo. Buque que estaba a su servicio. Posteriormente, ha manejado de
manera discrecional las acciones de compensación y remediación con los sectores
afectados de Ventanilla y zonas aledañas, ofreciendo indemnizaciones sin
sustento técnico ni considerando todas las implicancias económicas y sociales
del ecocidio producido.
Derechos
humanos afectados con el derrame de petróleo
El
derrame ha tenido graves impactos en un cúmulo de derechos de las personas
afectadas y sus familias, incluyendo graves daños al medio ambiente y al
derecho al trabajo de pescadores y comerciantes, generando asimismo impactos
negativos en los derechos a la alimentación, la salud y el proyecto de vida, no
sólo de dichos pescadores y comerciantes, sino también de sus familias.
No poder
realizar la actividad pesquera y comercial ha privado a las personas afectadas,
tanto del alimento directo del mar, como de los ingresos requeridos para
adquirir otros bienes alimenticios necesarios. Su dieta se ha visto alterada,
estando impedidas de acceder a otros nutrientes indispensables, lo que a su vez
ha tenido efectos negativos en su salud, no sólo física, sino también
emocional. No poder satisfacer su alimentación de manera suficiente, adecuada y
nutritiva, ha provocado situaciones como la baja de peso y anemia, además de
depresión y estrés permanente ante la incertidumbre de si mañana estas personas
podrán cubrir sus necesidades más básicas.
Entre los
principales afectados por el desastre ambiental generado por REPSOL se
encuentran los pescadores de Ventanilla. La falta de trabajo y la imposibilidad
de pescar afecta también su derecho a la alimentación y la salud. Como señala
uno de ellos “(…) La alimentación en la casa ha disminuido, hemos tenido que
racionar los productos que teníamos. Tenemos niños y adultos mayores que
necesitan alimentarse bien, pero lamentablemente luego del derrame no he podido
cubrir toda la alimentación. Mi abuelo y yo todos los días podíamos comer
pescado fresco, y nunca nos aburrimos porque desde niño había comido así” [1].
Los
problemas de carácter laboral tienen, a su vez, una clara incidencia en la
salud mental de la población de la zona. Como señaló uno de los pobladores
afectados: “La empresa REPSOL no ha hecho absolutamente nada para compensar el
daño que nos ha hecho a miles de trabajadores de la pesca. Más bien, nos ha
maltratado y solo rompe la unidad de nuestra lucha. Nosotros solo demandamos
trabajo y que nos devuelvan nuestro mar” [2].
En vez de
actuar diligentemente, REPSOL viene tratando de imponer a los damnificados
arreglos extrajudiciales pagándoles sumas diminutas sin que, tal como lo ordena
la ley peruana, haya cumplido con identificar previamente a todas las víctimas,
y valorizado adecuadamente el daño actual y futuro que el derrame les ha
ocasionado. Pretendiendo, incluso, sustituirse por ellas para recabar en el
futuro eventuales sumas de dinero a pagar por las compañías de seguros y
reaseguros. Por ser contrarios a la ley, tales acuerdos son indudablemente
nulos.
Propuestas
Para
mitigar el impacto ocurrido tras el derrame, las instituciones CooperAcción,
Equidad y ERI proponen los siguientes puntos:
El Estado
peruano debe exigir a REPSOL que cumpla con su obligación establecida en el
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, Decreto Supremo Nº
081-2007-EM, e identifique y haga un inventario de los daños que ha generado,
así como valorizarlos y comunicarlo a la OSINERGMIN como establece la ley.
El Estado
peruano debe convocar a reuniones periódicas a la representación de las
empresas españolas que operan en Perú, y de manera particular a REPSOL, para el
intercambio de información referida a las acciones adoptadas para garantizar:
en lo inmediato, una adecuada remediación y mitigación de los daños causados
por el derrame de petróleo en Lima; así como, en el corto y mediano plazo, el
cumplimiento por todas ellas de las obligaciones y estándares contenidos en los
Planes de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos de España y de Perú,
así como el seguimiento conjunto de los compromisos y obligaciones asumidos por
ambos Estados en materia de derechos humanos.
REPSOL
debe entablar genuinos procesos de diálogo social con las víctimas y las
organizaciones que las representen con el objeto de definir, de manera
oportuna, adecuada y justa, y sin sometimiento alguno a condicionamientos que
limiten de modo alguno los derechos de estas, a reparaciones apropiadas,
incluyendo la remediación integral de los daños producidos en sus derechos, la
restitución plena del goce de estos y la compensación completa y oportuna de
los daños sufridos por ellas.
REPSOL
debe establecer mecanismos de comunicación que permitan a todas las partes
conocer las acciones adoptadas por ella para asegurar el cumplimiento de los
compromisos y obligaciones asumidas en materia de derechos humanos. https://cooperaccion.org.pe/
Gobierno evalúa tres modalidades para ejecución de tercera etapa de Chavimochic
La
ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes, informó que el Gobierno
evalúa hasta tres modalidades para culminar las obras de la presa Palo Redondo,
lo que contribuirá a impulsar la agroexportación de la región La Libertad.
Durante
una audiencia pública celebrada en esta región sobre el proyecto Chavimochic
III, Paredes sostuvo que las modalidades identificadas para la reactivación del
proyecto y la construcción de la presa Palo Redondo se ejecutaría a través de
obra pública, Gobierno a Gobierno y Asociación Público Privada.
“Se
analizan las alternativas con base a metodologías de costo beneficio; criterios
de elegibilidad (DL 1362), comparador público privado, Invierte.pe, análisis
normativo y análisis cualitativo. Por ello, deseo ratificar la voluntad
política del Gobierno de sacar adelante este proyecto emblemático”, señaló la
ministra.
La
titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) expresó que, de
dichas alternativas propuestas, la que resultaría más viable sería la
aplicación de la contratación de Estado a Estado, mediante lineamientos
internos para la gestión destinada a la adquisición de bienes y ejecución de obras
por un Estado extranjero.
“Con
ello, a través de esta modalidad, el Midagri encargaría la ejecución del
proyecto, acortando plazos y reduciendo los riesgos de incumplimiento, así como
obteniendo beneficios de la implementación de procedimientos modernos de
gestión especializada de proyectos”, comentó Paredes.
Modalidad
de ejecución
La
titular del Midagri remarcó que la ejecución de la tercera etapa mediante el
mecanismo de gobierno a gobierno ha dado resultados, como ha sido el caso de
los Juegos Panamericanos y se tiene ya una experiencia ganada. “Sin embargo,
esta decisión (modalidad de ejecución) se tomará luego de un análisis y
cumpliendo con las normas vigentes”, acotó.
Sobre el
laudo arbitral, la ministra expresó que conforme a información de la Procuraduría
Pública del Midagri, el Tribunal Arbitral tiene un plazo de 45 días hábiles
para atender la solicitud realizada por la concesionaria Chavimochic, es decir
el laudo quedará integrado el 26 de enero de este año.
Por otra
parte, Paredes indicó que, a través de la RM N° 00232-2021-Midagri de fecha 12
de agosto de 2021, se dispone que la Dirección General de Infraestructura
Hidráulica y Riego (DGIHR) se encargará de la gestión y administración del
Contrato de Concesión del Proyecto Chavimochic.
“La DGIHR
como administrador del contrato debe de velar por la correcta ejecución
técnica, económica y administrativa del cumplimiento del contrato hasta su
culminación brindando instrucciones claras sobre las acciones a ejecutar
durante este proceso, es decir son la Dirección Técnica a cargo de efectuar la
terminación del Contrato de Concesión, lo cual incluye realizar las
contrataciones necesarias a fin de implementar el laudo arbitral, la
liquidación y finalmente el cierre del contrato de concesión”, aseveró la
ministra.
Recepción
del proyecto
Del mismo
modo, la ministra subrayó que el Midagri, a través de Programa Subsectorial de
Irrigaciones (PSI), recibió el encargo mediante RM N° 0537-2022-Midagri para
recibir la obra y bienes de la concesión del proyecto, así como realizar las
gestiones y contrataciones necesarias para garantizar la continuidad del citado
proyecto.
De esta
manera, Paredes informó que conforme a la Resolución Directoral N°
0147-2022-Midagri-DVDAFIR/PSI del 12 de diciembre de 2022, se resolvió designar
al Comité de Recepción de bienes y obras de la Concesión país el Diseño,
Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras Hidráulicas Mayores del
Proyecto Chavimochic.
La
ministra puntualizó que su portafolio ha formulado un plan de trabajo del
Comité de Recepción de los bienes de la concesión. “Para ello se ha previsto la
aprobación del Plan de Trabajo este 16 de enero, a través de una Resolución
Directoral del PSI y así poner de conocimiento del MEF, Proinversión y la
Contraloría, a efectos de transparentar el plan antes de su implementación.
Impacto
económico
La
tercera etapa del proyecto Chavimochic contempla la ejecución del saldo de la
presa Palo Redondo y sus obras conexas, lo que contribuirá a mejorar la
eficiencia en la aplicación del agua de riego en los valles de Chao y Virú. Los
trabajos beneficiarán a 30.000 hectáreas y la generación de 120.000 puestos de
trabajo. https://www.infobae.com/
“Defender el Agua es Defender la Vida”