25/10/22

Hidroboletín Fentap 4080: PERÚ – Lima. Eligen nuevo Consejo Directivo Nacional de la FENTAP

 Miércoles, 26 de octubre de 2022 – Año XV – Edición 4080 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

 

Eligen nuevo Consejo Directivo Nacional de la FENTAP

Comunicado N° 017-2022/CDN FENTAP   

Ponemos de conocimiento a los trabajadores afiliados de nuestras bases sindicales, que los días 20, 21 y 22 de octubre del 2022 se realizó el XVII Congreso Nacional Ordinario de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú - FENTAP, el día 20 de octubre se realizó el acto inaugural en el local FED-CUT de La Victoria - Lima con la participación de dirigentes como: Rosa Pavanelli, secretaria general de la ISP; Jocelio Drummond, Brasil; Susana Barria, Colombia; Óscar Rodríguez, Costa Rica; Federico Dávila, Argentina; Ariel Monzón, Argentina; Hugo Maturana, Chile; José Pacheco, Chile; Juan Bustos, Chile, así como la presencia de los compañeros Gerónimo López Sevillano y Gustavo Minaya, secretario general y secretario general adjunto de la CGTP; Juan Gorriti Valle, Exsecretario general de la CGTP; César Soberón, secretario de prensa de la CGTP; dirigentes de diversas organizaciones sindicales y los delegados y delegadas de las bases de la FENTAP, posteriormente los días 21 y 22 de octubre se desarrolló el Congreso en el centro recreacional CAFAE-SE del sector educación ubicado en el distrito de Ricardo Palma en Huarochirí.

Durante el desarrollo del congreso se logró la más amplia participación de los secretarios generales y dirigentes sindicales, y en representación de sus bases a nivel nacional se acordó:

La consolidación y fortalecimiento del movimiento sindical desde las Bases Sindicales, la FENTAP y la CGTP y con la participación conjunta con las organizaciones populares, sociales, vecinales y las asociaciones de usuarios del agua para hacer frente a la ineficiencia de los funcionarios designados a dedo en las empresas de agua y a los lobistas enquistados en el MINISTERIO DE VIVIENDA, OTASS, FONAFE, SUNASS y demás entidades del Estado, también para defender los derechos a la Negociación Colectiva y nuestros derechos laborales y económicos, sin descuidar nuestra lucha contra la privatización de las Empresas de Agua en sus diferentes modalidades: “la venta de agua en bloque”, “la implantación y concesión de plantas desaladoras con fines de negocio”, “la tercerización de las actividades del núcleo de negocio y la lucha frontal contra la corrupción”, que se ha venido incrementando en las Empresas de Agua desde el inicio de la pandemia del COVID-19 a la fecha. La defensa del Decreto Supremo 001-TR-2022 que regula la tercerización laboral, respetándose los derechos laborales de los trabajadores tercerizados; la derogatoria del Decreto Legislativo N° 1280 que promueve las privatizaciones de las Empresas de Agua y la exclusión de SEDAPAL del nefasto Decreto Supremo 214-TR que promueve la venta de las acciones de SEDAPAL hasta el 100%.

Asimismo, las Bases Sindicales han aprobado la realización de un Paro Nacional de 24 horas cuya fecha la pondrá el Consejo Directivo Nacional, la misma que se informará oportunamente a la Asamblea Nacional de Delegados.

Con una amplia participación de los secretarios generales y dirigentes sindicales de las 57 Bases de la FENTAP se eligió con el 95% de votos válidos al nuevo Consejo Directivo Nacional para el período comprendido del 01 de diciembre del 2022 al 01 de diciembre del 2025, integrado por 35 dirigentes:

CONCEJO DIRECTIVO NACIONAL FENTAP 2022 – 2025 

Nro.

CARGO

NOMBRE

BASE

01

PRESIDENTE

GENOVEVA CALDERÓN ARIAS

SUTSENAPAT TACNA

02

SECRETARIO GENERAL

LUIS ISARRA DELGADO

CDN

03

SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

LUIS TORI GENTILE

CDN

04

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN

ELMER ARENAS PEREZ

SUTEPSAR AREQUIPA

05

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN

FREDESVINDA AGUILAR DE MOYA

SUTEPSSSA

LORETO

06

DEPARTAMENTO DE DEFENSA LABORAL

MANUEL RAMOS PALOMINO

SUTOPEC

LIMA

07

DEPARTAMENTO DE DEFENSA LABORAL

MARÍA ELENA MENDOZA CANALES

SUTEPSE

ICA

08

DEPARTAMENTO DE DEFENSA LABORAL

MIGUEL ANGEL DAMIANO ANCCO

SUTSMAPACON LIMA

09

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

JOSÉ SACCATOMA VICENTE

SUTSMAPACON LIMA

10

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ELSA LOURDES GIRÓN LIENDO

SUTSENAPAT TACNA

11

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y PUBLICACIÓN

NOÉ ESTEBAN ACUÑA

SUTEMAPAC

CAÑETE

12

DEPARTAMENTO DE JUVENTUD TRABAJADORA

CARLOS PEÑA RIVERA

SUTAPHTM HUANUCO

13

DEPARTAMENTO DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

MARÍA VANESSA RUBIO LEZAMA

SITRASEL

LIMA

14

SECRETARIA DE CAPACITACIÓN Y CULTURA

MARCO ANTONIO PAUCARCAJA MERCADO

CDN

15

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

RAÚL RUIZ GUERRA

SITAPASAM

SAN MARTIN

16

SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL

YENI RENDÓN ZUÑIGA

SUTEPSAR AREQUIPA

17

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO SINDICAL

LUIS GAMIO VALDIVIESO

SUTEPS

SULLANA

18

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SERVICIOS SINDICALES

ANA CECILIA ANDIA RODRIGUES DE ANDIA

SUTEPSAR AREQUIPA

19

SECRETARIA DE RELACIÓN CON LA COMUNIDAD Y USUARIOS

CÉSAR AUGUSTO BAUTISTA MONTEZA

SITAPAM  MOYOBAMBA

20

SECRETARIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

HERLY ZARELLY HOYOS GONZALES

SUTSELAM LAMBAYEQUE

21

SECRETARIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

GABRIELA MITSI ROMERO COSTA

SUTEPSAR AREQUIPA

22

SECRETARIA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

MIRIAM SÁNCHEZ BARRIOS

SUTEPS

TALARA

23

SECRETARIA DE MACRO REGIÓN SUR

WALTER GOMES VARGAS

SUTEPSE

ICA

24

SECRETARIA DE MACRO REGIÓN SUR

SARA DORA RODRÍGUEZ MONTESINOS

SUTAP

JULIACA

25

SECRETARIA DE LA MACRO REGIÓN NORTE

ANSELMO ANTENOR ALCANTARA MORENO

SUTESALIB TRUJILLO

26

SECRETARIA DE LA MACRO REGIÓN NORTE

GLADYS CORDOVA CASTRO

SUTEPS

SULLANA

27

SECRETARIA DE LA MACRO REGIÓN CENTRO

SEGUNDO PAZ LABRÍN

SUTSELAM LAMBAYEQUE

28

SECRETARIA DE LA MACRO REGIÓN CENTRO

ANGELA CCOYLLAR GABRIL

SITRAEMAPA HUANCAVELICA

29

SECRETARIA DE LA MACRO REGIÓN ORIENTE

DEWI MILUSCA RÍOS SÁNCHEZ

SUTEPSSSA

LORETO

30

SECRETARIA DE LA MACRO REGIÓN ORIENTE

VICTORIA LÓPEZ ARBILDO

SITAPAM MOYOBAMBA

¡VIVA EL XVII CONGRESO NACIONAL DE LA FENTAP!

¡VIVA LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO SINDICAL, POPULAR, SOCIAL Y DE LOS USUARIOS DEL AGUA!

¡VIVA EL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL! 

El Consejo Directivo Nacional

                                                                                   Lima, 25 de octubre de 2022

HIDROREGIONES PERÚ

Cusco: Anuncian huelga para exigir bono de 2 mil soles en Espinar

Los pobladores de la provincia de Espinar, en Cusco anunciaron el reinicio de medidas de protesta, una huelga desde el 7 de noviembre, en contra de la empresa minera Glencore Antapaccay por presuntamente incumplir sus compromisos.

El integrante de la comisión del Frente de Defensa de los Intereses de Espinar, Fredy Llayque, informó a RPP Cusco que no se descarta el bloqueo del corredor minero del sur.

“Iniciamos la medida de lucha debido a los incumplimientos de la minera Glencore Antapaccay sigue haciendo el abuso socio económico, socio ambiental. La provincia de Espinar sigue consumiendo agua con metales pesados y se tenía previsto la entrega de un bono de 2 mil soles”, señaló.

Cusco: ¿Qué piden en Espinar?

Además de la denuncia por presunta contaminación medioambiental en la provincia de Espinar, los pobladores cuestionaron el incumplimiento en la entrega del bono de 2 mil soles para un promedio de 50 mil pobladores del distrito.

El presupuesto solicitado, proviene del “Convenio Marco”, un acuerdo firmado entre la empresa Antapaccay y la población de Espinar a través de la municipalidad provincial. Las autoridades aprobaron la entrega, pero esta no se efectúa hasta el momento.

Cusco: Antecedentes

En enero de 2020, los pobladores de Espinar recibieron un primer bono de mil soles, tras medidas de fuerza asumidas en plena pandemia de la Covid-19. En ese entonces el presupuesto se entregó mediante tarjetas multiusos.

En agosto de este año, la población acató la más reciente medida de protesta en contra de la empresa minera Glencore Antapaccay, en el que exigían la reformulación del convenio con la minera, así como la entrega de un bono adicional por la crisis económica y el alza del costo de vida. https://rpp.pe/


Lambayeque: ¿por qué ocurre un uso incorrecto del agua en la agricultura?

La escasez del líquido elemento es un problema que requiere acciones a futuro para no afectar la producción de alimentos y, sobre todo, por parte de los agricultores. En el caso de Perú y la región Lambayeque, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) detalló que aproximadamente el 80% del recurso hídrico se utiliza en el sector agrícola; sin embargo, hay un alto desperdicio porque este no se distribuye correctamente.

Ante esta problemática, funcionarios de ANA propusieron reducir las brechas existentes en la tecnificación de riego en los campos de cultivo para una mejor eficiencia en la distribución del líquido elemento. Estas apreciaciones se dieron, este martes 25 de octubre, en el marco del taller nacional para la modificación de la Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua.

En diálogo con La República, el director de la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua de la ANA, Virgilio Brenis Muro, comentó que solo el 1% de agricultores a nivel nacional emplea riego tecnificado en sus campos de cultivo, mientras el 99% adolecen de esta. Agregó que 80.000 hectáreas cuentan con esta infraestructura de primer nivel y más de 20.000 con aspersores de riego.

“A pesar de que hay una migración importante al riego tecnificado, todavía se da el uso excesivo de agua porque no cuentan con suficientes herramientas para determinar el mejor aprovechamiento de este recurso para sus cultivos. Es una problemática persistente en el sector agrícola vinculado con el uso y gasto de agua”, expresó Brenis Muro a este diario.

En esa línea, Brenis Muro añadió que el riego tecnificado permite obtener una eficiencia del recurso hídrico de hasta un 90%. Pero el funcionario de ANA acotó que hay otros aspectos que determinar la necesidad de agua en los cultivos, como son el suelo, el clima y la disponibilidad de la fuente.

Para el director de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) de Jequetepeque, Zarumilla, Fernando Biffi Martín, urge que se incentive el correcto uso del líquido elemento en los agricultores con herramientas y soluciones de riego tecnificado, además de contar con el apoyo técnico de expertos para la sostenibilidad de sus trabajos.

“Aquí se requiere un trabajo especializado donde los agricultores y las autoridades trabajen de manera conjunta para mejorar la infraestructura de riego. Además, la entrega de cantidades de agua se debe dar en tiempos coherentes, a fin de no generar desperdicios de la misma y su distribución”, comentó Biffi.

Biffi Martín mencionó que los agricultores también pueden evitar el empleo excesivo del líquido elemento con el aprovechamiento de cultivos que requieren poco consumo de agua para desarrollarse.

Problema en los suelos

Tanto Virgilio Brenis y Fernando Biffi coinciden en precisar que, además de la falta de riego tecnificado, hay una degradación del suelo a través de la agricultura intensiva producto del uso incorrecto de agua. Frente a esta problemática, se requieren políticas públicas para que este sea más saludable y productivo.

Desde la región Tumbes hasta Lambayeque, hay una importante producción de arroz, la cual prevalece en todo el país.

“Los productores agrícolas utilizan alrededor de 14.000 a 15.000 metros cúbicos de agua por hectárea para cultivar arroz. Entonces, se necesita para un kilo de arroz 1.000 litros de agua. Entonces, estos suelos, al tener mucha agua en la siembra de cultivos, pierden su calidad y se salinizan (presencia excesiva de sales). En la costa peruana, tenemos 330.000 hectáreas salinizadas y necesitan ser recuperadas”, sostuvo Virgilio Brenis Muro.

“Es evidente que el cultivo de arroz aumenta la salinización de los suelos. A esto hay que sumar el uso incorrecto del agua. Una alternativa principal para combatir esta problemática es el riego tecnificado y diversificar el cultivo de productos distintos al arroz. Si al uso excesivo de agua se suma un drenaje limitado, la salinización de los suelos se va a dar de todas formas y, a largo plazo, repercutirá en la productividad”, expuso Biffi. https://larepublica.pe/

 


LIMA PERÚ

Clausuran puntos de descarga de aguas residuales no tratadas en el canal Infantas de Comas

Como ente máximo en la gestión integrada de los recursos hídricos, la Autoridad Nacional del Agua - ANA y la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Chillón (JUSHCH), junto a otras instituciones participaron en la clausura de siete puntos de vertimiento no autorizados en el canal Infantas, que estarían afectando la infraestructura hidráulica que se conecta con el vivero municipal del distrito de Los Olivos, convirtiéndose en un foco infeccioso.

Especialistas de la Administración Local de Agua Chillón Rímac Lurín, afirmaron que la contaminación registrada en el canal Infantas, ubicado en el distrito de Comas, podría perjudicar la calidad del agua que se utiliza para irrigar tierras de cultivo pertenecientes a la JUSHCH, además serían fuente directa de afectación al vivero municipal de Los Olivos.

La ANA recomendó a los vecinos del canal Infantas, cuidar la infraestructura hidráulica y no utilizar el canal como vertedero de aguas servidas o desagüe. Asimismo, instó a las autoridades municipales a vigilar constantemente la zona para evitar la generación de nuevos focos contaminantes.

En esta acción conjunta participaron representantes del Programa, del Gobierno Regional de Lima Metropolitana, las municipalidades de Los Olivos, San Martín de Porres, Comas; Defensoría del Pueblo, Policía Nacional del Perú, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) entre otros organismos.

Multas vigentes

- La ANA recomienda a los pobladores que eviten la imposición de multas por contaminar la infraestructura hidráulica las que oscilan entre los 2,300 soles hasta 46 millones de soles, de acuerdo con el Reglamento de la Ley N º 29338, Ley de Recursos Hídricos; asimismo la Autoridad Nacional del Agua continuará ejecutando acciones para conservar y proteger el agua para el uso poblacional y agrario.  http://www.elperuano.pe/

 


“Defender el Agua es Defender la Vida”

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Hidroboletín Fentap 4079: BOLIVIA - Estudio revela que 180 balsas mineras liberan al mes 259 kilos de mercurio en el río Madre de Dios

 Martes, 25 de octubre de 2022 – Año XV – Edición 4079 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe


Bolivia: estudio revela que 180 balsas mineras liberan al mes 259 kilos de mercurio en el río Madre de Dios

El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social realizó el estudio durante un mes entre agosto y setiembre de 2021 y registró 180 dragas en el río Madre de Dios, de las cuales, afirman, 166 operan de manera ilegal.

También se determinó que, durante ese período, las embarcaciones arrojaron 259 kilogramos de mercurio en el aire y en el agua   

“Día y noche trabajan, solamente dejan de trabajar cuando crece el río, unos tres meses, pero después otra vez empiezan. Aquí, ahorita, están trabajando hartísimo”, cuenta Confesor Tirina Soria, secretario general de Genechiquía, una de las 36 comunidades que forma parte del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) II, ubicado entre los departamentos de Pando y Beni, en Bolivia.

Mientras conversábamos vía telefónica, el líder indígena del pueblo Ese Ejja escuchaba el ruido proveniente de las dragas o balsas dedicadas a la extracción de oro que operan frente a Genechiquía, que junto a otras cinco comunidades del TIM II —Sinaí, Loreto, Palestina, Trinidacito y Miraflores— se ubican en la cuenca del río Madre de Dios.

En este río ha sido en donde el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) realizó, en el año 2021, un estudio para determinar los efectos ambientales, sociales y económicos que la minería ilegal causa en los territorios indígenas de los pueblos Ese Ejja, Tacana y Kabineño.

Los resultados presentados recientemente indican que a lo largo de 172 kilómetros de la cuenca del Madre de Dios operan 180 embarcaciones dedicadas a la extracción de oro. De ellas, señala el estudio, solo 14 balsas (7.7%) trabajan de manera legal, es decir, dentro de las dos zonas autorizadas para actividades mineras; el resto, 166 balsas (92.3%), están fuera de las zonas permitidas. “Se trata de minería totalmente ilegal”, señala Miguel Vargas, director ejecutivo del Cejis.

Vargas también explica que el estudio permitió cuantificar la cantidad de mercurio que vierten estas embarcaciones durante un mes. El cálculo se realizó tomando en cuenta el número de balsas registradas —180— y los datos promedio de la cantidad de mercurio utilizado por embarcación en ese lapso de tiempo. “Las 180 balsas han dejado 259 kilogramos de mercurio en el aire y en el agua. Eso va a incidir evidentemente en la salud de las personas y en todo el ecosistema”, señala Vargas de Cejis.

Mercurio y aceites en el río Madre de Dios

El estudio se realizó a pedido de los pueblos que integran el Territorio Indígena Multiétnico II —Tacana, Ese Ejja y Kabineño— que buscaban obtener información sobre los impactos sociales, económicos, culturales y ambientales que está generando la actividad minera en el río y en sus comunidades.

Así, entre agosto y setiembre de 2021, investigadores de Cejis y un equipo de monitores socioambientales indígenas de los pueblos que viven en esta cuenca recorrieron el río para tomar muestras de agua y suelo. Los análisis determinaron que además del mercurio también hay presencia de aceites y otras sustancias en el río, que se encuentran por encima de los límites permisibles, principalmente en la zona de las comunidades del Sena, Sinaí y Loreto.

“Identificamos los impactos ambientales que está generando la minería en el río Madre de Dios y logramos determinar, claramente, la presencia de aceites y otros materiales que desechan las balsas, sustancias que utilizan en sus motores”, comenta Vargas.

La acumulación de estas sustancias —se explica en el documento que da cuenta de los resultados del estudio— hace que se caliente el agua del río y que disminuya el oxígeno en el agua, “poniendo en peligro la vida de las plantas y animales que ahí habitan”. En cuanto al mercurio usado en la minería, el informe explica que éste se libera al ambiente como una sustancia venenosa, la misma que se acumula y se dispersa en las plantas y los peces, insumos que sirven de alimento para las comunidades.

Vargas explica que “la evaluación del mercurio en agua es muy difícil de probar”, sin embargo, precisa que la concentración de este mineral se evalúa en los peces y en las personas que los consumen, a través de la toma de muestras en cabellos. Es por esta razón que actualmente se está terminando una segunda etapa de la investigación que incluye la evaluación de la cantidad de mercurio en las personas. Esta segunda etapa se realiza en coordinación con el Centro de Investigación Bolivia (CEDIB).

Los pueblos que viven en esta zona están siendo testigos de los efectos que estas sustancias tienen en los peces, los cultivos y las mismas personas. El líder indígena Tirina dice: “El sabor del pescado no es como antes y nuestro sembradío tampoco. Cuando crece el agua, el mercurio se queda en el lodo y cuando sembramos la fruta no sale natural, sino con mercurio. Estos afectan nuestra salud y muchas personas tienen problemas y dolores estomacales. También cuando el niño empieza en la escuela, le cuesta aprender y nosotros no sabíamos por qué. Antes no pasaba eso”.

Lo más preocupante es que, en los últimos meses, la presencia de dragas ha ido en aumento en el río Madre de Dios. Vargas menciona que los reportes enviados a Cejis por los monitores socioambientales indican que en el mes de agosto de 2022 se registraron 310 embarcaciones dedicadas a la extracción de oro en este río.

Otro efecto perjudicial reportado por el estudio se relaciona con la forma en la que se ejecutan las actividades de extracción de oro. Para sacar el metal se tiene que remover el fondo del río, generando pozos y remolinos que se convierten en trampas mortales para los peces y otros animales que viven en el agua —explica el estudio— esto, además, ocasiona la muerte de los peces debido a que interrumpe su respiración.

Además, la cantidad de sólidos suspendidos en el agua impide que la luz del sol llegue al fondo del río, por tanto, “no crecen las plantas de las que se alimentan los peces, afectando así al ecosistema acuático”, se menciona en la investigación. Además, en el estudio se explica que en los sectores donde operan las dragas se producen derrumbes y desmoronamiento de barrancos, originando la pérdida de suelo fértil dedicado a la agricultura y poniendo en riesgo la subsistencia de las comunidades.

Vargas señala también que, además de los efectos negativos en el medio ambiente, la minería vulnera el derecho del acceso al agua de las comunidades y causa impacto en los sistemas de producción de las comunidades. “Las balsas están ampliando cada vez más la extensión de las operaciones en el río, socavando las áreas de producción de las comunidades, por tanto, afecta la economía de las familias, de tal forma que los comuneros, al no poder producir sus cultivos en sus propios espacios terminan dedicándose a la minería”.

El mercurio que importa Bolivia

Bolivia figura entre los mayores importadores de mercurio en el mundo —junto con China, Emiratos Árabes Unidos, la Federación de Rusia y la India— según el informe Mercurio, extracción de oro en pequeña escala y derechos humanos, presentado en setiembre por Marcos Orellana, Relator Especial sobre las Implicaciones para los Derechos Humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El informe de la ONU también indica que Bolivia es el único entre estos importadores con un alto nivel de actividad en la extracción de oro en pequeña escala; además, el país ha sido señalado como “uno de los puntos neurálgicos del contrabando de mercurio hacia los países de la cuenca amazónica”.

“Lo que ocurre con el mercurio lo venimos informando y denunciando hace un tiempo y ahora, además, es una situación que alertan los organismos internacionales como la Relatoría Especial de derechos humanos y sustancias tóxicas de las Naciones Unidas y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que informan sobre las grandes cantidades de mercurio que están ingresando al país y que ya existen claras evidencias de que tienen afectaciones importantes sobre ciertos grupos poblacionales”, comenta Oscar Campanini, director ejecutivo del Centro de Investigación Bolivia (CEDIB).

Campanini menciona el estudio que están concluyendo en el río Madre de Dios en coordinación con Cejis y los pueblos indígenas, así como la investigación que han realizado en los pueblos indígenas del río Beni. “La cantidad de mercurio en cabellos en ciertas poblaciones de la parte media de la cuenca del río Beni es en promedio de siete partes por millón, cuando el máximo permitido a nivel internacional es solamente de una parte por millón. En el caso del río Madre de Dios este promedio está alrededor de cuatro partes por millón”, dice en relación a los resultados de las muestras tomadas en las poblaciones indígenas de la Amazonía boliviana

Un dato realmente alarmante —continúa Campanini— es que en la cuenca media del río Beni, donde Cedib realizó su estudio, no hay actividad minera, por tanto, el mercurio ha llegado a la población mediante el consumo de pescado. “En el caso principalmente del pueblo Ese Ejja, que vive en la comunidad de Eyiyo Quibo, el nivel de mercurio es muy alto en los niños. Las cifras rondan entre nueve hasta 22 partes por millón. Realmente es dramático, porque con seguridad afecta el desarrollo de los niños y eso significa afectar el futuro de estos pueblos y de estas comunidades”.

Campanini también menciona que el alto precio del oro ha generado una mayor demanda del mineral en el mercado internacional, y, en consecuencia, dice, el aumento de la actividad en Bolivia. “Es tan alto el precio que los mineros tienden a no esperar permisos sino a realizar la actividad de forma ilegal, esto incluye las áreas protegidas en donde se han identificado importantes reservas de oro. En el caso de los pueblos indígenas esta categoría de territorio ha evitado en alguna medida que los mineros entren a explotar este mineral, pero el precio está tan alto que los mineros logran evadir los mecanismos de protección”. https://es.mongabay.com/

 


EMPRESAS DE AGUA

Amazonas: presentarán proyecto de estudio tarifario de empresa de saneamiento de Bagua

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) presentará este viernes 28 de octubre, en audiencia pública, a realizarse en la ciudad de Bagua (región Amazonas), el proyecto para fortalecer los servicios de saneamiento de la EPS Empresa Municipal de Agua y Alcantarillado de Bagua S. A., durante el quinquenio regulatorio 2022 – 2027.

El objetivo de la actividad pública es dar sostenibilidad y mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado que se entrega a la población usuaria de la ciudad de Bagua.

La audiencia, que será presencial, se desarrollará en el salón de eventos “El Tumi de Oro”, ubicado en el Jr. Amazonas N.º 219, Bagua, Amazonas, a partir de las 10:00 horas.

Los interesados en brindar sus aportes y sugerencias al proyecto podrán inscribirse, para participar como oyentes u oradores, en el siguiente enlace: https://bit.ly/3M5Puny

El proyecto de estudio tarifario de la EPS Emapab prioriza un plan de inversiones que asciende a S/6.9 millones, a ejecutarse en los siguientes cinco años, y permitirá mejorar y fortalecer las condiciones del servicio, en beneficio de los usuarios.

Socialización y presentación de comentarios

Con el fin de informar a la población sobre el proyecto y motivar su participación en el proceso, la Sunass realiza actividades de socialización y transparencia, a través de reuniones presenciales y virtuales, en las que se explican los alcances y beneficios del proyecto, y se resuelven dudas y consultas.

A la fecha participaron de estas reuniones instituciones y organizaciones tales como la Autoridad Local del Agua Bagua – Santiago, el Centro de Atención al Ciudadano del MVCS, la Contraloría, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), la Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (Apenco) y la Defensoría del Pueblo.

Las personas que deseen presentar sus aportes y comentarios sobre el proyecto podrán hacerlo a través de la Mesa de Partes Virtual de la Sunass, ubicada en la página web oficial www.sunass.gob.pe, donde también podrán consultar los detalles del proyecto de estudio tarifario, estructura tarifaria y metas de gestión para la EPS Emapab.

Asimismo, hasta el 8 de noviembre se podrán recibir aportes, comentarios y consultas sobre el proyecto de estudio tarifario al correo electrónico audiencia-emapab@sunass.gob.pe https://andina.pe/

 


HIDROREGIONES PERÚ

San Román: Juliaca pasará su aniversario sin saber quién ejecuta el proyecto de agua y alcantarillado

Dirigencia critica falta de transparencia en proceso de licitación del Proyecto de Agua y alcantarillado de Juliaca, así lo indicó el expresidente del Comité de Gestión, Crisóstomo Benique Apaza, quien advirtió que existe demasiado hermetismo, por ello exigió que las autoridades: congresistas de la bancada por Puno, gobernador regional de Puno, alcaldes de la provincia de San Román, entre otras autoridades exijan información de dicho proceso.

Benique Apaza, indicó que en la última reunión solo les manifestaron que a fines del mes de octubre se tendría resultado del proceso de licitación, pero al momento no existe información sobre este importante proyecto para la provincia de San Román.

“Vamos a esperar hasta fines de este mes, y de allí se tendrá una reunión de todos los dirigentes, esperemos no llegar a realizar protestas, pero si es necesario se hará, porque no podemos permitir que este proyecto se demore”, explicó el dirigente, al tiempo de indicar que según su cronograma se debía dar inicio de la primera piedra en el mes de noviembre; sin embargo, esto sería imposible con estos retrasos.

Cabe mencionar que este proyecto se realizará en dos etapas la primera ejecutará en 6 hectáreas la nueva planta de agua potable, 16 reservorios, 15 cámaras de bombeo entre otros componentes y en la segunda fase se hará la renovación de las antiguas conexiones en la ciudad de Juliaca. https://www.pachamamaradio.org/

 


Una treintena de comunidades de la Amazonía peruana, en emergencia por derrames de petróleo

Cuatro derrames de petróleo en la Amazonía peruana han afectado en las últimas semanas a más de 30 comunidades indígenas donde viven más de 6.000 personas que se alimentan y surten de agua de los ríos y lagunas ahora contaminados por la marea negra. Los vertidos ocurrieron en las regiones Loreto y Amazonas: tres en puntos del Oleoducto Norperuano y otro en un lote petrolero. En protesta por la falta de atención del Estado a la emergencia, líderes de las localidades damnificadas bloquearon el paso de embarcaciones en un río y en octubre otros viajaron a la capital para reclamar por la falta de comestibles, la pérdida de la pesca como medio de vida, y el trastorno de sus actividades.

El primero ocurrió el 10 de septiembre y afectó a cinco comunidades de la Nación Chapra; el segundo se originó el 16 en la comunidad de Cuninico, que ya en 2014 sufrió una gran devastación por una fuga de 2.500 barriles del mismo ducto; y el tercero fue detectado el 21 de ese mes por población indígena en una zona colectora de fluidos del lote petrolero 192 llamada Batería Shiviyacu. Esa zona, ubicada en la comunidad del pueblo achuar José Olaya, también sufrió otros derrames en la década pasada. Sobre ese vertido, la fiscalía ambiental informó de que en tres días afectó seis kilómetros hasta llegar a cuerpos de agua. El sábado 22 de octubre, otro derrame más contaminó el río Wawiko en la provincia de Bagua, Amazonas, y perjudica a unas 15 poblaciones.

En los últimos años, varios derrames han afectado a las regiones amazónicas de Loreto y Amazonas, donde viven pueblos indígenas y colonos asentados en las riberas de los ríos con escaso acceso a servicios como la salud. Según un reporte de Oxfam de 2020, entre 2000 y 2019, el 65% de los derrames fueron consecuencia de la corrosión y fallas de la infraestructura petrolera estatal o de empresas privadas, y un 23% por sabotaje de terceros.

Sin embargo, el Organismo de Supervisión de la Inversión en Energía y Minería indicó en 2021 que 41% de los derrames fueron provocados por atentados. A raíz del incremento de zonas contaminadas, extrabajadores del sector de hidrocarburos y exautoridades locales han abierto negocios de limpieza y remediación de los daños con los que se están beneficiando económicamente, denuncian periodistas de investigación peruanos y líderes indígenas.

Mientras, los afectados se quejan de la falta de ayuda. Una semana después del derrame en Cuninico, esa comunidad recibió agua y alimentos de la empresa PetroPerú que opera el Oleoducto Norperuano. Pero la asistencia solo alcanzó para dos días, según reportó el apu (jefe indígena) Wadson Trujillo. Debido al grave derrame de 2014 y la afectación de la salud de los habitantes, esta comunidad obtuvo en 2017 medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección y la integridad de la vida.

Cinco años después, siguen expuestos a daños y la protección no llega. El ducto origen de la fuga pertenece a la estatal PetroPerú. Las federaciones indígenas y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería han indicado que, pese a que tiene 50 años de antigüedad, el ducto de más de 850 kilómetros apenas ha recibido mantenimiento.

De acuerdo al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el derrame de unos 2.500 barriles de crudo el 16 de septiembre en Cuninico contaminó unos 848.400 metros cuadrados de agua en quebradas de Cuninico y el río Marañón, a lo largo de 147 kilómetros en los que residen otras 17 comunidades. El 24 de septiembre, el Ministerio del Ambiente declaró emergencia ambiental.

“Aquí vivimos 272 familias: PetroPerú entregó ayuda humanitaria para 200 familias una semana después del derrame y no hemos vuelto a tener comunicación alguna”, denuncia por teléfono la autoridad comunal de Cuninico. “Del Gobierno Regional de Loreto nadie se ha comunicado y la municipalidad de Urarinas entregó botellas de agua una sola vez”, añade.

Solo agua de lluvia

Debido al grave derrame de 2014, el ministerio de Vivienda instaló una planta de agua de emergencia en Cuninico que abastecía las piletas comunitarias durante 30 minutos al día. Sin embargo, según denuncian los beneficiarios, el origen era el propio río y las quebradas contaminadas. “Cada persona puede llenar medio balde [de 12 litros] al día y no alcanza para todos. La construcción de una planta de agua a cargo de la municipalidad de Urarinas avanzó al 70%, pero no se terminó por malversación de fondos, un caso por el que varios exfuncionarios están siendo investigados, según le dijo a América Futura el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto, Abel Chiroque, quien anunció que ese organismo pedirá al Ministerio de Vivienda que retome el proyecto. Mientras, los residentes, están usando agua de lluvia, según Trujillo.

El jefe indígena de Cuninico reclama que, pese a que lograron sentencias judiciales favorables y medidas cautelares, el Estado no monitorea a las personas expuestas a la contaminación por petróleo ni construye infraestructura de salud y saneamiento. Aunque el número de enfermos ha aumentado entre las familias de Cuninico, el módulo de salud es un pequeño ambiente de material prefabricado con dos enfermeras y un técnico. “El 80% aquí tiene cólicos, alergias, dolor de cabeza y fiebre”, lamenta Trujillo. “Desde el primer día del derrame, todas nuestras actividades —labrar la tierra o asistir a las clases— están paralizadas. Si no hay alimentación ni agua, está todo en emergencia: no quisiera que ninguna persona esté en nuestra situación”.

Monseñor Miguel Ángel Cadenas, obispo de Iquitos —la capital de la región Loreto— asegura que el derrame ha afectado a las poblaciones porque es la época de desove de los peces en las lagunas. “No se sienten escuchados”, remarca. Por eso, los dirigentes de las comunidades damnificadas bloquearon el río Marañón dos semanas después del derrame para pedir atención del Estado, pero no obtuvieron respuesta.

Nuevos damnificados

Aunque se han reportado otros derrames en el distrito de Morona, en Loreto, las comunidades del pueblo indígena chapra no habían sido afectadas hasta el vertido del 10 de septiembre. “Mi padre me cuenta que hace 50 años, cuando llegaron las personas a colocar el oleoducto, le dijeron que la estructura la iban a cambiar cada 30 años”, relata en Lima Olivia Bisa, socióloga de 33 años y presidenta del Gobierno Autónomo de la Nación Chapra, que representa a cinco comunidades afectadas y unas 500 familias. El tubo nunca fue cambiado. Y ahora el petróleo ha llegado a una quebrada donde criaban peces para la venta. Según su testimonio, esto se debe a que PetroPerú no colocó barreras de contención y el crudo se dispersó.

“Nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos de la naturaleza. La nación chapra se dedica a la pesca artesanal y la agricultura: tenemos siete lagunas de repoblación de especies acuáticas y uno de esos proyectos nos permitió sobrevivir en la pandemia porque proveíamos de pescado a empresas contratistas de PetroPerú”, relata Bisa.

La socióloga dice que desde entonces solo han recibido ayuda alimentaria de una ONG. Tras más de un mes sin obtener respuestas de la compañía estatal, la representante de las comunidades chapra viajó a la capital, donde se reunió con congresistas y periodistas antes de finalmente ser escuchada por la empresa. El 13 de octubre, el presidente del directorio de PetroPerú, Humberto Campodónico, reconoció en una reunión con Bisa que el derrame fue causado por corrosión y no por un sabotaje, y anunció que las operaciones de limpieza empezarían el 20 de octubre; pero no han cumplido con ello.

“Una emergencia socioambiental”

La relatora de derechos sociales, económicos y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Soledad García Muñoz, calificó en una visita reciente a Perú de “emergencia socioambiental” la situación de los damnificados en la Amazonia y la de los afectados desde enero por el derrame de Repsol en el mar de la costa central peruana. “Es una emergencia ambiental, caracterizada por derrames petroleros y deforestación y las consecuencias en el medio ambiente sano”, sostuvo.

Para ella, la falta de respuestas a las poblaciones vulnerables que han sufrido los vertidos se debe a la “inestabilidad institucional y democrática” que vive el país andino hace unos cinco años y a la falta de continuidad de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos. “Tuve la oportunidad de estar en un bote con pescadores (afectados por el derrame de enero en el mar de Ventanilla) viendo manchas de petróleo en el mar y animales muertos flotando, y constaté la desesperación de estos hombres y familias que hoy no tienen trabajo y que ven un Estado omiso y una empresa que no está siendo objeto de las correspondientes medidas frente a un hecho semejante”, dijo.

Finalmente, la relatora hizo un llamado a cooperar con Perú y pidió que las instituciones protejan la naturaleza y los derechos de las comunidades que están “en altísima vulnerabilidad”. https://elpais.com/

 


“Defender el Agua es Defender la Vida”

http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

24/10/22

HIDROBOLETÍN FENTAP 4078: PERÚ – Puno. Lago Titicaca en riesgo de convertirse en una inmensa lenteja verde. Dura realidad. Algas crecen por la contaminación provocada por los desagües de la ciudad Empresa que construía plantas de tratamiento abandonó los trabajos

 Lunes, 24 de octubre de 2022 – Año XV – Edición 4078 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe


Lago Titicaca en riesgo de convertirse en una inmensa lenteja verde

Algas crecen por la contaminación provocada por los desagües de la ciudad Empresa que construía plantas de tratamiento abandonó los trabajos   

Apenas llegamos a la tranquera de la isla Espinar (salida sur de Puno), un olor fétido agrede. Mientras avanzamos, la carretera nos muestra dos realidades.

A la derecha de la vía, dos enormes pozas almacenan el agua de los desagües de más de 60.000 viviendas de la ciudad de Puno. Los lodos fecales se sedimentan y por un proceso de decantación, alrededor de 250 litros por segundo de aguas servidas, sin ningún tipo de tratamiento, ingresan a la bahía interior del Titicaca.

A la izquierdo se observa el lago navegable más alto del mundo en toda su expresión. Hace 30 años el agua de la bahía era transparente. Hoy lo caracteriza un color verduzco por la flora acuática. Esta planta brota como consecuencia de la contaminación del lago por el vertimiento de aguas de desagüe.

La suerte que le espera a la bahía del lago es crítica. En unos 20 años podría convertirse en otra laguna de oxidación natural, advirtió el biólogo Juan Medina.

Para detener la muerte del lago por los desagües de los pueblos ribereños, el Estado peruano licitó por asociación público privada la construcción de plantas de tratamiento en las ciudades de Juliaca, Puno, Ilave, Ayaviri, Juli y Moho. Los trabajos estuvieron a cargo de la empresa Opeti. Sin embargo, la empresa rescindió el contrato con el ministerio de Vivienda y Construcción, por vicios insalvables. No podía garantizar la calidad de aguas tratadas al estándar que piden las autoridades del agua. Los trabajos fueron abandonados.

Juan Medina, dijo a La República que el problema del lago es que está pasando por un proceso de eutrofización. Biológicamente se denomina así cuando los cuerpos de agua reciben exceso de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, procedentes mayoritariamente de la actividad del hombre (heces fecales). Precisó que las plantas de tratamiento no sólo iban a tratar las aguas de desagüe. También recuperar el ecosistema del lago afectado por décadas con esta agresión ambiental.

“Las obras ahora paralizadas sólo hacen más daños al lago. Los niveles de contaminación serán mayores. El gobierno tiene que dar una explicación”, remarcó el especialista. https://larepublica.pe/

 

EMPRESAS DE AGUA

Seda Huánuco y Diresa niegan que agua potable tenga parásitos

«No hay parásitos, lo que hay [en el agua potable] son organismos de vida libre», aseveró el biólogo de Seda Huánuco, David Rodríguez, al asegurar que estos organismos «no implican daño a la salud» y, además, están presentes en el agua potable de todo el país.

«Estos organismos no están ocasionando ningún daño ni perjuicio a la población», aseveró Rodríguez, en respuesta a un informe de la Dirección Regional de Salud (Diresa) que reveló que en la fuente de captación de agua hay microorganismos.

Sin embargo, ese informe es de hace dos meses y corresponde a estudios realizados en junio de este año. «Una vez hecha esa inspección se han tomado las acciones inmediatas, por ejemplo, la desinfección de todas las unidades, desde la captación hasta la planta de tratamiento», señaló el químico de Seda Huánuco, Miguel Espino, en conferencia de prensa.

«Estamos tomando acciones desde que se nos notificó [del informe de Diresa]. Estamos avanzando en la desinfección diaria en cada proceso de tratamiento para eliminar [los organismos] al cien por ciento; pero eso es una problemática nacional», aseguró.

Explicó que las Diresa de todo el país han realizado estas inspecciones a todas las empresas que prestan servicio de saneamiento, entre ellas Huánuco. En todos los casos se halló la presencia de «organismos de vida libre» en el agua.

«Organismos de vida libre quiere decir que están presentes en todas las superficies, pero no son parásitos», explicó David Rodríguez.

El único departamento en el que no se halló estos organismos, según dijo, es Moquegua, donde se ha «implementado un proceso de filtración» para lograr eliminar el cien por ciento de organismos. Pero en Huánuco, adujo, no es posible aplicar este proceso por el alto costo que demanda.

DIRESA TAMBIÉN LO DESMIENTE

«El agua sí es apta para el consumo humano» declaró Jehnsi Veramendi, director de Salud Ambiental de la Dirección Regional de Salud, aclarando que los organismos que detectó la Diresa en junio solo se encuentran en el punto de captación.

«En la captación el agua tiene todo tipo de microrganismo, pero ya una vez que ingresa a la planta de tratamiento, ahí recién se desarrolla el tratamiento correspondiente y el agua resulta apta», aseguró.

También mencionó que la Diresa verifica periódicamente que el agua potable sea correctamente tratada. «No solamente nosotros, también Digesa [la Dirección General de Salud Ambiental] viene trimestralmente y con ellos vamos a la planta a inspeccionar», apuntó. https://pagina3.pe/

 


HIDROREGIONES PERÚ

Santa Rosa: perjuicio de más de S/72 mil por licitación presuntamente direccionada

La Contraloría General halló un perjuicio económico de S/ 72 576 en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, en la provincia de Melgar, como resultado de irregularidades cometidas en el procedimiento para adjudicar la obra de instalación de agua potable y letrinas en el sector Pancca Yancaña.

Según el informe n°028-2022-2-0462-SCE, el comité de selección admitió al postor que presentó mayor oferta económica y no admitió otras propuestas. Además, se halló responsabilidad administrativa y penal en cinco funcionarios ediles.

Sospechoso

Dicho comité no admitió las ofertas de otros cuatro postores, a pesar que estos cumplieron con la presentación de los documentos obligatorios establecidos en las bases integradas, y justificó su decisión en observaciones sin sustento.

Generó así condiciones favorables para la evaluación del postor que presentó una mayor oferta económica (que tuvo una diferencia de S/ 72 576 respecto al valor referencial de la obra de S/ 725 761), lo que limitó a la entidad a contratar bajo mejores condiciones económicas.

Irregularidades

El jefe de la unidad de logística, quien a la vez era miembro del comité de selección, ni cuestionó, al momento de la firma del contrato, que el postor ganador incumplió con acreditar la experiencia del residente de obra, exigido en las bases integradas.

Junto al administrador municipal, permitió que el contrato del procedimiento de selección sea suscrito por una persona distinta al representante legal reconocido por el consorcio.

El informe elaborado por Órgano de control Institucional de la Municipalidad Provincial de Melgar fue comunicado al alcalde distrital de Santa Rosa y a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Puno para que hagan sus descargos.

Con la información proporcionada con este informe, deberán iniciarse los procedimientos administrativos y acciones legales penales contra los responsables de esta adjudicación que estaría presuntamente direccionada. La Contraloría estuvo realizando audiencias públicas en diferentes localidades de la región para conocer casos similares de corrupción. https://diariocorreo.pe/

 


Alertan de riesgos en reactivación de La Oroya

En la edición del programa “La hora verde” del jueves 20 de octubre, y que es producido semanalmente por CooperAcción, los invitados coincidieron en alertar de los riesgos ambientes y de salud ante el anuncio de la reactivación del complejo metalúrgico de La Oroya, en la región Junín.

Cabe recordar que lunes 17 de octubre, la empresa liquidadora Consultores A1 terminó la transferencia de los activos de dicha operación minera a 1.250 extrabajadores asociados a la empresa Metalurgia Business Perú SAC, cerrando el primer objetivo de la liquidación de Doe Run Perú. Los trabajadores han anunciado que empezarían operaciones en febrero del 2023.

Los invitados a «La Hora verde» fueron Yolanda Zurita, activista de las personas afectadas por contaminación de metales tóxicos de La Oroya; José de Echave, economista e investigador de CooperAcción; y Christian Huaylinos, abogado de Aprodeh.

Yolanda Zurita recordó que La Oroya inició su actividad metalúrgica desde el año 1922. La primera comunidad que fue afectada fue Huaynacancha, que fue afectada por los humos que llegaban como cenizas y esto obligó a que muchas de las personas se fuesen a vivir a otros lugares.

Asimismo, destacó la gravedad de los pasivos ambientales que ha dejado el complejo metalúrgico en la zona: “Estudios señalan que hay 80 cm de profundidad que está seriamente afectada. Son estudios de la misma empresa, el Estado y sociedad civil. La Universidad de San Luis de Missouri analizó 13 sustancias tóxicas, las que todas estaban muy elevadas en el organismo humano.”

Por su parte José De Echave recordó que, en la década de los noventa, en paralelo al proceso de privatización se crearon 2 instrumentos: todos los nuevos proyectos de inversión debían tener los Estudios de Impacto Ambiental- EIA. En el caso de proyectos antiguos – como el caso La Oroya- que ya estaban en fase de producción, se creó el Programa de adecuación y maneja ambiental -PAMA.

“Cuando la norteamericana Doe Run compró los activos de La Oroya, asumió el compromiso de adecuar la operación a los nuevos estándares ambientales, pero la empresa no cumplió pese a que se le dieron ampliaciones. Hasta que luego se declaró en insolvencia,” recordó De Echave.

El investigador también destacó que la exposición de la población a metales como plomo, cadmio y arsénico ha sido debidamente probada por varios estudios. Esto ha llevado a que La Oroya haya sido calificada como una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo.

El proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Yolanda Zurita destacó que en el año 2002 se inició un proceso contra el Estado peruano para lograr una atención de la salud. Al no cumplir ningún acuerdo, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde entonces ha sido un largo proceso en el que están pidiendo la atención integral a la salud, por la exposición aguda y crónica a los metales tóxicos. El caso se está ventilando ahora en la Corte Interamericana, y acaban de realizarse audiencias los días 12 y 13 de octubre.

“En la audiencia de la CIDH expusimos la afectación y la debilidad de la atención en salud, así como el incumplimiento del Estado como ente rector para hacer que el macro emisor se le ponga acciones correctivas y las emisiones se hagan respetando la salud de la población”, destacó Zurita

Por su parte Cristian Huaylinos, abogado de Aprodeh, que acompaña a los afectados ante el proceso en la CIDH, comentó que con el paso del tiempo se constata que de parte del Estado ha habido una omisión en la prevención y fiscalización de esta contaminación. En esa línea, sostuvo que hay pruebas que el Estado ha priorizado la actividad minera por sobre la salud de las personas.

“Hay un informe del propio Estado que dice que desde 1986 constató que existe una contaminación que se ha agravado en la década de los 90 con la privatización de Centromin. El Estado ha venido ampliando los Pamas que nunca han sido cumplidos, no ha habido una remediación ambiental eficiente en La Oroya” puntualizó el abogado. Resaltó, asimismo, que el sistema de salud no ha sabido responder a las afectaciones por exposición a metales pesados.

Sobre la reactivación del complejo metalúrgico

José de Echave señaló que este complejo ha estado inactivo 12 años, ha quedado vetusto, y no se hicieron las inversiones para adecuarse a los estándares ambientales vigentes.

“Pensar en reactivarlo en estas condiciones es que se reactiva como un macro emisor y siga contaminando a la gente de La Oroya. Entiendo la legítima expectativa de los trabajadores por una reactivación económica, pero no puede hacerse a costa de la salud de la población de La Oroya”, destacó De Echave.

En esa línea Yolanda Zurita sostuvo que es preocupante el anuncio ya que se sabe que el 99% de la contaminación del aire en La Oroya es producida por el complejo siderúrgico.  Esto va a contaminar a los mismos trabajadores, personas de la tercera edad, madres y toda la población.

“Una reactivación económica a costas de la salud de una población integra no sé qué grado de sensibilidad podrían tener los que están impulsando esto. Algunos pobladores están anunciando que se van a ver obligados a salir de La Oroya”, destacó Zurita.

Finalmente, Christian Huaylinas sostuvo que genera una alta preocupación el tema de las condiciones en que se les está otorgando la administración de La Oroya a los trabajadores.

“Las víctimas o los representantes no queremos el cierre del complejo, si no que se dé una regulación eficiente y oportuna para que se respete los estándares de calidad ambiental, que afectan a todos, a los trabajadores, residentes, personas que transitan y a las futuras generaciones”, remarcó el abogado de Aprodeh. https://cooperaccion.org.pe/

 

“Defender el Agua es Defender la Vida”

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