Martes, 26 de marzo de 2024 – Año XVII – Edición 4433
Sentencian al Estado peruano a reparar a víctimas de contaminación en La Oroya
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una
sentencia histórica en el caso La Oroya, declarando la responsabilidad del
Estado peruano por graves violaciones a los derechos al medio ambiente sano, la
salud, la vida, la integridad personal, entre otros.
Después de más de 20 años de lucha, se reconoce el derecho
de las víctimas a la justicia y la reparación. La contaminación del aire y el
agua en La Oroya ha sido un problema de larga data que ha afectado la calidad
de vida de sus habitantes, y esta sentencia marca un paso importante hacia la
protección de los derechos humanos y el medio ambiente en la región y el mundo.
De acuerdo a la sentencia, se señala al Estado Peruano
como responsable por perjuicios causados a un grupo de ciudadanos de La Oroya a
causa de la contaminación realizada por una empresa minera en la ciudad.
Asimismo, es responsable a la violación de derechos al medio ambiente sano, la
salud, la integridad personal, la vida y la protección a la niñez.
La sentencia indica que el Perú deberá pagar una
reparación por daños materiales e inmateriales a los afectados y elaborará un
plan para la reubicación de los ciudadanos de La Oroya que así lo deseen.
El Estado Peruano tiene un año de plazo para entregar
un informe al Tribunal de la Corte IDH donde explicará las medidas que se
adoptaron para cumplir con la sentencia.
La denuncia indica que la falta de fiscalización y
supervisión del Perú permitió que la actividad minera desarrollada en la región
genere altos niveles de contaminación que impactaron en la salud de los
ciudadanos.
Entre otros puntos a destacar, se señala que el Estado
brindará gratuitamente y por el tiempo necesario el tratamiento médico,
psicológico y psiquiátrico, en caso de ser requerido, de las víctimas de
violaciones al derecho a la salud, integridad personal y vida digna, de
conformidad con lo establecido en el párrafo 338 de la presente Sentencia.
En esa línea, deberá garantizar que los habitantes de
La Oroya que sufran síntomas o enfermedades relacionadas con la exposición a
contaminantes cuenten con un sistema de atención médica especializada y que se
logre la existencia de un sistema de salud para brindar una atención médica
adecuada, en los términos de los párrafos 348 y 349 de la presente Sentencia.
El Estado adoptará y ejecutará medidas para garantizar
que las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya se realicen conforme a
los estándares ambientales internacionales, y de conformidad con la legislación
nacional, realizará medidas de compensación ambiental y garantizará que los
titulares mineros ejecuten sus actividades atendiendo a los Principios Rectores
sobre Empresas y Derechos Humanos y los Principios Marco sobre Derechos Humanos
y Medio Ambiente, en los términos de los párrafos 350, 351 y 352 de la presente
Sentencia.
Otra de los puntos destacables es que el Estado
implementará un programa de capacitación para funcionarios judiciales y
administrativos que laboren en el Poder Judicial y en las entidades con
competencias en el sector de la gran y mediana minería en el Perú, en los
términos del párrafo 353 de la presente Sentencia.
El Estado diseñará un sistema de información que
contenga datos sobre la calidad del aire y agua en las zonas del Perú donde
exista mayor actividad minero-metalúrgica, en los términos del párrafo 354 de
la presente Sentencia.
Sobre esto caso, y la exposición y afectación de
poblaciones por metales tóxicos, aún hay mucho trabajo por hacer, pero este
fallo es un importante avance en la búsqueda de justicia para la población de
La Oroya. https://cooperaccion.org.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Arequipa: no existen otros proyectos alternos a Majes-Siguas II
Con el arbitraje del proyecto Majes-Siguas II y su
transferencia al Gobierno central, las alternativas de Arequipa para la
expansión agrícola, buscando generar empleos y crecer económicamente en el
corto o mediano plazo, se reducen al mínimo, según especialistas consultados
por Encuentro.
La única opción tangible que queda es cuestionada por la
Contraloría y no avanza según lo planificado. Se trata de la “Mejora y
expansión de la frontera agrícola en la subcuenca del río Arma”, que, para el
órgano de control, es una de las obras que registra mayor perjuicio económico
desde 2023.
Avance del proyecto
En esta intervención, la Contraloría advirtió el mal uso de
S/ 7 millones 178 mil en la compra de tuberías en 2019 que no se llegaron a
instalar, no pasaron por pruebas de calidad y estaban abandonadas en el
campamento implementado para la primera etapa de este proyecto.
La primera fase, que incluye la construcción de una
bocatoma y el canal principal, se encuentra actualmente paralizada con un
avance del 70 %.
Según la gerente regional de Promoción de la Inversión
Privada, Norma Mamani, esperan “liquidarla” para actualizar el expediente
técnico, y luego pasar a las siguientes fases que serían financiadas mediante
el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).
En la segunda etapa se haría otro canal y 6 túneles; en la
tercera se construirá el canal trasvase Arhata y riego menor para, finalmente,
brindar la capacitación respectiva a los agricultores beneficiados.
EL DATO
El proyecto del río Arma se ejecuta desde 2018 con una
inversión superior a S/ 386 millones y busca abastecer de agua a 3500 hectáreas
de cultivo. Esto beneficiará a los agricultores de 7 distritos de la provincia
de Condesuyos.
Más proyectos sin rumbo definido
Para el economista y docente de la Universidad Católica San
Pablo, Manuel Bedregal, el proyecto del río Arma es una opción favorable una
vez que se destrabe, pero el impacto sólo será en Condesuyos. Por ello,
consideró que el proyecto minero Tía María es la segunda opción de impacto
regional detrás de Majes-Siguas II.
“Aquí [en Tía María] el tema es la licencia social que en
la forma está, pero en el fondo no se establece un acuerdo con la población”,
advirtió.
Otra propuesta que está “en veremos” es el megapuerto
Corío. La gerente Norma Mamani indicó que, en 90 días, la Autoridad Portuaria
Nacional y el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) definirán la viabilidad de
los componentes como el megapuerto, terrapuerto, aeropuerto, y una vía
ferroviaria, a través de un estudio de demanda para luego lanzarlo a
licitación.
Según el economista Bedregal, esta propuesta es alentadora,
pero la construcción de los componentes es a muy largo plazo. Además, cuestionó
que los avances de los estudios podrían truncarse en cualquier momento.
La construcción de la petroquímica en Arequipa también
parecía dar luces de que iba a convertirse en una alternativa de impacto
regional ante el arbitraje de Majes-Siguas II, pero recientemente se conoció
que el Gobierno central habría decidido ubicarla en Ica y no en Arequipa.
Consultado al respecto, el gobernador Rohel Sánchez
confirmó que el Ejecutivo adelantó dicha opción con la empresa privada, aunque
aseguró que “eso no nos limitará a impulsar más propuestas de inversión”.
Nuevas miradas
Ante esta situación, el economista Manuel Bedregal
consideró que el GRA debería invertir en infraestructura escolar, vial y priorizar
el destrabe de los hospitales que se encuentran estancados, ya que no sólo se
puede depender de lo que pase con el proyecto Majes-Siguas II.
“Hay que avanzar en otras áreas, pero también deben saber
que son innecesarios algunos proyectos como la carretera Yarabamba-Cocachacra,
en lugar de ello es importante terminar con la vía Arequipa-La Joya, donde hay
una congestión más fuerte, o también esos millones de soles de la vía Yarabamba
pudieron ir a la refacción de escuelas”, enfatizó.
Recordemos que la vía Yarabamba-Cocachacra, será financiada
por Southern Perú (titular de Tía María) a través del mecanismo de Obras por
Impuestos y ya firmó el convenio con el GRA para ello, a fin de elaborar los
estudios de preinversión, el expediente técnico y luego, asumir su ejecución. https://encuentro.pe/
El Collao: comerciantes denuncian desabastecimiento de agua en Ilave
El presidente del Frente Único
de Comerciantes de Ilave (El Collao), Leopoldo Dante Quispe, mostró su
preocupación por el desabastecimiento de agua en dicha jurisdicción, que afecta
principalmente a este sector, poniendo en peligro la salubridad y la salud de
la población.
Indicó que la falta de agua es
latente en esta ciudad, sumado al desabastecimiento de los reservorios y
afluentes, ello hace que la población y los comerciantes no cumplan con las
medidas de salubridad requeridas.
“Nosotros hemos
exhortado que se atienda esta demanda, pero no hemos sido atendidos, es
responsabilidad de la entidad disponer acciones correctivas”, dijo.
A través de
Pachamama radio, sostuvo que pedirán un diálogo con la autoridad provincial, de
lo contrario, se organizarán y no descartan emprender acciones de protesta,
dado que, el acceso al agua es un derecho fundamental de todas las personas.
https://pachamamaradio.org/
Fiasco de la Autoridad Nacional del Agua
Un informe de la Contraloría
General de la República puso en evidencia que muchos pozos implementados en un
proyecto bajo la responsabilidad de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en la
región Puno son, prácticamente, un fiasco para la población beneficiaria.
Se trata del proyecto de entrega
de bienes y servicios para la implementación de pozos tipo “A” en la región
Puno, en el cual se ha construido un total de 84 pozos a tajo abierto, así como
437 pozos con implementos, con un presupuesto superior a los S/ 16 millones.
La Contraloría constató que
muchos de estos pozos, en Huancané e Ilave (El Collao), carecen de los kits de
implementación que consisten en paneles solares, variador, pararrayos,
electrobomba, accesorios de conexión y otros.
Además, se pudo observar que
muchos de ellos tienen una mala configuración de variador solar, lo que afecta
su funcionamiento.
“Al respecto, tres de los quince
pozos de tipo A a tajo abierto, en el ámbito de la Autoridad Administrativa del
Agua (…) el variador solar presenta problemas de desconfiguración, lo que causa
que la electrobomba sumergible se encienda y apague de forma intermitente”, se
menciona.
Esto provoca que muchos no
brinden agua a la población, lo que es una burla para los supuestos
beneficiados. Solo para la equipación de pozos, además, se ha destinado un
total de S/ 9 millones, es decir, la mayor parte del presupuesto total.
El control se realizó entre el
27 de febrero y el 4 de marzo de este año y los resultados se enviaron a las
más altas autoridades de la institución rectora del agua en el país. https://www.losandes.com.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
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