Lunes, 4 de junio de 2022 – Año XV – Edición 4002 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
Arequipa: reactivación de Majes
Siguas II se define esta semana
Ahora no son las protestas de los cayllominos que aspiran al 30% de las tierras sino las desavenencias entre Autodema y la empresa Cobra. El viernes pasado hubo una reunión con humo blanco, veremos
Un capítulo adicional y no previsto se escribe en la novela
de Majes Siguas II, proyecto agroindustrial que lleva paralizado hace cuatro
años.
El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) tenía todo listo
para firmar la adenda 13 el 30 de junio. Sin embargo, la empresa Cobra, el
socio inversor del GRA, ha puesto nuevas exigencias.
El gerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes
(Autodema), Arturo Arroyo, manifestó que aún no hay acuerdo con la empresa
Cobra para detener la caducidad del contrato.
En enero de 2022, Cobra activó este procedimiento para
poner fin a la concesión debido a cuatro incumplimientos de parte de la entidad
regional. Ese tiempo vence el 24 de julio próximo. Entre ellos, la entrega de
terrenos para la ejecución de obras (control del proyecto). Fuentes de la
concesionaria aseguraron que no quieren firmar la adenda 13 hasta que se
solucione este requerimiento para que no haya más paralizaciones.
Es otra la versión de Arroyo. Negó que este punto se haya
puesto en debate. “No es así. La concesionaria dice que no tenemos el dinero
para cumplir con el quinto y sexto desembolso. Pero ya tenemos todo aprobado”,
aseguró a Radioprogramas del Perú el viernes pasado.
Además, volvió a reiterar que hay nuevas pretensiones de
Cobra que buscan ser incorporadas en esa acta como “obligaciones, compromisos y
modificaciones al proceso productivo del túnel”. “No vamos a aceptar”, acotó.
Cobra debe construir una represa para almacenar mil millones de metros cúbicos
y un túnel que trasvasará el agua de la cuenca del río Apurímac a las pampas de
Majes. El viernes pasado, Cobra se reunió con Autodema. Oficialmente no se
comunicó ningún resultado. Sin embargo, algunas fuentes aseguran que la adenda
se firma esta semana. Se pusieron fin a los conflictos.
Terrenos en cuestión
El presidente del Consejo Regional de Arequipa (CRA), José
Luis Hancco, manifestó que el tema de fondo no es el saneamiento de terrenos a
cargo del GRA.
Aunque el legislador reconoció que el proceso de la compra
de tierras será largo debido a que muchos pobladores no son propietarios sino
posesionarios.
Dos días después de que se diera a conocer, la carta de
caducidad de Cobra, Arroyo manifestó que tienen 6 meses para hacer la entrega
total de terrenos para el proyecto una vez que se suscriba la adenda 13.
Aseguró que está estipulado en el mismo documento.
Sobre el predio 7 del anexo Pusa Pusa que será inundado
para la represa de Angostura, señaló en ese entonces que ya estaba inscrito a
nombre de Autodema.
Mientras que para el acceso a la bocatoma de Lluclla
permutaron los terrenos, pero no tomaron posesión y los pobladores volvieron a
habitarlo y hasta inscribirlo.
Para Hancco es con la vigencia de la adenda 13 que se deben
restablecer las obligaciones tanto de la concesionaria como del concedente. En
definitiva, será una semana clave para la reactivación de Majes II.
Acto de firma debe ser pública
José Luis Hancco, presidente del Consejo Regional de
Arequipa, señaló que el acto de suscripción de la adenda 13 debe ser pública.
“No tenemos que escondernos”, sostuvo ante las últimas acciones de protesta de
pobladores en contra de la adenda 13.
El 30 de junio echaron guano a las puertas de la sede del
CRA y de Autodema. Hancco sostuvo que hay pretensiones políticas detrás de los
reclamos. Cuestionó al alcalde de Caylloma, Álvaro Cáceres Llica. “No estaba en
contra de las adendas hasta después que recibió las transferencias del Gobierno
Regional de Arequipa. Ahora dice que va a liderar las protestas”, cuestionó. https://larepublica.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Piura: piden que PCM acelere declaratoria de emergencia por sequía
Tras la solicitud de la declaratoria de emergencia para el
Alto Piura, debido a la sequía que está afectando a miles de agricultores y
ganaderos de esta zona de la región, el director regional de Agricultura de
Piura, Ilich López Orozco, solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros
que evalúe dicha solicitud y declare en emergencia a la región. “Ya todo el
trabajo se ha realizado, esperamos que la PCM en el transcurso de la semana lo
evalúe y, a través de esos informes, pueda declarar (dicha medida) por el
déficit hídrico”, sostuvo.
El funcionario mencionó que, mediante esta declaratoria de
emergencia, el gobierno regional podrá invertir mayor presupuesto para ayudar a
los productores en la compra de kits veterinarios, alimentos para el ganado,
entre otros insumos.
En tanto aseguró que, mientras esperan dicha respuesta por
parte del Gobierno Central, la Dirección Regional de Agricultura viene
desarrollando el proyecto de inversión PIC Ganadero. Con ello, van
implementando algunos kits veterinarios, realizando vacunaciones y otras
actividades.
Asimismo, comentó que están a punto de iniciar el proyecto
de cosecha de agua, cuyo expediente técnico demoró en su elaboración; sin
embargo, ya se encuentra encaminado.
Recordemos que, según declaraciones de los afectados,
durante esta época se han perdido alrededor de 1.500 cabezas de ganado. Esto,
debido al déficit hídrico y alimentación en los diferentes puntos del Alto
Piura. https://larepublica.pe/
Lambayeque: Epsel responsabiliza a consorcio por rotura de tubería en obra
La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de
Lambayeque (Epsel) responsabilizó al Consorcio Cadis de haber destruido una
tubería de agua potable en la urbanización San Juan de la ciudad de Chiclayo,
en la región Lambayeque. Dicha acción provocó un gran aniego de agua en la
calle Cádiz.
Situación
Mediante un comunicado de prensa, Epsel informó que el
personal del Consorcio Cadis ejecutaba trabajos de excavación de zanja en la
referida calle sin darse cuenta de que por el lugar cruzaba una tubería de agua
de asbesto cemento de cuatro pulgadas de diámetro.
En este contexto, la entidad de saneamiento procedió a
taponear la tubería, de manera momentánea, hasta que la empresa constructora
logre adquirir los materiales que Epsel le ha solicitado para la reparación de
un tramo aproximado de dos metros lineales.
Además, esta EPS cuestionó a los responsables de los
trabajos en la urbanización San Juan debido a la falta de coordinación y
comunicación en la intervención de conexiones de agua potable y alcantarillado.
Los trabajos de la obra mencionada se ejecutan con el
financiamiento de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), a
través de la unidad ejecutora de la Municipalidad Provincial de Chiclayo
(MPCh).
Vecinos afectados
De acuerdo al medio de comunicación TVI Noticias,
transeúntes terminaron gravemente perjudicados debido a que la vía quedó
inundada de agua. Además, en las imágenes difundidas, se puede observar que en
la entrada de las viviendas hay agua empozada, así como en los jardines.
Según denuncian los vecinos, los aniegos en la ejecución de
la obra son constantes. Piden que las autoridades hagan un mejor control de las
intervenciones del Consorcio Cadis. https://larepublica.pe/
HIDROMUNDO
Agua: un bien común, no una mercancía
En
Uruguay, la llamada Reforma del Agua, fue establecida mediante plebiscito
votado por el 64,7% de la ciudadanía, modificando así el Artículo 47 de la
Constitución. Allí se establece que “Las aguas superficiales, así como las
subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo
hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general,
que forma parte del dominio público estatal, como dominio público hidráulico”;
así como que “El servicio público de saneamiento y el servicio público de
abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y
directamente por personas jurídicas estatales”
Por
esta razón, a partir de noviembre de 2004 los cambios en la Constitución exigen
que los servicios de agua y saneamiento sean brindados por entes jurídicos
estatales, prohibiendo la privatización, y que los recursos hídricos se
mantengan en el dominio público y sean gestionados en forma participativa y
sustentable, entendiendo al agua como un bien natural esencial para la vida y
un derecho humano fundamental.
Sin
embargo, si bien la normativa consagra el agua como un derecho humano cuya
gestión debe estar en manos públicas, se constata el incumplimiento del
mencionado mandato constitucional, particularmente debido a que –por ejemplo-
el 27 de octubre de 2017 fue promulgada la Ley N.º 19.553 de Riego con Destino
Agrario que establece mecanismos para el uso privado de aguas superficiales con
fines de riego a gran escala. Esta ley no solo profundiza inequidades, sino que
ha generado indiferencia e incluso confusión: estos represamientos no tienen
siquiera la finalidad de mejorar una agricultura alimentaria, sino que son
simple, duro y hasta obsceno lucro.
No
solo se viola nuestra Carta Magna, sino que esta decisión política habilita a
cualquier inversionista del rubro que sea (no necesita ser productor rural) a
construir embalses y represas, lo cual conlleva potentes impactos ambientales, previsibles,
pero también prevenibles. Esto es sin mencionar los impactos sociales, culturales
y económicos, como lo hemos estado denunciando desde la sociedad organizada, la
academia y hasta todo aquél que haga uso de un mínimo sentido común.
Cabe
recordar que –siguiendo al Artículo 47- en 2013 se estableció la Comisión de
Cuenca del Río Santa Lucía, reunión en la que se plantearon diagnósticos, así
como varias urgentes soluciones a la problemática de nuestra principal fuente
de agua.
Al
2022, constatamos que no se ha avanzado en dichas soluciones como por ejemplo,
repoblar con monte nativo las riberas del río y sus afluentes; prohibir las
fumigaciones que terminan siendo vertidas en dichos cauces; concretar el tan
mentado “tratamiento de lodos” cuya tecnología existe y cuya inversión debe ser
asumida como urgente tema de salud pública; impedir mega plantaciones de
árboles exóticos –como los eucaliptus- en zonas denominadas de “cosecha de
agua”, etc., asuntos que necesitan otros espacios para explicar en profundidad.
A
lo antedicho, se agrega una nueva arremetida privatizadora, que es el así llamado
“Proyecto Neptuno”, bajo el argumento del posible colapso de la Planta de Aguas
Corrientes sobre el Río Santa Lucía que abastece a dos tercios de la
población. ¿Por qué habría de colapsar
si la cuidáramos, hiciéramos su mantenimiento y desarrolláramos un correcto uso
de nuestros suelos?
Desborda
nuestra capacidad de asombro: este nuevo proyecto sería llevado adelante por
empresas privadas, tomando el agua bruta del Río de la Plata.
En
un país de enorme riqueza de fuentes de agua dulce, se “encontró” una asombrosa
solución tomando agua de una zona de alta contaminación por recibir los
vertidos de varias cuencas vecinas, además de ser una fuente salina; estarían
desplegando grandes y largas tuberías (¿se calcula el impacto energético y el
ambiental?) cuyo costo pagaríamos/pagaremos cada uno de nosotros.
Para
colmo, nos dicen que toda esta obra alcanzaría para cubrir solo un 30% de las
necesidades metropolitanas.
Volvemos
a escuchar y leer que este proyecto aseguraría fuentes de trabajo, mientras se
invisibilizan tantas propuestas y opciones productivas que generan fuentes
genuinas de trabajo digno y con calidad de vida ¿otra vez compraremos espejitos
de colores? http://periodicoclaridad.com/
“Defender el Agua es Defender la Vida”