Miércoles, 02 Diciembre del 2009 - Año 04 - Edición 887 www.fentap.org.pe
HIDROBOLETÍN FENTAP
La FENTAP informa:
· El 35% de conflictos sociales a nivel nacional incluye al recurso hídrico. Conflictos por el agua se agudizan y proyectos de inversión en peligro
· Botan al Gerente de EMAPA Cañete por presuntas irregularidades
· Llevamos tu mensaje a la Cumbre de Copenhague
· La Rivolución del Agua entre guerras, ganancia y sacralizad
· México: La privatización del agua
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El 35% de conflictos sociales a nivel nacional incluye al recurso hídrico
Conflictos por el agua se agudizan y proyectos de inversión en peligro
Los Andes – 30/11/09.- Si bien el dicho “agua que no has de beber, déjala correr” es muy conocida, parece bastante distante del proceder de varias poblaciones a nivel nacional, sobre todo en lo que se refiere a proyectos de inversión en materia hídrica, que ven con preocupación que proyectos de inversión no se preocupan por ellos y por consiguiente, azuzan conflictos sociales en rechazo de megaproyectos como es el caso de la Hidroeléctrica Inambari.
“Los conflictos por el agua –por los cuales se pierden millones de dólares y que a la fecha suman 169– están ahuyentando las inversiones ¿Quién va a querer ir al sur a invertir con tanto conflicto?, advirtió el jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Francisco Palomino, al tiempo de citar como ejemplo la desavenencia dada en el pueblo de Espinar en el Cusco por el proyecto Majes Sihuaz II por un aparente desabastecimiento del “líquido elemento” en esa zona por favorecer a Arequipa.
Sin embargo, y tal y como lo pide la Defensoría del Pueblo las intenciones deben convertirse en realidad, es decir, urge la publicación del reglamento de la ANA a fin de que los conflictos por el agua no sigan siendo un latente conflicto que cada cierto tiempo el gobierno tenga que preocuparse.
“El tema es preocupante, porque los reportes anuncian que el 35% de los conflictos sociales incluyen como queja al recurso hídrico, detrás del cual hay intereses económicos. Por eso debemos contar con un elemento técnico muy fuerte como es la ANA que zanje disputas y que brinde información a todos los involucrados”, afirmó Vito Verna, encargado de la Adjuntía de Prevención de Conflictos de la Defensoría del Pueblo.
Tras reconocer que en el caso de Majes Sihuaz II le faltó difundir mayor información a la población, la Autoridad Nacional del Agua puso los puntos sobre las íes y afirmó que su ente “no puede hacer mucho si no tiene el marco legal que les permita actuar frente al tema de la distribución, que para algunos puede ser injusta e inequitativa”.
En ese sentido, Palomino dijo esperar que antes de fin de año el reglamento sea publicado, ya que “hemos pasado el tramo más difícil como es el de concertar con la Junta Nacional de usuarios de riego No hay reglamento perfecto, lo único perfecto es la ley divina, este reglamento lo hacen los hombres no un conjunto de dioses, por lo que será mejorable en el tiempo”.
En tanto, la Defensoría del Pueblo consideró que el estudio de Balance Hídrico que la ANA tendrá listo a mediados de febrero, respecto al proyecto Majes debe zanjar la incertidumbre de “si va a haber o no agua para todos los actores involucrados, incluidos los de Espinar. Este tema tiene que ser zanjado técnicamente por la ANA, es esencial para relajar tensiones, las cuales se generan porque la gente está en incertidumbre”, manifestó Verna.
OTRO SI
En la próxima instalación del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas y Consejos de Cuenca de la ANA todos los sectores que se favorecen del agua tendrán una participación amplia en el debate y toma de decisiones.
EMPRESAS DE AGUA
Botan al Gerente de EMAPA Cañete por presuntas irregularidades
http://canetehoy.blogspot.com – 30/11/09.- La estocada final a la gestión de Erly Lázaro al frente de Emapa Cañete le vinó de uno de sus propios, el gerente general. El directorio de la empresa de saneamiento decidió esta noche expectorar a José Delgado Fernández por presuntos malos manejos al interior de la empresa cañetana.
Trascendió que el retiro de la confianza a Delgado habría sido motivado sobretodo por los representantes de la sociedad civil quienes abrieron los ojos al presidente sobre irregularidades detectadas tales como la sospechosa reiterada contratación de un tal Jaime Martínez para la ejecución de la mayoría de obras a cargo de la entidad. Agregando a ello que el propio hermano e hijo del susodicho laboraban en los programas de inversión de EMAPA Cañete, incluso como planilleros.
Pesó también en contra de Delgado un supuesto viaje hecho a Tacna para verificar uno de los proyectos particulares que el desarrolla pero utilizando las movilidades y chofer de la empresa de saneamiento.
En fin, todo un rosario de acusaciones que pesaron para que el Directorio de EMAPA Cañete votara unánimente por sacarlo de la empresa y poner en su reemplazo hasta el hoy Jefe de Personal, Pablo de la Cruz Gago quien tiene como principal misión convocar dentro de los próximos 30 días a una empresa especializada que designe un gerente idóneo.
HIDROMUNDO
Llevamos tu mensaje a la Cumbre de Copenhague
www.ecologistasenaccion.org – 30/11/09.- El cambio climático es el principal problema socioambiental al que se enfrenta la humanidad y el planeta. Las consecuencias de un incremento de la temperatura media del planeta por encima de 2ºC resultarían dramáticas. Por ejemplo, con 3ºC:
• Unos 7 millones de personas se verían potencialmente afectadas por inundaciones en Asia.
• Desaparecerían todos los glaciares tropicales y la mayoría de los de latitudes medias en América Latina, lo que contribuiría a que más de 100 millones de personas tengan problemas para acceder a agua potable.
• Disminuiría la productividad de casi todos los cereales en latitudes bajas.
Para impedir estas dramáticas consecuencias es necesario que en la Cumbre de Copenhague, que se celebrará desde el 7 hasta el 18 de diciembre, se logre un acuerdo justo y sostenible que deberá entrar en vigor una vez finalice el Protocolo de Kioto el 31 de diciembre de 2012.
En el nuevo acuerdo que debe alcanzarse en Copenhague tiene que establecerse una reducción de emisiones de los países industrializados para 2020 del 40% sobre la situación de 1990. Esta reducción debe realizarse íntegramente en territorio de cada país. A mitad de siglo, la reducción de emisiones debe ser del 100%. Y para asegurar que se alcance esa situación se debe establecer un objetivo intermedio, de forma que en 2017 las emisiones se reduzcan un 23%.
Además, los países recientemente industrializados necesitan emitir por debajo de la evolución actualmente proyectada. Los estados del Norte son responsables de aportar financiación, tecnología y capacitación para que alcancen un nivel de bienestar justo controlando sus emisiones. Además el nuevo acuerdo debe incluir penalizaciones a los países que no cumplan su objetivo.
También es necesario que los países enriquecidos aporten fondos necesarios para que los países empobrecidos puedan iniciar un proceso de transición rápida hacia tecnologías limpias, reducir la deforestación y adaptarse a los efectos del cambio climático.
Pero para que se alcance este acuerdo es necesario que todos hagamos llegar nuestra voz a los Jefes de Estado de los países industrializados, haciéndoles ver que en sus manos está frenar el cambio climático. Ningún motivo debe impedir que el nuevo tratado sea obligatorio jurídicamente, la supervivencia de la mayor parte de la población depende de ello.
Si quieres que tu mensaje llegue a los Jefes de Estado de los países industrializados durante la Cumbre de Copenhague, apoya esta petición y escribe tu mensaje [1], que llevaremos a Copenhague.
[1] En cumplimiento del Art. 5 de la ley 15/1999, de 13 de diciembre, Ecologistas en Acción te informa que tus datos personales se incorporarán a un fichero informativo cuyo titular es Ecologistas en Acción. Se usarán para mantenerte informado de nuestras actividades. Puedes acceder, rectificar o cancelar tus datos enviando un escrito a esta dirección postal: Ecologistas en Acción. Cumbre de Copenhague. C/ Marqués de Leganés, 12 bajo. 28004 Madrid.”
La Rivolución del Agua entre guerras, ganancia y sacralidad
LAREDVIDA.ORG – 29/11/09.- De América Latina a Europa, los protagonistas de las luchas internacionales en defensa del agua para una serie de encuentros y seminarios: desde Bolivia Oscar Olivera, desde México Raquel Gutiérrez, desde Irlanda John Holloway, desde Italia padre Alex Zanotelli.
Testimonios e intercambios sobre el valor revolucionario del bien común agua, que en sí resume las contradicciones de nuestra época, inspirando la creación de nuevos horizontes posibles. Un evento hoy en día más significativo en la Italia que privatiza el agua.
En varias ciudades de Italia, del 10 al 21 de diciembre, organizado por la Asociación Yaku.
Será la ocasión también para la presentación del libro La Rivoluzione dell Acqua. La Bolivia che ha cambiato il mondo ("La Revolución del Agua - La Bolivia que ha cambiado el mundo") [ed. Carta realización y traducción de Yaku], sobre la Guerra del Agua de Cochabamba que se aproxima al aniversario de los 10 años. Con la presencia de los autores, Oscar Olivera y Raquel Gutiérrez y la participación de John Holloway.
HIDROALERTA
MÉXICO
La privatización del agua
http://contralinea.info – 29/11/09.- El reconocimiento de los derechos humanos surge en torno a las necesidades del contexto sociohistórico vivido, siempre en búsqueda de un mejor desarrollo para todos y todas y la afirmación de la dignidad humana. Hoy en día, la discusión respecto del agua como un derecho humano ha sido larga. La importancia del líquido como elemento esencial para la vida, así como la crisis mundial respecto de las reservas en los mantos acuíferos la han vuelto un tema de preocupación en las agendas nacionales e internacionales, privadas y públicas.
La cantidad de agua extraída en el mundo, exigida por los usos modernos, obstaculiza la recarga natural. La globalización económica, la predominancia de la visión de mercado y la libre actuación de sus principales actores, las empresas nacionales y trasnacionales impactan en el disfrute de los derechos humanos. Si a esto le sumamos el desarrollo de una crisis multidimensional, como la que nos envuelve en la actualidad, el panorama se torna negativo, sobre todo para aquellos sectores en situación de pobreza y discriminación.
Para 2025, datos publicados por La Jornada estiman que en México la disponibilidad de agua por persona será “baja”, es decir, de aproximadamente 3 mil 788 metros cúbicos (cuando el volumen de agua disponible por habitante es menor a 1 mil metros cúbicos al año, se está hablando de una grave crisis hídrica). Nuestro país cuenta con un gran número de problemas respecto de la distribución del agua, como la sobreexplotación de los mantos acuíferos, cuyo resultado es la escasez en las zonas rurales y que, sin embargo, no soluciona las altas demandas y la insuficiencia del suministro, principalmente en el centro y norte del país. Asimismo, la contaminación de aguas superficiales y aguas subterráneas a causa del desagüe –que incluye el uso doméstico pero que en gran medida es industrial– y la filtración de materias tóxicas afectan a la agricultura y al suministro de agua potable; al igual, la ineficaz atención de las fugas en la red propicia que se desperdicien millones de litros del líquido mucho antes de llegar a los hogares.
De no haber un cambio en el modelo de gestión, dependiendo de las regiones del país y de los contextos urbanos o rurales, las diferencias en cuanto a la disposición del líquido también se mantendrán. Por ejemplo, en el Distrito Federal, algunos hacen uso de 28 litros al día, en cambio, otros disponen de más de 800 litros diarios, tales son los casos de Iztapalapa y de Lomas de Chapultepec, respectivamente.
Las organizaciones de derechos humanos estamos convencidas de que una de las formas de asegurar la sostenibilidad del recurso, pensando en la dignidad y el bienestar de las personas, es su reconocimiento y ejercicio como derecho humano. Desafortunadamente, el acceso al agua no figura en el catálogo de derechos reconocidos en la Constitución Mexicana; mucho menos, la administración del “oro azul” se realiza bajo esta perspectiva.
Para la sociedad civil es preocupante que las discusiones en foros mundiales del agua, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, sobre la venta del agua como estrategia para preservar el recurso, la coloquen como un bien privado. En México, la visión del agua como bien público se está perdiendo ante los argumentos de que el Estado no ha podido solucionar las fallas estructurales en la repartición y explotación del recurso natural. Ante la corrupción por parte de las autoridades y la falta de recursos para inversión en infraestructura, se tiende a una política privatizadora de un bien común.
Las autoridades mexicanas han adoptado ya este discurso, en el cual, junto con la alusión al libre comercio y la descentralización de los servicios, se encuentran las recomendaciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Dichas medidas buscan la menor participación del Estado en el manejo de bienes públicos; sin embargo, con estas disposiciones se beneficia la participación de las empresas extranjeras.
De este modo, durante las últimas décadas, principalmente desde la década de 1990, los cambios legislativos, la política pública y la actuación de la Comisión Nacional del Agua desarrollan diversos modos de apertura o participación de capital privado en el sector, que en el trasfondo no son más que diversos modos de llamar a la privatización.
Algunas de estas formas de privatización que se dan en nuestro país se expresan mediante el embotellamiento y comercio del líquido. En este modelo son las cuatro trasnacionales (Danone, Pepsico, Nestlé y Coca-Cola) las que mantienen el mayor control de un negocio que les brinda ganancias entre 1 mil y 10 mil veces más del costo inicial.
Con la política descentralizadora, los municipios, al verse a cargo de un sistema con grandes problemas, pero sin recursos suficientes para solucionarlos, optaron por cambios legislativos en torno al agua, y con ello abrieron paso a la privatización de los servicios mediante las llamadas empresas descentralizadas o paramunicipales. Se otorgó la oportunidad a las trasnacionales de apropiarse de las redes de extracción, distribución y saneamiento, como sucede en los casos de Saltillo, Distrito Federal y Aguascalientes.
En Saltillo, desde 2001, se da una participación mixta entre Aguas de Barcelona (49 por ciento) y el gobierno municipal (51 por ciento), a través de Aguas de Saltillo. Si bien el suministro ha sido “suficiente” es gracias a la sobreexplotación de los pozos y, con ello, la mala calidad del agua que se distribuye. Además, como producto de la manipulación de la información, se dan altos costos y cobros indebidos violentando el principio de accesibilidad económica. Ante esto, la sociedad civil en Saltillo sigue su lucha para que se disuelvan las concesiones y la empresa vuelva a ser netamente municipal.
En Aguascalientes se da una concesión integral a una compañía privada francesa (hoy día Vivendi), para extracción, saneamiento, distribución, facturación y cobranza. Los resultados son como en Saltillo. Aunado a ello, el gobierno federal brindó subsidios públicos a la empresa privada y, sin embargo, el mal estado de las redes y la infraestructura sigue sin solucionarse. Ante la falta de pagos por parte de los usuarios, las empresas tienden a cortar el suministro, negando la accesibilidad física al agua.
Existen más casos a lo largo del país. Las autoridades niegan que estas formas de invertir capital privado en bienes públicos sea privatización, con todo, beneficios y ganancias son para las empresas, mientras la población “costea” los problemas.
Cabe recordar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas dio origen a la Observación General Número 15. En ella se precisa el contenido del agua como un derecho fundamental, señalando que ésta debe ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas de consumo, cocina, higiene personal y del hogar; debe ser de buena calidad, sin sustancias nocivas y con color, olor y sabor aceptables; accesible, por lo que los servicios deben estar al alcance físico de toda la población; accesible económicamente, los costos no pondrán en riesgo el ejercicio de otros derechos, como el contar con una vivienda digna, el tener salud, una alimentación adecuada; el goce de una vida digna; que el agua sea un bien de dominio público (artículo 2); y que tenga mucha importancia el acceso sostenible a los recursos del agua para la agricultura (artículo 7).
Un bien imprescindible, indispensable para la vida, no debe ser fuente de comercio y quedar a disposición de las leyes del mercado. Los Estados deben reconocer el agua como derecho humano y, como tal, respetarlo, protegerlo, promoverlo y garantizarlo.
“Defender el Agua es Defender la Vida”
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