Miércoles, 04 Noviembre del 2009 - Año 04 - Edición 867 www.fentap.org.pe
HIDROBOLETÍN FENTAP
La FENTAP informa:
- A ojos cerrados. Los últimos polémicos procesos de concesión denotan una falta de preparación para suscribir contratos que repartan adecuadamente las ganancias entre la sociedad y los inversionistas. Estado acelera asociaciones público-privadas
- SEMAPA BARRANCA aplicará nueva fórmula tarifaria
- Cuatro empresas buscan petróleo en el Titicaca. Del lago más importante del país se extrajeron 300 mil barriles de petróleo a inicios del siglo XX. La zona podría albergar más hidrocarburos
- Pobladores de Uchumayo bloquearon Carretera Panamericana
- Cambios climáticos podrán agudizar conflictos territoriales en el país
_____________________________________________________________________
Estado acelera asociaciones público-privadas
A ojos cerrados
Los últimos polémicos procesos de concesión denotan una falta de preparación para suscribir contratos que repartan adecuadamente las ganancias entre la sociedad y los inversionistas
ELCOMERCIO – DIA1 – 02/11/09.- Una brecha de infraestructura de US$36.760 millones, un Estado que con suerte puede alcanzar el 40% de ejecución en la inversión pública que se presupuesta, un 50% de las vías deterioradas por falta de mantenimiento. Los números son contundentes y dejan poco espacio para dudar de la conveniencia de recurrir al sector privado para realizar obras de infraestructura pública. Sin embargo, los reclamos surgidos ante las últimas concesiones abren la polémica sobre si estas, bajo el esquema de asociaciones público-privadas (APP) que lleva a cabo el Gobierno, están bien encaminadas.
Una larga llamada al exterior para conversar con el especialista en temas de infraestructura de un organismo internacional nos da, en off, la primera voz de alerta: “El Perú, como muchos países de América Latina, no está preparado para ejecutar concesiones bajo esquemas de APP (modalidad bajo la cual se concesionó el puerto de Paita, la Red Vial N° 4 y la planta de tratamiento de aguas residuales Taboada)”.
El experto explica que las APP tienen como requisito fundamental que el país cuente con un marco institucional sólido. Esto es, autoridades sectoriales y organismos reguladores altamente capacitados e independientes, que modelen en beneficio del usuario los contratos que se firmarán con las empresas privadas. “Se tiene que asegurar que los usuarios serán los beneficiados y tener en cuenta que la obra será un pasivo del Estado durante los próximos 25 o 30 años”, especifica.
Pocos, sin embargo, están dispuestos a esperar que las instituciones públicas funcionen mejor. Walter Piazza, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, señala que las recientes polémicas son solo “ruido mediático porque aquí no hay problemas de fondo”.
Perfeccionar es la palabra clave para el ex presidente de la Confiep, Leopoldo Scheelje: “Hay que mejorar (las concesiones) para evitar corrientes de opinión en contra de un mecanismo muy necesario para el país”.
Milton Von Hesse, profesor de la Universidad del Pacífico y ex director del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), considera a su vez que se debe insistir con las APP, pero mejorando su eficiencia. “El país tiene poco tiempo aplicando concesiones, el proceso se irá perfeccionando a lo largo de los años”, indica.
Empero, advierte que ante una concesión existe la perspectiva técnica y la política, siendo lo ideal que una no se imponga a la otra.
Los técnicos de los diferentes ministerios, las autoridades sectoriales y los organismos reguladores son los encargados de garantizar la eficiencia económica de una concesión. Los políticos quieren siempre poder inaugurar obras o parecer que son los impulsores de la modernidad. Los primeros quieren que las cosas se hagan con calma, los últimos quieren hacerlo todo para ayer.
“En Inglaterra sacar adelante una concesión puede demorar entre 3 o 4 años porque los técnicos quieren estar seguros y solo avalan condiciones que sean adecuadas económica y socialmente para el Estado —afirma Von Hesse— y se toman ese tiempo a pesar de la presión política que también existe allá”.
A favor de esa misma línea se manifiesta el estudio de la Corporación Andina de Fomento “Caminos para el futuro. Gestión de la infraestructura en América Latina”. En el capítulo que analiza las ventajas potenciales de las APP refiere textualmente que “es importante que los contratos (entre el concedente y el privado) contengan las especificaciones necesarias para que la búsqueda de eficiencias en la empresa privada no entre en conflicto con el bienestar social”.
Solo de esa forma se lograría elaborar un contrato que sea atractivo, pero que no sea un pastel con cereza incluida para el inversionista. Precisamente, muchas de las críticas a los contratos firmados por el puerto de Paita y por la Red Vial N° 4 (que une Pativilca y Trujillo) tienen su origen en la sospecha de haber sido horneados en la cocina de los empresarios, algo que preocupa incluso a la Asociación de Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).
“Se ve feo que el concesionario incremente las tarifas cuando todavía no ha hecho una inversión (que justifique el alza)”, afirmó Gonzalo Prialé, presidente de AFIN, durante el último congreso de la Confiep.
EN SU DEFENSA
Consultado al respecto, Percy Velarde, jefe del área jurídica de Pro Inversión respondió a Día_1 que “no veo que puedan decir que nos estamos tirando al piso. No estamos dando facilidades de más”.
El abogado de la agencia encargada de llevar adelante las concesiones agregó que la coyuntura internacional en la que se dieron los procesos no era de las mejores. “Vivimos un momento de crisis. No hay inversionistas dispuestos a venir como antes y ciertamente hay que pulsar el mercado para ver en qué condiciones podemos interesar a los inversionistas”, justificó.
Velarde luego manifestó que Pro Inversión no está bajando la valla y puso como prueba que hace tres semanas, cuando se quiso comprar 500 megavatios de energía a las hidroeléctricas, de nueve interesados solo uno se presentó.
Todo lo contrario sucedió en la concesión de la autopista Pativilca-Trujillo, en la que los cuatro postores prácticamente se arrancaron el proyecto de las manos (empataron en sus ofertas y el ganador tuvo que decidirse por quién hacía más obras adicionales) lo que puede interpretarse como que el proyecto era muy rentable.
Para el Organismo Supervisor de la Inversión en Transporte e Infraestructura (Ositrán) esa concesión es una suerte de espina clavada en el corazón y, como ha trascendido, desde el principio sus recomendaciones no fueron escuchadas. “Hubo mucha presión de Pro Inversión para terminar el proceso de manera rápida”, indicó una fuente del supervisor.
Cabe destacar que en marzo, tras el fracaso de la concesión del tren eléctrico y la polémica en torno a la planta de tratamiento de aguas residuales Taboada, algunos especialistas advirtieron que la prisa por concluir los 12 proyectos establecidos como prioritarios durante el año podría ser peligrosa.
En el caso de Paita, la concesión alentó un cambio en la administración del puerto para pasar de un sistema multioperador a uno de un solo operador, lo cual supuestamente eliminaría un sobrecosto de US$30 millones gracias a que habría menos intermediarios entre el exportador y el puerto. Sin embargo, lo que se suponía iba a ser un ahorro terminó convirtiéndose en los primeros días de la concesión en un sobrecosto de US$220 por contenedor.
Al final, gracias a una negociación entre el administrador del puerto y las empresas navieras tal sobrecosto se ha eliminado, pero la imagen de las concesiones fue severamente dañada. “Hubo un problema de comunicación. El concesionario no explicó bien el nuevo esquema tarifario que iba a aplicar”, afirmó Lenka Zajec, jefa de la oficina de Comunicación de Pro Inversión. Pero también hubo falta de previsión sobre cómo iban a reaccionar los actores (exportadores, navieras y agentes marítimos) ante el nuevo esquema portuario.
En Pro Inversión le tiran la pelota a la Asociación Portuaria Nacional (APN) por no haber advertido las posibles polémicas. “Haría falta una bola de cristal para imaginarse que se iba a dar una distorsión”, se justifica el presidente de la APN, vicealmirante Frank Boyle.
En un escenario ideal, Pro Inversión y los organismos sectoriales involucrados deberían haber previsto posibles escenarios de crisis y elaborado planes de contingencia. Y como se ve en esta polémica, sea por apuro, presión política o por descuido, ese engranaje no está funcionando adecuadamente.
¿Seguiremos padeciendo por estos desencuentros? “En cada proceso se busca mejorar las deficiencias encontradas”, dice Velarde; sin embargo, indica que hasta el momento, no existe una directiva para darle una nueva revisión a las cláusulas que se están colocando en los siguientes contratos de concesión.
Licitación o concesión
En el Ministerio de Economía y Finanzas elaboran desde hace varios años un comparador de inversión pública y privada.
El mecanismo permite establecer cuándo conviene que una obra la realice el Estado y cuándo un inversionista privado.
EMPRESAS DE AGUA
HIDROREGIONES
Cuatro empresas buscan petróleo en el Titicaca
Del lago más importante del país se extrajeron 300 mil barriles de petróleo a inicios del siglo XX. La zona podría albergar más hidrocarburos
ELCOMERCIO - 02/11/09.- Alguna vez el lago Titicaca fue una inmensa masa de agua salada que cubría gran parte del Altiplano. Ballivian la han llamado los geólogos que investigan su origen y formación. Con el tiempo el lago adoptó su forma y volumen actual. Pero bajo su superficie continuó acumulándose el material orgánico que millones de años más tarde se transformaría en petróleo. “Esta zona cumple una característica fundamental para el hallazgo de hidrocarburos: es una cuenca sedimentaria de origen marino”, explica el ingeniero Federico Yovera, del Capítulo de Petróleos del Colegio Nacional de Ingenieros.
Y es precisamente petróleo lo que ahora buscan cuatro compañías en las riberas de la Reserva Nacional del Lago Titicaca.
LOS CONTRATOS
El 16 de abril de este año Perú-Petro suscribió dos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en el lago Titicaca. Se trata de los lotes 155 y 156, ubicados en las provincias de Azángaro, San Antonio de Putina, Huancané y Moho, el primero, y en El Collao y Chucuito, el segundo. La adjudicación produjo la protesta de autoridades y organizaciones puneñas: “La extracción de hidrocarburos afectaría el ecosistema”, dijeron.
Los reclamos llegaron también del otro lado de la frontera: el Gobierno de Bolivia se opone a la explotación de petróleo, pues señala que hay un tratado entre ambos países que impide el desarrollo de este tipo de actividades sin consulta previa a ambas partes.
Pero estos lotes no son los únicos en los alrededores del lago. Ya en el 2005 y el 2007, Perú-Petro dio en concesión los lotes 105 y 141. Incluso, el primero de estos —ubicado entre las provincias de Puno, Huancané, Azángaro, Lampa y San Román— se superpone a una parte de la zona de amortiguamiento de la Reserva Natural del Lago Titicaca.
EL DILEMA DEL IMPACTO
El trazo de los cuatro lotes bordea el lago. Sobre la posibilidad de algún impacto negativo en el lago, el gerente de Promoción y Relaciones Comunitarias de Perú-Petro, Carlos Vives, sostiene que los lotes no afectan la Reserva Nacional Titicaca-Ramis. “Solo incluyen áreas de superficie en tierra y no dentro del lago”, dice. Pero el tema no es tan simple.
“Esta es una cuenca endorreica. Todas las aguas de la cuenca terminan en el lago. Además, ya hay algunos pasivos ambientales provenientes de unos pozos que dejó la explotación por parte de los rusos hace varias décadas”, señala Luis Alfaro, jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), tratando de explicar que lo que ocurra alrededor del Titicaca tiene un impacto directo en el lago.
El lote 156 también se superpone a la zona de amortiguamiento de la reserva. Y, aunque no está prohibida la extracción de recursos en estas áreas, Luis Alfaro sostiene que Perú-Petro debió consultar con el Sernanp la definición de estos trazos. “En las riberas del lago hay una gran diversidad de fauna que vive entre los totorales”, precisa.
¿Y EL DIÁLOGO?
El jefe del Sernanp indica que no hubo consulta previa con su sector sobre la adjudicación de estos lotes. Sin embargo, Carlos Vives asegura que estos contratos (tanto los primeros como los entregados en abril del año pasado) fueron presentados ante las autoridades y líderes de las provincias involucradas, para, finalmente, ser aprobadas en la Presidencia del Consejo de Ministros, donde contaron con el visto bueno de todos los sectores, incluido el del Ministerio del Ambiente.
Sin embargo, el representante del Sernanp arguye que se debe pedir una consulta formal porque “ellos [Perú-Petro] saben que los lotes se encuentran próximos a una reserva”. “Yo no me opongo a la actividad de hidrocarburos, creo que es beneficioso para el país, pero se debe consultar a las instancias correspondientes. Si las empresas tuvieran que hacer alguna actividad sobre el área de amortiguamiento, deberían presentar un estudio de impacto ambiental”, recalca Luis Alfaro.
Los representantes del Proyecto Especial del Lago Titicaca (PELT) refirieron que se habían enterado de la adjudicación de los lotes a través de la prensa. Germán Espinoza, ingeniero que trabaja en el proyecto, dice que Perú-Petro no les informó nada sobre estas concesiones: “El lago tiene un ecosistema muy frágil y la explotación de hidrocarburos podría afectarlo si no se tienen en cuenta exigencias técnicas que nosotros podríamos recomendar”. Además del Sernanp y el PELT, tienen jurisdicción sobre la cuenca del lago la Autoridad Nacional del Agua, la Dirección de Capitanía y Guardacostas de la Marina y la Autoridad Binacional del Lago, con sede en La Paz, Bolivia.
Ninguna supo con anticipación la concesión de los lotes
En Puno hay mucha desinformación sobre el tema. La población piensa que se extraerá el petróleo del fondo del lago. Incluso, en el Colegio de Ingenieros de la región ignoran detalles del proyecto. El citado colegio no cuenta con un capítulo para hidrocarburos y en la Universidad Nacional del Altiplano no tiene esa especialización.
Siendo esta cuenca una de las más golpeadas por la contaminación, los especialistas piden que el Ministerio de Energía y Minas tome en cuenta los mejores estándares ambientales.
Los actuales responsables de la contaminación
Hace mucho que la calidad del agua en la bahía interior del lago Titicaca excede los límites máximos permisibles de compuestos orgánicos. El principal contaminante es el desagüe doméstico: cada año más de 12 millones de metros cúbicos de este se descargan en el lago.
La Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno no cuenta con una eficiente planta de tratamiento y arroja sus efluentes al Titicaca. Por esta razón, la Fiscalía Ambiental ha abierto tres procesos de investigación contra la empresa municipal. Pero no es el único expediente. Hace más de dos meses la fiscalía abrió investigación por contaminación a los hoteles más importantes de Puno, ubicados en la ribera del lago: Eco Inn, José Antonio y Casa Andina.
Según la inspección fiscal, ninguno de estos hoteles contaba con plantas de tratamiento eficientes para eliminar la presencia de coliformes fecales en sus desagües. Todas descargaban directamente al río.
De los 210 hoteles que se encuentran en Puno, hay solo 50 que están formalizados y categorizados. Además, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo confirmó que ninguno de los hoteles en Puno ha presentado un estudio de impacto ambiental, a pesar de que, según la fiscalía, debieron hacerlo por encontrarse próximos a una reserva.
Los hoteles tienen plantas de tratamiento, pero sus descargas superan los límites establecidos por la norma nacional. Sus representantes señalaron que el próximo año incrementarán sus inversiones para evitar contaminar. Informaron que, junto con el Ministerio del Ambiente y otras entidades, buscan solución a la contaminación.
Pobladores de Uchumayo bloquearon Carretera Panamericana
CNR - 03/11/2009.- Un grupo de pobladores del distrito de Uchumayo bloquearon por cerca de dos horas la Carretera Panamericana Sur, para protestar contra el proyecto de construcción de una planta de aguas servidas en su localidad.
Hacia las 09:00 horas, decenas de manifestantes se concentraron en los cerros aledaños al ingreso de la Ciudad Blanca, desde donde arrojaron una gran cantidad de piedras y palos a la vía. De esta forma, interrumpieron la entrada y salida de vehículos.
Hasta el lugar, se hizo presente Patricia Delgado, fiscal de Prevención del Delito, quien invocó a los impulsores de la medida de fuerza a despejar la carretera.
Antonio Araníbar, dirigente de Uchumayo, acusó al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (SEDAPAR) de haberlos engañado al cambiar su propuesta inicial de edificar la planta en el sector de Pampa La Estrella por el fundo Los Hurtado, ubicado a la altura del sector de Curva del Cura.
De igual modo, Araníbar denunció que los funcionarios de SEDAPAR nunca cumplieron con su oferta de acercarse a la población de Uchumayo para exponer sobre las ventajas y desventajas de este proyecto.
Casi el 90% de las aguas residuales que genera la Ciudad Blanca no son tratadas y son arrojadas al río Chili. En la actualidad, sólo se cuenta con una pequeña planta de tratamiento en Chilpinilla.
En reunión celebrada el 15 de octubre, los alcaldes distritales de Arequipa acordaron llevar adelante la ejecución del proyecto de la planta de aguas servidas en el fundo Los Hurtado. Los habitantes de Uchumayo afirman que la planta perjudicará el flujo turístico de su jurisdicción.
Cambios climáticos podrán agudizar conflictos territoriales en el país
CNR - 03/11/2009.- La carencia de agua que ya se registra en nuestro país a consecuencia del cambio climático podría agudizar los conflictos de delimitación territorial, alertó Omar Landeo, titular de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
El funcionario precisó que el agua no debería ser “un problema de limites políticos porque tiene una propia ley y una propia administración que sobre pasa esos límites; son dos formas de tratamiento, una al recurso hídrico y otra a las demarcaciones políticas".
Landeo Orozco explicó que hay alrededor de 320 conflictos distritales y 100 provinciales que están latentes por diferencias limítrofes. Detalló, sin embargo, que esta cifra depende de la coyuntura política económica. “Hay lugares donde nunca hubo conflictos, pero de pronto se da una concesión y se crea un conflicto”, explicó.
Así mismo, dijo que la resolución de las diferencias de orden territorial “está en manos de los gobiernos regionales”. Recalcó, además, que el proceso de descentralización y la regionalización serán las herramientas para lograr esos objetivos.
El representante de la PCM afirmó que su dependencia está resolviendo problemas territoriales que nacieron con la República. Agregó que las delimitaciones que se hicieron en la época colonial pasaron a ser los límites de muchos departamentos y que esto provoco un desorden.
“Hemos estado construyendo la República sobre la base de demarcaciones territoriales de la colonia. Son dos conceptos distintos. Lo que hacemos ahora es enfrentar esta problemática, lograr una división racional y organizada del territorio”, remarcó.
Landeo dio estas declaraciones luego de la firma de las actas de Acuerdo de Límites entre las regiones de Lima con Áncash, Pasco con Ucayali, y Madre de Dios con Ucayali y Cusco, ceremonia a la que acudieron las máximas autoridades de las señaladas regiones y que se realizó en la sede de la PCM.
“Defender el Agua es Defender la Vida”
No hay comentarios:
Publicar un comentario