Jueves, 21 Enero del 2010 - Año 04 - Edición 918

Jueves, 21 Enero del 2010 - Año 04 - Edición 918 www.fentap.org.pe

HIDROBOLETÍN FENTAP

La FENTAP informa:

· Regiones se disputan agua. ANA determinó que en el país existen 170 conflictos por resolver

· Agua, una Cuestión de Seguridad Nacional en Chile. La declaración constitucional del agua como bien de uso público pondría a Chile a la par de Uruguay y Ecuador como líderes latinoamericanos en la defensa de este recurso esencial

· Haití: el terremoto afecta a un país que está siendo social y ecológicamente destruido desde hace décadas

· “Los efectos de la minería son peores que los 2 virus juntos”

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Evaluación. Diferencias se generan por manejo de recurso

Regiones se disputan agua

ANA determinó que en el país existen 170 conflictos por resolver

ELPERUANO – 20/01/2010.- En el Perú existen aproximadamente 170 conflictos sociales originados por las disputas entre regiones por el manejo de los recursos hídricos, informó el jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Francisco Palomino.

Detalló el conflicto existente entre la zona de Majes, en Arequipa, con la provincia de Espinar, del Cusco, entre las localidades de Arequipa y Ayacucho, y entre Moquegua y Tacna.

Motivos

1 Estas disputas se deben a que la administración del recurso se basa en una delimitación administrativa y política.

2 Con la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento se iniciará un proceso de modernización en la gestión del agua.

HIDROMUNDO

Agua, una Cuestión de Seguridad Nacional en Chile

La declaración constitucional del agua como bien de uso público pondría a Chile a la par de Uruguay y Ecuador como líderes latinoamericanos en la defensa de este recurso esencial

PLANETAAZUL.COM.MX - 19/012010.- Mediante un proyecto de reforma constitucional, el gobierno chileno reconoce que la disponibilidad del agua dulce es un asunto de seguridad nacional. Los ambientalistas saludan la iniciativa, mientras algunos sindicatos se preocupan.

"Las aguas son bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares", dice el párrafo que se agregará al artículo 19 de la Constitución de Chile si se aprueba el proyecto enviado al parlamento el 7 de este mes por la presidenta Michelle Bachelet.

La iniciativa "abre un primer paso para resolver la crisis de acceso, contaminación, concentración y sobreexplotación del agua en Chile, y la degradación de las cuencas", declaró un grupo de organizaciones ambientalistas y de trabajadores de empresas sanitarias privadas luego del anuncio gubernamental.

El proyecto sorteó su primer escollo el 13 de este mes, al ser aprobado por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.

El texto legal reconoce que el agua dulce, poca en el norte y más abundante en el sur del país, se ha transformado en un "bien escaso" y que su disponibilidad es "un asunto de seguridad nacional", mucho más que los hidrocarburos, que se pueden importar desde distintos países.

En todo el mundo, este vital recurso es amenazado por los efectos del recalentamiento planetario, que causa el derretimiento de glaciares y desastres naturales como sequías.

Chile tiene una de las principales reservas mundiales de agua dulce en forma de glaciares. Según el último recuento de la gubernamental Dirección General de Aguas, estos suman más de 3.500, ocupando unos 20.000 kilómetros cuadrados.

La reforma constitucional busca entregar a las autoridades las herramientas necesarias para que, "en caso de ser imprescindible", se limite o restrinja el ejercicio de los derechos de titulares privados y se reserven caudales de aguas superficiales o subterráneas para asegurar su disponibilidad, principalmente para consumo humano.

De esta forma, el país seguiría el camino de países como Ecuador y Uruguay, que redefinieron constitucionalmente el agua como bien público en 2008 y 2004, respectivamente.

Diversos gremios empresariales, como la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y el Consejo Minero, expresaron de inmediato su preocupación por la iniciativa.

Para la SNA, el proyecto significará expropiaciones sin indemnizaciones para los agricultores e inversionistas. Su presidente, Luis Mayor, declaró que en Chile no hay escasez de agua sino sólo problemas de distribución que se pueden resolver con adecuaciones menores, por lo que se oponen a la reforma.

Para la directora del no gubernamental Programa Chile Sustentable, Sara Larraín, los temores de los agricultores son injustificados, puesto que el proyecto establece claramente que se conservará "en su integridad el dominio que los titulares actuales tienen sobre sus respectivos derechos reales de aprovechamiento de aguas".

Luego de aprobada la iniciativa, se debe elaborar una ley para regular "el procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos que sobre las aguas se reconozca a los particulares".

"Nuestra expectativa es que antes de que termine este gobierno (el 11 de marzo) el cambio constitucional esté realizado", dijo Larraín ante una consulta de Tierramérica, considerando que las autoridades le otorgaron suma urgencia, lo cual significa que el proyecto debe ser conocido y despachado por ambas cámaras legislativas en un plazo de 10 días.

En marzo, el Programa Chile Sustentable publicará un libro sobre los conflictos por el agua en el país. Hasta ahora esta organización no gubernamental ha identificado centenares de disputas entre comunidades y empresas mineras, hidroeléctricas, forestales y agroindustrias.

Hoy las aguas dulces están reconocidas como bienes nacionales de uso público sólo en el plano legal, no constitucional. En cambio, la actual Carta Magna sí otorga al Estado control sobre los recursos mineros, por ejemplo.

En 1981 "con la entrada en vigencia de un nuevo Código de Aguas, se produjo un desbalance entre el bien común y los intereses de unos pocos particulares, desbalance que requiere ser corregido", argumenta el gobierno en el texto de la iniciativa legal.

"Dicha normativa dio origen a una concentración desproporcionada de derechos de aprovechamiento para fines hidroeléctricos, concentrando, según lo ha resuelto el tribunal de Defensa de Libre Competencia, el noventa por ciento de tales bienes en sólo tres empresas", entre ellas la trasnacional Endesa, reconoce el Poder Ejecutivo.

"Nosotros siempre hemos pensado que el agua es un bien común que debería estar en manos de todos los chilenos", dijo a Tierramérica Ana María Miranda, secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, quienes dicen vivir una "contradicción" por participar en este pujante sector privatizado.

Por un lado, celebran que la cobertura de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas haya alcanzado 99,8 y 95,3 por ciento en 2008, pero por el otro cuestionan que esto se haya logrado a partir de cobros a los usuarios y de grandes utilidades a las empresas.

"Cuando nosotros vamos a otros países a exponer nuestra realidad, nos miran como privatizadores, pero nuestra lucha hoy es por recuperar los recursos hídricos (como bien público), y posteriormente volver las empresas al Estado, para que los usuarios paguen el precio justo y se reinviertan las utilidades en Chile. A lo mejor este proceso va a ser más largo", comentó.

Teresa Sarmiento, presidenta de la Asociación de Comités de Agua Potable Rural de la Región Metropolitana de Santiago, dijo a Tierramérica que "la primera prioridad del país debe ser el consumo humano". La entidad agrupa a diversas cooperativas que obtienen el vital recurso a través de convenios con el Ministerio de Obras Públicas.

Sarmiento saluda la reforma constitucional porque vendría a solucionar una serie de problemas administrativos, originados en el Código de Aguas de 1981, que, asegura, están impidiendo mejorar y ampliar estos sistemas.

Para Bernardo Zentilli, presidente del no gubernamental Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna, se requiere un mayor compromiso de la comunidad para empujar éstas y otras iniciativas que buscan proteger el ambiente y mejorar la calidad de vida de las personas.

"La responsabilidad está en cada uno de nosotros, como ciudadanos. La mayoría de los chilenos no conoce sus derechos ni siquiera a nivel municipal, y menos a nivel regional o nacional", dijo a Tierramérica.

Haití: el terremoto afecta a un país que está siendo social y ecológicamente destruido desde hace décadas

www.ecoportal.net – 18/01/2010.- Ya se ocuparán otros de anunciar las cifras de la nueva desgracia que acaba de abatirse sobre Haití. Yo sólo quiero recordar ahora hasta qué punto esta isla en la que he venido realizando numerosos reportajes periodísticos ha sido destruida social y ecológicamente en las últimas décadas con la complicidad de los EEUU y de la ONU.

Viajando a bordo de una de las avionetas que comunican Santo Domingo con Puerto Príncipe, la capital de Haití, es ocioso que el piloto anuncie la frontera: para comprender que se comienza a volar sobre paisaje haitiano, basta percatarse del momento en que los árboles desaparecen bruscamente. En cosa de minutos, Haití apenas ofrece otra cosa que una sucesión de montes pelados: esta parte de la isla que apenas tiene el tamaño de Bélgica y suma 8 millones de habitantes y que fue otrora conocida como “la perla de las Antillas” se ve desde aire como un mundo lunar surcado por cauces carente de agua cuando no llueve.

El penoso estado de la mitad de la antigua Española viene a añadirse al sinnúmero de desdichas, a los miles de muertos, a los millares de exiliados generados por los Duvalier, dictador padre y dictador hijo. Les sucedió Jean-Bertrand Aristide, el cura secularizado que, antes de ser depuesto, llegó a acumular con su abogada y esposa cerca de 850 millones de dólares de fortuna personal, sin duda para “sus pobres” de la Ciudad del Sol, los que le llevaron al poder en los años 80. Haití sufre uno de los medioambientes más degradados de las Américas: uno de los pocos estados del planeta en los que la historia del país se confunde totalmente, y de continuo, con la degradación de la naturaleza y del medio ambiente, porque los sucesores de los chiflados y de los dictadores no lo han hecho mejor.

En la región de Bombardópolis, en el extremo este, los campesinos se han visto reducidos con los años a desenterrar las raíces de los árboles para convertirlas en carbón vegetal. Porque hace mucho ya que cortaron los árboles. Venden este carbón, éste y otro que producen a partir de troncos que van encontrando todavía, para ganarse unas cuantas gourdes, la moneda local sin apenas valor. El grueso de los haitianos, señaladamente en la región de Gonaïves y en el norte, cocina con este combustible la poca comida que le separa de la muerte por inanición. Dos tercios de los haitianos, sobre todo en el norte y en el este, no tienen otra cosa que ese carbón vegetal, vendido a sacos a pie de carretera. La cubierta forestal de Haití se reduce ya a menos del 1% de la superficie.

Los árboles fueron primero víctimas del cultivo de la caña de azúcar y del café; luego, de una exportación incontrolada que enriqueció a la clase dominante y a los norteamericanos. Lo poco que queda, sirve de “leña de fuego”, como se dice en África, o de base para el carbón vegetal. La pugnaz competición que enfrenta a campesinos pobres con campesinos –un millón— sin tierras se solapa con los enfrentamientos entre bandas armadas. Las fuerzas de las Naciones Unidas no han logrado poner más orden en esos problemas que una clase política que, reproduciéndose de forma idéntica lustro tras lustro, ha perdido todo vínculo con una población en situación de abandono: el 1% de la población acapara al menos el 60% de la riqueza de un país abocado a la autodestrucción.

Cada año, lluvias más y más devastadoras a causa de las alteraciones climáticas que multiplican la violencia de huracanes y ciclones se precipitan sobre una superficie incapaz ya de retener tierra cultivable. Las tierras transportadas ni siquiera se detienen ya en los llanos, y ganan la costa: cada año, entre 37 y 40 millones de toneladas de tierra van a dar en la mar, y sólo el 10% del agua de lluvia penetra en el suelo. El resto discurre rápidamente sobre unos suelos encallecidos en la imposibilidad de que la retenga cualquier vegetación. Múltiples consecuencias: la irremediable alteración de los microclimas de la isla, el agostamiento de mantos freáticos vitales, 400 ríos o desaparecidos o con caudales que fluyen apenas unas semanas al año. Como en el caso de la leña, unas hostilidades pseudopolíticas enfrentan entre sí a los campesinos y a los campesinos con los grandes propietarios por el control del agua subsistente: se forman bandas que matan por el control de un simple canal de irrigación. Esta sequía progresiva ha llegado a un nivel inquietante en la segunda mitad de los 90, trayendo consigo la desaparición de los abundantes peces de agua dulce que constituían el alimento básico de muchos habitantes. En la llanura de la Arbonita, hacia el norte, los propios risicultores ya no tienen agua bastante para sus cultivos de arroz.

Una paradoja para un país en el que llueve desde luego mucho durante la mayor parte del año. Y año tras año desaparecen risicultores, porque los EEUU exportan a Haití 250.000 toneladas de arroz norteamericano públicamente subvencionado, y por lo mismo, menos caro que el arroz local que se compra en los mercados.

Cada año, millares de personas pierden la vida a causa de las inundaciones que transforman la menor pendiente en un torrente furioso. Decenas de veces al año, un pequeño viento huracanado que dure media hora basta para que Puerto Príncipe, rodeado de colinas, se vea invadido desde las alturas de la capital por toneladas de detritus que se acumulan en las calles de la baja ciudad, en donde viven los más pobres. En la Ciudad del Sol, el suburbio costero más miserable, el bastión desde el que Aristide lanzó su carrera como sacerdote y luego como político, la densidad demográfica es de 10 personas por metro cuadrado: algunas familias llegan incluso a turnarse para dormir en las chabolas que uno de cada dos huracanes o destruye o inunda.

En este universo ecológicamente catastrófico que, desde 1940, ha perdido dos tercios de sus tierras cultivables la esperanza de vida ha retrocedido hasta los 52 años, lo que se explica, en parte, por una de las mortalidades infantiles –insalubridad mediante— más altas del mundo: 77 por mil. El Sida, desde luego, pero también todas las enfermedades contagiosas posible e imaginables, incluidas las que hace tiempo desaparecieron ya del resto del continente americano. El estado del agua refleja, a la vez, el estado del medio ambiente y el estado de un país, uno de cuyos escritores se preguntaba recientemente “si, a pesar de las apariencias, existe realmente”.

A todas estas desgracias hay que añadir la contaminación atmosférica generada por la circulación urbana de Puerto Príncipe y por las fábricas instaladas en el país, señaladamente alrededor de la capital. No hay la menor legislación reguladora de los residuos lanzados a la atmósfera por las instalaciones industriales. Y causa de eso, y también con ánimo de sacar provecho de una mano de obra más barata todavía que la asiática y de una legislación defiscalizada, muchas empresas norteamericanas e internacionales han instalado plantas de producción en Haití. Contaminan, salvo, claro está, en las zonas altas de la capital, en las que viven, por encima de la nube fétida, los propietarios de unos 4 X 4 con cristales opacos blindados que, bajo la protección de guardias privados, salen de unas mansiones que más que villas parecen muchas veces verdaderos castillos. Castillos bien provistos de cámaras de vigilancia…

Dos proverbios haitianos, uno en francés y otro en creole, resumen la situación de un país del que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente dejó dicho en 2003: “El mundo no tienen la menor idea del horror de la situación que se vive en Haití.” El primero: “Un negro rico es un creole, un creole pobre es un negro”; el segundo, en creole: “En Haití es el blanco quien decide”. “Blanco”, en Haití, quiere decir “extranjero”. Nada autoriza a pensar que, desde el punto de vista de la naturaleza y del medio ambiente, lo mismo que desde el punto de vista político, la situación pueda cambiar a corto plazo. Pues, como explicaba un diplomático francés durante una de las numerosas crisis: “Para salir del hoyo hay que empezar al menos a dejar de cavar”. El terremoto no es sino una desgracia más para este pueblo apasionante que se debate entre la desaparición y la muerte.

Claude-Marie Vadrot es un periodista que ha trabajado muchos años para Canard Enchainé y Matin. Ha publicado una treintena de libros sobra la URSS y sobre Rusia. Ha sido profesor de geografía y ecología en la Universidad de París 8-Vincennes.Traducción para www.sinpermiso.info: Mínima Estrella - http://www.politis.fr/, 13 enero 2010

HIDROALERTA

“Los efectos de la minería son peores que los 2 virus juntos”

ECOPORTAL.NET – 17/01/2010.- El doctor Guillermo Tarchini, del Foro Ambientalista local, aseguró que la contaminación de la cuenca Salí-Dulce que provoca esa actividad, “en 10 ó 15 años hará efecto en la salud de los santiagueños, y será peor que la epidemia de dengue y gripe A”. Expresó que las enfermedades contraídas por los metales pesados no se manifiestan inmediatamente y la gente no está informada al respecto.

Para el profesional, los efectos de La Alumbrera serán graves, y se sumarán los de Agua Rica.

“La minería metalífera a cielo abierto es más grave que el dengue y la gripe porcina juntos para el pueblo santiagueño”, precisó el doctor Guillermo Tarchini, integrante del Foro Ambientalista de Santiago del Estero. En ese sentido especificó que “es una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de los santiagueños”, lo cual indicó que está comprobado desde la medicina toxicológica.

El profesional agregó que los efectos de la minería en las personas están probados desde la medicina toxicológica, y dichas manifestaciones se producirán a través del tiempo. “No es algo inmediato como estas epidemias, y puede llevar entre 10 ó 15 años presentarse; no es una causa efecto debido a que las enfermedades no se manifiestan en forma infecciosa, esto lleva años, entonces la gente no lo vislumbra, no se da cuenta que puede contraer enfermedades cancerígenas u otras”.

Al respecto agregó que las enfermedades son provocadas por los metales pesados que se encuentran en el suelo y que fueron detectados en diferentes provincias donde se encontró cromo, mercurio, arsénico y otros “en cantidades incompatibles con la salud. Sucede que además de cáncer, puede producir alteraciones inmunológicas en el aparato reproductor de hombres y animales”.

El ambientalista además precisó que “inexorablemente nuestro pueblo se va a ver afectado a través del río Dulce, que es una cuenca endorreica, es decir que todo el líquido, con drenajes mineros y metales pesados, va a quedar depositado en el territorio argentino, no solamente en Santiago, sino también va a llegar a Córdoba y diferentes lugares donde lleguen las aguas del dique frontal, porque el DP 2 arroja sus desechos en el dique frontal”.

Es así que consideró que los efectos de la Minera La Alumbrera ya se perciben entre los argentinos y, además, “a ello hay que sumarle las consecuencias que va a comenzar a producir la minera Agua Rica, que es mucho más grande y que también va a producir resultados devastadores sobre la población, el medio ambiente y la salud de los argentinos, como hasta ahora se está viendo”.

“Es necesario denunciar y movilizarnos”

Ante la amenaza constante para la salud de los argentinos que implica la minería a cielo abierto, el ambientalista precisó: “Creo que tenemos que salir a contestar y movilizarnos contra la minería, tal como ahora vemos las movilizaciones a nivel nacional porque es necesario denunciar”.

Al respecto agregó que muchos no se movilizan “porque el pueblo santiagueño no es consciente de los riesgos que corre, ya que los efectos no son inmediatos y por ello no lo relacionan con la actividad minera o la contaminación del agua que se produce en estos tiempos por falta de políticas tendientes a cuidar el medio ambiente y la salud de los argentinos”.

“Defender el Agua es Defender la Vida”

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